Por Enrique Guillermo Avogadro.-

«La mente es como un paracaídas. Sólo funciona si la tenemos abierta». Albert Einstein.

La sociedad tiene la legítima y justificada certeza de que el Poder Judicial, en especial el fuero federal domiciliado en Comodoro Py, le está mareando la perdiz, como reza el famoso dicho. Hace muchos, muchos años que es sabido que los magistrados encargados de investigar y, en su caso, castigar la corrupción sólo actúan cuando los denunciados pierden el poder; mientras tanto, y de eso puede contar mucho Lilita Carrió, los expedientes duermen en los cajones de los escritorios, a la espera de tiempos mejores para vender sus resultados al mejor postor.

A partir de diciembre de 2015, cuando quedó expuesto el monstruoso saqueo al que fue sometido el país por obra y gracia del matrimonio Kirchner, que organizó y comandó una gigantesca asociación ilícita para concretar el mayor latrocinio de su historia, se esperaba que los procesos adquirieran velocidad. Sin embargo, la ciudadanía asiste expectante a procedimientos cinematográficos -se llegó al extremo de perforar el suelo de la Provincia de Santa Cruz en busca de supuestos tesoros enterrados- que obtienen grandes titulares en la prensa y que, al día siguiente, son tapados por la aparición de nuevos escándalos, sin que los resultados concretos, entendidos como la detención de los delincuentes, aparezcan.

Los emblemáticos casos de los hoteles y de los inmuebles patagónicos, ahora agravados por el descubrimiento del Waldorf, son motivo de causas judiciales que tienen más de diez años de trámite, y su rol en los retornos de las coimas de la obra pública ha quedado demostrado más allá de toda duda. Pero, a diferencia de lo que sucede en Brasil, nadie ha ido preso por eso, y los autores y cómplices de tantos delitos no sólo siguen dando vueltas como pollos al spiedo sino que hasta se dan el lujo de viajar al exterior, dar cátedra de populismo y reírse a carcajadas de todos nosotros, mientras inscriben sus candidaturas al Congreso para obtener los salvadores fueros.

Los jueces federales realizan aparatosos allanamientos con anuncios previos y demoras que garantizan que los papeles y las pruebas desaparezcan o se adulteren, y ni siquiera cuando esas situaciones son confirmadas por filmaciones (como fue en “La Rosadita”, donde todos vimos por televisión cómo se llevaban alegremente bolsos y hasta computadoras) se activan las alarmas mentales que disparan acciones inmediatas. Así, ese ilusionismo malabar que realizan los magistrados aparece como un eficiente (hasta hoy) modo de adormecer la indignación popular.

Pero, claro, el abuso de ese proceder ha producido un hartazgo en la sociedad, que ha tomado conciencia de lo inerme y abandonada que se encuentra frente a la corrupción que la empobrece, la inseguridad cotidiana que la asesina y, sobre todo, a los abusos de poder del Estado y de quienes disponen de las influencias necesarias para torcer la realidad a su favor.

Muchos de los votantes de Cambiemos están hoy injustamente desilusionados por la presunta inacción del Gobierno, aunque éste poco pueda hacer al respecto sin obtener el acuerdo de otras fuerzas políticas en el Congreso; y sabemos cuántos legisladores, actuales y futuros, verían comprometidas su libertad y su fortuna si alguna de las posibles acciones prosperara. Baste recordar lo sucedido con el delincuente Juez Eduardo Freiler en el Consejo de la Magistratura o con la Procuradora General, Alejandra ¡Giles! Carbó, cuyo desplazamiento aún no ha logrado.

La más clara confirmación de esa generalizada certeza es la invitación a dos concentraciones -una, para esta misma tarde y, la otra, para el 20- frente a Comodoro Py 2002. No concuerdo con ellas por dos razones: la primera, su localización: la zona del puerto de Buenos Aires es complicada para llegar y para volver y, en ambos casos, no habrá nadie en los tribunales esos días, o sea, se protestará frente a un edificio vacío; la segunda, por la ineficiente y contradictoria difusión a través de las redes sociales, que garantiza el fracaso.

Mi propuesta, por el contrario, es realizar, con una grande y unívoca convocatoria previa, una manifestación en día hábil y a principios de julio en la Plaza Lavalle -y en las equivalentes de todo el país-, ante la cual se encuentran las sedes de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura federal, cuyos integrantes deben ver y oír nuestros reclamos por ser los máximos responsables del desquicio que afecta al Poder Judicial.

En otro ámbito, el de la política, también nos están mareando la perdiz. La yunta Massa-Stolbizer aparece como inexplicable, tanto como la postura de Martín Lousteau, por ejemplo. Sobre la crisis del peronismo, lo mejor que he leído fue escrito el jueves por Carlos Pagni en La Nación (https://tinyurl.com/y7o7ond), quien explicó claramente qué significaba la formación del F.U.C.K. (Frente Unidad Ciudadana Kirchnerista) que presentó Cristina Fernández como nuevo instrumento electoral, dejándolo afuera con su historia, sus símbolos y hasta su famosa marchita; a la luz del documento fundacional dado a conocer el miércoles por la viuda de Kirchner, cabe preguntarse si, tal vez tanto como mentirosa compulsiva, no está rematadamente loca; porque, en términos normales, nadie puede negar a tal extremo los hechos comprobados y, sobre todo, cuál fue su verdadera herencia y cuánto ha perjudicado ésta al país.

En relación a la muerte de la señora Ernestina Herrera de Noble, producida esta semana, debo reconocer que soy tan iluso que, en algún momento, esperé que la ex Presidente y ese teórico ícono de los derechos humanos, Estela Barnes de Carlotto, tuvieran algún rasgo de decencia y, aunque fuera post mortem, le pidieran disculpas por la horrorosa persecución y el injustificable acoso de los que, conjuntamente con sus hijos, fuera objeto durante más de ocho años.

Cristina Kirchner apoyó la denuncia de apropiación de sus hijos que había formulado la jefa de las Abuelas de Plaza de Mayo contra la directora de Clarín, y llegó a amenazar con recurrir a tribunales internacionales si la acusada no era condenada aquí. La comprobada falsedad de la denuncia no resultó óbice para que la persecución continuara por años, como un arma más en la guerra contra la prensa que el kirchnerismo había desatado en 2008, a raíz de su posicionamiento frente a la demencial tentativa gubernamental de destruir al campo, que tanto nos costó a los argentinos.

Si bien vivimos una democracia representativa, nuestros derechos ciudadanos se extienden más allá del mero hecho de votar cada dos años. Debemos expresarnos, como lo hicimos pacífica y masivamente el 1° de abril, esta vez para decir a los jueces: ¡se acabó!; que deben cumplir con la ley y que llegó la hora de poner punto final y definitivo a su nefasto proceder que, sin dudas, actúa como una barrera infranqueable para nuestra transformación en una nación seria y desarrollada. Sólo de nosotros depende lograrlo.

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