Por Luis Alejandro Rizzi.-
Este fue uno de los temas centrales de la Séptima Conferencia Mundial de Transporte Aéreo. Según el resumen de ALN NEWS, se logró consenso sobre varios problemas que afectan a la actividad, entre ellos los costos aeroportuarios y, específicamente, la cuestión de las tasas e impuestos: “la Conferencia reafirmó la importancia de aplicar de manera coherente, transparente y no discriminatoria las políticas de la OACI. Los participantes señalaron que las tasas deben establecerse de conformidad con el Artículo 15 del Convenio de Chicago y las orientaciones contenidas en el Documento, 9082 de la OACI ,garantizando su relación con los costos, la transparencia y la consulta activa a los usuarios. También hubo un amplio consenso en que los Estados deben evaluar rigurosamente el impacto de los gravámenes existentes y propuestos sobre la conectividad, la asequibilidad, la competencia y la financiación de infraestructura, especialmente en los mercados en desarrollo y más vulnerables”.
La conclusión respecto de las tasas se ajusta a lo que se entiende por tal especie tributaria en la mejor doctrina del derecho administrativo y tributario, criterio ratificado por la Corte Suprema en el sentido de que la tasa debe guardar relación con el costo efectivo del servicio que se presta. Esto es independiente de la capacidad contributiva del usuario, la cual constituye la causa del impuesto, un recurso legítimo destinado a financiar los gastos generales del Estado.
En nuestro país, el ORSNA autorizó tasas diferenciales según el vuelo sea local (cabotaje), regional (países limítrofes) o de largo recorrido, criterio que vulnera la naturaleza jurídica de la tasa. El costo de la prestación del servicio de embarque y desembarque es prácticamente el mismo en cualquier tipo de vuelo. Con esto quiero decir que el valor de la TUA (Tasa de Uso de Aerostación) debería ser uniforme, sin perjuicio de ofrecer servicios diferenciados tarifados, lo que constituiría más bien un precio.
Otra cuestión relevante es la duración de las concesiones en el derecho administrativo, las cuales no pueden ser perpetuas y exigen un criterio restrictivo en materia de prórrogas. Aeropuertos Argentina goza de un privilegio que, si bien puede revestir apariencia de legalidad formal, encuadraría en el vicio de “desviación de poder” por parte del poder concedente, configurando una posible causal de nulidad, al menos respecto de la última extensión.
La sucesión de prórrogas extendió el contrato original (que vencía en 2028) por diez años adicionales hasta 2038 —resuelta en diciembre de 2020— y, posteriormente, se planteó una nueva extensión condicionada a inversiones futuras. Desde la óptica del derecho administrativo, se trata de decisiones discrecionales que calificaría como casos de grosera arbitrariedad.
Si bien nuestro país posee un mercado pequeño —lo que dificulta el diseño de una política de transporte racional, al menos mientras se mantenga esa circunstancia—, existen servicios que, por su naturaleza, tienden al monopolio natural, como es el caso de la explotación aeroportuaria. La cuestión de fondo es que el Estado no puede legitimar la perpetuación de ese monopolio mediante sucesivas prórrogas. En ese supuesto, cabría evaluar si no debería retomarse la explotación directa por parte del Estado o llamarse a una nueva licitación abierta.
En este festival de prórrogas, no sólo se contradicen los principios fijados por la OACI y el espíritu del Documento 9082, sino que, más grave aún, se lesionan principios fundamentales del derecho público y, como diría Jorge Asis, da vergüenza.
Por último, proponemos que se suspenda en las tarifas aéreas el sistema de “percepciones” que encarecen el precio.
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