Para diferenciarse de la gestión kirchnerista, la administración de Mauricio Macri se jacta de tener el “mejor equipo de funcionarios de los últimos 50 años”. Para eso contraponen periódicamente los supuestos “logros y beneficios económicos” que las distintas áreas del Gobierno consiguen con sus actos y decisiones frente a los “desmanejos y negligencias” de la época K.

Pero en numerosas ocasiones, las actuales autoridades pasan por alto las regulaciones y las normativas vigentes que deben cumplir antes de tomar una medida.

Tal es el caso del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich que volvió a mostrar una nueva desprolijidad “administrativa y política” con el anuncio de los futuros aumentos de tarifas para los colectivos y trenes de la región metropolitana.

A contramano de lo que marca la lógica y el sentido común, Dietrich difundió primero los distintos ajustes que regirán para los medios de transporte y luego abrió un mecanismo de participación pública para que los usuarios opinen sobre las “propuestas de aumentos” que ya habían sido confirmados por él.

El viernes pasado, en una conferencia de prensa, el titular de la cartera de Transporte dio a conocer una nueva tanda de subas del 30% para los boletos de los colectivos de media y corta distancia y del 30% al 70% para los servicios ferroviarios que se aplicarán en de manera escalonada desde el 15 de agosto de agosto hasta mediados de octubre.

Cuatro días después, el ministerio de Dietrich publicó en el Boletín Oficial la resolución 657 por la cual declaró abierta la instancia de “Participación Ciudadana” para que los usuarios “opinen, comenten y formulen propuestas” sobre las modificaciones de los cuadros tarifarios del autotransporte de pasajeros y de los ferrocarriles metropolitanos.

Según el artículo 4 de esa resolución, las asociaciones de consumidores y los particulares tendrán sólo cinco días hábiles administrativos para presentar “sus opiniones y/o propuestas, y/o formular comentarios” respecto de los aumentos tarifarios que ya fueron aprobados.

La resolución aclaró que las presentaciones -que deberán tener una extensión máxima de 5.000 caracteres con documentos adjuntos que no superen los 20 Megagabytes- “no tendrán carácter vinculante”, lo cual transforma este proceso de participación ciudadana en un mero e insignificante trámite decorativo ante los aumentos que ya fueron anticipados y comunicados a las empresas transportistas.

Para las entidades de usuarios, lo que hizo el ministro de Transporte constituye un nuevo desplante a la sociedad no solo por la nula posibilidad de poder corregir los incrementos tarifarios en juego, sino también por los insólitos argumentos que se esgrimen para justificar la resolución 657.

En los fundamentos de la norma, la administración macrista resaltó que la instancia abierta tiene como finalidad “permitir y promover una efectiva participación ciudadana en el proceso de aprobación de medidas administrativas del ministerio de Transporte, brindando la posibilidad que los sectores interesados y la ciudadanía en general puedan expresar sus opiniones y propuestas respecto de proyectos de normas puestos a su consideración”.

En el anexo de la resolución, la cartera de Dietrich citó como causas de los aumentos tarifarios a: los incrementos en el gasoil, las subas de los insumos y los ajustes salariales acordados con el gremio de la UTA (Unión Tranviarios Automotor).

Pero dentro del capítulo salarial aparece una carga adicional muy polémica que ahora los usuarios deberán afrontar con una parte de las subas de los boletos. Se trata de una “contribución extraordinaria sobre las remuneraciones brutas, mensuales, normales y habituales” para la creación de un fondo especial destinado a la “recuperación de las prestaciones médico-asistenciales de la Obra Social de la UTA y el plan de modernización y optimización de sus recursos económicos, infraestructura y humanos”.

De acuerdo con lo anunciado por Dietrich, la tarifa mínima de los colectivos pasará de los 10 pesos actuales a 13 pesos a partir de mediados de octubre. El alza será escalonada, de a 1 peso por mes en agosto, septiembre y octubre. Para los beneficiaros de la tarifa social, el boleto pasará de los actuales 4,50 pesos a 5,85 pesos entre agosto y octubre.

En tanto, para los pasajes de los servicios ferroviarios habrá distintos aumentos según las líneas y ramales.

En los ferrocarriles Mitre, Sarmiento y San Martín, las subas serán de 75 centavos en agosto y setiembre y de 50 centavos en octubre. Los boletos mínimos actuales de 6,75 pesos se elevarán a 7,50 pesos en agosto, a 8,25 pesos en setiembre y a 8,75 pesos en octubre. La tarifa social que está en 3,04 pesos se irá en octubre a 3,94 pesos.

Por el lado de las líneas Roca y el Belgrano Sur, en tanto, pasarán de pagar los 3,25 pesos de hoy en día a 5,50 pesos en octubre. El escalonamiento será el siguiente: 4 pesos en agosto; 4,75 pesos en septiembre y 5,50 pesos en octubre.

En el Belgrano Norte, la tarifa actual de 3,25 pesos pasará el 15 de agosto pasará a 3,75 pesos. En setiembre subirá a 4,25 pesos y en octubre, a 4,75 pesos. Su tarifa social tendrá un aumento distribuido en los mismos meses: de 1,46 pesos a 2,14 pesos.

Y en el caso de la línea Urquiza, los tres aumentos fijados llevarán la tarifa mínima actual de 3,50 pesos a 4,25 pesos en agosto; 5 pesos en setiembre y 5,75 pesos en octubre.

Cuando se completen los ajustes a mediados de octubre, el boleto mínimo de colectivo habrá acumulado una suba anual del 116%. En tanto, para los servicios ferroviarios, las subas acumuladas en diez meses de 2018 ascenderán a 118% en las líneas San Martín, Sarmiento y Mitre; del 137 % en el Belgrano Norte: del 159% en el Urquiza y del 175% en los ferrocarriles Roca y Belgrano Sur.

Antonio Rossi

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