Por Guillermo Cherashny.-

Independientemente de las intenciones de los protagonistas de la política, no cabe duda que la intención de Germán Garavano, el ministro de justicia, de limitar el poder absoluto de Alejandra Gils Carbó, la procuradora general, que tiene esos poderes por un exceso de los constituyentes de 1994 que, copiando la constitución colombiana de 1991, estableció para la procuración el carácter de extrapoder, o sea, un órgano independiente de los tres poderes. Como en la Argentina se reformó el sistema procesal convirtiéndolo en acusatorio -antes era mixto-, ahora en materia penal el poder pasa por los fiscales, como ocurre hace tiempo en los Estados Unidos.

En el país del norte, el procurador -conocido como attorney general– es elegido por el presidente, que lo puede remover dentro de los cuatro años de su mandato. Pero cuando Garavano acordó con el Frente Renovador limitar la duración a cinco años, saltó Elisa Carrió, quien pretende que dure diez años y que, enojada porque el PRO cerró un acuerdo con Sergio Massa, Diego Bossio y Miguel Pichetto, la diputada socia de Cambiemos lo hizo naufragar, lo que motivó que Massa y Pichetto rompieran toda negociación y se negaran a tratarlo hasta que la coalición Cambiemos se ponga de acuerdo.

También la Asociación de Magistrados y Fiscales se opuso firmemente a la limitación de los poderes de la Procuración, tachándola de inconstitucional y como es imposible conseguir los 2/3 de las cámaras, el maximalismo de Carrió, magistrados y fiscales no hizo otra cosa que eternizar a Gils Carbó por mucho tiempo.

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