Por Luis Alejandro Rizzi.-

La respuesta no es fácil porque podría estar a tiro de “Scott Bessent”, pero si la escrutamos desde el sentido común, diríamos que no.

El riesgo argentino, no sólo depende de la falta de reservas -habría alrededor de 17 mil millones de dólares en negativo-, sino también de otras variables como la tasa de interés, la actual tasa de inflación. que anualizada toca el 30%. y nuestra frágil credibilidad jurídica, puesta en crisis por el dictado permanente de DNUs y el mal uso o uso abusivo hecho de las delegaciones de facultades de la Ley Bases.

Las consecuencias se producirán dentro de algunos años, cuando se ponga en tela de juicio su legalidad constitucional, cosa que fatalmente ocurrirá.

Asimismo, se tienen en cuenta los millones de dólares gastados para mantener controlado, incluso en el caso de las bandas, post cepo para particulares, el tipo de cambio. Esos dólares integran lo que se da en llamar “costos hundidos”; son irrecuperables y obviamente suman deuda.

Otro tema que no deja de ser “cuestión” es el incremento de la pobreza -no estadística-, que en mi opinión abarca un vasto segmento de la población cuyo nivel de ingreso familiar no supera el valor actual de dos canastas básicas totales, alrededor de $ 2,400.000,00.

Esto significa que nuestro mercado interno se ha empequeñecido, lo que explica el actual cierre de establecimientos industriales y la venta de cadenas de “retail”.

Las actuales políticas del gobierno, por darles un nombre, son solo negativas, en un doble sentido. El primero está dado por el contenido de sus decisiones, que intenta fomentar la competencia incumpliendo la regla esencial de una política genuinamente liberal, que dice que todo gobierno debe garantizar la igualdad de condiciones.

La reducción de aranceles de importación, hecha sin criterio, tiene dos consecuencias fatales; la primera genera pérdida de fuentes de trabajo y la segunda consecuencia directa de la anterior disminuye el poder adquisitivo de la demanda.

La reducción de aranceles a los bienes y servicios transables y el precio del dólar subsidiado favorecen la concentración de riqueza y un subsidio directo a los ricos en perjuicio de los más desfavorecidos, el óptimo de Pareto al revés.

El segundo sentido negativo es que el impulso dado a la energía y minería; si bien generará ingresos de dólares, es muy débil en la generación de empleo.

Por eso insisto que el gobierno sólo administra para un 20/22% de la población.

Para la consultora ATLAS Intel, el diario “Clarín” nos hace saber que “cuando se indaga por la situación de mi familia”, sólo un 22% la califica como “buena”, 27% como “normal” y 51% como “mala”.

La “economía en general”, en tanto, queda con 21% de “buena”, 15% de “normal” y 64% de “mala”.

En cuanto al énfasis puesto de manifiesto para la llamada reforma laboral, el Tribunal Superior de la CABA resolvió que en los juicios laborales por accidente sólo se debe aplicar el RIPTE y para las obligaciones de valor una tasa pura del 8% anual.

El RIPTE es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables en Argentina.

Estos fallos conforman la creación de un criterio racional para mantener un justo valor de la obligación laboral incumplida.

El ajuste por inflación vulneraba la garantía constitucional de igualdad ante la ley, ya que el peso y flagelo de la inflación lo soportaba sólo una de las partes del juicio.

Esta nueva jurisprudencia pincha en parte el globo de la “reforma laboral” y reduce el provecho de la industria de los juicios laborales y por accidentes. Un tiro en la nuca a todos los “caranchos”.

Como vemos, las grandes reformas se producen en silencio y siguiendo un proceso político vital guiado por el buen criterio.

El riesgo país bajará. Difícil que ocurra con este gobierno.

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