Por Carlos Tórtora.-

En forma sorpresiva e inconsulta con sus aliados del PRO y la UCR, Javier Milei negoció con los gobernadores y lanzó un triple proyecto de reforma política. Esto es, eliminación de las PASO, reforma de la ley de financiamiento partidario y reforma de la ley de partidos políticos.

La operación oficial, que va atada a la negociación de la ley de presupuesto con las provincias, apunta a instalar un nuevo modelo electoral.

La supresión de las PASO, que cuenta con bastante consenso público, esconde sin embargo cuáles serían las consecuencias reales. El argumento central del gobierno es ahorrarse el costoso presupuesto que insumen las primarias. Pero olvida decir que las PASO sirven de filtro para la oferta electoral. La mayor parte de los partidos no supera el piso exigido del 1,5% y queda eliminado de la competencia electoral. Al no haber más PASO, irán directamente a la elección general una enorme cantidad de partidos, lo que, obviamente, multiplicará los costos de la elección, lo que obviamente el gobierno calla.

En cuanto a la intención de eliminar el financiamiento público a los partidos, esto colisiona abiertamente con lo establecido por el artículo 38 de la Constitución Nacional, que dispone el financiamiento público, entendiéndose que éste debe ser razonable y no meramente simbólico.

Nuestro sistema es mixto, o sea que sostiene un financiamiento público y privado, con el objetivo de evitar que los partidos dependan exclusivamente del Estado o de los aportantes privados. Como suele hacer con todo, Milei rompe este balance e intenta que los partidos pasen a depender exclusivamente de las empresas, lo que equivale a decir que el sistema político pase a estar controlado por el mercado. Esto es sencillamente el comienzo de la liquidación de la soberanía popular y su sustitución por un esquema de partidos controlados por los dueños del poder económico.

Oposición en peligro

La reforma va más allá y pretende exigir que para constituir un partido nacional haya que contar con 10 partidos y no con 5 como es ahora. De este modo, se estaría condenando a la desaparición a la mayor parte de los partidos nacionales, que solo cuentan con 5 o 6 distritos. Esta reducción puede resultar simpática para una opinión pública desprevenida. Pero la realidad oculta es para preocuparse. Cuando sólo queden 4 o 5 partidos nacionales le resultaría muy fácil al gobierno captarlos a casi todos, reduciendo al máximo la oferta electoral opositora. Así se impediría la actual diversidad de alternativas y se forzaría un bipartidismo entre La Libertad Avanza y el PJ. O sea, cada vez menos alternativas y menos posibilidades de que se desarrollen opciones electorales fuera del oficialismo. En suma, una democracia restringida para que en el 2027 se concrete la reelección de Milei.

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