Por Hernán Andrés Kruse.-
Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023. Lo hizo a espaldas del Congreso. Pocos mandatarios se hicieron presentes. El más relevante fue Volodimir Zelenski, presidente ucraniano. Luego de dirigirse al pueblo el flamante presidente de la nación se estrechó en un prolongado abrazo con su par ucraniano, ante la atónita mirada de Boric, presidente trasandino. El mensaje era claro y contundente: el gobierno libertario apoyaba sin hesitar a Ucrania, víctima de la cruel invasión del ejército ruso.
En junio del año pasado Milei viajó a Suiza para asistir a la Cumbre Global por la Paz. En esa oportunidad mantuvo una reunión bilateral con su par ucraniano donde le ratificó su total apoyo. Al recibir La Orden de la Libertad por parte de los organizadores del evento, Milei expresó: “Nosotros apoyamos a Ucrania y creemos que nadie tiene derecho a invadir a otro país y acá hay claramente un invasor que es Rusia y alguien que fue invadido y atacado que es el caso de Ucrania” (fuente: Infobae, Federico Galligani, 24/2/025).
Meses más tarde la mayoría del pueblo norteamericano eligió a Trump presidente. El hecho fue festejado a rabiar por Milei, quien se considera un aliado incondicional de don Donald. El 20 de enero Milei no tuvo reparo alguno en arrodillarse delante del magnate, lo que significó, a mi entender, un ultraje a la dignidad de la nación Argentina. A partir de entonces, cada decisión de Trump en materia de política internacional fue imitada por Milei. Por ejemplo, luego de que el magnate decidiera retirar a Estados Unidos de la OMS, el presidente libertario hizo exactamente lo mismo en relación con la Argentina.
En los últimos días, Trump embistió con dureza contra Zelenski, a quien acusó de dictador y de responsable de la tragedia que está asolando al pueblo ucraniano desde hace tres años. Tal como sucedió durante su primera presidencia, el magnate decidió privilegiar su vínculo con Putin, el poderoso mandamás de Rusia. Luego de esas explosivas declaraciones sobre el conflicto ruso-ucraniano, la Argentina no tuvo mejor idea que abstenerse en una votación de la ONU que reclamaba la inmediata salida de las tropas del Kremlin del territorio ucraniano. Al abstenerse, Milei no hizo más que traicionar a Zelenski y fundamentalmente al pueblo ucraniano, la gran víctima de la guerra.
Emerge en toda su magnitud el alineamiento incondicional del gobierno argentino con la república imperial. Si un día Trump afirma que Putin es un prohombre de la paz, que Europa está en decadencia y que Xi Jinping es el malo de la película, Milei aplaudirá como una foca. Como bien señala Luciano Angelini en un artículo publicado por el Cohete a la Luna el 14 de octubre de 2024 (“Diálogo entre Escudé y Milei”), los lineamientos fundamentales de la política exterior libertaria son los siguientes: “1-un alineamiento inquebrantable con lo que el elenco gobernante caracteriza maniqueamente como los fuerzas del bien (fuerzas extremadamente conservadoras localizadas en Estados Unidos, Israel y Occidente en general); 2-una sobrecarga ideológica que lleva al gobierno a actuar con rigidez y carencia de capacidad crítica; 3-una imprudencia antirrealista que conduce al espíritu de cruzada y a anteponer el dogma al interés; 4-una desconexión absoluta de la propia región que contrasta con la postura de todos los antecesores de Milei, incluidos los que más se desentendieron de América Latina; 5-un desinterés general en los asuntos externos, que colocan al presidente-más allá de pronunciamientos generales sobre un supuesto “Occidente en peligro”-como un líder carente de narrativa sobre el orden global, el multilateralismo o los desafíos que plantea la comunidad internacional”
Nadie duda de la relevancia de Estados Unidos a nivel planetario y de la imperiosa necesidad de tener una buena relación con el coloso. ¿Pero ello legitima semejante grado de humillación, de postración, de sometimiento? Por supuesto que no. ¿Se imagina, estimado lector, a un Domingo Faustino Sarmiento, a un Hipólito Yrigoyen, a un Arturo Frondizi, a un Raúl Alfonsín o a un Néstor Kirchner haciendo de bufón del rey? Por supuesto que no. ¿Por qué no poner en práctica, por ejemplo, los principios de lo que Carlos Escudé denominó “realismo periférico”? Lo que proponía el destacado experto en relaciones internacionales era lo siguiente: “ningún país poco relevante (como la Argentina) debe, en materia de relaciones internacionales, arrojarse a la pileta sin antes verificar que está llena”. ¿Está siguiendo Milei el consejo de Escudé? Creo que no.
¿En qué consiste, entonces, el realismo periférico? Qué mejor que leer a su autor (“Realismo Periférico: una experiencia argentina de construcción de teoría, 1986-1997). A continuación, paso a transcribir aquellos párrafos que contestan dicha pregunta.
1) “Como muchos otros Estados del mundo, hasta los ’90 la Argentina había subordinado el bienestar ciudadano a la búsqueda de poder regional, a veces con la ilusión de competir en un juego planetario mayor. Sin embargo, la necesidad de centrar sus políticas exteriores y de seguridad en el desarrollo económico y el bienestar ciudadano se hizo cada vez más palpable a medida que se cobró conciencia del fracaso de las políticas inspiradas por la búsqueda de prestigio y poder. Para algunos círculos intelectuales restringidos, esto se hizo patente a fines de la década de 1970, cuando se abrieron al público los archivos británicos y estadounidenses sobre las relaciones argentino-norteamericanas durante la década de 1940. Entonces fue posible tener una idea cabal de las pérdidas generadas por el desafío a la hegemonía norteamericana, a la vez que estimar las consecuencias del boicot económico y desestabilización política a que el país fue sometido por los Estados Unidos desde 1942 hasta 1949. La guerra de Malvinas de 1982 proveyó de argumentos aún más elocuentes sobre la necesidad de rediseñar las políticas exteriores de Argentina, con un enfoque centrado en el ciudadano. Los costes de aquella guerra en términos de desarrollo económico, nunca medidos con precisión, fueron enormes: obstaculizó las relaciones con la Comunidad Económica Europea, ahuyentó inversiones y elevó enormemente la tasa de riesgo-país. Como consecuencia, se generó un debate intelectual cada vez más intenso, basado fundamentalmente en dos instituciones, el Instituto Di Tella y FLACSO/Buenos Aires. La percepción de los costes económicos y sociales de estos excesos es lo que eventualmente condujo, en los ’90, al abrupto cambio en las políticas exteriores argentinas. Brasil, Chile o México nunca hubieran protagonizado este cambio de 180 grados, simplemente porque jamás habían incurrido en los excesos de Argentina. Es improbable que el realismo periférico hubiera podido florecer en esos países, por razones que son tan comprensibles como lo es que haya emergido en la Argentina”.
