Picada de noticias

De una vigencia aterradora

¿Quiere ser Usted diputado? (*)

Roberto Arlt

Si usted quiere ser diputado, no hable en favor de las remolachas, del petróleo, del trigo, del impuesto a la renta; no hable de fidelidad a la Constitución, al país; no hable de defensa del obrero, del empleado y del niño. No; si usted quiere ser diputado, exclame por todas partes:

-Soy un ladrón, he robado… he robado todo lo que he podido y siempre.

Enternecimiento

Así se expresa un aspirante a diputado en una novela de Octavio Mirbeau, El jardín de los suplicios.

Y si usted es aspirante a candidato a diputado, siga el consejo. Exclamé por todas partes:

-He robado, he robado.

La gente se enternece frente a tanta sinceridad. Y ahora le explicaré. Todos los sinvergüenzas que aspiran a chuparle la sangre al país y a venderlo a empresas extranjeras, todos los sinvergüenzas del pasado, el presente y el futuro, tuvieron la mala costumbre de hablar a la gente de su honestidad. Ellos “eran honestos”. “Ellos aspiraban a desempeñar una administración honesta.” Hablaron tanto de honestidad, que no había pulgada cuadrada en el suelo donde se quisiera escupir, que no se escupiera de paso a la honestidad. Embaldosaron y empedraron a la ciudad de honestidad. La palabra honestidad ha estado y está en la boca de cualquier atorrante que se para en el primer guardacantón y exclama que “el país necesita gente honesta”. No hay prontuariado con antecedentes de fiscal de mesa y de subsecretario de comité que no hable de “honradez”. En definitiva, sobre el país se ha desatado tal catarata de honestidad, que ya no se encuentra un solo pillo auténtico. No hay malandrino que alardee de serlo. No hay ladrón que se enorgullezca de su profesión. Y la gente, el público, harto de macanas, no quiere saber nada de conferencias. Ahora, yo que conozco un poco a nuestro público y a los que aspiran a ser candidatos a diputados, les propondré el siguiente discurso. Creo que sería de un éxito definitivo.

Discurso que tendría éxito

He aquí el texto del discurso:

Señores:

Aspiro a ser diputado, porque aspiro a robar en grande y a “acomodarme” mejor.

Mi finalidad no es salvar al país de la ruina en la que lo han hundido las anteriores administraciones de compinches sinvergüenzas; no, señores, no es ese mi elemental propósito, sino que, íntima y ardorosamente, deseo contribuir al trabajo de saqueo con que se vacían las arcas del Estado, aspiración noble que ustedes tienen que comprender es la más intensa y efectiva que guarda el corazón de todo hombre que se presenta a candidato a diputado.

Robar no es fácil, señores. Para robar se necesitan determinadas condiciones que creo no tienen mis rivales. Ante todo, se necesita ser un cínico perfecto, y yo lo soy, no lo duden, señores. En segundo término, se necesita ser un traidor, y yo también lo soy, señores. Saber venderse oportunamente, no desvergonzadamente, sino “evolutivamente”. Me permito el lujo de inventar el término que será un sustitutivo de traición, sobre todo necesario en estos tiempos en que vender el país al mejor postor es un trabajo arduo e ímprobo, porque tengo entendido, caballeros, que nuestra posición, es decir, la posición del país no encuentra postor ni por un plato de lentejas en el actual momento histórico y trascendental. Y créanme, señores, yo seré un ladrón, pero antes de vender el país por un plato de lentejas, créanlo…, prefiero ser honrado. Abarquen la magnitud de mi sacrificio y se darán cuenta de que soy un perfecto candidato a diputado.

Cierto es que quiero robar, pero ¿quién no quiere robar? Díganme ustedes quién es el desfachatado que en estos momentos de confusión no quiere robar. Si ese hombre honrado existe, yo me dejo crucificar. Mis camaradas también quieren robar, es cierto, pero no saben robar. Venderán al país por una bicoca, y eso es injusto. Yo venderé a mi patria, pero bien vendida. Ustedes saben que las arcas del Estado están enjutas, es decir, que no tienen un mal cobre para satisfacer la deuda externa; pues bien, yo remataré al país en cien mensualidades, de Ushuaia hasta el Chaco boliviano, y no sólo traficaré el Estado, sino que me acomodaré con comerciantes, con falsificadores de alimentos, con concesionarios; adquiriré armas inofensivas para el Estado, lo cual es un medio más eficaz de evitar la guerra que teniendo armas de ofensiva efectiva, le regatearé el pienso al caballo del comisario y el bodrio al habitante de la cárcel, y carteles, impuestos a las moscas y a los perros, ladrillos y adoquines… ¡Lo que no robaré yo, señores! ¿Qué es lo que no robaré?, díganme ustedes. Y si ustedes son capaces de enumerarme una sola materia en la cual yo no sea capaz de robar, renuncio “ipso facto” a mi candidatura…

Piénsenlo aunque sea un minuto, señores ciudadanos. Piénsenlo. Yo he robado. Soy un gran ladrón. Y si ustedes no creen en mi palabra, vayan al Departamento de Policía y consulten mi prontuario. Verán qué performance tengo. He sido detenido en averiguación de antecedentes co¬mo treinta veces; por portación de armas -que no llevaba- otras tan¬tas, luego me regeneré y desempeñé la tarea de grupí, rematador falluto, corredor, pequero, extorsionista, encubridor, agente de investigaciones, ayudante de pequero porque me exoneraron de investigaciones; fui luego agente judicial, presidente de comité parroquial, convencional, he vendi¬do quinielas, he sido, a veces, padre de pobres y madre de huérfanas, tuve comercio y quebré, fui acusado de incendio intencional de otro bolichito que tuve… Señores, si no me creen, vayan al Departamento… verán ustedes que yo soy el único entre todos esos hipócritas que quieren salvar al país, el absolutamente único que puede rematar la última pulgada de tierra argentina… Incluso, me propongo vender el Congreso e instalar un conventillo o casa de departamento en el Palacio de Justicia, porque si yo ando en libertad es que no hay justicia, señores…

Con este discurso, la matan o lo eligen presidente de la República.

