Centro de Economía Política Argentina.-
SUBASTA DE GNL: LA EXTRAÑA MATEMÁTICA DE ENARSA
La «extraña matemática de ENARSA» expone una fisura de coordinación alarmante en la cima del poder energético. La empresa estatal dirigida por Juan Carlos Socas fijó un costo de regasificación y logística de 5,16 dólares por millón de BTU para la subasta de junio en MEGSA. Lo escandaloso del número no es solo su magnitud, sino la contradicción técnica: apenas 20 días antes, la propia ENARSA había firmado un informe oficial para la Secretaría de Energía asegurando que ese mismo costo estructural era de 3,50 dólares. Esta drástica voltereta contable encendió las alarmas en el Ministerio de Economía, cuyos funcionarios se enteraron del nuevo valor minutos antes de la licitación y sin mediar consulta previa.
La trastienda política de esta diferencia de cifras revela un fuerte contrasentido en la estrategia oficial de desregulación. El argumento original de los 3,50 dólares había sido la herramienta del Gobierno para rechazar la propuesta de la española Naturgy, que pretendía actuar como agregador privado cobrando una tarifa de 4,51 dólares por esa misma gestión. Al convalidar finalmente un costo de 5,16 dólares frente a los proveedores internacionales (BP, Vitol y Trafigura), ENARSA terminó pagando un 15% más caro que la oferta privada que el propio Ejecutivo había descartado por «costosa». Al forzar esta subasta local a ciegas, la estatal intervino el mercado de la peor manera, encareciendo la energía para la industria y dejando al sistema desprotegido frente a la urgencia de evitar cortes de suministro en pleno invierno.
Esta repentina redefinición de costos no solo expone impericia, sino que abre la sospecha de una maniobra incompatible con la función pública que amerita una investigación penal por defraudación al Estado. Haber ocultado la información al Palacio de Hacienda hasta el último minuto e inflar la prima de regasificación para convalidar un sobrecosto millonario configura un presunto desvío de poder y un perjuicio fiscal deliberado. Esta flagrante inconsistencia técnica excede la simple interna política por el manejo de las cajas y entra de lleno en el terreno del delito penal.
YA HAY 130 FÁBRICAS CON CORTES DE GAS
La parálisis por la falta de gas ya es una realidad material que golpea al corazón productivo del país, con unas 130 fábricas que sufren cortes de suministro en las regiones de Córdoba, el Litoral y el NOA. El conflicto escaló a una fase crítica debido a que las distribuidoras comenzaron a restringir el fluido no solo a las industrias con contratos «interrumpibles», sino también a aquellas firmas con contratos firmes y semifirmes que pagan tarifas más altas para asegurarse el recurso. Desde la Unión Industrial de Córdoba (UIC), conducida por Luis Macario, lanzaron un durísimo comunicado en el que sepultan el relato de la previsibilidad energética y advierten que las empresas no pueden producir bajo una «improvisación diaria» que las obliga a paralizar plantas o a absorber los costos de combustibles alternativos.
La crisis desató un fuerte tire y afloje entre la Unión Industrial Argentina (UIA) y el equipo económico de Caputo. Con el precio internacional del GNL disparado de 10 a 22 dólares por millón de BTU a causa del conflicto en Oriente Medio, la mesa chica industrial le llevó una propuesta desesperada al ministro: que las fábricas paguen el 100% del costo del gas pero que el Estado «absorba el efecto de la guerra», luego de que la secretaria de Energía les bajara el pulgar por falta de presupuesto. La respuesta de Caputo hasta el momento ha sido el silencio absoluto, dejando al descubierto la inflexible premisa fiscalista del Palacio de Hacienda, que prefiere asumir el costo político de la recesión industrial antes que ceder un solo peso en subsidios.
La trastienda de este estrangulamiento productivo radica en las demoras de la infraestructura física del país, exponiendo las consecuencias de haber frenado la obra pública. Técnicos del sector admiten que la red de gasoductos sigue siendo insuficiente para el interior profundo debido a la postergación de obras clave como el gasoducto Tratayén-La Carlota, vital para conectar Vaca Muerta con el centro y norte del país. Al negarse a subsidiar el GNL importado o a acelerar el «caño nuevo», el Gobierno nacional coloca al sector fabril en un escenario ciego: las empresas se ven forzadas a recortar turnos de producción, licuar su competitividad frente a la inflación de costos o, directamente, apagar las máquinas en pleno invierno, desnudando que el promocionado superávit energético actual se sostiene sobre la base de un fuerte parate manufacturero.