2) “Por cierto, el realismo periférico es una doctrina y teoría que fue percibida por sus cultores como especialmente adecuada para aquellas circunstancias argentinas. Los escritos normativos que condujeron a su formulación a fines de los ’80, basados en investigaciones que identificaban los costes y beneficios de políticas argentinas previas, aconsejaban: 1. Alineamiento explícito con Occidente, abandonando el Movimiento de Países No Alineados y redefiniendo el perfil de votos argentinos en foros internacionales; 2. Restablecimiento de relaciones cooperativas con el Reino Unido; 3. Ratificación del Tratado de Tlatelolco para la Prohibición de armas nucleares en América latina y adhesión al Tratado de No Proliferación Nuclear, y 4. Desactivación del proyecto de misil balístico Cóndor II y de la sociedad con Saddam Hussein. Durante los ’90, estas directrices se convirtieron en política. Adicionalmente, y en convergencia con ellas (lo que no implica una relación de causa-efecto), la Argentina se acopló a los Estados Unidos en asuntos militares mundiales, interviniendo en la Guerra del Golfo, en Haití y en varias misiones de paz bajo el patrocinio de las Naciones Unidas. Además, continuó con la política de Alfonsín de acercamiento político a Chile, avanzando en el proceso de demarcación de límites, a la vez que profundizó el proceso de integración económica con Brasil, a través de la creación del cuatripartito MERCOSUR. Más que mero bloque económico, visto desde la Argentina, el MERCOSUR constituyó una alianza estratégica paralela con Brasil: no sólo eliminaba las viejas hipótesis de conflicto entre ambos vecinos, consolidando la ya longeva zona de paz, sino que también hacía de contrapunto con la alianza argentino-norteamericana, especialmente en asuntos comerciales, en los que Buenos Aires tendió a estar junto a Brasilia. Al igual que Brasil, la Argentina cortésmente rechazó la propuesta estadounidense de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)”.
3) “Debido a su capacidad para ocasionar daño, es del mayor interés tener buenas relaciones con esa potencia (Estados Unidos), siempre que estas buenas relaciones no sean a expensas de los intereses materiales de la Argentina. Esta salvedad fundamental, subrayada repetidamente en mi libro de 1992, “Realismo Periférico”, nunca fue abandonada, y tanto el rechazo argentino del ALCA como el hecho de que la política argentina frente a las patentes farmacéuticas fuera más nacionalista que la de Brasil, son testigo del hecho de que la nueva política no fue de “alineamiento automático” (la política exterior menemista), como sostuvieron sus críticos. Incluso en el caso del perfil de votos argentinos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cambio implicó pasar de una divergencia radical con Estados Unidos, del 87,5%, a una divergencia moderada del 59%. Aún con la nueva política, la Argentina votó en forma opuesta a Estados Unidos más veces que de manera convergente. La política de Israel, con una convergencia del 88 %, y la británica, con el 81,8 %, bien podrían haber sido consideradas de “alineamiento automático” con la superpotencia, pero en el caso argentino lo que ocurrió fue que la confrontación automática de la era previa fue reemplazada, durante los ’90, por una política moderada no confrontativa. Del conjunto de premisas mencionadas, se dedujo que cualquier desafío al liderazgo norteamericano que no estuviera vinculado al afán de desarrollo era perjudicial al desarrollo, en tanto nutriría percepciones negativas entre inversores y financistas, aumentando el índice de riesgo país. Más aún, en algunos casos también podría conducir a sanciones de gobierno a gobierno, a veces de consecuencias devastadoras. Desde un punto de vista ciudadano-céntrico, y muy especialmente para un país con el perfil de la Argentina, sería puro coste sin ganancia alguna”.
4) “Cuando mueve flotas en un océano como si fueran peones de un tablero de ajedrez, el presidente de Estados Unidos puede hacer abstracción de las fuentes económicas del poderío militar de su país, pero lo mismo no es válido para un Estado que se quedaría sin municiones en veinticuatro horas en el caso de que se desencadenara una guerra con un pequeño país vecino. Consecuentemente, se razonó que debemos discrepar de Morgenthau cuando mantiene que “el principal señuelo que ayuda al realismo político a encontrar su camino en el paisaje de la política internacional es el concepto de interés definido en términos de poder”. Al menos desde una perspectiva periférica, la formulación correcta es que el principal señuelo es el concepto de interés definido en términos de desarrollo económico, sin el cual no hay verdadero poder en el largo plazo, ni tampoco bienestar para la población. Si el principio definitorio del realismo político se redefine en estos términos, entonces el desmantelamiento de las políticas confrontativas argentinas era la consecuencia normativa obvia de un análisis realista de la situación, una vez que se ha tenido en cuenta la probabilidad de sanciones norteamericanas y la vulnerabilidad a ellas de la Argentina posthiperinflacionaria”.
