Por Guillermo Cherashny.-

En estos días, periodistas y juristas se rasgaron las vestiduras por los insultos de Hebe de Bonafini al juez y su falta de obediencia a comparecer en la declaración indagatoria que le hizo el juez federal Martínez de Giorgi. Durante doce años y medio, el kirchnerismo, con el argumento de no reprimir el conflicto social, se permitió que las calles fueran copadas por movimientos sociales y partidos de izquierda y parecía que el gobierno de Cambiemos terminaría con esa anarquía aplicando el protocolo antipiquetes que elaboró la ministra Patricia Bullrich y ella misma se encargó de no aplicarlo nunca, derivando a la jefatura de gobierno de la Ciudad, por el traspaso de la federal, o a la provincia de Buenos Aires, pero ninguna jurisdicción se quiso hacer cargo. Y así vemos que la Avenida 9 de Julio es cortada todos los días por una cantidad ínfima de personas movilizadas.

En ese contexto se desarrolló la citación a Hebe de Bonafini, quien en meses anteriores descalificó la eventual medida judicial. Y así, cuando esta ocurrió, la dirigente se negó y fue rodeada por diputados cristinistas y militantes de La Cámpora, especialmente estos últimos, que ya se habían encargado de la seguridad de Cristina en cada visita a la Capital Federal. De ahí que no extrañe la actitud de Bonafini y el acompañamiento de La Cámpora y ex funcionarios de relevancia en la era K, y mucho menos puede escandalizar el no cumplimiento de las órdenes judiciales o la desigualdad ante la ley que ejerce Bonafini. Pero para cumplir una orden judicial para prestar declaración, el gobierno nacional debe ordenar a la Policía Federal que proceda como auxiliar de la justicia pero como el Pro no quiere tener incidentes en la calle que provoquen represión policial y mucho menos que «le tiren un muerto» es obvio que no hay que sorprenderse del show montado por la titular de Madres de Plaza de Mayo, que sabe que el gobierno no le da mandato a la Policía Federal para actuar.

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