Por Carlos Tórtora.-

Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, con el patrocinio de la abogada Marcela Scotti, presentó a principios de mes una denuncia penal que involucra a Manuel Adorni, Gerardo Pollicita y Matías Tabar. La misma tramita en el Juzgado Federal Número Cuatro a cargo de Ariel Lijo.

Refiere Miguez que Pollicita procedió a tomarle declaración testimonial al arquitecto Matías Tabar, quien tuvo a su cargo la refacción de la casa de Adorni en Indio Cua. Tabar admitió que cobró al contado US$$ 245.000 por los trabajos realizados sin haber emitido factura alguna por los mismos. También declaró que Adorni lo había llamado varias veces para ofrecerle un abogado que lo patrocinara tomando a su cargo los costos, a lo cual Tabar se negó.

En relación a este hecho, Miguez realizó las siguientes denuncias. Contra Matías Tabar, por evasión fiscal agravada por no haber emitido factura por los trabajos realizados y haber recibido el pago en moneda extranjera en negro y sin informar a ARCA. Y además, lo denuncia por defraudación contra la administración pública, por tratarse del pago de servicios a un alto funcionario público y afectar en consecuencia el patrimonio estatal y el orden económico transparente.

Contra Adorni, Miguez formalizó las siguientes denuncias: Por coacción agravada, porque siendo funcionario público hizo uso de su poder para intentar condicionar el testimonio de Tabar en una causa donde el mismo está investigado. En segundo lugar, denuncia instigación al falso testimonio por haber procurado el encubrimiento y la obstrucción de la justicia al tratar de conseguir, mediante el ofrecimiento insistente de patrocinio letrado, ocultar el pago en negro de US$ 245.000 y sobre todo el origen ilícito de los fondos utilizados. Todo en una típica maniobra de entorpecimiento y ocultamiento de la materialidad ilícita.

También va la denuncia, como es obvio, por enriquecimiento ilícito. al quedar en evidencia el uso de fondos que no se corresponden con sus ingresos.

Y asimismo se agrega la denuncia por lavado de activos por haber introducido fondos no declarados en el circuito comercial a través de obras de infraestructura.

También se denuncia tráfico de influencias por utilizar su cargo para tratar de influir en un proceso judicial en curso.

Por último, Miguez denuncia encubrimiento y obstrucción a la justicia, por maniobras tendientes a asegurar el provecho del delito y entorpecer la investigación.

Pero sin duda lo más llamativo de la presentación de Miguez es su denuncia contra Pollicita. La misma de desglosa en varios hechos. Para empezar, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Se refiere a la inobservancia dolosa del cumplimiento de las formas procesales. Al advertir la autoincriminación de un testigo, el fiscal debió interrumpir el acto bajo la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional. Su omisión de transformar la testimonial en indagatoria, constituye un incumplimiento de actos propios de su oficio.

Miguez continúa denunciando a Pollicita por encubrimiento, por omisión y obstrucción de la justicia. Esto, al permitir que el deponente se retirara sin las consecuencias legales de su confesión, alterando el curso legal de la persecución penal y omitiendo asegurar las pruebas del delito que llegó a su conocimiento en ejercicio de sus funciones.

Por último, Miguez, como medida precautoria, solicita el apartamiento de Pollicita de la causa y cualquier otra conexa, por su inobservancia de las garantías constitucionales y lo señalado precedentemente.

Asimismo, se solicita el levantamiento del secreto bancario, allanamientos y distintas medidas de prueba.

Incógnitas

El cuestionamiento judicial a la actuación de Pollicita abre varias incógnitas. Y éstas son aún mayores por cuanto no se tiene conocimiento de que ARCA haya iniciado acciones contra Tabar, a un mes de su confesión de haber evadido.

Tampoco se conoce si la fiscalía encontró nuevas cuentas de Adorni, luego de haber detectado US$ 100.000 en Bitcoins.

No menos extraño es que la denuncia de Miguez no haya hasta ahora generado respuesta alguna por parte del juzgado, siendo que estamos ante el caso judicial más trascendente del presente.

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