28/02/2025 a las 10:06 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
«Era difícil obtener los votos para ambos jueces»
Melisa Molina
Página/12
27 de febrero de 2025
El gobierno, ante la avanzada opositora, se abroquela en la defensa de las designaciones por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla –que firmó el presidente Javier Milei– para que sean miembros de la Corte Suprema de Justicia. Desde Balcarce 50 quieren acelerar el proceso para que la Corte les tome juramento e, incluso, buscan que ambos puedan estar sentados al lado de Horacio Rosatti, Carlos Ronsekrantz y Ricardo Lorenzetti durante la apertura de sesiones ordinarias que encabezará este sábado el Presidente. «Los jueces están designados en comisión y esa es la decisión del Presidente», aseguró el vocero Manuel Adorni. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sorprendió al reconocer que el decreto se usó porque «era muy complejo obtener los votos».
De todos los funcionarios, Guillermo Francos, terminó siendo el más honesto al justificar el uso del decreto. Reconoció que se recurrió a ese instrumento «porque no hubo acuerdo, no porque no tuviéramos los votos. Siempre hay tironeos en la política», indicó. Luego, durante la entrevista radial, reconoció que para La Libertad Avanza (LLA) «era muy complejo obtener los votos» para los dictámenes de ambos postulantes. Francos reconoció que el candidato que el que menos resistencia genera es García Mansilla que, a diferencia de Lijo, no llegó ni siquiera a tener un dictamen favorable.
De todas formas afirmó que «si el Senado rechaza los pliegos, sigue la designación en comisión hasta el 30 de noviembre».
El vocero presidencial indicó, en su conferencia de prensa, que «se seguirán los pasos legales que se requieran para que esto efectivamente sea así. No hay mucho más para aclarar». También opinó que el Presidente avanzó porque «el Senado tuvo un año los pliegos de dos personas que cumplían con los requisitos técnicos y de idoneidad y no han logrado avanzar» y, aclaró que «por supuesto, está dentro de las atribuciones constitucionales del Presidente designarlos». Desde el gobierno dicen «descreer del fin último de los comunicados», e insisten con que «todo está dentro de la ley».
LA OPOSICIÓN
Desde Unión por la Patria, en tanto, salieron a decir que el artículo 99 de la Constitución Nacional, en su inciso 4 reformado en 1994, establece la forma en que deben ser designados, no solamente los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino todo los integrantes del Poder Judicial. «El inc. 19 del mismo artículo, invocado por Milei para justificar lo injustificable y meter por decreto y por la ventana integrantes a la Corte, no es aplicable ya que sólo se refiere a los empleos del Poder Ejecutivo que requieren acuerdo del Senado, como el caso de militares, embajadores, etc». Remarcaron y opinaron que «confundir a los miembros del Poder Judicial con empleados del Poder Ejecutivo es, lisa y llanamente, no distinguir la diferencia entre Estado y Gobierno y es no entender la Constitución Nacional».
En esa línea también se pronunció la Coalición Cívica. Ellos aseguraron que “la designación en comisión de Lijo y Mansilla hiere gravemente la institucionalidad y la integridad del máximo tribunal”, y añadieron que «esta maniobra pone en jaque la división de poderes y constituye un grave atropello a la institucionalidad republicana y los límites que impone la Constitución”.
Desde la UCR el bloque de diputados lanzó un comunicado en el que señalaron que, más allá de que hay dos vacantes en la Corte que se tienen que completar “no compartimos el apuro del gobierno en sacar el decreto a pocos días del inicio del período ordinario de sesiones del Congreso”. El bloque de senadores de la UCR, en tanto, consideró el hecho como «grave, imprudente e innecesario, ya que los mecanismos constitucionales se encuentran plenamente en funcionamiento”. El presidente del partido centenario, Martín Lousteau, fue más categórico con el rechazo y criticó de forma directa a Milei: «Una vez más muestra el desprecio que tiene por la constitución y su devoción por la mentira cómo método”, dijo.
El presidente del bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, describió la decisión del Ejecutivo como «muy endeble», aunque la consideró “una buena jugada” para “tapar” el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. «Yo se la hubiera recomendado, de estar en el Gobierno», dijo. Luego admitió que «coloca a los jueces en un plano donde la independencia queda bajo una mirada crítica».
El PRO, en tanto, tuvo una reunión de su mesa ejecutiva el miércoles por la tarde para unificar posturas al respecto. Si bien dijeron que «no apoyan la designación», dentro del partido habría diversas opiniones sobre el tema. Alfredo de Angeli, jefe de la bancada de senadores, aseguró que el bloque rechazará la designación de Lijo, pero otros, como el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres y el diputado, Diego Santilli, no quisieron firmar un documento en contra de Lijo, como impulsaba Macri. Montenegro, de hecho, estuvo largas horas de la tarde del miércoles en la Casa Rosada reunido con el asesor presidencial, Santiago Caputo.
El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona también salió a hablar del tema en defensa de Milei. Decidió responder a un posteo de la legisladora Graciela Ocaña. “A solo tres días del inicio de las Sesiones Ordinarias, elige conscientemente el camino de la inconstitucionalidad al nombrar jueces por decreto. En lugar de buscar consensos, impone una medida arbitraria y contraria a la Constitución Nacional, que atenta contra el sistema republicano y la independencia judicial”, había dicho ella. Cúneo Libarona le respondió: “Diputada Ocaña, me preocupa que habiendo sido 16 años legisladora y habiendo ocupado altos cargos en el Estado durante el gobierno de Néstor Kirchner no haya aprendido nada de Derecho. Ya sé que no sos abogada, pero es insólito que digas que es inconstitucional una herramienta que utilizó hasta tu líder político, Mauricio Macri”. Lo que no recordó el ministro es que Macri tuvo que retroceder con esa decisión.
