Scioli trataría de frenar la guerra justicia-gobierno: le pidió a Canicoba Corral que frene la causa por Cerro Dragón

La nueva batalla entre el kirchnerismo y los sectores de la justicia que se resisten a ser controlados por el poder político se extendió ayer al delicado campo de la justicia electoral, en plena campaña para las PASO del 9 de agosto. La designación de Laureano Durán, el magistrado trucho que estaba a cargo del Juzgado Federal N° 1 de La Plata (con competencia electoral), quedó sin efecto a raíz de un fallo que se conoció hoy del juez Alberto Recondo, a cargo del Juzgado N° 4 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata, que dictaminó la inconstitucionalidad de un artículo de la ley de procedimientos para la designación de jueces subrogantes. Lo hizo en el marco de un recurso presentado por el titular de la UCR de La Plata, Marcelo Uriarte. La categorización de Durán como “un juez trucho” responde a que, a sus 33 años, se desempeñaba como un simple “auxiliar escribiente” -con poca experiencia y pobre formación académica- antes de que La Cámpora hiciera que el Consejo de la Magistratura lo pusiera a dedo como subrogante, no cumpliendo con el más mínimo requisito legal, académico y moral para cumplir el cargo que desempeñó hasta hoy. Fue tan disparatada su designación que entre los antecedentes publicados en su web personal (www.laureanoduran.com), sitio creado supuestamente para que la ciudadanía lo conozca, dice que en el año 2000 ingresó a trabajar como jefe de despacho (relator) en la Cámara Federal de La Plata. Es decir, de ser cierto ese antecedente, el joven funcionario judicial cumplió esa función cuando tenía 18 años y recién había egresado del colegio secundario. Insostenible. Y más si se tiene en cuenta que, en aquel entonces, apenas había logrado superar el curso de ingreso en la Facultad de Derecho en la Universidad Católica de La Plata. Peor aún, en varias oportunidades, el padre del actual magistrado, el fallecido camarista Alberto Durán, habría tenido que intervenir ante la baja performance académica que mostró su hijo durante gran parte de su carrera.

El Juzgado Federal Nº 1 es estratégico. Durán podría haber sido el magistrado que tuviera que intervenir para definir los conflictos electorales que se registren en la provincia de Buenos Aires en un año donde los argentinos deberemos ir a las urnas para definir quién será el presidente que reemplazará a Cristina Kirchner después del 10 de diciembre. Ahora bien, ante el fallo de Recondo, quien pasaría a ser el juez con competencia electoral, será el camporista Ernesto Kreplak, cuyo pliego para ocupar el Juzgado Federal N° 3 de La Plata fue aprobado ayer en Senado de la Nación, cosechando numerosos cuestionamientos. Ocurre que Kreplak fue funcionario del Ministerio de Justicia y está en la mira por haber ocultado información clave sobre la ex Ciccone, adquirida por testaferros de Amado Boudou, y sobre Lázaro Báez, sospechado de ser testaferro de la familia presidencial. Esta batahola interminable generada a partir del arbitrario desplazamiento como juez de Casación de Luis Cabral se habría originado en las expresas instrucciones de la presidente para seguir adelante y fortalecer el escudo judicial que, con eje en la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, se sigue montando para garantizar la impunidad del elenco gobernante a partir de que deje de serlo el 10 de diciembre.

En este tema, Daniel Scioli no compartiría el entusiasmo cristinista por continuar desplazando jueces arbitrariamente. El gobernador bonaerense creería que se está irritando peligrosamente a la clase media, que es sensible a la desaparición de la independencia judicial y que si esto sigue, le complicará su plan de campaña, sobre todo para la primera vuelta del 25 de octubre. En definitiva, el ex motonauta no quiere tener que pasarse toda la campaña explicando lo inexplicable y con el periodismo obsesionado por la guerra entre la justicia y el gobierno. Esto último, claramente, a Cristina le importa poco y nada, porque ella no es candidata ni tiene necesidad, como Scioli, de presentarse como moderada y respetuosa del sistema republicano.

El mejor lobista

El caso es que el entorno de Scioli entendería que el gobierno ataca cada vez más a la justicia a medida que aumenta su temor a que todo termine en un mani pulite. En función de esta premisa es que, aun en contra de sus preferencias, el candidato del Frente para la Victoria hace lugar en su agenda electoral para tratar de que desescale la guerra entre los jueces y el cristinismo y, sobre todo, que la jefa calme su obsesión con que será procesada como les ocurrió antes a Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Un ejemplo de los desvelos sciolistas es el caso de Cerro Dragón, en el cual el Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral investiga cómo habría sido la operatoria por la cual se habrían pagado un total de 300 millones como sobornos en el 2007, cuando el gobierno de Chubut la amplió por 40 años más la concesión del área Cerro Dragón a la empresa Pan American Energy, de los hermanos Alejandro y Carlos Bulgheroni.

Este expediente está en la short list de casos altamente sensibles, porque en los EEUU investiga el tema la SEC (Securities and Exchange Commission), que también sigue muy de cerca los negocios petroleros entre los Bulgheroni, la British Petroleum y el gobierno chino.

El punto más vulnerable de esta causa, en el gobierno, sería Julio De Vido y en el lado privado, Daniel Vila y José Luis Manzano, mencionados como intermediarios de parte de los sobornos.

La semana pasada, según versiones originadas en Comodoro Py, Scioli se habría reunido con Canicoba Corral para sugerirle la conveniencia, para no alterar el proceso electoral, de no activar la investigación en los próximos meses. El 6 de marzo pasado, Canicoba explicó su estrategia así: “Estamos haciendo una investigación con varias medidas, entre ellas un pedido de colaboración a las autoridades de EEUU, que es la que habría comprobado o llegado a algún acuerdo por este tema por las empresas y que habrían admitido haber hechos prácticas contrarias a la ley americana”. En otras palabras, un pedido de información a la SEC que, una vez obtenida, podría disparar el agravamiento de la causa. El pedido de Scioli para hacer un impasse coincide -sugestivamente- con que el exhorto diligenciado por el fiscal federal Guillermo Marijuán estaría paralizado desde tiempo atrás en el Ministerio de Justicia, que no muestra interés alguno en cursarlo.

Este incómodo rol de pacificador a cualquier precio que vendría adoptando Scioli no sería nuevo, ya que se le adjudica también haber conseguido que el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli mantengan desde hace varios meses inactiva la causa que más preocupa a la presidente: Hotesur.

Carlos Tórtora