(*) “Aguafuertes porteñas”

Una década sin Néstor Kirchner

El miércoles 27 se cumplieron diez años del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. La noticia conmocionó al país. Justo cuando se estaba llevando a cabo el censo nacional todos los canales de televisión dieron la información a primera hora de la mañana. Un importante sector del pueblo celebró su muerte y otro sector, tan importante como aquél, lo lamentó. Fue en ese dramático momento cuando quedó expuesta la profunda herida que le había ocasionado al tejido social el conflicto por la resolución 125. A partir de entonces nada fue igual en el país. Sin su brazo protector Cristina Kirchner se vio sorpresivamente en la necesidad de demostrar que era capaz de ser presidenta de todos los argentinos. La historia confirmó que sí lo era. Hasta el día de la fecha sigue siendo la figura política central de la Argentina, aunque a muchos les duela reconocerlo.

Hasta la crisis institucional que terminó con la renuncia de Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner no era un dirigente conocido a nivel nacional. Por aquel entonces era el gobernador de Santa Cruz y en poco tiempo el destino lo ubicaría en una posición política de privilegio. Los asesinatos de los dirigentes piqueteros Kosteki y Santillán sacudieron al presidente Eduardo Duhalde. Si bien la justicia condenó a los autores materiales nunca se supo quién o quiénes fueron los autores intelectuales de semejante salvajada. Lo cierto es que los dramáticos hechos acaecidos en la Estación Avellaneda obligaron al Poder Ejecutivo a adelantar la fecha de las elecciones presidenciales. A pesar de la gravedad de la crisis había un tema que no lo dejaba conciliar el sueño: el más que probable retorno de Carlos Menem al poder. Duhalde no podía permitir que el dirigente que había imposibilitado su triunfo en las presidenciales de 1999 se saliera con la suya. ¿Cuál fue su plan para vengarse del riojano? Con la complicidad de la justicia electoral transformó la primera vuelta en una interna del peronismo. En consecuencia, Carlos Menem se presentó como candidato de un supuesto frente electoral y Adolfo Rodríguez Saá hizo otro tanto. El candidato de Duhalde, descartados Reutemann, De la Sota y Felipe Solá, fue Néstor Kirchner. Calculaba que si bien el triunfo de Menem era inevitable la presencia de Saá y Kirchner lo obligaría a competir en la segunda vuelta, un escenario muy complicado para Menem ya que según todas las encuestas en ese escenario el ex presidente perdería 70 a 30, aproximadamente.

Los números de la primera vuelta celebrada el 27 de abril de 2003 le dieron la razón a Duhalde. Carlos Menem obtuvo el 24% de los votos seguido de cerca por Néstor Kirchner con el 22%. Consciente de la paliza que recibiría en el balotaje Menem decidió no competir contra Kirchner. Al confirmarse su decisión el santacruceño se transformó automáticamente en el nuevo presidente de la república. Su gran sueño se había consumado. Finalmente llegó el gran día. El 25 de mayo de aquel año Duhalde le colocó la banda presidencial al santacruceño. Fue el nacimiento del kirchnerismo como fuerza política nacional. Es bueno en este momento detenerse un instante para recordar algunos párrafos del gran discurso que dio Kirchner ante la Asamblea Legislativa. Lo que dijo el santacruceño en el recinto de la Cámara de Diputados nada tuvo que ver con el populismo y la demagogia, palabras que fueron utilizadas innumerables veces para atacarlo. Fue el discurso de un político mesurado, razonable, consciente de las dificultades de aquel momento.

Dijo Kirchner: “En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente. No se trata de cerrarse al mundo, no es un problema de nacionalismo ultramontano, sino de inteligencia, observación y compromiso con la nación”… “Se trata, entonces, de hacer nacer una Argentina con progreso social, donde los hijos puedan aspirar a vivir mejor que sus padres, sobre la base de su esfuerzo, capacidad y trabajo”… “Sabemos que el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente, debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona”… “Cambio responsable, calidad institucional, fortalecimiento del rol de las instituciones con apego a la Constitución y a la ley y fuerte lucha contra la impunidad y la corrupción deben presidir no sólo los actos del gobierno que comenzaremos, sino toda la vida institucional y social de la república”… “La sabia regla de no gastar más de lo que entra debe observarse. El equilibrio fiscal debe cuidarse. Eso implica más y mejor recaudación y eficiencia y cuidado en el gasto. El equilibrio de las cuentas públicas, tanto de la nación como de las provincias, es fundamental. El país no puede continuar cubriendo el déficit por la vía del endeudamiento permanente ni puede recurrir a la emisión de moneda sin control, haciéndose correr riesgos inflacionarios que siempre terminan afectando a los sectores de menos ingresos. Ese equilibrio fiscal tan importante deberá asentarse sobre dos pilares: gasto controlado y eficiente, e impuestos que premien la inversión y la creación de empleo y que recaigan allí donde hay real capacidad contributiva”.

Kirchner hizo un culto de la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito. En ningún momento se manifestó contrario a la economía de mercado. Debe existir el mercado pero con el Estado atento a intervenir para subsanar los desequilibrios que provoca. Fue el discurso de un típico keynesiano, no de un populista de izquierda como Nicolás Maduro, por ejemplo. También merece destacarse la importancia que le otorgaba al equilibrio fiscal, al control del gasto público y a una política impositiva que no dañara la inversión. Ello explica, en buena medida, lo exitosa que fue, en ese terreno, su presidencia. Cabe acotar, en aras de la justicia, que contó al principio con el soporte técnico de Roberto Lavagna, el último ministro de Economía en serio que tuvo el país.

A Kirchner se lo acusó de ser un autoritario. Efectivamente, lo fue en cierta medida. Pero hay que entender el contexto histórico en el que se hizo cargo de la presidencia. No hay que olvidar que asumió con tan sólo el 22% de apoyo, un porcentaje menor al de Arturo Illia en 1963. En consecuencia, debía optar entre resignarse a ser un títere de Duhalde o romper relaciones con su mentor y reconstruir la maltrecha autoridad presidencial. Optó por lo segundo. En un país como la Argentina donde los grupos de poder económico no andan con vueltas a la hora de presionar, Kirchner no podía darse el lujo de actuar con buenos modales. Fue entonces cuando puso en evidencia su extraordinaria capacidad para construir poder. Pragmático, astuto y calculador, fue implacable a la hora de tomar decisiones drásticas. Basta citar el siguiente ejemplo que será recordado para siempre por los historiadores. La Corte Suprema estaba en manos del menemismo. Era evidente que no era su intención el facilitarle la tarea al flamante presidente. Consciente de ello Kirchner actuó de manera jacobina. Se valió de la cadena nacional para obligar al presidente de la Corte, Julio Nazareno, a renunciar. En pocos meses todos los miembros de la mayoría automática dejaron de pertenecer a la Corte. Así actuaba Kirchner. Para él no existían los grises. Todo era blanco o negro. Se estaba con él o en su contra. La concepción política de Carl Schmitt adquirió plena vigencia durante su presidencia.

