Por Hernán Andrés Kruse.-

El 18 de enero de 2015 se produjo uno de los hechos políticos más conmocionantes de la Argentina contemporánea. Cuando ya era de noche fuerzas policiales ingresaron en el departamento que el fiscal de la causa AMIA tenía en Puerto Madero y se encontraron con un panorama desolador. El cadáver de Nisman presentaba un disparo en la cabeza y a partir de entonces todo fue confusión y nerviosismo. Hoy se cumplen 8 años del macabro hallazgo y todavía no se sabe a ciencia cierta si se trató de un suicidio o una ejecución.

El 5 de marzo de aquel año El Informador Público tuvo la gentileza de publicarme el siguiente artículo sobre este trágico episodio. Sigue plenamente vigente.

La muerte política de Nisman

“A mediados de enero de 2015, el por entonces fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, lanzaba desde los estudios de TN una denuncia fulminante, inédita en nuestra de por sí ajetreada historia: la presidente Cristina Kirchner, el canciller Timerman y otras personas de menor relieve institucional habían encubierto, a través del memorándum de entendimiento con Irán, a los sospechosos iraníes de haber volado el edificio de la mutual judía. Quien lo entrevistaba, el periodista Edgardo Alfano, no lograba salir de su asombro. Nisman se mostró en su última aparición televisiva muy convencido de sus palabras y muy consciente de la gravedad institucional de su denuncia. Como no podía ser de otra manera, la denuncia de Nisman sacudió a la Argentina. Lanzar semejante acusación contra la presidente de la nación no era cosa de todos los días y el fiscal, por razones aún no del todo aclaradas, decidió hacerlo públicamente. Al día siguiente toda la oposición antikirchnerista salió a defender al fiscal, al igual que varios de sus colegas enfrentados con los miembros de “Justicia legítima”, la agrupación judicial que se había creado para defender el proyecto de Cristina de democratizar la Justicia. Destacados juristas tildaron a la denuncia de Nisman de mamarracho jurídico y otros la defendieron. Mientras tanto, el kirchnerismo apuntó todos sus cañones contra la figura de Nisman, a quien comenzaron a sindicar como miembro de un plan desestabilizador. El propio fiscal, envalentonado por las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso, expresó que era su decisión concurrir al Congreso para ampliar su denuncia el próximo lunes 19 mientras que la diputada kirchneristra Diana Conti anunció que los legisladores de la bancada oficialista irían al Congreso con los tapones de punta.

Lamentablemente, la reunión de Nisman con los legisladores quedó trunca para siempre. En la mañana del lunes 19 de enero la opinión pública quedó conmovida por la noticia: el domingo 18 a la noche fuerzas policiales habían encontrado en su departamento de Puerto Madero el cadáver de Nisman, que presentaba un disparo en la cabeza. Tanto el oficialismo como la oposición procuraron desde un principio utilizar políticamente este macabro hallazgo. Bullrich y Alonso fueron las voces de quienes inmediatamente acusaron y sentenciaron a la enemiga perfecta: Cristina Kirchner. La hipótesis del asesinato fue enarbolada por estos sectores, al igual que por los fiscales cercanos a Nisman, por la ex esposa del fiscal, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y por el poder mediático concentrado. En la vereda de enfrente, la propia presidente lanzó la hipótesis, aunque con muchas dudas, del suicidio, hipótesis que fue defendida desde un principio por la fiscal Viviana Fein, cuya actuación dejó siempre mucho que desear. El desconcierto fue de tal magnitud que los equipos de forenses comprometidos en el caso, uno oficial y el otro contratado por Arroyo Salgado, no coincidieron en sus dictámenes. Cuesta creer que una ciencia tan precisa como la medicina forense provoque opiniones tan dispares. Para embarrar aún más la cancha, lo que aconteció en el departamento de Nisman las veinticuatro horas previas al macabro hallazgo sigue envuelto en una nebulosa. Aparentemente Nisman murió el domingo y durante varias horas sus custodios, pese a no encontrar respuesta desde el interior del departamento cuando efectuaban la llamada correspondiente, no tomaron la decisión que correspondía: derribar la puerta. Cerca de la medianoche ingresó al lugar la fiscal Fein encontrándose con un escenario sorprendente: muchas personas en el lugar, entre ellas Sergio Berni, secretario de Seguridad. Qué sucedió en el lugar en las horas previas al arribo de la fiscal Fein continúa siendo un misterio para la opinión pública.

