Por Carlos Tórtora.-

Con los números sobre la mesa, el gobierno se va inclinando por una estrategia que se resume en una frase: comprar tiempo. Es decir, tratar de que las crecientes tensiones sociales producidas por el ajuste no deriven en estallidos sociales en zonas de menores recursos o en un gran cacerolazo que multiplique los que ya se ven a diario en distintos barrios de la Capital y otras ciudades.

Ganar tiempo tiene como objetivo llegar a la supuesta reactivación económica de fin de año, que le permitiría al macrismo encarar el año electoral con cierta comodidad.

Esta semana que pasó, las señales oficiales de ganar tiempo como se pueda fueron más que claras. Para empezar, justo cuando las centrales obreras deben definir su unificación y un plan de lucha, el Gobierno nacional oficializó el pago de casi 30 mil millones de pesos recaudados por el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que habían sido retenidos en el Banco Nación durante la última década. Un barril de aceite para calmar las aguas que ya se hace sentir en los gestos del moyanismo. En segundo lugar, la decisión de la jueza federal de San Martín Martina Isabel Forns de suspender los aumentos de las tarifas eléctricas en todo el país fue tomado casi con resignación por la Casa Rosada. El gobierno apela oficialmente a que la Corte Suprema termine fallando a favor de los aumentos dispuestos. Pero en realidad hay varias precisiones que hacer: la Corte no tiene aún en sus manos ninguno de los expedientes con fallos sobre los tarifazos ni hizo lugar todavía a los pedidos de per saltum del gobierno. No se advierte por qué razón Ricardo Lorenzetti -muy distante de Macri y molesto por el ingreso al tribunal de Horacio Rosatti- podría inclinarse a favor de una política que la gente identifica con el ministro más impopular del gabinete: Juan José Aranguren. En realidad y aunque jamás lo reconocerían públicamente, son varios los miembros del entorno de Macri que piensan que los fallos suspendiendo los tarifazos salvaron al gobierno de una masiva protesta callejera de la clase media.

Otra demostración de cómo el gobierno gana tiempo a cualquier precio es el final -abierto- del episodio que tuvo como protagonista a Hebe de Bonafini. Bonafini logró su objetivo. “Tuvo su 17 de octubre, estaba exultante”, admiten quienes la vieron en las últimas horas. Sus abogados lograron levantar la orden que captura y convencer al juez Marcelo Martínez de Giorgi para que la declaración indagatoria por la causa Sueños Compartidos se lleve a cabo en la sede de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Pasada la tensión del jueves, el nuevo abogado de Bonafini, Juan Manuel Morente, se presentó anteayer en el juzgado con un pedido de eximición de prisión. El juez lo tomó como un buen gesto y horas después decidió suspender la orden de captura, que nunca se pudo concretar. «Celebro la presentación y la muestra de racionalidad», reaccionó ayer el magistrado, que además tuvo en cuenta la “conmoción pública” desatada.

El episodio -con toques de sainete- significa comprar paz al precio de hacer tabla rasa con el estado de derecho. Para empezar, Martínez de Giorgi le dio a Bonafini un status supralegal que destruye el precepto constitucional de igualdad ante la ley. En segundo lugar, la “pueblada” de la jefa de las Madres es una maniobra política anticipatoria de otra que puede ser mucho mayor. CFK ya protagonizó una movilización masiva a Comodoro Py y arengó a las masas desde allí mismo como si fuera la dueña de casa. Aplicando el antecedente de Bonafini, el kirchnerismo podría organizar movilizaciones en distintos puntos del país para presionar a la justicia cuando la ex presidente sea llamada a prestar declaración indagatoria en la causa Báez o en otra. Entonces, siguiendo el precedente Bonafini, los abogados de Cristina negociarían con la justicia como si se tratara de un conflicto político y no de un caso de corrupción.

Tamaña posibilidad destruiría la restauración del imperio de la justicia que este gobierno prometió establecer.

El enemigo ideal

Sin embargo, la realidad indica que el macrismo, a medida que crece el malestar de sus propios votantes de clase media, revaloriza cada vez más la figura de CFK como una contendiente ideal. Esto es, desgastada, corrupta e inviable para la mayor parte de la sociedad. La subsistencia política del kirchnerismo como un tapón que impide la renovación del PJ es fundamental para que el PRO pueda construir electoralmente. Así es que Guillermo Moreno sigue protagonizando episodios ridículos en televisión y que Bonafini, que había llegado al desprestigio más absoluto, vuelva a ser una supuesta líder de masas.

Este cuadro patético cierra con la flotación de Macri y María Eugenia Vidal, que le promete el oro y el moro a los intendentes peronistas.

Si bien la actual anomia peronista parece dar para rato, el gobierno teme que Sergio Massa abandone su eterna pendularidad y se lance a ganar la provincia de Buenos Aires el año que viene, como lo hizo en el 2013 contra Cristina.

Sumado, el voto peronista en Buenos Aires alcanza a un 60 por ciento. Con un Massa tenue y pendiente de sus acuerdos con Vidal, la fragmentación de este paquete está asegurada.

En cambio, si se perfila un liderazgo opositor, todo puede cambiar. La vigencia de CFK y sus impresentables es una de las mayores garantías de que el peronismo seguiría sin ser alternativa. A todo esto, Daniel Scioli, ahora en la lista de los máximos corruptos, acaba de ser barrido de entre los expectables de la política -pretendía encabezar la lista para diputados nacionales del PJ por Buenos Aires- lo que demuestra que el mani pulite criollo, aunque en cuotas, se va llevando puesta a gran parte de la dirigencia.

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