Por Carlos Tórtora.-

Desde antes de asumir la presidencia, Mauricio Macri supo que tenía en Ricardo Lorenzetti un contrapoder difícil de neutralizar. El jurista de Rafaela, con más cintura política que vuelo jurídico, había logrado apartarse de su excelente relación inicial con el gobierno de CFK, poniéndose a la cabeza de la defensa de la independencia del Poder Judicial. En el 2013, este proceso de alejamiento de Lorenzetti de la Casa Rosada, acompañado por el resto de sus colegas, culminó cuando en el 2013 derrumbó parcialmente la estrategia electoral del kirchnerismo declarando inconstitucional la ley que establecía la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. La Corte frenó así el avance arrollador del gobierno para imponer su reforma judicial y también le complicó el juego en su fallo sobre el caso Clarín. Desde entonces, Lorenzetti pasó a ser un referente importante del establishment y no pocos medios hablaron de sus ambiciones presidenciales. A partir de diciembre pasado, la inseguridad y el disgusto de Macri por los asuntos judiciales, ampliaron el margen de acción del presidente de la Corte, que terminó fotografiándose con Francisco en Santa Marta cuando las relaciones entre este último y Macri estaban en su peor momento. Con las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para llenar las vacantes en la Corte, el gobierno se entusiasmó con que el año que viene podría armarse una mayoría que impulsara a Rosatti como sucesor de Lorenzetti en la presidencia del tribunal, obligando a éste a aceptar un papel secundario o a jubilarse.

En distintas charlas con amigos, el presidente de la Corte dio a entender que su ciclo en el poder se estaba agotando y que aceptaría dar un paso al costado. Pero la desprolijidad y desproporción del tarifazo organizado por Juan José Aranguren le abrieron a Lorenzetti y la Corte una oportunidad histórica para instalarse como el tribunal que evitó posiblemente un grave conflicto social al frenar aumentos que ya estaban activando la protesta activa de las clases medias urbanas.

Con el fallo San Luis del 2003 -era presidente Eduardo Duhalde- la Corte tiró abajo el corralito en nombre del derecho constitucional de propiedad. Al hablar ahora en la nueva sentencia sobre las tarifas de que las mismas pueden ser confiscatorias, el tribunal abrió las puertas para algo todavía mucho más amplio que el mismo fallo. Lo hizo con un criterio netamente político y dejando de lado la tradicional doctrina que dice que la fijación de tarifas es una facultad discrecional del poder administrador y que la justicia no debe tomar injerencia en las mismas. Ahora la jurisprudencia cambia: si el aumento puede afectar el derecho de propiedad por su carácter confiscatorio, la justicia debería intervenir.

Como en nuestro sistema el control constitucional es difuso, a partir de este pronunciamiento seguramente van a multiplicarse los amparos sobre cuestiones tarifarias en todo el país y por distintos motivos y serán necesarios nuevos pronunciamientos de la Corte precisando los alcances de estas revisiones.

En síntesis, que si se suma a esto el hecho de que la agenda de la política nacional pasa hoy por las declaraciones indagatorias que se toman en Comodoro Py -sobre todo en una docena de causas top sobre la corrupción K- la conclusión es que el Poder Judicial, movido tal vez por el vacío que deja la escasa iniciativa política del gobierno, está cogobernando como pocas veces en la historia argentina. El gobierno de los jueces siempre fue visto como un signo de debilidad del poder político y el preludio de una gran crisis. El recordado Julio César Oyhanarte, presidente de la Corte durante la presidencia de Arturo Frondizi, sentó la doctrina de que la Corte Suprema debe acompañar las grandes políticas del Poder Ejecutivo. En el fallo sobre las tarifas aparece la doctrina contraria: que la justicia debe corregir los excesos del poder político.

Las consecuencias del fallo sobre el déficit comercial son complejas y graves en todas las variables. Pero hay además otro interrogante dominante: el macrismo cree que la normalización del funcionamiento institucional y la persecución de la corrupción K deberían atraer rápidamente las inversiones genuinas del exterior. El fallo de la Corte deja esto en duda: ¿se siente seguro un inversor cuando la justicia está dispuesta a echar por tierra las líneas maestras de la política económica oficial si éstas afectan derechos constitucionales?

La Argentina goza de la peor fama en materia de inseguridad jurídica, lo que generalmente fue el efecto de Ejecutivos fuertes que controlaron al Congreso a su antojo y de una justicia débil que se limitaba a observar. ¿Habría clima para inversiones en un país con un Congreso díscolo y un poder judicial fuertemente intervencionista en cuestiones políticas?

Lo cierto es que hoy Macri luce como un presidente debilitado, algo que la matriz presidencialista de la sociedad argentina rechaza fuertemente. Las reacciones ante el trascendente fallo por parte del entorno de Macri son todavía desordenadas y nerviosas. Por ejemplo, Marcos Peña acaba de anunciar que el tesoro nacional asistirá financieramente en forma directa a los municipios. Un golpe al federalismo, un golpe a Vidal y además una réplica del modelo instaurado por Néstor Kirchner en el 2003 para aniquilar el poder territorial de Duhalde. Fue entonces cuando Kirchner proclamó “la chequera la tengo yo y los intendentes que vengan a Olivos”.

Muchos golpeados

Entre las posibles virtudes del fallo, hay que mencionar que contribuye a evitar una situación de conmoción social con la que venía especulando sobre todo el kirchnerismo. Lorenzetti le arrebató a Cristina la bandera de salir a la calle para resistirse a los tarifazos. Ahora los que protesten irán a los juzgados, que es lo que corresponde en un sistema republicano.

No es menos cierto que la jugada de la Corte también puso en evidencia la debilidad postural de una oposición que quedó detrás del fallo. Sergio Massa, con su eterno ir y venir por la “avenida del medio”, está empujado ahora por Lorenzetti y sus colegas a ser menos ecléctico y más contundente. Esto aun cuando le cueste que se inicie alguna denuncia judicial importante en su contra. Una vez más, la realidad no soportó el vacío opositor y la Corte terminó llenándolo.

Otra que probablemente apure su diferenciación del PRO es Elisa Carrió, que trató de evitar tomar una postura contundente en la cuestión tarifaria y quedó ahora mal parada.

Para la dirigencia peronista, confundida como pocas veces en la historia, la lectura política del fallo parece clara: la justicia fue más allá de la oposición y esto en alguna medida los descoloca.

Por primera vez, Macri deberá enfrentarse con un endurecimiento obligado de las distintas tribus peronistas que necesitan reconstruir sus activos en votos.

Como frutilla de este proceso, mañana una nueva conducción sindical unificada deberá asumir también que Lorenzetti les sacó ventaja en la defensa de los derechos de los trabajadores. O sea que el fallo obliga a los popes gremiales a un plan de lucha más o menos inmediato.

Para el PRO, dormido en los laureles del reconocimiento social por haber desterrado al kirchnerismo, la inminente primavera puede convertirse en su otoño si no replantea toda su estrategia. Como se sabe, Macri es capaz de corregir errores pero ahora éstos ya ponen en riesgo la victoria electoral el año que viene, una delgada línea roja que definirá si el PRO llegará al 2019 conduciendo el país o con muletas y al compás de los fallos de una justicia hiperactiva.

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