La abogada Cristina Kirchner

Por Hernán Andrés Kruse.-

Cristina Kirchner debe ser uno de los presidentes más calumniados de la historia argentina. Sobre su figura han llovido denuncias de todo tipo y calibre y, hasta ahora, la Justicia no ha comprobado nada. Una de esas tantas denuncias versó sobre su título de abogada. Desde hace años que personeros del antikirchnerismo vienen denunciando a la ex presidente por usurpación de título universitario. El constitucionalista Daniel Sabsay, un cruzado antikirchnerista, dijo delante de cuanto micrófono tuvo a su alcance que Cristina no se había recibido de abogada, que era una impostora. Durante todo este tiempo muchos la ridiculizaron tildándola de “abogada exitosa”. Como no podía ser de otro modo, los medios de comunicación fogonearon la denuncia con el objetivo que los obsesiona desde que Cristina accedió a la presidencia: destruirla.

En su edición del 4 de junio de 2016 Omar Lavieri publicó un artículo en Infobae cuyo título habla por sí mismo: “Exclusivo: el certificado analítico de Cristina Elisabet Kirchner que demuestra que es abogada”. El autor de la nota informa que la ex presidente comenzó sus estudios de abogacía en la Universidad Nacional de La Plata en 1972 y se graduó como abogada en octubre de 1979. Estos datos constan en la copia del certificado analítico de estudios en el que figuran la totalidad de las materias que aprobó hasta convertirse en abogada. La denuncia contra la ex presidente había resurgido fuertemente en los últimos días cuando el doctor Ernesto Reggi, ex miembro del Superior Tribunal de Corrientes, presentó una denuncia en la justicia federal señalando que Cristina pudo haber incurrido en el delito de usurpación de títulos. Si se comprobara que no es abogada, concluyó, debería a su juicio ser procesada por defraudación contra la administración pública por el plus recibido por el título durante el período-abarca varias décadas-en que ejerció cargos públicos. El caso cayó en manos de quien hoy por hoy es uno de los más acérrimos enemigos de Cristina: el impresentable juez federal Claudio Bonadío. Sediento de venganza el magistrado la citó a indagatoria para luego procesarla por el caso “dólar a futuro”. Previamente, en 2015, había decidido el allanamiento de las oficinas de la empresa Hotesur en la causa en la que investigaba a las empresas de Lázaro Báez y la firma hotelera del matrimonio Kirchner por presunto lavado de dinero. La reacción de la ex presidente no se hizo esperar. Utilizó la cadena nacional para decir que no sentía temor alguno por un juez “pistolero, mafioso o extorsionador”. Más adelante, continuó su ofensiva contra el magistrado pidiendo el juicio político ante el Consejo de la Magistratura por su actuación al frente de la causa dólar a futuro. Junto al fiscal Carlos Rívolo, el impresentable juez Claudio Bonadío (ambos tienen a su cargo el caso de la sociedad “Los Sauces” y el cobro de alquileres) se metió de lleno en la denuncia sobre el título de abogada. Rívolo solicitó a la Universidad Nacional de La Plata y a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales el acta donde consta la expedición del título como el certificado analítico. A continuación el autor del artículo describe el contenido de dicho certificado, prueba irrefutable de la validez del título de la ex presidente. El primer documento que arribó a Comodoro Py es la constancia del título volcada en un acta cuya copia certificada está en manos de la Justicia. El acta en cuestión lleva el número 710 del libro 76 folio 237 de la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales. Lo interesante es que este documento fue publicado por Infobae hacer dos años, es decir en 2014. El acta lleva la firma del secretario de Asuntos Jurídicos de la Universidad, Julio César Mazzotta, y en ella queda indicado el 10 de diciembre de 1979 como la fecha donde se le otorgó el título de abogada a la ex presidente. Esa constancia, informa el autor del artículo, fue utilizada por el ex juez Norberto Oyarbide para archivar una causa parecida en 2007. La segunda parte de la documentación fue enviada al juzgado de Claudio Bonadío por el decano de la facultad, Vicente Santos Atela. El secretario administrativo de la facultad, Martín Román Brunialti, hizo constar que el documento enviado a Bonadío es copia del original, que está en la sede de la facultad. Cabe acotar que también llegó al juzgado la ficha de inscripción. Según el certificado analítico Cristina Kirchner aprobó 26 materias durante toda la carrera, contabilizando un solo aplazo en Filosofía del Derecho (3), aprobándola con un 6 dos años más tarde. Su mejor nota fue un 10 en Derecho Civil III. En este documento aparece, como en todos los certificados analíticos, la materia rendida, la fecha del examen y la calificación obtenida. Cada materia registra, como corresponde, el número de folio, libro y tomo donde fue asentada la nota. Según consta en el certificado analítico, Introducción al Derecho fue la primera materia que rindió, obteniendo un 8. El examen tuvo lugar el 9 de marzo de 1972. Cristina terminó su carrera el 1 de octubre de 1979 luego de aprobar con 8 Derecho Internacional Privado. El promedio de Cristina fue de 7,44. También consta en el certificado analítico que la ex presidente se recibió de Procuradora el 24 de abril de 1976. Les guste o no a los antikirchneristas Cristina es abogada y durante todos estos años fue víctima de una vil calumnia.

