Por Carlos Tórtora.-

Sincronizados, Cristina Kirchner y Alberto Fernández salieron a cuestionar a la Corte Suprema. Fue el presidente el que más puso al descubierto la jugada al poner en tela de juicio el supuesto exceso de discrecionalidad del tribunal. Sus palabras fueron anticipando hacia dónde va el gobierno en este tema. AF estaría empezando a aplicar las recomendaciones del informe final de la llamada irónicamente “comisión Beraldi”, es decir, el grupo de expertos que asesoró al gobierno sobre el tema justicia. Los juristas aconsejaron una ley orgánica para regular la composición, organización, funcionamiento, jurisdicción y competencia de la Corte; fijar plazos de resolución de temas, reglar el trámite de los recursos y establecer una agenda anual de cuestiones a tratar por el máximo tribunal. En otras palabras, que el Congreso acotaría mediante una ley el régimen actual de discrecionalidad de que goza la Corte Suprema, que actualmente se da su organización a través de acordadas pero que carece de una ley orgánica como la que parece estar en la mira del gobierno. La idea de incluir en esta norma la fijación de plazos para las actuaciones de la Corte apunta al nudo de la cuestión. La inexistencia de plazos para expedirse es un arma política colosal en manos de los ministros de la Corte, que pueden de este modo precipitar las decisiones o bien poner a dormir los expedientes durante años. La pérdida de esta discrecionalidad implicaría un gran deterioro de su poder para asemejarla bastante más a un tribunal ordinario.

Una reforma viable

No parece haber obstáculo constitucional alguno para que el kirchnerismo acote a la Corte a través de una ley, pero no podría innovar demasiado en lo que hace a las competencias, ya que las mismas están determinadas por la Constitución Nacional. De hecho, todos los gobiernos hasta ahora se contentaron con interpretar el funcionamiento de la Corte a través de la normativa constitucional.

No menos inquietante es la idea de crear un tribunal intermedio que intervendría antes que la Corte. Éste sería un paso concreto hacia la mediatización de la actividad del máximo tribunal y un exceso de estructuras, ya que ya existe un tribunal intermedio entre la Corte y la justicia nacional y es la Cámara Nacional de Casación.

En síntesis, el kirchnerismo parece encaminarse hacia una batalla legislativa para encorsetar a los supremos en el marco de una nueva legislación.

Otra amenaza latente, aun cuando no fue esgrimida últimamente por Alberto, es la ampliación del número de miembros de tribunal de 5 a 9, con lo cual el poder de los actuales ministros se diluiría.

Se trata de otra reforma que sólo precisa de una ley y que abriría una negociación con los radicales, deseosos de colocar un ministro de la Corte.

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