28/02/2025 a las 10:12 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Una autoinvestigación, la nueva estafa de Javier Milei
Irina Hauser
Página/12
27 de febrero de 2025
Javier Milei había sido abruptamente interrumpido justo cuando le decía al periodista Jonathan Viale que de su situación judicial por el Criptogate se encargaría el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Es el famoso tramo que luego desapareció en la emisión televisiva de la entrevista, pero que se filtró. El ministro no puede ser su abogado, es ilegal, a menos que renuncie. Decirlo, además, implicaba reconocer que se lo acusaba por algo relacionado con el ejercicio de su cargo como presidente, no a título personal como quería instalar. Pese a todo esto y sin ningún disimulo, Cúneo Libarona quedó a cargo de la estrategia que se presenta bajo el ropaje de una autoinvestigación del Gobierno sobre el escándalo con la criptomoneda $LIBRA y este jueves designó para una parte de esa labor a la jefa de gabinete de asesores de su cartera, María Florencia Zicavo, a quien puso al frente de la llamada Unidad de Tareas de Investigación (UTI). Antes también había «instruido» a la Oficina Anticorrupción (OA) para intervenir, algo que está prohibido, además de que el titular es un ex socio suyo.
Después que el oficialismo lograra frenar en el Senado la creación de una comisión investigadora sobre la cripto estafa, se volvió todavía menos verosímil de lo que ya era que que dentro del Ministerio de Justicia y la OA se avance en «investigar» al Presidente y otros funcionarios, algo anunciado como un gran gesto de transparencia.
El senador y presidente de la UCR Martín Lousteau ironizó en su cuenta de «X»: «23 senadores se negaron a crear una comisión para investigar la estafa de $Libra. Ahora, Milei dispuso que una funcionaria a las órdenes de ¡Cúneo Libarona! lo haga. ¿Alguien puede imaginar que la jefa de asesores del ministro de Justicia lleve adelante una investigación seria e independiente sobre el jefe de su jefe? ¡Es como si Smithers investigara al Sr. Burns! Que lo expliquen los cómplices e hipócritas que se llenan la boca hablando de transparencia y ficha limpia (que voy a acompañar), pero después avalan estas barbaridades». Smithers, para quienes no lo recuerdan o conocen, es el asistente leal del dueño (Burns) de la planta nuclear de Springfield en Los Simpsons.
A Zicavo quienes la conocen y difícilmente olviden son los 2400 empelados y empleadas del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos que fueron forzados a aceptar retiros voluntarios en condiciones totalmente desfavorables, bajo amenaza de que igual serían despedidos sin indemnización. A ella se le atribuye la redacción de los retiros y los esfuerzos por convencer a la gente para que aceptara. El año pasado había confeccionado los argumentos para la disolución de la Unidad Especial de Investigación para la búsqueda de nietos apropiados por el terrorismo de Estado.
MANUAL DE AUTO INVESTIGACIÓN
Ante el aluvión de denuncias pos a la estafa con $LIBRA, que había comenzado con un un tuit de Milei de promoción de la criptomoneda el 14 de febrero a las 19.01 horas, y con las que se abriría una causa penal, la Oficina del Presidente publicó un comunicado que anunciaba que Milei le daría intervención a la OA para determinar si había existido una «conducta impropia» por parte de algún funcionario público, lo que lo incluía. Ese organismo integra la estructura del Ministerio de Justicia, aunque debería tener autonomía. Por lo pronto, la dirige Alejandro Melik, un ex socio de Cúneo Libarona.
En los párrafos anteriores, aquel texto contaba que Milei se había reunido en octubre con la empresa Kip Protocol, que representa Julian Peh, quien le comentó que quería desarrollar el proyecto «Viva la libertad» para financiar emprendimientos privados en Argentina con tecnología blockchain. Seguía: que el 30 de enero se reunió (había foto) con Hayden Mark Davis, de la empresa Kelsier Ventures y creador de $LIBRA, quien proveería la estructura tecnológica. Según el texto «Davis no tuvo ni tiene vinculación con el gobierno argentino». Este empresario estadounidense luego dijo públicamente que era asesor del Presidente, que habían acordado que apoyaría la criptomoneda y que incluso grabaría un video que no llegó a salir. Como es conocido, unos pocos operadores con información privilegiada compraron el cripto activo apenas salió a bajo valor, lo vendieron cuando la cotización se elevó con el tuit del Presidente y se llevaron millones de dólares, mientras unos cuantos inversores perdieron su dinero. Cuando eliminó el tuit, Milei alegó que no estaba interiorizado del proyecto, que era privado.
La investigación judicial quedó por sorteo en manos de la jueza María Servini, quien la dejó delegada en el fiscal Eduardo Taiano. Sus primeras medidas fueron ordenadas recién a una semana del escándalo. De ahí surgió que las personas investigadas son Milei, Davis, Peh, Mauricio Novelli (un trader cercano a Milei que ofició de nexo), su socio Manuel Terrones Godoy y un socio de éste, Sergio Morales, asesor en la Comisión Nacional de Valores (CNV). Un día antes de que Taiano activara la causa, el gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 114/2025 que disponía «instruir a la OA, organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia, para que inicie las actuaciones que estime corresponder en el ámbito de su competencia». Primer problema: como ya informó Página/12 la Oficina Anticorrupción no puede, por un decreto todavía vigente (el 25/2023) del gobierno de Alberto Fernández, recibir instrucciones del Presidente, ni del Ministro de Justicia ni otra autoridad del Poder Ejecutivo.
Ese mismo decreto, firmaban Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decía que era necesario juntar toda la «información y documentación disponible a efectos de aportarla al Poder Judicial y/o al Ministerio Público Fiscal». Para eso consideraban «apropiado» crear una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para que la «colaboración» sea «más rápida y expedita». Nadie les había pedido nada, pero ese era el modo de justificar la colecta de información. UTI, curiosidades de la vida, es la sigla usada para «Unidad de Terapia Intensiva». La resolución que apareció este miércoles en el Boletín Oficial, que nombra a Zicavo al mando de esta particular Unidad, está firmada directamente por Cúneo Libarona, de quien ella es una colaboradora fundamental.
Describe como funciones de la UTI hacer requerimientos de «información, de datos y de documentación» a «funcionarios, órganos y organismos» del «Sector Público Nacional» y «a organismos provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Estados extranjeros y/u organismos internacionales». «La UTI tendrá a su cargo la recepción y la gestión de los requerimientos del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal relacionados con el criptoactivo denominado ‘$LIBRA'», dice. Cabe preguntar. ¿Centralizará y controlará el envío de información? ¿Seleccionará? Justicia se arroga la facultad de dictar las normas que quiera relacionadas con su funcionamiento. Algunos medios, como La Nación, se esmeraron en aclarar que Cúneo Libarona y la UTI solo «juntarán información pero no investigarán el caso». La primera contradicción con esa idea está en el nombre de la dependencia, que incluye la palabra «investigación».
