Por Carlos Tórtora.-

El círculo íntimo de Axel Kicillof está en alerta. El motivo son serias sospechas de que en altos niveles de la Casa Rosada y de la SIDE se está motorizado una causa por corrupción con la finalidad de convertirla en un mega escándalo que afecte la carrera presidencial del gobernador.

Se trata de la causa contra el exministro de transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, que se origina en una denuncia de la Coalición Cívica y la llevan el Juez Federal de Campaña, Adrián Gonzalez Charbay, junto con el fiscal Álvaro Garganta, por defraudación al estado y lavado entre otros delitos. De larga data, la investigación dio un giro últimamente para centrarse en los negocios de D’Onofrio con una histórica socia política de Kicillof, la presidenta del Consejo Deliberante de Pilar, Claudia Pombo, y otras figuras de la política bonaerense.

De acuerdo a la denuncia, Mónica Patricia Acosta, José Alberto Corral y Pombo gerenciaban la agencia de viajes Network SRL, que habría sido utilizada para canjear contratos estatales por viajes, servicios y otros beneficios.

Esta trama seguiría funcionando hoy como caja de una red de negocios, posibilitando movimientos de fondos, financiamientos y operaciones logísticas que blanquean los fondos ilícitos.

La AFA es el blanco

Pero el expediente en cuestión tiene otro nivel político y son las vinculaciones de los denunciados y el titular del gremio gastronómico porteño Dante Camaño, socio de Pombo en varios emprendimientos en Pilar. Pero el broche de oro es la supuesta criminalización de ciertos negocios de Kicillof con Claudio Chiqui Tapia, que viene sosteniendo una dura pulseada con Javier Milei, quien suspendió por este tema su viaje a EEUU esta semana. Con su habitual paranoia, el gobierno estaría convencido de que Kicillof y Tapia comparten un proyecto político para el 2027.

Haya o no proyecto político en común, la operación judicial en marcha trataría de que Kicillof y Tapia queden manchados por corrupción antes de que empiece la nueva batalla electoral.

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