Hebe de Bonafini y los funcionarios están “blindados”

Por Jorge Luis Vitale.-

Ésta es la causa más avanzada de corrupción en la Argentina. Sin embargo, el juez Martínez Di Giorgi no llama a indagatoria. Se lo pidió la Oficina Anticorrupción a la UIF; lo pidió el fiscal. Necesitamos a los medios.

El juez en lo penal tributario Diego García Berro ya hizo declarar a Sergio y a Pablo Schoklender en el mes de mayo del 2005, pero a Hebe de Bonafini la tienen blindada.

Esta causa es por 120 millones que la fundación no abonó de aportes previsionales y obra social, pero sigue la misma mecánica que la verdadera causa, donde se investiga por qué no se construyeron las viviendas y la falta de 450 millones. El gobierno y los jueces no quieren investigar a los verdaderos responsables, que son los funcionarios y a la presidenta de la fundación.

La causa de las construcciones de la fundación de las Madres de Plaza de Mayo. Está parada desde hace más de nueve meses y el juez sigue demorándola sin que la prensa ni la oposición digan ni hagan nada, salvo honrosas excepciones. El resto sólo se preocupó por salvar a los K. El estado de la justicia federal en la Argentina llegó a lo más bajo que uno pueda imaginarse. El Congreso aprobó la estatización de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y la presidenta promulgó la misma, lo que hace la plena vigencia, pretendiendo, de esta manera, encubrir los 2000 millones de pesos que se pagaron a la fundación y a la universidad desde el 2004 a la fecha.

Schoklender pidió el sobreseimiento en la causa, ya que corresponde acusar a los funcionarios y el juez nada hace. ¿Cómo es posible que este juez siga sin que nadie le haya hecho juicio político?

La causa comenzó en el año 2004, cuando Néstor Kirchner, a través del Banco Nación-Leasing, le hizo entrega a la Universidad y a la Fundación entre 40 y 50 millones de dólares. A esta suma se le deben agregar los 1.200 millones entregados para «Sueños Compartidos», más los subsidios y el pasivo que hoy asume la Nación.

Mientras esto ocurre, el juez Martínez Di Giorgi nada dice y siguen acusándose Schoklender con Hebe de Bonafini con hechos que son delitos, pero que pretende, con esta nueva denuncia de falso testimonio, parar la verdadera causa en la que están involucrados los funcionarios

El gobierno asumió, con esta estatización, el pasivo de 325 millones, ya que al decir 200 millones no se computan los juicios, que son el resto. Pero además, blanquear todo el dinero utilizado con otros fines, que no son precisamente la educación. Lo que no avanza es la causa penal, que todavía no fijó indagatorias para los funcionarios públicos y las autoridades de la fundación.

Oyarbide quería salvar a Bonafini y De Vido por la estafa de “Sueños Compartidos”. Por eso está bien el fallo de la Sala 1, que manda acumular esta causa con la que lleva Martínez Di Giorgi. Es importante que el juez actúe, porque tiene elementos suficientes, y tome su verdadero camino, donde la fundación deja de ser damnificada para ser imputada.

En esa causa se demuestra una mecánica de corrupción donde están involucrados varios organismos del estado y también quienes armaron estos ilícitos. Ahora debería actuar el juez pero el gobierno la tapa y pretende que quede en la nada. Desde que resolvió la Cámara, el juez no tomó una sola medida concreta, cuando los ilícitos surgen a simple vista y, además, este contrato fue rescindido por el propio gobierno.

El gobierno le entregó a la fundación $ 1.200 millones, pero sólo terminaron una de cada cinco viviendas planificadas. Pero ahora, estatizada, la deuda de la fundación es de 325.millones.

En realidad, el Juez Norberto Oyarbide trató por todos los medios de imputar todos los delitos a los Schoklender y sobreseer a Hebe de Bonafini y los funcionarios responsables del Ministerio de Planeamiento.

Por tal razón, es lógico prever que la acumulación a la causa principal es positiva.

A esta altura de la causa, lo importantes son los funcionarios firmantes de los contratos, quienes autorizaron los pagos.

Porque Hebe de Bonafini es quien debería revelar dónde están los $ 450 millones que le faltan a la Fundación y dónde se encuentran los 40 millones que Néstor le dio en el año 2004 por intermedio del Banco Nación, con la colaboración de la ex ministra Miceli.