Una parte de los argentinos sigue idolatrándolo. Aún hay muchos ciudadanos que lo siguen llorando. Es un sentimiento puro que merece el mayor de los respetos. También hay otra parte del pueblo que lo sigue odiando. También es un sentimiento puro que merece el mayor de los respetos. El problema es que con semejante grieta la unión nacional es lisa y llanamente imposible. En ese sentido Kirchner hizo poco y nada. Obsesionado por la construcción de poder no se podía permitir darse el lujo de dialogar con los que pensaban diferente. En última instancia, el santacruceño fue un típico caudillo provincial, como en su momento lo fueron Facundo Quiroga y el chacho Peñaloza. Fue el hombre fuerte que el país necesitaba en la pos convertibilidad, el macho alfa capaz de imponer su autoridad a como diera lugar. Fue, en última instancia, un presidente por casualidad que demostró ser un verdadero animal político.

Confiar en el peso, aunque sea a palos

El dólar constituye una de las máximas preocupaciones del gobierno. Prueba de ello lo constituye la carta pública de la vicepresidenta de la nación, en la que reconoce que la divisa norteamericana es la cuestión clave a resolver para enderezar a una economía cada día más maltrecha. Desde hace unas semanas los diversos tipos de dólar no paran de subir. El más popular, el que acapara la atención de miles de argentinos, es el dólar blue, el dólar considerado ilegal por el equipo económico de Alberto Fernández. El viernes de la semana pasada trepó a los 195$, un récord sólo superado cuando el gobierno de Raúl Alfonsín, en plena hiperinflación, se desmoronaba sin remedio. Un dólar con semejante cotización es un pésimo indicador, pone en evidencia lo poco que vale el peso para los argentinos. La historia económica ha enseñado que cada vez que el billete del norte se dispara la economía cruje, comienza a hundirse sin remedio y con ella, la inmensa mayoría de los argentinos. Consciente de ello, tanto el presidente como el ministro Martín Guzmán llegaron a la conclusión de que había llegado el momento de tomar decisiones drásticas. Lo lógico hubiera sido presentar un plan económico destinado a dinamizar el aparato productivo, a dinamizar las exportaciones, a fomentar la cultura del trabajo, a crear un nuevo sistema impositivo de carácter progresivo, a valorar la libre iniciativa de las personas. Pero el gobierno, lo aclaró en su momento el presidente, no cree en los planes económicos. Cree, por el contrario, en medidas coyunturales de fuerte impacto pero que sus efectos, más temprano que tarde, terminan por diluirse, con lo cual los problemas estructurales de la economía permanecen.

Resulta por demás evidente que un dólar a 195$ pone dramáticamente en evidencia la casi nula confianza que los argentinos depositan en el peso. Hoy, lamentablemente, no es más que papel pintado. La verdadera moneda, es decir, la moneda en la que creen los argentinos, es el dólar. Duele en el alma reconocerlo pero es la pura verdad. No somos como los brasileños, por ejemplo, que a pesar de los graves problemas sociales que los aquejan, creen en el real, no saben (ni les interesa saberlo) a cuánto asciende el valor del dólar. Nosotros somos muy diferentes en este aspecto. A raíz de sucesivos y dramáticos fracasos en materia económica que hemos sufrido en carne propio en las últimas décadas, vivimos pendientes de la cotización del dólar. Realmente estamos obsesionados con la moneda imperial lo que constituye a todas luces una patología. Como se expresó precedentemente Alberto Fernández es consciente de ello. Hace poco expresó públicamente que de una vez por todas los argentinos teníamos que olvidarnos del dólar, que debíamos manejarnos pura y exclusivamente con el peso. Se trató, qué duda cabe, de puro voluntarismo político. El problema es cómo convencer al pueblo que deje de pensar todo el tiempo en el dólar. Lamentablemente, eligió el peor camino a pesar de los buenos resultados inmediatos que está obteniendo. En efecto, hoy, jueves 29, el dólar cuesta 175 pesos, lo que significa que en menos de una semana su valor bajó 20 puntos. ¿Ello significa que de repente, como por arte de magia, el pueblo comenzó a valorar el peso y despreciar el dólar? De ninguna manera. Lo que puso en marcha el presidente es un ataque sin cuartel contra los “especuladores” y todos aquellos que intenten desprenderse de pesos para adquirir dólares. En otros términos: el gobierno decidió hacer todo lo que esté a su alcance para aplastar la libertad de las personas de elegir la moneda que prefiere, en un claro ataque contra las garantías y derechos individuales consagrados por la constitución.

Para tener una clara noción de hasta qué extremos está dispuesto llegar Alberto Fernández para evitar la escalada del dólar nada mejor que leer un artículo de Fernando Meaños publicado hoy, jueves 29, en Infobae y que se titula “La CNV va a controlar en tiempo real para saber quiénes compran y venden dólar bolsa y contado con liquidación”. El autor da a conocer el contenido de la Resolución General 864 de la Comisión Nacional de valores. Estipula que “los mercados deberán remitir a la Comisión, al sistema de monitoreo, en tiempo real, los datos completos de cada una de las operaciones que se registren en sus sistemas informáticos de negociación, incluyendo la identidad de los agentes registrantes y de los clientes (compradores y vendedores) intervinientes en las mismas, como también remitir los datos completos de los comitentes y sus condóminos, debiendo para ello cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas dispuestos por esta comisión”. “Asimismo, al cierre de mercado, los mercados deberán remitir los datos completos de todas las ofertas de compra y venta que se cursen en los respectivos mercados, detallando por lo tanto las órdenes recibidas de sus comitentes en todas las especies y operatorias vigentes, tal como se registran en sus respectivos sistemas de negociación”. Estableció además que “los mercados deberán comunicar a la Comisión cualquier modificación que decidan efectuar en los contenidos de los mensajes que remiten, no pudiendo en ningún caso alterar su formato, el cual se encuentra establecido por esta comisión, como mínimo, con 30 días corridos previos a su implementación”.

