Por Alexis Di Capo.-

Aunque el gobierno intenta instalar que el narcoescándalo en torno a Aníbal Fernández será leído por el electorado como una mera maniobra electoralista, varios equipos del kirchnerismo estarían trabajando acerca de las opciones a seguir. Según trascendió ayer en fuentes de la AFI (ex SIDE), si el escándalo empieza a deteriorar al gobierno en las próximas encuestas, ya después de las PASO, se estudiarían medidas de emergencia. Las mismas se orientarían a tapar el caso Aníbal con otro que tenga similar impacto mediático. Siempre según las mismas fuentes, el gobierno estaría dispuesto a mover los hilos para que, a través de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó y de la UIF que dirige José Sbatella, se active una causa judicial iniciada en el 2012 que, según el oficialismo, terminaría conectando a Sergio Massa con fuertes operadores del narcotráfico en la zona norte.

La causa que ahora podría desempolvar al cristinismo es la que lleva el Juez Federal de Lomas de Zamora Alberto Santamarina. La investigación tuvo inicio a partir de una llamada telefónica anónima recibida el 15 de agosto de 2012 por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Lomas de Zamora.

El llamado advertía que “en el domicilio de la calle Rodríguez 357, piso 2°, departamento ‘A’ de la Localidad de Monte Grande, Partido de Esteban Echeverría, residirían tres sujetos de nacionalidad colombiana quienes se dedicarían al tráfico de cocaína al extranjero y se movilizarían en un automóvil Volkswagen Vento, dominio JSD-170”, según consta en el expediente al que accedimos. Como la policía y la fiscalía entendieron que los datos eran serios, y con el visto bueno del juzgado, “se dispusieron diversas tareas investigativas que dieron cuenta de la existencia de una organización delictiva dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes (principalmente clorhidrato de cocaína, pero también metanfetaminas, ácido lisérgico y marihuana), que eran ingresadas al país desde Bolivia, Perú y Colombia, acondicionadas en Argentina y luego exportada a España, Australia, Estados Unidos, Holanda, Francia e Italia, entre otros, a través de equipajes preparados a los efectos (doble fondo); o mediante empresas asociadas a la actividad de exportación”.

La banda, que finalmente fue desbaratada “se encontraba integrada al menos por Fabián Andrés Martínez Grajales, Reymond Anthony Martínez Grajales, John Eduard Martínez Grajales, Jesús Antonio Yepes Gaviria, Claudia Natalia Arias Celis, David Fernando Maecha González, David Andrés Acevedo Muñoz, José Julián Hernández, Andrés Mauricio Sánchez Gálvez, Blanca Irene Rojas Núñez, John Hamilton Rojas Núñez, Oscar Matías Morfulis, Roberto Alfonso Reyes y Alfonso Moreno Santos”.

Después de un año de investigación, se pudo descubrir “que la organización utilizaba varias empresas como vehículo para dar apariencia de licitud a las ganancias obtenidas por el tráfico de estupefacientes, entre las que se cuentan: Yepes y Arias S.R.L.,Gerentenet.com S.A. (hoy Gerentecars S.A.), Mpc auto class S.A., Football Group International S.A., Supermercado Compra ya S.R.L., Programa Pymes S.R.L., Importaciones, Exportaciones e inversiones colombianas S.A. y el lavadero de autos Los magníficos, ubicado en Nordelta”.

En torno a la política

La Justicia también determinó que “varios de los miembros de la banda residían en el barrio privado Nordelta y tenían como punto de reuniones la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional de El Talar”. Juez y fiscal también pudieron determinar “las vinculaciones de la banda con reconocidos personajes del narcotráfico colombiano, como ser Henry de Jesús López Londoño, Alejandro Gracia Álvarez (vinculado a Ignacio Álvarez Meyendorff) y las bandas de “Los Machos” y “Los Urabeños”, tal como ya explicó “Democracia”, que operan desde el Valle del Cauca, en Cali.

Siempre según el relato de la causa, “mediante escuchas telefónicas pudo inducirse el arribo de un cargamento, que habría salido de la República del Perú con destino a Bolivia y habría sido recogido por Mario Morfulis, quien se habría encargado del ingreso del material estupefaciente al país, particularmente a la provincia de Salta y, junto a Rivero Morán y Alfonso Moreno Santos habría llevado el cargamento a Buenos Aires, donde se encontraron con Roberto Reyes”.

Este descubrimiento derivó en que “el 28 de octubre de 2013, fueron interceptados por personal correspondiente a la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina. Se hallaron 113,640 kilogramos de clorhidrato de cocaína escondidos en el piso de la cabina de una de sus camionetas y se procedió a la detención de los cuatro sujetos mencionados”.