Durante el transcurso de 2015 hubo opiniones encontradas sobre qué fue lo que realmente sucedió con Nisman. Para la fiscal Fein -también para Berni- se trató de un suicidio. Para la jueza Arroyo Salgado se trató de un homicidio. El esclarecimiento de esta vital cuestión es de crucial importancia ya que si finalmente se prueba que se trató de un homicidio debe intervenir la justicia federal, que es lo que desea la doctora Salgado. En los últimos días la jueza Palmaghini denunció penalmente a la fiscal Fein y luego de escuchar durante 16 horas al ex espía Jaime Stiuso, se declaró incompetente con lo cual la causa recaerá seguramente en la justicia federal.

La muerte política de Nisman constituye uno de los hechos más graves desde que el pueblo recuperó la democracia en 1983. Se trata de una muerte política porque, haya sido un suicidio o un asesinato, la víctima tenía a su cargo nada más y nada menos que la investigación del atentado más grave de la historia argentina. La inmensa mayoría de la sociedad está convencida que se trató de un asesinato para impedir que Nisman hablara en el Congreso. Es probable que haya sido realmente un asesinato porque cuesta creer que una persona como Nisman, que se vio tan seguro de sí mismo en televisión, se suicide en las horas previas a un hecho que era sin dudas el más relevante, política e institucionalmente hablando, de su vida. Ante la eventualidad de que se trate efectivamente de un hecho criminal, muchos decidieron actuar como jueces, entre ellos varios medios de comunicación, y sentenciaron que la presidente de la nación había sido la autora intelectual del magnicidio. Otros, entre los que me incluyo, estamos convencidos que fue un asesinato pero que el o los autores buscaron aniquilar políticamente a Cristina, lo que en buen romance significa que a la presidente le tiraron el cadáver del fiscal.

Lamentablemente la causa Nisman se politizó en extremo. Desde que asumió Macri hay quienes pretenden imponer la veracidad de la hipótesis del asesinato con la obvia intención de culpar a Cristina Kirchner. El ex espía Jaime Stiuso, durante su exposición ante la jueza Palmaghini, dijo sin ruborizarse que a Nisman lo había matado un “grupo de tareas” local cercano a Cristina (mencionó a Quebracho). Por su parte, Luis D’Elía expresó que lo que Macri quiere es ver presa a Cristina. ¿Alguien con un mínimo de honestidad intelectual puede confiar en Stiuso, un ex agente de la SIDE que sobrevivió a la dictadura militar, a Alfonsín, a Menem, a De la Rúa, a Duhalde, a Néstor Kirchner y a Cristina hasta que la presidente decidió removerlo de su cargo? La cancha está tan embarrada que probablemente nunca se sepa la verdad. Tantos son los interese en juego que difícilmente la sociedad se entere de lo que verdaderamente ocurrió ese fatídico domingo 18 de enero en el departamento de Nisman, quien había sido promovido por Néstor Kirchner para que se dedicara a investigar, con el auxilio del propio Stiuso, el atentado contra la AMIA. Mientras tanto, el alma de cada uno de los muertos el 18 de julio de 1994 y la del propio Nisman (la víctima 86 del atentado) siguen sin descansar en paz”.

Efectivamente, la cancha sigue estando tan embarrada como en aquel entonces. En consecuencia, es improbable que sepamos algún día qué fue lo que efectivamente ocurrió en el departamento de Nisman aquel fatídico domingo 18 de enero de 2015. Por mi parte, sigo creyendo que se trató de un asesinato perpetrado por quienes en ese momento deseaban con fervor aniquilar-políticamente hablando-a la entonces presidenta de la nación. Sigo creyendo que la justicia, como siempre, se lavó olímpicamente las manos. Sigo creyendo que Sergio Berni sabe perfectamente lo que pasó, al igual que la presidenta de la nación. Ni qué hablar de Stiuso, el zar de los espías vernáculos. Sigo creyendo que efectivamente hubo una zona liberada que le allanó el camino a los asesinos. Sigo creyendo que la custodia de Nisman sabe perfectamente lo que pasó, al igual que Diego Lagomarsino. Sigo creyendo que Patricia Bullrich y Laura Alonso saben qué fue lo que sucedió con Nisman.