LAS EMPRESAS PÚBLICAS AL RESCATE DEL ESTADO
Frente a la inminente crisis de desabastecimiento de gas en el Noroeste Argentino (NOA) durante el invierno, Refinor (controlada en un 100% por YPF) implementará un plan de emergencia para evitar el freno de la actividad productiva regional. La compañía dejará de procesar Gas Licuado de Petróleo (GLP) en su planta de Salta para liberar y comercializar unos 500.000 metros cúbicos diarios de gas natural destinados a las industrias locales, especialmente a los ingenios azucareros en el inicio de la zafra y al sector citrícola. Si bien este volumen actúa como un paliativo que no llega a cubrir la demanda invernal total de 1,2 millones de m³/d, servirá para mitigar proyecciones que anticipaban hasta 80 días de cortes en el suministro industrial.
En cuanto a las condiciones económicas, Refinor operará temporalmente como un comercializador (trader) directo con tarifas que oscilarán entre los 10 y 15 dólares por millón de BTU dependiendo de cada acuerdo contractual. Este precio se posiciona en un punto intermedio dentro del convulsionado mercado energético actual: resulta notablemente más caro que el gas extraído en Vaca Muerta (estimado en unos 4 US$/MMBTU), pero se presenta sustancialmente más accesible que el GNL importado cuyo valor ronda los 20 US$/MMBTU a raíz de los conflictos geopolíticos en Medio Oriente. De esta manera, la intervención ofrece una alternativa viable para los industriales del NOA, quienes se habían negado rotundamente a convalidar los elevadísimos costos del fluido importado.
Este escenario expone una evidente contradicción con el discurso del gobierno actual, que sostiene de forma sistemática que las empresas públicas son ineficientes, inviables y que el mercado privado debería regular de manera absoluta los servicios y la infraestructura. En la práctica, la realidad demuestra lo contrario: ante la falta de previsión y el riesgo de un colapso productivo generalizado en el norte del país, es precisamente una empresa bajo la órbita del Estado como YPF la que debe salir al rescate del entramado socioeconómico nacional. Al sacrificar su propio procesamiento para subsidiar indirectamente la continuidad de la industria privada, YPF asume un rol estratégico de contención que el libre mercado no está dispuesto a cubrir, evidenciando que su valor trasciende la mera rentabilidad financiera para convertirse en una herramienta indispensable de soberanía y auxilio económico.ALARMA EN TIERRA DEL FUEGOEl plan de retiro de YPF en Tierra del Fuego, enmarcado en el Plan Andes, desató una crisis sin precedentes que amenaza de forma terminal la actividad hidrocarburífera de la provincia. La reversión de las áreas y el inminente traspaso formal fijado para el 1 de junio dejó un tendal de despidos masivos que redujo a la mitad la dotación de personal de las contratistas (pasando de 400 a unos 200 trabajadores). Firmas de servicios históricas como Almar Construcciones, Huinoil y Compass Group ya iniciaron el retiro masivo de equipos, talleres y maquinaria pesada ante la rescisión total de contratos, dejando las bases operativas de San Sebastián en una situación de virtual abandono.
En el ojo de la tormenta política quedaron Maximiliano D’Alessio, presidente de la estatal Terra Ignis, y su socia cordobesa Velitec S.A., acusados por pymes locales de llevar adelante un proceso improvisado, con maltratos comerciales y sin espaldas financieras reales para garantizar la continuidad. Mientras las pymes denuncian un «vaciamiento» y advierten que no podrán afrontar las indemnizaciones debido a que sus capitales están inmovilizados en equipamiento, la ministra de Energía provincial, Gabriela Castillo (recientemente designada en el directorio de Terra Ignis), es duramente cuestionada por sostener una agenda mediática de «soberanía y transición ordenada» que contrasta abiertamente con la alarmante realidad en el territorio.
La mayor preocupación del sector privado y técnico radica en el colapso de la infraestructura crítica y el riesgo de desabastecimiento. La vital Planta San Sebastián opera actualmente en un estado crítico, con una sola turbina de frío activa que subsiste gracias a la «canibalización» de repuestos de otras dos unidades destruidas. Analistas y asesores legales del sector advierten que, a partir del inicio de la nueva gestión, la cuenca quedará sin empresas contratistas calificadas para realizar las tareas permanentes de soldadura, reparación y asistencia técnica, abriendo un escenario de extrema vulnerabilidad donde cualquier falla operativa mayor podría dejar a Tierra del Fuego sin suministro de gas en pleno invierno.