Después de ese procedimiento exitoso, el juez federal dispuso “29 allanamientos en distintos domicilios vinculados a los imputados y se detuvo a Fabián Andrés Martínez Grajales, John Eduard Martínez Grajales, Jesús Antonio Yepes Gaviria, Claudia Natalia Arias Celis, David Andrés Acevedo Muñoz, Andrés Mauricio Sánchez Gálvez, Blanca Irene Rojas Núñez y John Hamilton Rojas Núñez, a quienes se les recibió declaración indagatoria”.

Un mes y medio después, el 4 de diciembre de 2013, “se dispuso el procesamiento con prisión preventiva de Andrés Mauricio Sánchez Gálvez, Blanca Irene Rojas Núñez, John Eduard Martínez Grajales, Fabián Andrés Martínez Grajales, John Mario Rivero Morán, Alfonso Moreno Santos, Oscar Matías Morfulis y Roberto Alfonso Reyes por considerarlos coautores del delito previsto y reprimido en el artículo 5° inciso ‘c’ de la Ley 23.737, en la modalidad de comercialización de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo”.La causa también describe que “se dispuso el procesamiento con prisión preventiva de Jesús Antonio Yepes Gaviria, Claudia Natalia Arias Celis, Andrés Mauricio Sánchez Gálvez, John Eduard Martínez Grajales, y David Andrés Acevedo Muñoz”.

Tres meses después, el 10 de marzo de 2014, a raíz de una sugerencia efectuada por la UIF “el juez procedió a decretar la inhibición general de bienes respecto de 11 personas físicas y 8 personas jurídicas”. A partir de los informes labrados por la UIF y el Banco Central de la República Argentina, “se pudo determinar una reiterada intervención en las operaciones comerciales llevadas a cabo por Arias Celis y Yepes Gaviria de varias empresas vinculadas al arquitecto Walter Mosca que realizan operaciones inmobiliarias en Nordelta, entre las que se destacan Oda desarrollos S.A., Complejo bahía S.A. y varios fideicomisos”.

Siempre según el expediente judicial “esas operaciones estarían destinadas a lavar dinero proveniente del narcotráfico”. A raíz de ello, el 7 de abril del año pasado se realizaron 13 nuevos allanamientos a domicilios vinculados con estas empresas, incautándose copiosa documentación”. El 16 de junio del 2014, y con el objeto de “asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición de bienes y dineros de las personas físicas y jurídicas investigadas”, el juez Santa Marina decretó la inhibición general de los bienes de los colombianos Reymond Anthony Martínez Grajales y Mariela Grajales Gómez; y de los argentinos Juan Carlos Di Filippo; Walter Mosca y Diego Miguel Colombini, además de las firmas Oda Desarrollos S.A.; Fideicomisos Estudio de Bahía Grande y Complejo de Bahía Grande S.A.

El patrimonio embargado por la Justicia y solicitado por la UIF, está conformado principalmente por fideicomisos para el desarrollo inmobiliario, varios de ellos en el exclusivo complejo de Nordelta; además de campos y estancias y 17 vehículos de alta gama. El juez federal Santa Marina ordenó “un embargo preventivo sobre dos bienes inmuebles de Walter Mosca, ubicados en la calle Santiago Temple 1868 y 2129, de la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, y sobre una propiedad ubicada en la calle Gaspar Campos 481 del partido de Vicente López, cuyo dueño es Juan Carlos Di Filippo, socio de Mosca. La medida incluye la cuenta corriente 1131-04340-5 del Banco Comafi, cuya titularidad corresponde a Oda Desarrollos S.A., que llevó a cabo la construcción de Nordelta”.

Mosca es el nexo argentino de la banda de narcos y lavadores de activos, para la canalización del dinero del tráfico de estupefacientes en inversiones inmobiliarias y empresas. Como ya se informó, una de las principales construcciones realizada a través de la firma Oda es el Hotel Intercontinental, que se instaló hace varios años dentro de Nordelta.

Para la Unidad de Información Financiera de Sbatella, no hay ningún tipo de dudas sobre la participación de los empresarios argentinos procesados en la causa, ligados a los fideicomisos para desarrollos inmobiliarios en el complejo Nordelta, entre los que se encuentra el arquitecto Mosca, que utilizaban esas pantallas empresariales y una compleja red económica para lavar millones de dólares que provenían de trafico de drogas a nivel internacional y a gran escala.

En la Justicia tampoco quedan dudas sobre la vinculación de los argentinos con organizaciones narco colombianas que tienen ramificaciones en diversos países, como Bolivia y Perú. De hecho, tanto en México como en Colombia, los Estados Unidos, y ahora también en la Argentina, es muy común la utilización de los fideicomisos para ingresar a los narcos al negocio y desde allí lavar sus activos y pasarlos al circuito financiero legal. Una de las principales operaciones sospechosas de lavado de dinero que encabezó este arquitecto fue la construcción del hotel cinco estrellas en Nordelta. Su inauguración fue celebrada en el año 2011 y en esa época, según las fotos que se publicaron en los medios, entre ellas en el diario Perfil, Mosca cortó la cinta junto al hoy diputado nacional, y por entonces intendente de Tigre, Sergio Massa, uno de los principales candidatos a la presidencia de la nación en las elecciones de 2015 por su Frente Renovador. Junto a ellos también estaban el empresario Eduardo Costantini; Federico Scarabino, por entonces vicepresidente de la Cámara de Senadores bonaerense; Eduardo Camaño, ministro de Gobierno de la provincia; Álvaro Diago, presidente del Hotel Intercontinental, y Marcelo Macagno, socio de Invest S.A.