Qué duda cabe que el presidente aborrece la libertad económica. Evidentemente la considera la principal responsable de la subida descontrolada del dólar. Para Alberto Fernández las erróneas decisiones tomadas por el Ministerio de Economía y el Banco Central nada tienen que ver con la depreciación del peso. Sería aconsejable que en estos tiempos de zozobra e incertidumbre alguien del equipo económico se tomar unos minutos para leer el siguiente escrito de Hayek acerca del derecho que dispone cada persona a elegir libremente la moneda.

LA LIBRE ELECCION DE MONEDA (*)

(*) Extracto del libro Inflación o Pleno Empleo, Unión Editorial, Madrid, 1976. Fue adaptado por el Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), y publicado en Tópicos de Actualidad No. 763, Guatemala, diciembre de 1992.

“¿Por qué no dejar al público elegir libremente la moneda que quiere utilizar? Las personas deben tener derecho a decidir si quieren comprar o vender en francos, libras, dólares, marcos alemanes u onzas de oro. No tengo objeción que hacer a la emisión de moneda por los gobiernos, pero creo que su derecho al monopolio en esta materia y su facultad para limitar la clase de moneda en que los contratos pueden ser convenidos dentro de su territorio o para decidir los tipos de cambio son gravemente nocivos. Parece que lo mejor que podríamos desear en este momento es que los gobiernos, por ejemplo todos los miembros de la Comunidad Económica Europea, y, mejor aún, todos los de la Comunidad Atlántica, se comprometiesen a no poner restricciones a la libre utilización en sus respectivos territorios de las monedas de los demás, incluida su compra y venta al precio acordado por las partes y su uso como unidades contables. Este, y no una utópica Unidad Monetaria Europea, me parece hoy el acuerdo posible y deseable al que debemos aspirar. El gobierno y la moneda de curso legal Esta sugerencia puede, en un principio, parecer absurda a los imbuidos del concepto de una «moneda de curso legal». ¿Acaso no es Imprescindible que la ley designe un determinado tipo de moneda como la legítima? La verdad es que esto sólo es cierto en la medida que, si el gobierno emite moneda, debe también decir lo que hay que aceptar para el pago de las deudas contraídas en esa moneda. También de decidir cómo han de ser saldadas ciertas obligaciones legales no contractuales, como los impuestos o los daños y perjuicios. Pero no hay razón para que la gente no sea libre de concertar contratos, incluidas las compras y ventas ordinarias, en la clase de moneda que prefiera, o para que se la obligue a vender a cambio de una determinada clase de moneda. No habría remedio más eficaz contra Los abusos monetarios del gobierno que el de la libertad del público para rechazar la moneda que no le ofrezca confianza y preferir aquella en que la tenga. Tampoco podría haber nada que indujese tanto a los gobiernos a velar por la estabilidad de su moneda como el saber que, mientras conservasen la oferta de ese medio de cambio por debajo de la demanda, ésta tendería a aumentar. Privemos, pues, a los gobiernos (o a sus autoridades monetarias) de toda facultad para proteger su moneda de la competencia: cuando no puedan seguir ocultando que su moneda se degrada, tendrán que restringir la emisión.

La primera reacción de muchos lectores será preguntar si el efecto de ese sistema no sería, de acuerdo con la vieja norma, que la moneda mala expulsase a la buena. Pero esto supone una mala interpretación de la llamada Ley de Gresham. Se trata de una de las más viejas intuiciones en cuanto al mecanismo de la moneda; tan vieja que, hace 2,400 años, Aristófanes pudo decir en una de sus comedias que con los políticos ocurría lo mismo que con las monedas, que los malos echan a los buenos. Pero la verdad, que al parecer aún no ha llegado a comprenderse, es que la Ley de Gresham sólo rige si ambas clases de moneda han de ser aceptadas a un tipo de cambio prescrito, pero sucederá lo contrario si e! público tiene libertad para intercambiarías en la proporción que le parezca. Así pudo observarse muchas veces durante las grandes inflaciones, cuando ni la amenaza de las más severas penas conseguía evitar que la gente utilizase cualquier moneda –incluso mercancías, como cigarrillos y botellas de coñac- antes que la del gobierno, lo que claramente significa que la moneda buena expulsa a la mala. Los beneficios de un sistema de cambios libre Bastará convertirlo en legal para que la gente se apresure a rechazar el uso de la divisa nacional cuando se deprecie de modo perceptible para hacer sus tratos en una moneda en la que sí confíe. A los empresarios, en particular, les interesará ofrecer en los convenios colectivos unos salarios, no calculados sobre una futura alza de precios, sino expresados en una moneda digna de confianza y que pueda ser base de un cálculo racional. Esto privaría al gobierno de la facultad de contrarrestar los excesivos aumentos salariales y el paro consiguiente mediante la depreciación de la moneda. Evitaría también que los empresarios concediesen esos aumentos con la esperanza de que la autoridad monetaria no les dejaría en la estacada si prometían más de lo que podían pagar. No hay motivo para preocuparse por los actos de ese acuerdo sobre el hombre de la calle, que no sabe ni cómo manejar ni cómo procurarse monedas que no le son familiares. Tan pronto como los comerciantes supiesen que podían cambiarlas al momento, al curso corriente, en su divisa preferida, estarían más que expuestos a vender sus artículos en cualquier clase de moneda.

En cambio, las malas prácticas del gobierno se harían patentes mucho antes si los precios sólo subían en la moneda emitida por él, y el público aprendería pronto hacerle responsable del valor de la moneda que de él recibía. No tardarían en utilizarse en todas partes calculadoras electrónicas, que en pocos segundos darían el equivalente de cualquier precio en cualquier moneda al tipo de cambio vigente. Pero a menos de que el gobierno nacional desbaratase totalmente la moneda por él emitida, probablemente se continuaría utilizando en las operaciones diarias al contado. Lo más afectado sería no tanto el uso de la moneda en los pagos corrientes como la inclinación a disponer de diferentes clases de moneda. En todos los negocios y transacciones de capital habría una tendencia a cambiar rápidamente a un patrón de más confianza (y a basar en él los cálculos y la contabilidad) que mantendría la política monetaria nacional en la buena senda. La estabilidad monetaria a largo plazo. El resultado más probable es que las monedas de aquellos países en cuya política monetaria se confiase tenderían a ir desplazando a las de los otros. La fama de seriedad financiera se convertiría en un capital celosamente custodiado por los emisores de moneda, seguros de que la más ligera desviación del camino honrado reduciría la demanda de su producto. No creo que haya razón para temer que de esa competencia por la mayor aceptación de cada símbolo monetario surja una tendencia a la deflación o un aumento en el valor de la moneda. La gente sería tan reacia a pedir créditos o contraer deudas en una moneda que se creyese iba a aumentar de valor como a prestar en otra amenazada de depreciación. La utilidad milita decididamente en favor de una moneda capaz de mantener su valor con mínimas oscilaciones. Si cada gobierno o emisor de moneda hubiera de competir con los demás para convencer al público de ahorrar la que él emite y concertar en ella sus contratos a largo plazo, tendría que ofrecer confianza en su estabilidad a largo plazo.