CAUSAS JUDICIALES Y GESTOS
El abogado Gregorio Dalbón, uno de los denunciantes del Criptogate en Comodoro Py pidió una ampliación de la pesquisa sobre Karina Mieli, la secretaria de la presidencia, para «determinar su participación en la maniobra» y debido a que ya en algunas de las pruebas que él presentó, con registros de reuniones en la Casa Rosada, queda a la vista que «mantenía diversas reuniones con Mauricio Novelli». Recordó a su vez los chats publicados por el sitio Coin Desk con chats atribuidos a Davis en los que alardeaba ante otros hombres del mundo cripto que le pagaba a «la hermana» del Presidente, a quien podía «controlar». Dalbón reclamó el secuestro de celulares de los Milei y de Manuel Adorni para evitar la «destrucción y manipulación de pruebas». Mientras tanto, como señaló este diario, se avizora una posible pelea de competencia por el caso ya que hay una denuncia en el juzgado de San Isidro, de Sandra Arroyo Salgado, quien le pidió a la Quinta de Olivos saber si Milei estaba ahí cuando tuiteó y el día posterior, lo que podría determinar, según cierto criterio, si es competente. A Milei le estarían aconsejando, Bullrich y algunos abogados, que intente que la causa tramite allí.
Mientras tanto, la abogada del empresario Davis en Argentina, la penalista Yanina Nicoletti, volvió a acceder a su cuenta de «X (hackeada), donde había publicado mensajes sugestivos, como que se presentaría en tribunales para denunciar a los «verdaderos responsables» y que Milei es quien puede contar la verdad. Esta vez publicó otro texto que, aunque es teórico, huele a advertencia: es la explicación de la figura del arrepentido en el proceso penal argentino (que no necesariamente tendría que ser Davis en este caso) usada, por ejemplo en la causa «Cuadernos» para mejorar la situación de imputados a cambio de acusar a funcionarios, como Cristina Kirchner.
28/02/2025 a las 10:15 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Tras el crimen de Kim en La
Plata, el Gobierno busca acelerar
la baja de la edad de
imputabilidad
Fewderico Millenaar
Infobae
26/2/025
El crimen de Kim González, la niña de 7 años que murió tras ser arrastrada por 15 cuadras en la rueda del auto por dos delincuentes menores que intentaron robarle a su mamá en la ciudad de La Plata, volvió a poner en debate si es conveniente bajar la edad de imputabilidad. Los dos adolescentes detenidos por el crimen tienen 14 y 17 años. El primero, identificado como N.M. (su nombre no se revela porque es menor de edad), según la ley, es inimputable, por lo que no puede ser condenado por el homicidio de la niña. Según especialistas consultados por Infobae, debido a la gravedad del hecho probablemente sea confinado en un instituto de menores por 180 días que puede prorrogarse. Allí permanecerá recluido probablemente por un año, pero luego recuperará la libertad.
La situación del adolescente de 17 años, quien había cometido un intento de robo similar en febrero, es diferente por ser punible. Es probable que en el término de cinco días se le dicte la prisión preventiva y quede detenido en un instituto cerrado de menores. En el caso de ser encontrado culpable, tendrá una pena diferente a la de un adulto. No se le puede aplicar perpetua, por lo que posiblemente recibirá una sentencia de la mitad de los años que una mayor.
Tras el violento episodio, desde el gobierno nacional adelantaron que priorizará el proyecto de ley presentado el año pasado para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años.
“Hace un año presentamos el Régimen Penal Juvenil. Su tratamiento debe ser ¡URGENTE! Los argentinos no podemos esperar más. No podemos seguir permitiendo la impunidad de los menores delincuentes, y menos aún de los reincidentes. Kicillof, tu inutilidad está costando vidas. Esperemos que tus diputados aprueben esta Ley, o ¿estás a favor de que esto siga pasando?”, publicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en sus redes sociales.
En la misma línea, desde el PRO bonaerense también apuntaron contra el peronismo y reclamaron celeridad para aprobar la baja de imputabilidad. “Si en la provincia hubiese Ley de Reiterancia, hoy Lucas en Moreno y Kim en La Plata, estarían vivos, ya que sus asesinos seguirían detenidos por delitos pasados. Además, hay que bajar la edad de imputabilidad, para que ambos asesinos, menores de edad, cumplan con su condena”, señalaron en el comunicado.
“Siento un profundo dolor por el crimen de Kim Gómez. No puedo entender por qué nunca se trató el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que lleva más de 23 años de presentado, compatible con los Tratados de los Derechos del Niño. No hay explicación alguna”, dijo Elisa Carrió, referente de la Coalición Cívica.
El proyecto en cuestión había sido presentado públicamente a finales de junio mediante una conferencia de prensa, que fue encabezada por Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, titular de la cartera de Justicia, ya que se trata del resultado de un trabajo conjunto entre ambos ministerios.
El principal objetivo de esta iniciativa es “evitar la impunidad de los crímenes cometidos por menores” y, de esta manera, poder “combatir el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil”, de acuerdo con lo que expresaron los ministros en esa oportunidad.
Por esto mismo, el proyecto de ley propone establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil que contemplará que los adolescentes de entre 13 y 18 años sean imputados por cualquier hecho tipificado como delito en el Código Penal. A su vez, también recaerá una sanción sobre aquellas personas mayores que actúen como instigadores.
Además, uno de los principales ejes es la creación de “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo” para alojar a los detenidos.
El proyecto del Gobierno comenzó a ser debatido en un plenario de cuatro comisiones (Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto) y se llevaron adelante siete sesiones informativas en las que diferentes expertos expusieron sus puntos de vista.
