Por Malú Kikuchi.-

El kirchnerismo asoló al país como lo hubiera hecha un salvaje ejército de ocupación. Destruyeron la infraestructura argentina y la corrupción permeó la sociedad. Aún no se tiene idea cabal del desastre físico y, lo más grave, del derrumbe ético de la nación.

Un pueblo asqueado, a fines del 2015, optó por otro tipo de gobierno. Un gobierno que prometió sanear la economía, ser transparente en todos sus actos, no mentir, contarle a la sociedad qué hacía y por qué lo hacía y, sobre todo, ser ético.

Argentina, aunque parezca increíble, tiene una ley de Ética en la Función Pública N° 25.188, sancionada el 29/9/1999 y promulgada el 26/10/1999. La ley existe y está vigente. Como siempre en Argentina, la pregunta válida es: ¿se cumple? No, no se cumple.

La ley en su artículo 5° dice: “En el caso de que al momento de su designación el funcionario (…) para asumir el cargo debe: Abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES (3) años o tenga participación societaria”.

El ingeniero Juan José Aranguren, entró a trabajar como pasante a Shell Argentina en 1979. Después de una brillante carrera en la empresa, se retiró como presidente de la mima, antes de asumir como ministro de Energía y Minería de la Nación, el 10/12/2015.

¿Dónde quedaron los tres años de distancia entre la presidencia de Shell y el ministerio de energía? La ley no se cumplió, de hecho no se está cumpliendo. Según la declaración jurada del ministro, posee $16 millones en acciones de Shell INTERNACIONAL, NO DE Shell Argentina. ¿Y? No piensa venderlas.

Está en su derecho, pero no está a derecho. Su cargo público no le permite acordar con Shell, y la empresa en estos días ha ganado varias licitaciones. Probablemente ganadas honestamente, pero la duda subsiste.

Las disculpas son que Aranguren no firma, los que firman los acuerdos son el subsecretario de recursos hidrocarburíferos José Luis Sureda o el subsecretario de coordinación administrativa Sebastián Sheimberg. Subalternos del ministro ¿?

Más explicaciones: si el acuerdo beneficia demasiado a Shell, el tema pasa a jefatura de gabinete. Marcos Peña, ¿lo firma? Es una buena pregunta. De todos modos los funcionarios aseguran que todo es correcto y que no se incumple con la ley. ¿La leyeron?

No se insinúa corrupción, pero por lo menos no es ético. Rudolph Giuliani, el mítico “major” de Nueva York, el que le devolvió la seguridad a su ciudad, puso en práctica la teoría de “la ventana rota”. Acto que no se debía permitir, porque de hacerlo se llegaba a robos, violaciones y asesinatos.

Recordando la política de tolerancia cero, Aranguren no está a derecho. Subterfugios banales como hacer firmar a sus empleados o pasarle el problema a Marcos Peña, no disminuyen su responsabilidad sobre un hecho que puede no ser corrupto, pero que decididamente, no es ético y no se debe permitir.

Hace pocos meses el pueblo argentino dijo ¡“Cambiemos”! Pero, ¿cambiamos?

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