Por Claudio Valdez.-
El proyecto republicano prescribe que el ejercicio del Estado debe dividirse en tres poderes en condiciones de equilibrio, lo que significa que ninguno de ellos debe tener facultad de imponerse a los otros.
Los “demócratas del presente”, pretendiendo distorsionar el sentido de este fundamento político, atribuyen al Poder Judicial la capacidad para dirimir diferendos y “conflictos de poderes”, lo que es una clara extralimitación, cuando no extorsión judicial que altera de manera insanable la forma republicana de gobierno.
En verdad en la Argentina esto ciertamente no llega a ocurrir, a pesar de la mediática difusión de que “la Justicia ordena cumplir determinadas sentencias en que el Estado aparece como obligado”. Por distintos motivos y por los resultados finales observables, muchas de esas imperativas decisiones no se cumplen.
El hipócrita sistema instalado igual estimula la creencia del sometimiento del Estado a las sentencias, sin importar contrariar los principios republicanos. Se dispone así de un instrumento adicional de disciplina partidista excusándose en que “no se deben desconocer las decisiones judiciales”. Es de toda evidencia que las únicas que no se desconocen son las que convienen al régimen.
Algunos medios de comunicación habitualmente difunden consentidas tolerancias para la “delictiva protesta social”, en tanto otros insisten en promover la propiedad y algunos valores tradicionales de la cultura. La inseguridad para personas y bienes no es producto de casualidad: su causa puede rastrearse en interpretaciones ideológicas, mal denominadas, “progresistas”.
Aprovechándose la ficción de “Justicia Independiente”, los restantes Poderes del Estado pretenden librarse de responsabilidad, circunstancias que la población no alcanza a entender desde que su concreta demanda es por “justicia eficiente”. Esto se comprueba con certeza cuando manifestaciones, marchas y distintos reclamos callejeros se efectúan ante tribunales, Congreso, legislaturas, municipios, gobernaciones e incluso en la sede presidencial; instituciones algunas muy ajenas a la especialidad judicial.
La justicia eficiente se origina siempre en el Poder Legislativo y su adecuada normativa se practica mediante la acertada administración del Poder Ejecutivo. Eventualmente se dirime ante el Poder Judicial. Es en realidad un servicio del Estado en su totalidad, que no es posible escindir.
La “justicia eficiente” podrá ser justicia nacional, justicia provincial o justicia municipal; pero nunca solo resultado del Poder Judicial, porque el Estado como régimen político y en sus diferentes niveles es inexcusable responsable de ese fundamento ético. Los poderes del Estado son percibidos como solidarios responsables de “la ley”, las reglamentaciones, las resoluciones, las disposiciones y sentencias, por ser ellos quienes gobiernan.
Cuando las decisiones de gobierno conflictúan la vida social provocando revanchismo, clientelismo, inseguridad, incertidumbre y tensiones con países extranjeros, es señal de que nos encontramos ante un grave problema como Nación: no disponemos de Estado capaz. ¡Presagio de inevitables conmociones!
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