De lo que no estoy seguro es de si en esa pugna por la confianza prevalecería alguna de las monedas emitidas por los gobiernos o la preferencia irla claramente a unidades como las onzas de oro. No parece improbable que, si a la gente se la diese completa libertad para decidir qué utilizar como patrón y medio general de cambio, el oro acabase por reafirmar su carácter de «recompensa universal en todos los países, culturas y épocas», como lo ha llamado recientemente Jacob Bronowski en su brillante obra The Ascent of Man. Mercado libre de dinero, mejor que uniones monetarias Si prefiero la liberación total del intercambio monetario a cualquier especie de unión monetaria es también porque ésta exigiría una autoridad monetaria internacional que no me parece viable ni siquiera deseable, y que seria apenas más de fiar que una autoridad nacional. Creo que hay mucho de cuerdo en la extendida resistencia a conferir poderes soberanos, o al menos facultades dispositivas, a ninguna autoridad internacional. Lo que necesitamos no son autoridades internacionales investidas en funciones ejecutivas, sino simplemente instituciones internacionales lo, mejor, tratados internacionales debidamente respaldados) que puedan prohibir a los gobiernos ciertos actos lesivos para terceros. La efectiva prohibición de toda restricción sobre las transacciones (y la posesión de) diferentes clases de moneda (o créditos en ellas) haría al fin posible que la ausencia de aranceles y otros obstáculos para el movimiento de mercancías y personas garantizase una auténtica zona de libre cambio o mercado común, y contribuiría más que cualquier otra cosa a engendrar confianza en los países en ello comprometidos. Es urgente contrarrestar aquel nacionalismo monetario que critiqué por primera vez en 1937, y que se ha vuelto más peligroso porque, a consecuencia de la afinidad entre ambas ideas, está convirtiéndose en socialismo monetario. Espero que la total libertad para utilizar la moneda que uno prefiera no tarde en ser considerada rasgo esencial de todo país libre. Como en otros contextos, he llegado aquí a la conclusión de que lo mejor que el Estado puede hacer con respecto a la moneda es proporcionar un marco de normas legales dentro del cual el público pueda desarrollar las instituciones monetarias que más le convenga. Creo que con sólo evitar que los gobiernos pusieran sus manos en la moneda haríamos por ella más de lo que ha hecho ningún gobernante. Y la empresa privada lo habría hecho probablemente mucho mejor que todos ellos”.

Dos derechos en pugna

Guernica fue escenario ayer por la mañana (jueves 29) del desalojo del predio usurpado por un buen número de familias desde principios de julio. Cuatro mil uniformado bajo las órdenes del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, ejecutaron la operación que dejó como saldo 25 heridos y 30 detenidos. Hubo momentos de extrema tensión cuando los policías se enfrentaron contra un nutrido grupo de manifestantes, que aparentemente no tenían ninguna relación con los usurpadores. Las escenas registradas por las cámaras de televisión hicieron recordar los graves episodios acaecidos a fines de 2017 en las adyacencias del Congreso de la nación. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales y en un par de horas el desalojo había concluido. Lo que sucedió en Guernica es una palpable demostración de la decadencia de la Argentina. La inviolabilidad de la propiedad privada está garantizada por la Constitución de 1853. La usurpación atenta, pues, contra ese principio. Además, el Código Penal lo considera un delito merecedor de un severo castigo. Sin embargo, hay quienes sostienen que el derecho a la propiedad privada colisiona contra otro derecho fundamental: el del acceso a una vivienda digna, también consagrado por la constitución. Qué duda cabe que toda persona tiene derecho a vivir en un lugar que respete su dignidad. Nadie pretende que todo el mundo viva en mansiones pero lo que resulta incuestionable es que nadie debe ser privado de vivir en una vivienda acorde con su condición de persona.

Hace décadas que la Argentina padece un severo déficit habitacional. Millones de Argentinos viven en lugares donde el hacinamiento y la promiscuidad son moneda corriente. Se cuentan por millares los barrios donde no existe el agua potable, donde la intimidad es una quimera, donde las condiciones sanitarias son pavorosas. Pues bien, esos millones de compatriotas tienen derecho a vivir en viviendas humanas. Lamentablemente, los gobiernos que supimos conseguir a lo largo de las últimas décadas han fracasado en su intento por solucionar esta grave carencia. Confieso que no deja de sorprenderme semejante incapacidad. ¿Tan complicado es edificar a lo largo y ancho del país viviendas aptas para los seres humanos? ¿Por qué nunca se reparó semejante falencia? Es probable que para los gobiernos mencionados la solución del déficit habitacional no haya sido prioritaria. Vivir en situaciones extremas lleva frecuentemente a cometer acciones desesperadas que lo único que ocasionan es un prejuicio para sus protagonistas. Es perfectamente entendible la decisión de las familias que decidieron usurpar los territorios en Guernica. Pero, lamentablemente, no se puede justificarla porque se trata de un delito. Su derecho a una vivienda digna no hizo más que colisionar contra la inviolabilidad de la propiedad privada. La jueza que tuvo a su cargo la causa privilegió el resguardo de este último principio. No hay nada que objetar. El problema es que por haber defendido la propiedad privada dejó a la intemperie a miles de personas. En otros términos: la defensa de un derecho fundamental terminó conculcando otro derecho fundamental. Esta disputa, que no sucede en ningún país serio y desarrollado, tiene como responsable principal al poder político, a los gobernantes que a lo largo de los años ignoraron el derecho a una vivienda digna.