Pasaron 8 años de la muerte política de Nisman. Sigo creyendo que lo mataron. Lamentablemente, cantó victoria, como siempre, la impunidad.

Anexo

La Argentina política: últimos hechos destacados

El conflicto entre el gobierno nacional y el Grupo Clarín ocupó el centro de la escena durante la última semana. El pasado domingo el diario kirchnerista “Tiempo Argentino” denunció que Daniel Ostropolsky, integrante del Consejo de la Magistratura y representante de los abogados del interior, estaría conectado con el multimedios por intermedio de su hermano, quien “es dueño de la empresa que opera la repetidora mendocina de Radio Mitre”. Ostropolsky forma parte del grupo de consejeros del Consejo de la Magistratura que bloquea la designación de los candidatos naturales a ocupar el juzgado que tiene a su cargo la difícil tarea de determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Medios. Según el matutino kirchnerista, el hermano de Ostropolsky es dueño de la mitad del paquete accionario de Blitz Media Sociedad Anónima y de Jornada Sa., que constituyen el Grupo Jornada. Marcelo Fuentes, un senador kirchnerista que es miembro del Consejo de la Magistratura, manifestó que Ostropolsky debería excusarse de votar “si tiene intereses económicos y familiares en litigio, en cuyo caso habría una incompatibilidad moral”.

El lunes 15, el gobierno nacional solicitó a la Corte Suprema su intervención para solucionar el conflicto que mantiene trabada la designación de jueces en el Consejo de la Magistratura y reclamó a Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación, que determina si existe causa penal para efectuar la correspondiente denuncia penal contra algunos consejeros. Quien hizo el fuerte anuncio fue el ministro de Justicia, Julio Alak, mientras que el Jefe de Gabinete, Abal Medina, quedó a cargo de las presentaciones. En conferencia de prensa, Alak manifestó que el gobierno nacional también reclamará la “nulidad del sistema rotatorio” de jueces implementado por la Cámara Civil y Comercial, cuyo titular, Ricardo Recondo, se niega a aprobar los pliegos de los jueces. Mientras tanto, el relator especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank Larue, expresó que la Argentina “es un modelo para el continente y para otras regiones del mundo en materia de libertad de expresión y destacó que la ley de medios “es una de las más avanzadas del continente”. Por su parte, Martín Sabbatella, titular de Afsca, calificó de vergonzosa la situación planteada en el Consejo de la Magistratura y remarcó que desde el gobierno “lo vemos como una clara maniobra que intenta trabar la aplicación integral de la ley”.

El martes 16, el gobierno nacional dobló la apuesta. Abal Medina, por intermedio de una presentación judicial a través de la Procuración General de la Nación, denunció penalmente a cinco integrantes opositores del Consejo de la Magistratura y dos miembros de la Cámara Civil y Comercial porteña por considerarlos autores de una maniobra cuyo objetivo sería la impugnación del concurso del juez que debe fallar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Medios y, por si ello no hubiera resultado suficiente, por designar jueces suplentes, es decir, subrogantes.

El jueves 18, la cuestionada Cámara en lo Civil y Comercial designó al juez Horacio Alonso como subrogante al frente del Juzgado número 1 en lo Civil y Comercial, donde se tramita la “causa Clarín”. La Cámara comenzó reconociendo el error que había cometido al aplicar la metodología de subrogaciones rotativas para luego decidir la designación de jueces subrogantes de los juzgados 1, 4 y 7 con jurisdicción en la Capital Federal a los titulares de los juzgados 2, 6 y 9, hasta tanto se cubran definitivamente las vacantes, decisión que fue interpretada como una victoria del gobierno nacional en su dura lucha contra el Grupo Clarín. Mientras tanto, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, aseguró que la Justicia no cederá a ninguna presión proveniente de los poderes económicos y políticos. El mensaje de Lorenzetti se produce justo cuando el gobierno nacional y el Grupo Clarín están luchando por el poder en la Argentina. “Un juez”, remarcó el juez supremo, “debe fallar de acuerdo a sus principios. Es un deber fundamental la imparcialidad porque se juega la credibilidad de cada uno de los jueces. No interesa quién forma parte del litigio. Avisamos que no vamos a ceder ante las presiones, no importa que sean poderes políticos o económicos”. Estas declaraciones no hacen más que confirmar las feroces presiones que soportan los jueces en el país. El Poder Judicial lejos está de ser un poder independiente, compuesto por jueces dignos y probos. El duelo entre el gobierno nacional y el Grupo Clarín ha puesto al descubierto la dependencia del Poder Judicial del poder corporativo, dependencia que atenta contra el pleno funcionamiento de la democracia republicana.