En las comisiones también se abordaron otros 12 proyectos presentados por diferentes bloques que tratan la misma temática. Por ejemplo, el texto presentado por el diputado del PRO Diego Santilli baja la edad de imputabilidad a 15 años y establece una pena máxima de prisión de 15 años para homicidios dolosos y abusos sexuales, y de 10 años para el resto de los delitos. En cambio, la pena máxima en el proyecto del Gobierno es de 20 años.
El proyecto de la radical disidente Ana Carla Carrizo baja la edad de imputabilidad a los 14 años, pero sólo si se trata de un delito cuya pena máxima fuera superior a 10 años. En tanto, pone como pena máxima los 10 años de prisión. Por su parte, el massista Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria) tiene un proyecto presentado que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
Fuentes de la comisión de Legislación Penal explicaron a Infobae que al haberse superado la etapa de sesiones informativas, el trabajo en el plenario se concentrará en llegar a los consensos políticos para firmar un dictamen. Luego el proyecto podrá ser enviado al recinto para buscar la media sanción.
28/02/2025 a las 10:26 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
El cisne electrónico de Milei
Ricardo Aronskind
El cohete a la luna
23/2/025
Milei atentó políticamente contra sí mismo el viernes pasado, interviniendo activamente en el lanzamiento de la cripto moneda LIBRA, devenida estafa masiva.
Ahora todo el bloque de poder interesado en su permanencia está haciendo lo necesario para que el episodio se diluya en la nada, como todos los otros temas que la derecha local ha logrado ningunear y desactivar políticamente.
El escándalo está siendo negativo para el Presidente, y aún no se conoce con claridad el desgaste que esta situación le está provocando, pero de ninguna forma puede ser entendido como un hecho definitorio de su situación institucional.
Desde ya, es imposible que el Poder Judicial local haga algo serio en relación a la investigación. Con un alto porcentaje de ineficiencia, corrupción y alineamiento partidario, la ciudadanía puede esperar muy poco de un aparato burocrático tan deteriorado. Es una deuda democrática grave, ya que esa institución no sólo no mejora, sino que con el paso del tiempo profundiza su daño a la administración de justicia.
El desgaste que sufre el titular del Poder Ejecutivo, sea cual sea, genera nuevos escenarios de negociación dentro de la derecha. El macrismo prefiere debilitar y parasitar al todavía rendidor Milei.
El jefe de la derecha disimulada, Mauricio Macri, puso a salvo al sospechoso de estafa internacional, y pidió cambios en su entorno. De paso le recriminó a Santiago Caputo sus manejos en un tema de su interés, la Hidrovía. Mauricio nunca pierde el foco sobre sus grandes prioridades.
Si efectivamente ocurre el rebalanceo dentro de la derecha, entre LLA, el PRO y otros interesados, entrarán caras conocidas a cargos en el gobierno, se redefinirán negocios privados varios –siempre a costa del Estado y de la sociedad–, y se repartirán de otra forma los puestos en las listas para las próximas elecciones.
La derecha macrista, mucho mejor insertada en diversos aparatos de poder dentro y fuera del Estado, y con mayor arraigo en los sectores más acomodados de la sociedad, estaría en condiciones de hundirlo a Milei.
Bastaría con una fuerte campaña de prensa, mandar a sus comunicadores sociales a calentarle la cabeza a la población, sacar a sus partidos políticos en malón a plantear que el principal valor del mundo es la honestidad y la decencia republicana, lanzar a jueces amigos a tomar con premura la causa e investigar en serio, generar clima de desestabilización económica y críticas desde los círculos empresarios influyentes, y amagar con juicios políticos y penales contra los Milei.
Son cartas que han decidido no usar, por ahora, porque podrían poner en marcha movimientos en la sociedad que luego no se sabe cómo se controlan. Para que Milei mostrara predisposición a ceder en algo, cosa difícil para la pareja presidencial, él debería percibir un peligro realmente grave. La costumbre mileísta es no ceder, y pisarle la cabeza a todos los que pueda, como pensaban hacer con el propio macrismo en las próximas elecciones, hasta hace unos días.
Milei sabe, por otra parte, que él personalmente constituye una oportunidad fuera de lo común para sectores de la elite económica argentina, para los Estados Unidos y para la derecha internacional, que ve en él un experimento promisorio en materia de salvajismo social e ideológico. Todo eso juega a favor de su estabilidad, no importa qué abominaciones realice.
De hecho, el influyente semanario The Economist dedicó en estos días un artículo sobre la estafa cripto que involucra a Milei con el título “Su primer bochorno”. Son puntos de vista. Para la mirada del capital financiero internacional, la gestión hasta el momento ha sido brillante, pero ahora apareció esta “desprolijidad”. Desde una perspectiva popular, la gestión es catastrófica y profundamente dañina, plagada de irregularidades y anticonstitucionalidades, que simplemente quedan en la nada por la impunidad que garantizan los poderes fácticos que lo sostienen.
El analista y consultor Roberto Bacman sostiene que hay un núcleo duro de adherentes mileístas muy fieles a su figura, haga lo que haga, que estima en un 28% del electorado. También aclara que el núcleo duro anti-mileísta es aún mayor, del 34%.
Lo novedoso en el caso de la estafa LIBRA, y que abre un espacio de indeterminación política, es que está involucrada la justicia de Estados Unidos, que en ciertas cuestiones, como el resguardo de la propiedad privada y el castigo a quienes la violan, está acostumbrada a respetar estos “principios inalienables” del capitalismo. En los niveles de primera y segunda instancia, los jueces se toman en serio las leyes que castigan el robo.
Eso abre la muy incómoda posibilidad, para la rastrera derecha local, de que aparezca en el centro del imperio un fallo negativo contra el Presidente y su hermana, dada la abrumadora cantidad de pruebas que se conocieron desde un primer momento, y el involucramiento de perjudicados norteamericanos y de estudios jurídicos del mismo país en la causa.
