Por Luis Alejandro Rizzi.-

El 7 de agosto de 2007 escribía Jaime Rosemberg en el diario La Nación: “Casi dos años después de haber sido acusado, en plena lucha electoral contra el kirchnerismo, de omitir la declaración de dos cuentas bancarias en el exterior, Enrique Olivera paladea hoy el agridulce sabor de la revancha.”

Esa denuncia afectó al ARI y Lilita Carrió seguramente perdió votos en la elección del 23 de octubre de2005, que ganó Mauricio Macri.

La diferencia con el caso del ANADIS es que Lilita Carrió reaccionó de inmediato, denunciando al hecho como un “operación política”.

Días después de las elecciones, en la misma semana, Enrique Olivera acreditó la falsedad de la denuncia, pero las elecciones ya se habían realizado.

Es difícil saber cuánto votos le restó al ARI esa operación política, que se habrían “transfugado” a Macri, recordemos que el candidato “K” quedó tercero.

Las conversaciones presuntamente ilegales del Dr. Spagnuolo le dan un sesgo diferente a la cuestión.

En el caso Olivera hubo una denuncia, si bien anónima, muy concreta; se lo acusó de haber omitido declarar cuentas bancarias en el exterior y, si bien la desmentida fue inmediata, la sospecha quedó en el aire.

La primera reacción de Guillermo Francos -jefe de gabinete- fue la de decir que no ponía las manos en el fuego por ningún funcionario, aunque de inmediato aclaró su extensión, pero es obvio que esa declaración le salió del alma.

El gobierno no atinó a nada luego de la revelación de esas “escuchas” y, para colmo, Milei declaró con orgullo que le estaban afanando los choreos (al kirchnerismo). Otra vez el inconsciente le jugó una mala pasada; es obvio que quiso decir lo contrario, pero también es obvio que lo dijo.

Tema para psicólogos.

¿Fue una operación política?

Mi respuesta es afirmativa.

Está sustentada en visos de realidad que le dan un alto grado de verosimilitud a la “sospecha” y traen una vez más a la escena política uno de los fundamentos de la sentencia que condenó a Cristina, alimentando también la “sospecha” de su proscripción.

Si Cristina debió saber sobre la trama de corrupción que imperaba en la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Milei debió saber sobre la supuesta corrupción en la ANADIS.

Esta vez la comparación es válida, porque hay un precedente.

Es cierto que “debió saber” es una presunción, pero todo sabemos que los remedios son los mejores remedios para el “bienestar” de la política.

El gobierno también se equivoca al focalizar las dos elecciones -Provincia de Buenos Aires y las nacionales- excluyo la de Corrientes, en el “Nunca más del kirchnerismo”, en vez de presentar sus proyectos de reformas pendientes y llevar el debate al terreno de los problemas que afectan a la sociedad.

Javier Milei no anda bien en su oficio de economista. Las últimas medidas económicas dispuestas por él, no comprar dólares por parte del Banco Central hasta que toquen el piso de los mil pesos, la eliminación de las “LELIF” y el incremento de encajes con la suba lógica de la tasa de interés, tuvieron un efecto negativo que le generaron una caída vertical en su imagen y en la del gobierno de casi 14 puntos.

Esa caída en lo que es su oficio se suma ahora al caso “ANADIS” y el fentanilo. En uno se pone en juego la honestidad del gobierno y en el otro, su capacidad de gestión, por cuyas falencias ya tenemos más de cien muertos en los hospitales, no en la calle. Es peor.

Todo esto alimenta la “sospecha” y muchos nos hacemos dos preguntas. La primera, si tiene sentido ir a votar, y la segunda, por quién lo haríamos.

En lo personal, jamás votaría a los candidatos de Karina Milei y Lule Menem ni a los del “peronismo amontonado”.

¿Nos estaremos hundiendo en el lodo de una profunda ciénaga?

El congreso de la Nación parece ser la única alternativa. Tiene hasta el 10 de diciembre intensa actividad, pero lo deberá demostrar antes del 26 de octubre.

Es posible que la “sospecha” sea el fundamento de nuestro voto.

La economía no se reduce a una cuestión monetaria ni a la abstracción de un delirante.

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