Por Oscar Edgardo García.-

Finalmente, tal como se había pronosticado anticipadamente, el Senado de la Nación rechazó en forma contundente la postulación a la Corte Suprema de Justicia de Manuel García Mansilla.

No obstante ello, el gobierno de Javier Milei, obstinadamente, intenta que continúe con sus funciones en el alto tribunal, basado en su designación por el decreto presidencial que sostiene su mandato hasta el fin del año parlamentario.

Algunos allegados de García Mansilla han comentado que solicitaría la opinión a sus colegas de la Corte sobre su «status institucional» para tomar una decisión sobre su continuidad.

Sobre el particular caben al menos dos consideraciones.

En primer lugar, el nivel profesional y sus antecedentes catedráticos deberían ser suficientes para aportarle a García Mansilla los fundamentos precisos para establecer su «status institucional» sin necesidad de delegar en terceros una opinión que en definitiva atañe a una decisión final que es estrictamente personal.

En segundo término, hay dos atributos tales como la dignidad y la ética, que no son delegables y que él no puede soslayar para una determinación porque atañen exclusivamente a su persona.

En consecuencia, García Mansilla se encuentra ante una encrucijada de la que solamente a él le corresponde establecer la forma de salir, demostrando a la ciudadanía cuáles son sus cualidades personales y profesionales.

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