Es decir: no es posible pensar en la tradicional práctica local de “que pasen dos semanas, la gente se olvida, y a otra cosa”. Debido a que está involucrado Estados Unidos, parte de la prensa hegemónica local, por razones de reputación básica, está dando cuenta de lo ocurrido y ¡haciendo periodismo!, lo que mantiene la tensión y el malestar en relación a la estafa cometida y sus protagonistas.
¿CARRY TRADE HASTA OCTUBRE?
Al gobierno se le anudaron en forma muy peligrosa su política electoral y los negocios que propone al sector empresarial. El argumento político central de Milei, su gran mérito frente a las masas, es que bajó la inflación. Guste o no, a mucha gente parece convencerla ese cantito, a pesar de que no logra cubrir sus necesidades básicas.
En materia de negocios, lo más rentable que se puede hacer en el país desde el comienzo de la gestión es poner la plata a trabajar en el circuito financiero en pesos, y en algún momento volver a comprar dólares baratos, cuyo suministro está siendo garantizado por el gobierno nacional. La rentabilidad en dólares es de las más altas del mundo.
Mantener el dólar planchado pasó a ser una llave maestra antiinflacionaria para un gobierno que ha estafado a su audiencia diciendo que “la inflación, siempre y en todo lugar es un fenómeno monetario”. Y la apuesta es que siga así hasta las elecciones, para llegar a esas fechas con niveles muy bajos de inflación.
Las proyecciones actuales para 2025 indican que no quedarán saldos contundentes de dólares provenientes del comercio exterior, ni que habrá una catarata de inversiones extranjeras, que en 2024 brillaron por su irrelevancia.
Por consiguiente, para sostener la estabilidad cambiaria, y con reservas negativas en el Banco Central de 9.000 millones de dólares, el gobierno necesita del famoso crédito que siempre está por llegar (ahora la fecha es abril) del FMI, por unos 12.000 millones de dólares. Todo es incierto, por las exigencias devaluatorias del organismo. Por otra parte, a pesar de la reducción de retenciones que concedió Caputo para que los agroexportadores vendan más divisas, tampoco los ingresos provenientes de ese sector se han incrementado suficientemente.
Por consiguiente, esta semana el gobierno tomó una decisión temeraria: habilitó la posibilidad de que el sistema financiero conceda créditos en dólares no sólo a las actividades que tienen capacidad de repago de esa moneda. Era una restricción muy prudente, que se tomó en 2002 luego del derrumbe de la convertibilidad.
A partir de ahora, en cambio, los bancos podrán conceder créditos para otras actividades no conectadas al comercio exterior, lo que abre indudablemente la posibilidad del peligrosísimo endeudamiento en dólares de agentes económicos que no generan dólares.
El sentido de la medida es claro: se busca que los bancos tomen créditos afuera, en dólares, y los traigan al circuito local para otorgar créditos en esa moneda. De esa forma, contribuirán transitoriamente a que crezcan las magras reservas del Banco Central.
Todo para reforzar la sustentabilidad del carry trade, llegar a las elecciones con el dólar quieto, y mantener a los precios subiendo poquito.
Hay que recordar el grave riesgo implícito en esta medida aventurera: si se produce una fuerte devaluación del peso, los endeudados en dólares del sistema se vuelven instantáneamente insolventes, y, o quiebran o el Estado tiene que salir a rescatarlos.
Son las políticas públicas que se les ocurren a los genios de las finanzas y de la economía, y que respaldan los visionarios factores de poder que manejan el país.
TRUMP O LA DESTRUCCIÓN DEL DISCURSO NORTEAMERICANO
Uno de los episodios más impactantes en el escenario internacional es el brutal cambio de la política exterior norteamericana, que tiene múltiples efectos y que está llamada a provocar un debilitamiento en el respeto global hacia los Estados Unidos.
El unilateralismo estruendoso de Trump no sólo se expresa en un torpe maltrato a casi todo el mundo, empezando por sus vecinos geográficos y sus aliados históricos, sino que desde el punto de vista de las relaciones internacionales significa un vuelco dramático en relación al edificio institucional, ideológico y cultural que construyó Estados Unidos, de enorme coherencia con sus propios intereses desde el final de la segunda guerra mundial.
En especial el abordaje de Trump sobre la forma de terminar la guerra en Ucrania está generando conmoción, indignación y desconcierto en aquellos que se alinearon más firmemente con las posturas norteamericanas expresadas por la administración Biden. Fue esta gestión, recientemente terminada, la que fogoneó la guerra en Ucrania, boicoteó los posibles acuerdos que surgieron en los primeros meses del conflicto, y embarcó a los europeos en una histeria colectiva frente al “tirano” Putin, que presuntamente amenazaba con invadir a toda Europa.
Biden, a su vez, retomaba una larga tradición discursiva norteamericana, liberal-idealista, que plantea una política exterior basada formalmente en los conceptos de “democracia y libertad”, con el consiguiente corolario del combate contra los países gobernados por autoritarios y dictadores. En definitiva, la lucha entre el bien y el mal, definida en base a los criterios y preferencias de un país que se considera a sí mismo “excepcional” y por lo tanto habilitado para decidir quiénes son los buenos y quienes los malos, e intervenir allí dónde la parezca necesario.
El resto de los países del mundo, que adhieren en general a los principios democráticos, tienen dificultad para impugnar el hegemónico discurso norteamericano, a pesar de la manifiesta arbitrariedad de su aplicación por parte de Estados Unidos. La gestión Milei, por ejemplo, jamás sería combatida por los norteamericanos, a pesar de su marcada intolerancia frente a la disidencia, la persecución ideológica y cultural creciente y su visión autoritaria de la política, abiertamente expresada en diversos foros internacionales.
Trump rompe abruptamente con todo esto, se esfuman los tradicionales conceptos de libertad y democracia del discurso internacional estadounidense, pero continúa aplicando las categorías de “buenos” y “malos”, a las que el Presidente norteamericano redefine de acuerdo a sus preferencias personales, sin haber construido, a nivel internacional, un discurso alternativo al anterior.
