Por Alexis Di Capo.-

En el contenido de los “CristinaLeaks” revelados por Jorge Lanata en su programa días atrás, también hay fondos transferidos al exterior por empresas y personajes de 123 empresas radicadas en Nevada, Estados Unidos, que la Justicia de ese país determinó que están vinculadas a los Báez. Todas son manejadas por otra compañía más registrada en el paraíso fiscal y geográfico que son las Islas Seychelles: esa firma se llama Aldyne Ltd.

En el 2013, en medio del comienzo de la investigación de La Ruta del Dinero K, Cristina Fernández aprovechó un viaje presidencial oficial para hacer una parada en Seychelles. Esa escala se informó mucho tiempo después mediante el Boletín Oficial, detectó el entonces diputado Gerardo Millman.

En Seychelles está registrada la firma que controla a las 123 empresas de Nevada, y que a su vez tiene representantes en la Argentina, como la misteriosa Helvetic Group.

La ruta del dinero y también de los nombres de las personas beneficiarias tanto de las sociedades como de la titularidad de las cuentas habría sido informada a la ex procuradora kirchnerista del Tesoro, Angelina Abbona, a su segundo Horacio Diez y a Federico Thea, uno de los asesores principales que tuvo Axel Kicillof como ministro de Economía. En correos electrónicos entre el estudio de abogados de la Argentina en Nueva York -que intervenían en la causa de los fondos buitres por la deuda en default-, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, se alertaba de todas las alternativas del reclamo de los holdouts.

Ese bufete tuvo en sus manos información sobre Lázaro Báez, y la entregó al Estado. Para seguir la ruta del entramado, los datos del actual procurador del Tesoro son una pista clave. Su antecesora kirchnerista fue señalada y acusada ante la Justicia por, supuestamente, haber ocultado documentación estatal. De hecho, ya fue denunciada penalmente por incumplir sus deberes y no presentar información al fiscal Guillermo Marijuán o al juez Sebastián Casanello.

Una de las próximas novedades sería que Lanata revelaría ahora un mail de CFK a Abbona instruyéndola para que borrara todo rastro de las sociedades y las transacciones en cuestión. En términos procesales, lo más grave de esto es que las indicaciones habrían sido dadas horas después de que trascendieran públicamente ciertos detalles del paso de Cristina por las Seychelles, lo que aumentaría la responsabilidad penal de ésta por el ocultamiento y destrucción de pruebas. El audio de Guillermo Marijuán de una conversación privada en el que afirma que con su último pedido de indagatoria dejó a la ex presidenta «al borde de la detención» convergería con la profundización de la ofensiva de Lanata y la posibilidad de que efectivamente se dicte una prisión preventiva.

Las amenazas

El lanzamiento de las marchas de la resistencia K y otros hechos ligados a la violencia son las respuestas políticas ante el ataque mediático judicial en marcha.

Concretamente, el cristinismo se ve obligado a intentar convencer al gobierno de que está en condiciones de perturbar la paz social si su jefa termina presa y que aquél se enfrenta a un escenario que realmente teme: el de la violencia callejera.

Es obvio que Cristina está dispuesta a explotar políticamente la persecución judicial en su contra pero que no llega al punto de aceptar ir presa.

Un procesamiento sin prisión preventiva sería un punto de equilibrio, aunque claramente inestable. Los cálculos kirchneristas sobre el tema parten de asimilar la relación del macrismo con los jueces a la que ellos tuvieron. Pero la realidad es que este gobierno tiene poco control sobre la justicia federal.

Procesada, CFK podría ser, por ejemplo, candidata a senadora nacional por Buenos Aires, que es lo que parece preferir el macrismo para polarizar. Técnicamente, hasta podría postularse estando con prisión preventiva, aunque esto presenta distintos reparos que pueden llevar a una discusión jurídica.

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