Juez federal ferviente representante de la impunidad

En mi modesta opinión, creo que lo esencial es la hipocresía fundante que sostiene nuestra sociedad. Por eso asumo la voz de la única transformación que puede ser viable: terminar con esa hipocresía con una representatividad republicana genuina.

Acá el problema es la estratificación social, que es origen -entre muchas otras instituciones, claro está- de los partidos políticos.

Sólo eliminando los partidos políticos de la organización social y substituyéndolos por un sistema de gobierno que se encuentre genuinamente interesado en el bién común, lograremos salir de lo que alguien acaba de denominar «este lodo».

Por eso insisto en el nivel macro. Debatir sumidos en el lodo promueve cambios micro. Pero su urgencia impide obrar en el n ivel macro, ni siquiera mirarlo, salvo a través de propuestas genéricas inconcretas, como los archiconocidos ejemplos de señalar la crisis moral y existencial y el desdén de los valores.

La única propuesta concreta es acercarnos gradualmente a la estococracia, acostumbrándonos a emplearla en la formación de gobiernos de sistemas micro como consorcios, asambleas o comisiones directivas en gremios (eligiendo por sorteo a los miembros y comprometiendo a los siguen siendo no-miembros a aportarles perspectivas y sugerencias) y haciendo así conocida la democracia SIN partidos.

Ahora, al contrario, se ha instalado la falsa idea de que para elegir autoridades hay que elegirlas: que el consenso sería valioso y legitimante, lo cual es una perversa trampa.

El consenso NO exige elecciones cuando hay consenso estococrático: consenso en defender una democracia sin partidos, genuinamente representativa y republicana pero comprometiendo a todos en el bien común (a los que les toca gobernar, y a los que no les toca).

Por supuesto, esto destruye a todas las agrupaciones delincuenciarias y aniquila a la clase política que las sostiene. Por eso hay que imponer sólo gradualmente la democracia sin partidos, estococracia o demarquía.

El primer paso es informarse y advertir cómo nos atañe en particular, personal y directamente, por vía de promover la eliminación de «lodo» o barrial social en que estamos globalmente inmersos.

El segundo es practicarla en los ambientes a nuestro alcance y habituarlos mundialmente a esa idea: el consenso estococrático legitima autoridades.

El tercer es llegar a utilizarla mundialmente, lo que hará que las oligarquías explotadoras contraataquen para no perder el poder, con resistencias, ardides de ingeniería social, revoluciones de colores y guerra para mantener su actual explotación. Siempre recuerdo que nada menos que Montesquieu y Diderot destacaban que la democracia por partidos es un invento de la oligarquía para expoliar al pueblo.

Yo no soy determinista, ni profeta al estilo de Marx y Engels. Podemos perder, y en tal caso vernos obligados a soportar por milenios este guadal de la maldita democracia por partidos y de su hipócrita «legitimación» con el perverso sistema eleccionario.

Por eso insisto: hay salida. La salida es macro, no micro. Por favor, informémosnos cada uno acerca de la demarquía.

Un saludo cordial para todos,

Rozanski impresiona, por los relatos leídos sobre sus actuaciones y por el tenor de sus escritos, como un demente. Demente en sentido técnico; no es por el camino del agravio por el que pueda llegarse a tener claro y probado el objetivo buscado con estas farsas montadas en nombre de leyes que atendiendo a lo establecido por la Constitución Nacional, – todos los días deberíamos leer el artículo 18 y hacerlo cumplir en todos los casos y a rajatabla-, sólo podrían aplicarse a estos pretendidos jueces. Con acierto fue dicho en una columna firmada por el Señor José Luís Millia hace muy poco, que estas farsas resultan un remedo de las montadas en la alemania nacionalsocialísta por jueces como Roland Freisler, el que a su vez admiraba y tenía como modelo al fiscal de los stalinianos y terroríficos «Juicios de Moscú», Andrei Vyshinski. Arthur Koestler en sus memorias, que recomiendo por su riqueza vivencial y literaria, describe entretelones de aquéllas farsas homicidas moscovitas. Resultan de una naturaleza tenebrosa, sobre todo por lo que significan como ofensa a todas las formas e instituciones logradas para civilizar la vida humana sobre este planeta. Aquéllas puestas en escena crueles y perversas, como la liderada en apariencia por Rozanski tienen responsables detrás de bambalinas. Como lo tiene la «actuación» de Oyarbide, o la de cualquier personaje nefasto dispuesto a poner la firma a actos jurisdiccionales que constituyen flagrantes delitos, este también tiene mentores y patrocinadores; verdaderos manejadores de la violación sistemática de todos los derechos garantizados en el masacrado artículo 18 de la Constitución Nacional. Al contrario de lo buscado como resultado por estos sujetos, cuando pienso en los casos de los ancianos torturados y empujados a la muerte más infame, hombres que con múltiples problemas de salud no huyeron de estos cancerberos ni plantearon por propia voluntad escenas vergonzosas, los revalorizo muy a pesar de las imperfecciones en un quehacer que, como fue la represión del terrorismo guerrillero, no podía ser llevado a cabo en términos legales exigibles en tiempos de relativa paz social. A ese respecto existe una reflexión que considero clave, escrita por una Premio Nobel de la Paz como es Virginia Gamba, que pone en su lugar las cosas a partir del análisis de convenciones y leyes que sí son de aplicación al caso, y que dejan fuera de la ley por lejos a personajes como el atendido. Pienso en esos hombres ancianos, esposados a su silla de ruedas, muy deteriorados, insultados por una turba descontrolada durante dos horas, elevados a un escenario del modo más bestial. Ese sólo viaje demencial, ese calvario impune los pone para mí a un nivel de respetabilidad propio de grandes hombres. Sorprendente, porque nunca pensé en considerar admirable a un militar. Queda ahora sin pérdida de tiempo corregir el rumbo, dar fin a estas aberraciones, deslindar responsabilidades a la luz de leyes preexistentes respecto de los encargados de ejecutar este disparate y sus jefes reales. Quieran las autoridades investidas democráticamente, sea poder ejecutivo, legislativo o judicial, reponer la vigencia y cumplir para el caso las garantías del art 18 de la CN. Pondrán entonces en vigencia a nuestra querida República, para todos los hombres del mundo.-