VACA MUERTA: BLINDAJE JUDICIAL DEFINITIVO
El fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa de la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (Assupa) contra YPF, Pampa Energía, PAE y Chevron, entre otras operadoras, marcó un quiebre definitivo para la seguridad jurídica de Vaca Muerta. Al desestimar la demanda tras 22 años de trámite por «falta de pruebas», el máximo tribunal no solo liberó a las compañías de un reclamo multimillonario por daño ambiental sistémico, sino que fijó un límite institucional categórico contra el litigio ambiental especulativo en el sector hidrocarburífero.
El corazón del argumento judicial radicó en sepultar la «vaguedad estratégica» de la ONG. Los jueces determinaron que el carácter colectivo de un bien no exime a los demandantes de demostrar con precisión el nexo causal; es decir, las circunstancias de tiempo, modo y lugar del daño, en vez de pretender que los peritos del juzgado realicen una investigación de oficio posterior. Asimismo, la Corte rechazó la competencia originaria federal al advertir que no se logró probar un impacto concreto sobre cuencas hídricas interjurisdiccionales, ratificando el poder de policía ambiental de los estados provinciales.
Para el sector corporativo, esta resolución representa un fuerte espaldarazo macroeconómico que elimina un pesado pasivo contingente de los balances de las petroleras. En un contexto donde firmas como YPF y TGS buscan estructurar financiamiento internacional bajo el paraguas del RIGI, el fallo dota de previsibilidad a las inversiones de gran escala al sentar doctrina: la flexibilización procesal que promueve la Ley General del Ambiente no puede pasar por encima del derecho constitucional de defensa en juicio y el principio de congruencia.
La licitación AlmaSADI ha sido un éxito: 37 empresas presentaron 235 ofertas para instalar centrales de almacenamiento con baterías por más de 8.300 MW, superando 12 veces el objetivo inicial de 700 MW. Estos proyectos buscan reforzar nodos críticos del sistema eléctrico en 18 provincias del país, aportando mayor flexibilidad y seguridad ante picos de demanda.
El Gobierno estima una inversión de unos 700 millones de dólares para estas obras, que se consideran una solución ágil y eficiente para suplir la falta de nuevas líneas de transmisión. El cronograma de la compulsa continúa con la evaluación técnica y económica durante junio, previéndose la adjudicación de las ofertas ganadoras para el próximo 8 de julio. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía.
AGENDA REGULATORIA Y NORMATIVA
- Ampliación del ex-GPNK (Resolución 676/2026): Se oficializó la aprobación e ingreso formal al RIGI del proyecto «Ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Moreno» (ex-GPNK), presentado por TGS. La norma otorga los beneficios de estabilidad fiscal y exenciones impositivas para una inversión estimada en US$ 550 millones, destinada a potenciar la capacidad de evacuación de Vaca Muerta mediante nuevas plantas de compresión.
- Subsidios y Tarifas de Gas (Resolución 104/2026): Se modificó transitoriamente los criterios del esquema de Subvenciones Energéticas Fijas (SEF) para el sector residencial. Dispuso un refuerzo de emergencia del 25% exclusivo para los consumos de mayo, elevando el subsidio estatal sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) hasta un 75% para los bloques de usuarios protegidos, fundamentado en la volatilidad de los costos internacionales del GNL por el contexto geopolítico.
- Energía Nuclear (Resolución 214/2026): La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) dispuso la renovación formal de la Licencia de Operación de la Central Nuclear Atucha II a favor de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). La normativa extiende la autorización para la generación comercial de energía por un período adicional de 10 años, tras acreditarse las auditorías de seguridad y los planes de mantenimiento técnico requeridos por el organismo regulador.
- Zona Fría: Avanzan los pasos legislativos para modificar el régimen de subsidios de «Zona Fría», con el objetivo oficial de revertir la ampliación de beneficiarios aprobada en 2021, lo que implicaría la quita del beneficio para unos 3,2 millones de hogares entre otras medidas.
Colofón: A las puertas del invierno, la crisis energética expone la inviabilidad del dogmatismo fiscalista frente a la dura realidad material de la infraestructura nacional. Entre la impericia contable de ENARSA, el freno a la obra pública que asfixia a 130 industrias y el abandono operativo en Tierra del Fuego, el relato oficial de la eficiencia privada se desmorona ante una YPF estatal que debe salir al rescate productivo del NOA. Mientras el enclave de Vaca Muerta celebra un blindaje judicial a la medida del RIGI, el costo real de la improvisación y la falta de planificación estratégica lo pagan las provincias, los trabajadores y un aparato fabril forzado a apagar sus máquinas.
PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR ENERGÉTICO
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