Lo que se vio en televisión fue lisa y llanamente patético, penoso, lastimoso. Cuesta creer que en un país que supo ser el granero del mundo, de cuya universidad pública salieron eminencias como Houssay, Leloir y Milstein, millones de argentinos carezcan de una vivienda digna. Es inconcebible. Evidentemente, algo huele a podrido en Dinamarca… perdón, en Argentina.

El histórico triunfo de Raúl Alfonsín

El 30 de octubre de 1983 significó un punto de inflexión histórica. Esa noche las urnas le dieron a Raúl Alfonsín una extraordinaria victoria sobre su rival Italo Luder, permitiéndole consagrarse presidente de la nación. Por primera vez el movimiento creado por Perón era derrotado en el terreno que dominaba como nadie. ¿Cómo fue ello posible?

El 14 de junio de 1982 las Fuerzas Armadas se rindieron de manera incondicional en las Malvinas. La dictadura militar había recibido el golpe más brutal desde que se instaló en el poder el 24 de marzo de 1976 luego de derrocar a María Estela Martínez de Perón. A partir de entonces sólo planificó un retiro del poder lo más decoroso posible. Los militares, conscientes de que el retorno a la democracia era inevitable, comenzaron a negociar con el justicialismo y el radicalismo el proceso de transición que culminaría con las elecciones presidenciales del 30 de octubre de 1983. Lo que más inquietaba al partido militar eran las secuelas del terrorismo de Estado, es decir, la posibilidad de que el presidente electo comenzara a investigar esos crímenes ilegales. Es por ello que apostaron al triunfo del candidato del peronismo, un histórico dirigente del peronismo de derecha que, en 1975, mientras fue presidente interino por breve tiempo, firmó, acompañado por todos los ministros, el decreto ordenando el aniquilamiento de la subversión. A Luder, evidentemente, jamás se le hubiera ocurrido sentar en el banquillo de los acusados, delante de un tribunal civil, a los máximos responsables militares de la desaparición de personas.

La tragedia del terrorismo de Estado fue el eje sobre el cual giró la campaña electoral de 1983. Fue una competencia entre el histórico dirigente peronista y el dirigente radical, fundador del Movimiento de Renovación y Cambio, Raúl Alfonsín. Mientras el candidato peronista basaba su campaña respetando la clásica liturgia peronista, Alfonsín hacía hincapié en los valores de la democracia condensados en el Preámbulo de la constitución. Era tal el entusiasmo y el fervor reinantes, que cada acto de masas del radicalismo pasaba a ser una demostración de fe en esos valores. Sin embargo, durante los primeros meses de aquel inolvidable 1983 el peronismo se sentía seguro. Era imposible, afirmaban sus máximos referentes, que Alfonsín los venciera porque el peronismo nació para ganar. Con el correr de las semanas comenzó a notarse algo notable: la increíble capacidad de convocatoria del candidato radical. En aquel entonces el poder de la televisión no era tan gravitante como lo es ahora. Además no existían Internet, Google, Facebook y Twitter. Lo que determinaba en buena manera las chances de victoria en la carrera presidencial era la calle, el histórico bastión del peronismo.

Alfonsín llevaba, por ende, todas las de perder. Pero al comprobar que era escuchado por multitudes cada vez que hacía uso de la palabra en los actos de campaña, se percató de que vencer al peronismo era posible, aunque por el momento poco probable. El escenario se modificó radicalmente cuando efectuó la histórica denuncia del pacto sindical-militar, es decir cuando denunció las relaciones por demás amistosas entre conspicuos dirigentes sindicales y militares de alta graduación muy comprometidos con el terrorismo de Estado. Fue un golpe a la mandíbula del que el peronismo jamás logró recuperarse. A partir de entonces los sectores medios de la sociedad comenzaron a vincular al peronismo con la desaparición de personas, pese a que fueron muchos los peronistas que fueron víctimas del terrorismo de Estado.

A medida que se acercaba el 30 de octubre más se profundizaba el antagonismo entre el peronismo y el antiperonismo que había puesto todas sus esperanzas en Alfonsín. Para colmo, en los actos peronistas comenzaron a tener un rol protagónico históricos líderes sindicales como Lorenzo Miguel y Herminio iglesias, que provocaban escozor en los sectores medios antiperonistas. En consecuencia, la sociedad se partió en casi dos mitades irreconciliables. Daba la impresión de que se había retornado a los meses previos a la caída de Perón en 1955. En ese clima de fervor y antagonismo político tuvieron lugar los dos históricos actos de cierre de campaña en el mismo escenario: la Avenida 9 de Julio. Primero le tocó a Alfonsín quien ante una multitud calculada en 1 millón de personas pronunció uno de los discursos más emotivos de la historia electoral argentina. Horas más tarde el que habló fue Luder cuyo protagonismo fue arrasado por la intolerancia y fanatismo de Herminio Iglesias quien no tuvo mejor idea que quemar un ataúd con los colores y las insignias del radicalismo. En ese momento sentenció la suerte de Luder. Automáticamente el peronismo quedó asociado a la dictadura militar y Alfonsín a la democracia.

La noche de aquel histórico domingo fue de un dramatismo difícil de describir con palabras. Con el correr de las horas y a medida que se consolidaba el triunfo de Alfonsín el país pasó a ser un volcán a punto de explotar. Finalmente, entró en erupción. Confirmada la victoria de Alfonsín por doce puntos de diferencia (52% contra 40%) las calles fueron cubiertas por automóviles y personas de a pie que no paraban de festejar. El peronismo había perdido. Nadie lo podía creer. Alfonsín había hecho posible lo que siempre fue un imposible. Fue la mayor hazaña electoral de la historia argentina. Gracias a ese memorable triunfo el tradicional sistema de partidos hegemónico impuesto por Perón a partir de 1946 fue sustituido por el tradicional sistema de partidos bipartidista, al mejor estilo norteamericano.

Pasaron 37 años de aquella proeza. Parece que fue ayer.

Capuchetti, un emblema de la corporación judicial

Los graves hechos de Guernica y Entre Ríos, y la abrupta bajada del dólar mantuvieron tan ocupados a los argentinos que hubo un hecho que pasó inadvertido pero que no deja de ser muy grave desde el punto de vista institucional. La jueza federal María Eugenia Capuchetti decidió en las últimas horas dejar languidecer la causa por enriquecimiento ilícito contra la vicepresidenta de la nación, que en 2009 había sido cerrada por sobreseimiento por el impresentable ex juez federal Norberto Oyarbide, quien habría sido presionado por operadores judiciales del kirchnerismo con estrechos contactos con la ex SIDE para tomar semejante decisión.