En su momento, el peritaje de la Policía Federal determinó la falta de más de $ 150 millones en la administración del programa. Sin embargo, ese faltante llegaría a $ 450 millones, ya que el Gobierno les entregó a los responsables del Programa $ 1.200 millones pero lo cierto es que de 15.000 viviendas sólo fueran entregadas 2.000 unidades.

Así las cosas, es imposible imaginar qué cantidad de fondos se hayan llevado Sergio Schoklender y su hermano Pablo, sin la participación y consenso de los funcionarios nacionales.

Y para arribar concretamente a esta conclusión, lo que cabe es el seguimiento de la causa 6204/11 que hoy tiene paralizada y que hoy se deberá activar el juez federal Marcelo Di Giorgi. La inició el abogado Jorge Vitale por violación a los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, contra los ministros Julio De Vido, Aníbal Fernández y la titular de la Fundación, Hebe de Bonafini, principales responsables del programa “Sueños Compartidos”.

Los principales argumentos para fundamentar la denuncia se asientan en que la ejecución del referido plan de viviendas registra sobreprecios, mala calidad de materiales y de construcción, así como la adjudicación directa de obras, que la legislación vigente prohíbe.

En la demanda se afirma que “el Poder Ejecutivo le ha otorgado a la referida Fundación que preside Bonafini, fondos que por cada unidad, suelen duplicar y triplicar el valor de plaza de esas construcciones”.

La presentación afirma que las viviendas que construyeron la Fundación que lidera Bonafini son en base a “planchas de telgopor de 8 centimetros, reforzadas por dos mallas de alambre y recubiertas por otras dos delgadas capas de cemento”.

En su respaldo, el denunciante cita declaraciones del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción del Chaco, Ricardo Siri, para quien el gobierno nacional le paga a la Fundación $210.000 por cada vivienda, mientras que ellos las construyen a razón $81.000 por unidad.

También recurre a una auditoría de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que reveló las deficiencias de esas construcciones.

Otras de las pruebas que presenta es el informe que en 2009 realizó la Sindicatura General de la Nación.

“La Dirección Nacional de Políticas Habitacionales no posee estructura aprobada, ni manuales de procedimientos. La dotación del personal es escasa y el equipamiento escaso y desactualizado”.

“Del análisis de los anticipos financieros pagados a los contratistas, se observan en varias jurisdicciones prolongadas demoras en el inicio de las obras.”

“Se detectaron incumplimientos en los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social: en las ventanas, aleros, veredas, zócalos y solados.”

Por último se refiere a la ausencia de controles sobre la operatoria financiera, tanto como sobre la ejecución de las obras, cuestiones.

Al afectar directamente fondos públicos, hacen responsables al ministro del área, Julio De Vido, al jefe de Gabinete Nacional, y a la misma Bonafini, por presidir la Fundación y por consiguiente, ser responsable de las irregularidades que se denuncian, en la financiación y concreción del programa “Sueños Compartidos”.

Por todo lo que está en discusión en esta causa es el perjuicio que sufrió el Estado Nacional y no sólo si la Fundación fue perjudicada, como se pretende hacer creer, para ocultar la realidad y por ende, eludir la responsabilidad de los funcionarios nacionales*

Schoklender además dijo ante el juez que Felisa Micheli administraba la Fundación Madres, junto con Bonafini y el resto de autoridades. Un dato que la misma Micheli, en la causa donde fue condenada a cuatro años de prisión, confirmó que realizaba aquel trabajo,

Todos sabemos como actuaba el Juez Oyarbide, pero no olvidemos a Di Giorgi. Porque es grave su silencio acerca del pago de $ 1.200 millones que hizo el Ejecutivo por “Sueños Compartidos”, a pesar que sólo se terminó de construir el 20% de la obra comprometida.

Claro que el kirchnerismo ha utilizado varias empresas off-shore para consumar lavado de dinero, como ocurrió en los casos Ciccone-Boudou y Tarjeta SUBE y el resto de casos que son de conocimiento público.

La Cámara Federal confirmó que la causa aún no se encuentra en condiciones de ser elevada y debe pasar a la causa principal y, por lo tanto, no son suficientes las imputaciones que se le realizan a los Schoklender y a los 44 imputados sino que faltan los funcionarios públicos. Por eso el fallo de la Cámara pone las cosas en claro y apunta donde debe ir, es decir, investigar por qué se pagó y no se construyó.