El lunes 6 de junio el impresentable juez Claudio Bonadío, quien había abierto una causa penal a raíz de este tema y quien en su momento sospechó que había falsificado su título de abogada, sobreseyó a Cristina. Luego de recibir la documentación pertinente que ratifica la autenticidad del título, el magistrado decidió cerrar el expediente iniciado por el doctor Ernesto Edmundo Reggi, ex juez de la Corte de Corrientes. Bonadío hizo las consultas pertinentes a la Universidad Nacional de la Plata sobre todo lo concerniente a las condiciones que debía cumplir Cristina para recibirse de abogada. Al recibir las certificaciones correspondientes decidió cerrar la causa. En el fallo Bonadío dijo que la universidad platense le “remitió la fotocopia del acta 710 obrante en el libro de registros de entregas de títulos, de cuya anotación consta que Cristina Elisabet Kirchner se recibió de abogada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y retiró el diploma el 10 de diciembre del año 1979”. El magistrado recibió “una fotocopia certificada de la planilla de inscripción e ingreso a la carrera de abogacía, firmada por la nombrada y fechada en la Ciudad de La Plata el día 15 de septiembre del año 1971”. Con este material probatorio, Bonadío sostuvo que “frente al resultado de pruebas realizadas durante la instrucción y no advirtiendo otras medidas de interés por disponer, correspondería archivar la presente por inexistencia de delito”. En 2007 la causa estuvo en manos de otro juez impresentable: Norberto Oyarbide. En ese momento se sacaron los libros de actas de la Universidad Nacional de La Plata. La hoja en la que constaba el título de Cristina Kirchner fue certificada por el magistrado y dos fiscales. La Cámara Federal finalmente confirmó el cierre de la causa por inexistencia de delito solicitado por los fiscales. Ariel Lijo fue el segundo juez que intervino en la causa. Luego de revisar la causa también la cerró por considerar que no había delito alguno. Luego la causa cayó en manos del juez Sergio Torres. Luego de verificar la documentación, decidió, con el visto bueno del fiscal, cerrar la causa. El cuarto juez fue Bonadío, pero en esta oportunidad dio curso a la denuncia de Reggi, poniendo en evidencia su reconocida enemistad con la ex presidente. Finalmente, Bonadío no tuvo más remedio que sobreseer a Cristina (fuente: Página 12). Quien todavía no se resignó es un antiguo enemigo de Cristina, el constitucionalista Daniel Sabsay. En las últimas horas exigió a la universidad platense que muestre el diploma y reconoció no estar satisfecho con el fallo de Bonadío. Lo cierto es que finalmente se hizo Justicia en esta cuestión. La ex presidente de la nación es abogada y punto. Quedan pendientes otras causas mucho más complicadas, como Hotesur, donde la Justicia tendrá, como siempre, la última palabra.

En este asunto del diploma de abogada la ex presidente de la nación fue víctima del delito de calumnia, que implica lanzar una acusación o imputación falsa contra una persona con la intención de dañarla o perjudicarla. Pues bien, el propósito último de la denuncia, fogoneada por la oposición y el poder mediático, fue dañar la imagen de Cristina, socavar su credibilidad. Siempre se supo que Cristina era abogada y, sin embargo, el rumor sobre la “falsa abogada” jamás se apagó. Ahora que Bonadío la sobreseyó la causa cerró pero el daño infligido a la ex presidente es incomensurable. Para colmo, aparece el constitucionalista Daniel Sabsay sembrando dudas sobre el fallo de Bonadío y la legalidad del certificado analítico presentado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Lo que acaba de hacer Sabsay es poner en duda la honorabilidad de las autoridades platenses. Una verdadera locura. Con tal de arruinar a Cristina se dinamita la credibilidad de una casa de altos estudios. Con tal de sepultar a la ex presidente se destroza también a una familia. Porque quien calumnia no tiene en consideración a quienes rodean a su víctima. En este sentido, cabe decir que hay poca gente más dañina que el calumniador profesional. Aquí emergen en toda su magnitud Graciela Ocaña, Margarita Stolbizer y la reina de la calumnia, Elisa Carrió. La chaqueña basó su carrera política utilizando la calumnia como arma política. Jamás le interesó la Justicia ni la virtud republicana. Utilizó la calumnia para abrirse paso en el áspero mundo de la política y, cabe reconocer, le dio enormes resultados. Hasta tal punto tuvo éxito en el “arte” de difamar que en 2007 estuvo cerca de ser presidenta de la nación. Alguien tiene todo el derecho del mundo a decir que Carrió siempre tiene razón y que si quienes son acusados por ella están en libertad es por culpa de los jueces que no hacen nada. El problema es que, en un estado de derecho, no se puede acusar sin aportar las pruebas correspondientes y que si la justicia considera que no existen tales pruebas, no se puede condenar a nadie. El caso más paradigmático es el de Aníbal Fernández. Aclaro que no es una persona santa de mi devoción pero hasta el momento la Justicia no ha encontrado prueba alguna de todas las acusaciones lanzadas por Carrió. La chaqueña ha llegado a decir que es el mafioso más poderoso de la Argentina, el rey del narcotráfico, y otras “dulzuras” semejantes. Puede ser que Carrió esté en lo cierto pero hasta tanto no se expida la Justicia, rige la presunción de inocencia. Aníbal Fernández es inocente hasta que se pruebe lo contrario. En consecuencia, Carrió no tiene derecho a seguir calumniándolo con semejante impunidad. Y lo peor es que la chaqueña cuenta con el beneplácito del poder mediático, siempre dispuesto a darle pantalla para que descerraje toda su furia contra sus enemigos. Imagine el lector si finalmente Fernández va a juicio oral y público y la Justicia determina que es inocente. ¿Y el daño que le infligió Carrió durante años? ¿Y lo que sufrió la familia de Fernández? ¿A nadie le importa? En la Argentina, pareciera ser que no.