Según la jueza “teniendo en consideración la trascendencia que ha adquirido el pedido de nulidad del sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner resuelto en el año 2009 por el entonces juez a cargo de este juzgado, corresponde adelantar que lo tendré por desistido en atención a las recientes presentaciones realizadas por la UIF y el Ministerio Público Fiscal en las que afirman que no existen elementos que permitan conmover la sólidas bases sobre las cuales se asienta la cosa juzgada de aquella resolución. De esta forma, no existe impulso que permita el resurgimiento de la acción penal tal como originalmente se había requerido. Además, se ha podido establecer que se encuentra siendo juzgada en otros procesos en los que se la acusa-entre otras cuestiones-de supuestos lucros indebidos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2015, es decir, un período temporal que claramente abarca lo aquí denunciado”.

En la resolución la jueza hace un resumen de la postura del fiscal Eduardo Taiano quien también se manifestó contrario a la reapertura de la causa. Así lo explica su señoría: “En tal sentido, afirmó que la utilización de la cosa juzgada fraudulenta debe apreciarse con un criterio sumamente restrictivo y que, sin perjuicio de ello, tampoco se advertía que el mal desempeño del entonces magistrado a cargo de esta causa encuentre sustento fáctico en los elementos aunados a la presente pues entiende que, por el contrario, cada una de las medidas probatorias ordenadas dieron cuenta de que no existen motivos sustantivos para afirmar esa circunstancia”. Concluyó el ministerio público fiscal que “hacer lugar a la nulidad impetrada y reanudar la investigación, avasallaría la garantía constitucional de la cosa juzgada y los superiores intereses que ampara, en tanto no constan elementos para afirmar que el pronunciamiento cuestionado haya sido dictado mediante fraude de parte de la judicatura o cualquier otra circunstancia indicativa de que la resolución no fuera el corolario de un debido proceso”.

La causa por enriquecimiento del matrimonio Kirchner tuvo su origen en el lejano julio de 2009 cuando Enrique Piragini de la ONG “ARIEL somos todos” presentó una denuncia luego de tomar conocimiento de notas periodísticas que informaban respecto al evidente incremento patrimonial de Néstor y Cristina Kirchner. Luego de un cuestionado peritaje contable en poco tiempo el juez Oyarbide los sobreseyó sin aportar ninguna prueba adicional. Poco después de esa pericia Alfredo Propitkin, contador y ex perito de la Corte Suprema, señaló en un informe una serie de hechos irregulares en aquella pericia que fue utilizada por Oyarbide para sobreseer al matrimonio presidencial. También cuestionó el peritaje Eduardo Blanco, contador vinculado con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y parte del caso.

Sin embargo, para la jueza no hay necesidad de reabrir la causa. En la resolución expresa: “Se observa entonces, sin perjuicio del eventual resultado al que arriben esas investigaciones y/o juicios orales, que algunas de las partes acusadoras de esos procesos se presentaron en este expediente con la finalidad de solicitar que simultáneamente se reabra esta investigación con el fin de determinar si Cristina Fernández de Kirchner se había enriquecido de manera ilícita durante ese mismo período. Es decir que mientras en aquellos juicios intentan probar que fue la jefa de una organización ilícita que administró fraudulentamente el erario, adjudicó de manera irregular la obra pública, planificó el retorno del dinero para enriquecerse y realizó actividades de blanqueo de dinero, aquí intentaban acreditar-acción de nulidad por cosa juzgada fraudulenta mediante-que la misma persona y en idéntico período tuvo un incremento patrimonial injustificado”. Y concluye: “como se advierte de la reseña realizada, tanto de las recientes manifestaciones efectuadas por la UIF en las que desiste del remedio solicitado como así también de la opinión fundada del Ministerio público fiscal de rechazar la pretensión original, me hacen concluir en la necesidad de dar por concluido este incidente” (fuente: Infobae, 30/10/020). Utilizando un lenguaje técnico la magistrada dice lo siguiente: “si hay otros jueces que la van a juzgar por enriquecimiento ilícito ¿qué sentido tiene que yo la juzgue por el mismo delito?” Lo que ha hecho la doctora Capuchetti es lavarse las manos emulando al benemérito Poncio Pilatos.

María Eugenia Capuchetti asumió en el Juzgado Federal número 5 en reemplazo de Oyarbide el 7 de mayo de 2019. En noviembre de 2018 el presidente Macri envió su pliego al Senado y el 16 de abril de 2019 fue aprobado por las bancadas de Cambiemos y el Peronismo Federal. Los senadores kirchneristas y aliados votaron por la negativa. Capuchetti fue secretaria letrada del juez federal Sergio Torres quien tenía a su cargo el juzgado de instrucción 24. En octubre de 2001 el doctor Torres, con el apoyo del presidente De la Rúa, recaló en Comodoro Py acompañado por su histórica secretaria letrada. Luego Capuchetti tomó a su cargo la dirección de una oficina de enlace del Ministerio Público Fiscal de la CABA, en momentos en que el procurador era un hombre de confianza de Angelici, Martín Ocampo. Para asumir dicha dirección Capuchetti contó con el aval, nada más y nada menos, que del Ministro de Justicia Germán Garavano, del Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, del asesor presidencial José Torello, del Secretario legal y técnico Pablo Clusellas y de Juan Bautista Mahiques. Con semejante respaldo político Capuchetti, pese a no haber ganado el concurso, logró ocupar la vacante luego de la renuncia de Oyarbide. La jura estuvo a cargo de un peso pesado de Comodoro PY: Martín Irurzun. Estuvieron presentes gran parte de los jueces y fiscales de instrucción, el benemérito Carlos Stornelli, los jueces de la Cámara de Casación, el presidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, el Ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo y Julio Conte Grand, procurador bonaerense (fuente: Página/12, 8/5/019).

