Por Guillermo Cherashny.-

El viernes a la tardecita, la opinión pública se sorprendió con el desplazamiento de Gómez Centurión como administrador de la aduana ante una denuncia anónima por corrupción que recibió la ministra de seguridad Patricia Bullrich. Parecería una sobreactuación, ya que el juez Lijo que recibió la denuncia y el fiscal a cargo ni siquiera imputó al acusado que, por otra parte, tiene fama de incorruptible como jefe de inspección en CABA y era candidato del presidente a ministro de defensa y mucho más cuando un día antes había denunciado que hubo 14.000 millones de dólares en declaraciones juradas de importación del gobierno anterior, aunque es posible que hasta ahora Gómez Centurión simulara ser honesto o bien se corrompió en el sillón de jefe de la aduana.

En los audios conocidos no se entiende casi nada y en ninguno aparece Gómez Centurión pero sí funcionarios cercanos a él. Es posible que Bullrich y la AFI sepan que esos audios clandestinos -ya que no los ordenó ningún juez- contengan imputaciones claras al jefe de aduana que no conocemos pero contrasta con la pasividad del gobierno ante el origen dudoso del dinero de la vicepresidente Gabriela Michetti, quien lo denunció como un robo en su domicilio, fue imputada por el fiscal Marijuán y su empleada declaro que varias veces vio que su empleadora dejaba sobres con dinero.

Además, la fundación SUMA de la vicepresidente no tiene balances ni empleados y ella declaró que 200.000 eran de donaciones para su fundación, cuando se sabe que deben estar bancarizadas, mientras que los 50.000 dólares también robados figuran en pesos en su declaración jurada y por un valor mucho menor.

Si se toman los dos casos, Gabriela Michetti hasta ahora parece mas comprometida que Gómez Centurión, aunque éste, con el correr de los días, si se lo imputa y procesa su destitución tendrá sentido.

Pero las declaraciones de Bullrich y Frigerio sobre que el gobierno castigará severamente la corrupción de sus funcionarios suena por ahora como una sobreactuación para instalar tapas de diarios y dar vuelta la hoja del fallo que anuló el tarifazo por parte de la Corte Suprema de Justicia.

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