Por Carlos Tórtora.-
Hasta ahora, las dos denuncias penales existentes contra Luis Caputo y Santiago Bausili son semejantes. La primera, de Gregorio Dalbón, apunta a la administración fraudulenta de las reservas de oro, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La segunda, de Esteban Paulón, pone el acento en la presunta malversación de caudales públicos.
El nuevo escándalo gira en torno a las conclusiones de la Auditoría General de la Nación sobre el estado contable del BCRA en 2025. Según la AGN, las operaciones con derivados financieros cuyo activo financiero era el oro arrojaron un resultado negativo de 1023 millones de dólares con egreso de divisas.
Lo que ahora se investiga es la estrategia financiera utilizada para administrar las divisas, los instrumentos contratados y el impacto económico de las operaciones. Obviamente, sólo la existencia de una pérdida desmesurada no constituye delito.
La cuestión es si el perjuicio al estado es el resultado de una cobertura financiera legítima y cómo se estructuraron los contratos.
Si se detectaran diferencias patrimoniales, pagos injustificados y conflictos de intereses, la presunción de delito aumentaría entonces significativamente.
Lo mismo ocurriría si se comprueban incumplimientos normativos.
Una matriz para investigar
Analistas del negocio internacional del oro encuentran bastante relación entre el probable negociado con el oro de Caputo y Bausili con el escándalo venezolano de hace quince años.
Entre 2017 y 2019, Venezuela exportó importantes cantidades de oro a Turquía y otros países. La explicación oficial fue que se trataba de la refinación y de la obtención de recursos para financiar importaciones. Sin embargo, investigaciones posteriores descubrieron una trama mucho más compleja. Un informe de la OCDE de 2021 sostuvo que se habían realizado con el oro múltiples operaciones con la participación de empresas privadas e intermediarios ligados al zar de las finanzas de Nicolás Maduro, Alex Saab.
En marzo de 2026, el diario El País publicó una investigación en la que se denunciaban las relaciones entre los intermediarios en las operaciones comerciales del oro y proveedores de alimentos, con la existencia de fuertes sobreprecios. Y todo esto ligado a Saab.
La cuestión no pasaba por el hecho de que Venezuela vendiera oro sino la utilización de operaciones comerciales con el Estado para generar beneficios privados indebidos.
Este escándalo llegó hasta que el 15 de septiembre de este año el Departamento de Justicia de los EEUU informó que Alex Saab se había declarado culpable de lavar fondos provenientes de un esquema de sobornos y fraude relacionado con contrataciones de alimentos y medicamentos y que las operaciones con oro de las reservas formarían parte de la trama.
La aplicación de este esquema al caso argentino es simple: si las operaciones del BCRA hubiesen estado vinculadas con intermediarios privados, habría que investigar las comisiones, las condiciones financieras y los beneficiarios finales, así como cualquier relación entre quienes decidieron las operaciones y quienes obtuvieron ventajas económicas.
La matriz venezolana tiene importancia para la investigación del caso argentino, porque es reciente y, al parecer, ambos esquemas se destacan por la aparición de una red de intermediarios que dificulta clarificar los negocios investigados.
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