La Armada ocupó algún espacio en los diarios en la semana que está por finalizar. El lunes 15, el jefe de la Armada, Carlos Alberto Paz, renunció a raíz del escándalo con la Fragata Libertad. La Fragata quedó retenida en el puerto de Ghana luego de que la corte del país africano aceptara una demanda de un fondo buitre que ganó fallos contra nuestro país. La Argentina sostuvo que se trata de un buque de guerra en misión militar y que, por ende, posee inmunidad. Aparentemente molesto por la decisión del ministerio de Defensa de disponer el pase a retiro de dos oficiales de la Armada, Alfredo Mario blanco y Luis María González Day, sindicados como responsables del escándalo, Paz puso su renuncia a disposición del ministro de Defensa, Puricelli. La designación del sustituto de Paz fue anunciada por el vocero presidencial a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno. Ese mismo día, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a los ex marinos Emilio del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como coautores responsables del homicidio de 16 presos políticos (hubo tres sobrevivientes) y tres tentativas, en el juicio por la Masacre de Trelew. El fusilamiento se produjo en la base Almirante Zar de Trelew el 22 de agosto de 1972. En aquel entonces el país era gobernado por el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse y ese luctuoso hecho repercutió hondamente en el régimen militar. a partir de entonces, los acontecimientos se desencadenaron rápida y dramáticamente hasta desembocar en las elecciones presidenciales.

El diputado del FPV Carlos Kunkel afirmó el martes 16 que el gobierno nacional analizará el tema de la re-reelección de Cristina recién el año que viene. Lo más probable es que Cristina tome una decisión al respecto cuando tenga delante suyo los resultados de la elección parcial. Si los números le sonríen, la presidente ordenará a su tropa embestir en pos de la reforma constitucional que le abra las puertas a la re-reelección. Una de las condiciones que debe tener un político que se precie de tal es saber manejar los tiempos políticos, saber cuándo tomar una decisión política trascendente. El tiempo político actual no resulta aconsejable para semejante determinación. El duelo con el Grupo Clarín es sumamente difícil y su resultado es por demás de incierto. El 7 D es una fecha clave para la Argentina porque del éxito o fracaso del gobierno nacional de lograr que todos los multimedios se adecuen a lo estipulado por el artículo 161 de la Ley de Medios, dependerá su futuro político inmediato. Esa fecha histórica señalará un antes y un después desde que el kirchnerismo está en el poder. Si Cristina gana la feroz pulseada y la economía mejora un poco, las posibilidades de obtener un rotundo triunfo el año que viene se incrementarán notablemente. De ahí a la re-re sólo habrá un paso. Pero si no logra torcerle el brazo al poderoso multimedios y la economía no se acelera, la carrera por la sucesión presidencial se tornará dramática.

El miércoles 17, el Senado de la Nación aprobó por abrumadora mayoría el proyecto de voto joven. Cincuenta y dos senadores le dijeron “sí” al proyecto del FPV, con lo cual el año próximo un millón cuatrocientos mil jóvenes de entre 16 y 18 años estarán en condiciones de votar. El proyecto fue rechazado por tres senadores y dos se abstuvieron. Llamó la atención que algunos senadores del FAP no hubieran estado presentes en el recinto. La iniciativa cristinista cambia el primer artículo del código electoral que, si se sanciona la ley luego de ser aprobada en diputados, dirá que son electores nacionales “los argentinos nativos y por opción desde los 16 años y los argentinos naturalizados desde los 18 años”. Establece, además, que “los argentinos que hubiesen cumplido los 16 años gozan de todos los derechos políticos conforme a la constitución y a las leyes de la república”. Finalmente, remarca que los menores de 18 años no serán considerados infractores en caso de no concurrir a votar.

(*) Publicado en Redacción Popular el 21/10/012

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