Así, deja colgados a muchos que acompañaron a Estados Unidos en su evidente campaña de largo plazo de ensanchamiento de la OTAN, desde el Presidente Gabriel Boric en Chile hasta Emmanuel Macron en Francia, que siguen reafirmando su apoyo a Ucrania. Algunos países y dirigentes acompañaron a Estados Unidos cínicamente, por apetitos políticos e intereses propios. Pero hay muchos que creen en la prédica internacional norteamericana, como si fuera una política de principios.
Europa no sale de su estupor: hasta hace dos meses estaban embarcados en una guerra “defensiva” contra el nuevo Hitler/Stalin que los quería esclavizar, lo que justificaba que pagaran mucho más cara la energía, deterioraran su calidad de vida, contaminaran el ambiente y, en el caso de Alemania, perdieran sus ventajas competitivas industriales.
Ahora les informan, desde el otro lado del Atlántico, que “el heroico líder ucraniano” es tan sólo un dictador corrupto, que tiene apenas el apoyo del “4%” de la población, que la gente ucraniana “quiere paz” y que Zelensky –en complicidad con los “corruptos demócratas”– encabeza un gobierno que se robó decenas de miles de millones de dólares. Trump les reclama a los ucranianos por la plata que les deben por los envíos militares, y les solicita que paguen ¡500.000 millones de dólares! en tierras raras, minerales de alto valor estratégico. A pesar de todo, Biden y Trump tienen allí una continuidad política: la conversión de Ucrania en una semi-colonia extractiva.
El dramático giro norteamericano aporta dos nuevas certezas a la política internacional:
1) Es imposible saber adónde va Estados Unidos en términos estratégicos, salvo poner a salvo sus propios intereses, según los lea e interprete cada administración. Trump se va a ir dentro de cuatro años, pero no se sabe qué vendrá después. Steve Bannon, ideólogo de la derecha no liberal global, dice que no se tiene que ir cuando termine su mandato.
2) Todo líder nacional que se pliegue al discurso norteamericano corre el serio riesgo de quedar completamente desairado por las volteretas estadounidenses. El episodio actual de la guerra en Ucrania deja a todos los fieles seguidores de la potencia americana como títeres sin cabeza ni estrategia propia para encarar los procesos mundiales.
EL BANCO ES DE LA NACIÓN ARGENTINA
Desde El Cohete lo venimos señalando en forma sistemática: el gobierno encabezado por Javier Milei es un gobierno neocolonial.
No lo decimos como una forma de insulto, como si dijéramos criminales o vendepatrias. Usamos el término neocolonial como una de las mejores aproximaciones disponibles para describir un régimen político encargado de someter a una nación, y entregar sus riquezas a factores externos. En una colonia tradicional, la gestión de tal proceso de dominación la realizaba una potencia extranjera. En una neocolonia, exactamente la misma tarea la ejecutan actores locales (políticos y empresarios), lo que contribuye enormemente a la confusión de la sociedad.
El concepto de semi-colonia permite tener una mirada abarcativa y de alto poder explicativo sobre todo lo que hace este gobierno: daña a la población en su salud, en su educación, en su calidad de vida, en su psiquismo. Ataca las actividades productivas del país, sus capacidades científicas y tecnológicas, y a las innovaciones reales que supo construir a través del tiempo. Degrada y desmantela a su Estado. Desdeña y desprecia su cultura y sus logros. Desconoce las peculiaridades del país y degrada la subjetividad de la población para llevarla al estado de homo economicus, un ser atomizado que sólo busca éxito material como toda meta existencial.
Este es el contexto en que hay que entender la decisión gubernamental de esta semana. Concretamente, han decidido transformar al Banco Nación en una sociedad anónima, como un primer paso en el camino de la privatización.
El Banco de la Nación Argentina, en su extensa trayectoria, ha sido un instrumento de enorme utilidad pública en el sostenimiento de una estructura productiva diversa, de amplia extensión territorial y con positivos impactos en la integración social.
A tal punto este valor es reconocido, que en la negociación de la ley Bases el gobierno encontró bastante resistencia a su venta y tuvo que resignarse a sacarlo del listado de empresas sujetas a privatización, como ocurrió también con Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, el gobierno carece de palabra confiable, y desde el Poder Ejecutivo y su prensa adicta volvieron a la carga hace ya varios meses contra Aerolíneas, y en esta semana avanzaron contra el Banco Nación.
Quieren privatizar al Banco Nación para extranjerizarlo. Lo que este gobierno hizo recientemente con la gran empresa metalmecánica IMPSA (Pescarmona) –la regaló por sólo 25 millones de dólares– es una indicación de hacia dónde apuntan: malvender un banco arraigado y exitoso, para consolidar su alianza (cuasi personal) con la administración norteamericana.
Pero estamos en un momento diferente.
Este nuevo embate privatizador no se produce en el mismo contexto político. Ahora están amenazando a una institución nacional valorada y reconocida –se juntó un millón de firmas contra la posible privatización hace muy pocos meses–, en el contexto de una caída de la imagen de seriedad y transparencia del Presidente y sus principales colaboradores y sostenes.
La defensa del Banco Nación abre la oportunidad para una acción política con posibilidades promisorias en múltiples planos. Desde ya, en el plano gremial y de la movilización solidaria de la ciudadanía, hasta el plano político-legislativo.
La exclusión del Banco Nación, en pleno furor mileísta, de la lista de privatizaciones, habla de que incluso en este claudicante panorama parlamentario hay suficientes fuerzas para bloquear esa medida. Es más: dada la poca confiabilidad del personaje a cargo del Ejecutivo, lo que correspondería es arrebatarle las facultades extraordinarias concedidas oportunamente. Como una forma de autodefensa social frente a autoridades que no garantizan ni prudencia ni sensatez.
La creciente desconfianza pública sobre el tenor de las acciones de Milei y la alta peligrosidad social de las mismas no debería ser sólo una prenda de negociación entre contrabandistas y estafadores.
Puede transformarse en un instrumento de acción política popular, para revertir el estado de desmovilización y desconcierto que la desmesura reaccionaria ha generado en la mayoría opositora.