Por Guillermo Cherashny.-

Cuando se difundió la foto de la fiesta cumpleaños de Fabiola Yáñez, la pareja del presidente, varios periodistas afirmaron contundentemente que el presidente había cometido un delito y que lo había confesado al reconocer que participó de esa fiesta y que se hacía cargo de lo ocurrido. Es perdonable que muchos periodistas no sepan de derecho penal y algunos de ellos exigieran la destitución del presidente por medio de un juicio político. Así fue que un sector de la oposición recogió el guante y pidió ese mecanismo constitucional dividiendo a la oposición entre halcones y palomas. Pero los fallos de la justicia desmienten que esa conducta moralmente reprochable sea un delito. En efecto, hubo sentencias que señalaron que, si esos eventos no generaron contagios, no había delito y en otros se declaró la inconstitucionalidad del decreto que impuso la cuarentena. Esa postura la asumió Mauricio D’Alessandro, el mediático abogado de Stefania Domínguez, una de las invitadas a la fiesta, que en su presentación alegó ese fundamento, por lo cual, si el juez Casanello hace lugar, se beneficiarían todos los participantes del cumpleaños en Olivos. Desde el gobierno señalan que Stefania Domínguez intentó o vendió las fotos o el video que tuvo gran repercusión pública y no se sabe si esa conducta tipifica una conducta penal.

Fabiola Yáñez debería dar explicaciones a la opinión pública como hizo el presidente y tiene una gran responsabilidad por invitar a ese cumpleaños a su peluquero, vestuarista, y la corte de empleados permanentes o transitorios que usa para su imagen pública, que conoció hace unos meses y que entraron a Olivos con celulares y sacaron fotos que pueden utilizar para enviarlas a familiares y amigos o bien para fines comerciales, que posibilitaron su difusión, que le infligieron un serio daño a la imagen presidencial y propiciando la devaluación de la palabra del primer mandatario.

Share