Por Guillermo Cherashny.-

En el día de ayer, Iván Ruiz, el periodista de investigación del diario «La Nación», publicó una denuncia del fiscal Federico Delgado sobre unos SMS de José López a su secretario privado -hay que tener en cuenta que en diciembre de 2013 el uso del whatsapps no era tan generalizado-; el ex secretario de obras públicas de Cristina paró un adelanto del soterramiento del tren Sarmiento porque Odebrecht -entonces socio mayoritario de la obra- reclamaba un aumento de 1000 millones de dólares sobre el precio estipulado de 2.000 millones, es decir, quería cobrar 3.000 millones dólares junto a su socio Angelo Calcaterra, primo del actual presidente, a su vez socios en la UTE con la italiana Ghella y la española Comsa. El entonces ministro del interior y transporte Florencio Randazzo se opuso y convenció a De Vido y José López de que el reclamo de la UTE ganadora era improcedente, pese a las quejas de la constructora brasileña que financiaría la obra con un crédito del Banco de Desarrollo de ese país, más conocido como el BNDES, decidieron fijar el precio en 2000 millones de dólares. En pocos meses en Brasil estalló el lava jato, que implicó a Odebrecht en un proceso escandaloso de coimas en su país y toda América, que terminó con el pago de 2000 millones de dólares en los Estados Unidos y la confesión de que habían pagado en la Argentina coimas por valor de 35 millones de dólares.

Este proceso judicial en Brasil y en los Estados Unidos dejó al soterramiento del Sarmiento sin financiación, por lo cual la obra no pudo comenzar. Pero en junio de 2016, con el presidente Macri en funciones, mediante un DNU del 10 de junio de 2016, el gobierno argentino aceptó el aumento que pedía la UTE y lo readjudicó por los 3.000 millones de dólares que Randazzo y José López habían negado, pero esta vez con la condición de que el socio mayoritario fuera IECSA, la empresa del primo presidencial, y los 3000 millones de dólares financiados esta vez en su totalidad por el estado argentino, que toma deuda del exterior al 7,% anual, con lo cual la obra encima de estar sobrefacturada a pedido de los adjudicatarios, se financia con una tasa de retorno irrecuperable para la Nación Argentina y, como colofón final de todo este proceso, Marcelo Mindlin le compró IECSA a Angelo Calcaterra. De modo que, si se comprueba que IECSA cobró coimas, existe la posibilidad de la suspensión definitiva de la obra, como pasó con Siemens y los documentos de identidad.

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