Una vez que estalló el tema del narco-lavado en el complejo Nordelta y las conexiones de Mosca y su hotel, el diputado Massa fue consultado sobre el tema y dijo: “Los narcos y los que les lavan la plata, que se pudran en la cárcel. Construyan en Tigre, Calafate o Puerto Madero”. Pero cuando se le preguntó sobre Walter Mosca, el jefe del Frente Renovador prefirió no opinar.

Carrió en acción

La jefa de la Coalición Cívica fue la primera en apuntar directamente contra Massa y lo hizo exhibiendo una referencia puntual que integra el voluminoso expediente FLP 51010801/2012, caratulado: “Sánchez Gálvez, Andrés Mauricio y otros S/ Inf. Ley 23.737” del registro de la Secretaría Nº 1 del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Lomas de Zamora.

El hecho se remite a fines de octubre de 2013 y giró en gran parte sobre las actividades de lavado de dinero del narcotráfico. Puntualmente en torno de una iglesia evangélica de El Talar, partido de Tigre, a la que iban diariamente la inmensa mayoría de los implicados. Durante los allanamientos del 28 de octubre de 2013, la Policía secuestró una carta que el pastor colombiano David Andrés Acevedo Muñoz, le habría enviado a uno de sus superiores en Colombia contándole su versión de los hechos con los que estaba relacionado.

En ese documento de Word encontrado en la computadora de su casa, Acevedo Muñoz cuenta que en algún momento de 2013, lo contactó un conocido arquitecto de Nordelta llamado Walter. El hombre le avisó “que había recibido un llamado muy importante” y que se tenía “que reunir con él urgentemente”.

En ese encuentro, según la carta, el arquitecto le contó al pastor que “lo había llamado el alcalde de Tigre (Sergio Massa) para decirle que hay un expediente judicial y una orden de allanamiento” por narcotráfico y lavado de dinero contra el colombiano Jesús Antonio Yépez Gaviria, supuesto empresario de la construcción radicado en Nordelta y parroquiano del templo.

Según el relato del pastor, el arquitecto le comentó que había un fiscal argentino muy prestigioso intentando averiguar en qué se basaba el expediente judicial.

De las fuentes disponibles surge que el texto secuestrado también decía que el alcalde de Tigre había mandado a decir que los allanamientos eran inminentes y que el motivo detrás de todo eso era la disputa electoral con Cristina Kirchner.

La carta dice textualmente: “…Walter me dijo que había recibido un llamado muy importante y que me tenía que reunir con él urgentemente, fue así que me reuní con él, y me dijo que lo había llamado el alcalde de Tigre a decirle que hay un expediente judicial y una orden de allanamiento a todo lo concerniente con el Hermano Antonio, por narcotráfico y lavado de dinero (…) El alcalde le dijo que esto era inminente, ya que el está disputando con la presidenta y ella quiere opacar la campaña de este alcalde ya que ella dice que en tigre el alberga a los narcotraficantes”.

Doblar o no la apuesta

Hoy por hoy, habría en el seno del cristinismo una discusión acerca del probable impacto electoral que tendría, luego de las PASO, poner en la vidriera la presunta conexión entre Massa y el narcotráfico. Algunos optimistas sostendrían que, si la operación es creíble, Scioli se beneficiaría, porque unos cuantos votantes del tigrense en las PASO migrarían al Frente para la Victoria en la primera vuelta. Otras voces, más precavidas, recuerdan el desastroso operativo realizado en el 2009 por la SIDE y el juez federal de Campana Federico Faggionato Márquez, para intentar involucrar al primer candidato a diputado nacional por Unión-PRO en Buenos Aires, Francisco de Narváez, con el tráfico de efedrina. La causa no sólo no alcanzó credibilidad alguna sino que se volvió como un bumerang contra la Casa Rosada y De Narváez derrotó a Néstor Kirchner, precipitando que éste renunciara a la presidencia del PJ nacional. Si se produjera próximamente una situación similar y Massa terminara victimizado, podría conseguir gracias a la agresividad del gobierno lo que hoy no alcanza a través de su campaña: disputarle el segundo lugar a Mauricio Macri. Siempre en tren de suposiciones, para el caso de un ballotage, el cristinismo preferiría confrontar con Macri, que puede capturar escasos votos peronistas y no con Massa, que representa el peligro de una fractura vertical en el PJ.

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