En ese momento, narra Sofía Caram, estaba pendiente la decisión acerca de la reapertura de la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Cristina Kirchner. Había una fuerte presión de Laura Alonso, a cargo de la OA, y la Unidad de Información Financiera para que su señoría se decidiera de una vez por todas a investigar a los Kirchner. Pues bien, finalmente Capuchetti se decidió por el archivo de semejante causa “oh casualidad” cuando Cristina Kirchner es la vicepresidenta de la nación. Seguramente Capuchetti, quien conoce a la perfección los lazos estrechos entre la justicia y el poder político, era consciente en el momento de su designación que la reelección de Macri era altamente improbable. Lo que hizo fue, pues, esperar a que pasaran las elecciones presidenciales. Consumado el retorno de CFK al poder Capuchetti se olvidó de los favores que le debe al macrismo y abrazó la causa del albertismo. Si Macri hubiera obtenido la reelección seguramente hubiera tomado otra decisión. Como el ganador fue Alberto Fernández la jueza actuó en sintonía con los intereses de sus nuevos jefes.

La dramática y fascinante historia argentina. Lo que nos pasó a partir del 25 de mayo de 1810

El morenismo rompe con Rivadavia

El matrimonio de los morenistas con la fracción gobernante rápidamente se desmoronó como un castillo de naipes. Una vez más, los egos y las fuertes personalidades encontradas impusieron sus reglas. Desde el principio el “rivadavianismo” no logró congeniar con políticos como Bernardo de Monteagudo, que utilizaba las páginas de La Gaceta para dar a conocer sus volcánicas y jacobinas opiniones. Este joven abogado fue uno de los promotores de una agrupación política conocida como “Sociedad Patriótica”, cuyo nacimiento se produjo en enero de 1812. Lo primero que hizo esta sociedad de intelectuales fue demostrarle al gobierno su independencia del poder resistiendo la presencia de veedores oficiales. Rivadavia, como era de esperar, sintió que su autoridad estaba siendo cuestionada.

La Sociedad Patriótica lejos estuvo de ser el principal problema de Rivadavia. El Estatuto provisional obligaba al gobierno a convocar a una Asamblea General con el objetivo de elegir un nuevo Triunvirato. Era, qué duda cabe, una prueba de fuego para Rivadavia. La Asamblea se reunió en abril para designar al sustituto de Paso. Rivadavia daba por descontado que la elección recaería en uno de sus hombres pero como siempre sucede en política, las sorpresas están a la orden del día. El elegido fue Juan Martín de Pueyrredón (en ese momento se encontraba en el norte), un dirigente que gozaba de una cualidad que seguramente perturbaba a Rivadavia: era independiente. Nadie, pues, podía manejarlo, manipularlo. Pero no fue la elección de este político prestigioso lo que más ofuscó a Rivadavia, sino la designación como suplente de Pueyrredón del doctor Díaz Vélez ya que las suplencias estaban a cargo de los secretarios, es decir, del propio Rivadavia. En esta ocasión el futuro primer presidente argentino no fue tenido en cuenta. Como se dice coloquialmente, lo “puentearon”. Herido en su gigantesco amor propio Rivadavia se valió del Triunvirato para informarle a la Asamblea que hasta tanto no se produjera el retorno de Pueyrredón a Buenos Aires, su lugar en el gobierno debía ser ocupado, tal como lo disponía el Estatuto, por el secretario más antiguo. La Asamblea decidió doblar la apuesta. Consideró que la pretensión de Rivadavia era por demás improcedente ya que ella, la Asamblea, revestía el carácter de Autoridad Suprema. El Triunvirato respondió con otro mandoble: expresó que lo decidido por la Asamblea era nulo e ilegal. En consecuencia, la disolvió. Rivadavia, qué duda cabe, no era timorato a la hora de tomar decisiones drásticas. Ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos la Sociedad Patriótica (el morenismo) se constituyó en oposición, abierta y frontal, a Rivadavia.

Recalentamiento del frente externo

Para colmo, desde febrero (1812) el frente externo había empeorado. En efecto, la Banda Oriental se sacudió de nuevo por la guerra. El general Vigodet decidió pasar a la ofensiva especulando con el apoyo portugués y el avance de las tropas comandadas por Goyeneche. Se produjo entonces la ofensiva del caudillo Artigas mientras el Triunvirato decidía el envío de tropas a la Banda Oriental bajo la conducción de Manuel de Sarratea, allegado a Rivadavia. Lo curioso del caso fue que Sarratea lejos estaba de ser el hombre adecuado para tamaña misión dado su escaso nivel de conocimiento en materia militar. Es probable que el gobierno haya decidido valerse de Sarratea sólo para esmerilar la autoridad de Artigas, de quien sospechaba que mantenía relaciones con Paraguay, lo que era mirado con desconfianza por Buenos Aires.

Sin embargo, Artigas no constituía un peligro para Rivadavia y los suyos. Para Buenos Aires significaba una seria amenaza el apoyo portugués a Vigodet ya que ponía en riesgo la estabilidad del proceso revolucionario. La posibilidad de un intento destituyente protagonizado por Álzaga y otros españoles europeos, apoyados eventualmente por Vigodet y los portugueses liderados por Sousa, era altísima. Que Álzaga estuviera al frente del golpe no era casual: como buen español no toleraba a un gobierno de criollos que ejercían el poder a pleno y, para colmo, asfixiaban con gravámenes y perseguían con confinamientos a los españoles europeos. Además, el hecho de que las defensas militares de Buenos Aires fueran exiguas aumentaban las chances de éxito de los golpistas.

Pero se produjo un hecho aparentemente no previsto por los portugueses. Lord Strangord les advirtió que una intervención lusitana en el Río de la Plata atentaba contra los intereses británicos. En efecto, un aumento del dominio del príncipe Juan en esa zona implicaba para Gran Bretaña un duro competidor político, militar y económico. Tal diagnóstico lo condujo a presionar al gobierno portugués para que aceptara una mediación británica, lo que finalmente se produjo dada la fuerte dependencia de Portugal respecto de Inglaterra. Finalmente, el 26 de mayo de 1812 el mediador John Rademaker logró el armisticio en virtud del cual Portugal se comprometía a abandonar la Banda Oriental. Álzaga y Vigodet quedaron sin un apoyo fundamental. Meses más tarde, exactamente el 1 de julio, el Triunvirato descubrió un intento de golpe comandado por Álzaga. El 24 el gobierno aplicó el duro jacobinismo de Moreno y Castelli: ordenó la ejecución de Álzaga, quien se había comportado heroicamente durante las invasiones inglesas. Mientras tanto Belgrano recibía la orden de retroceder con su ejército hasta Córdoba para hacer más eficiente la defensa de Buenos Aires.

La caída del Primer Triunvirato

A pesar de todos sus esfuerzos el Triunvirato no logró detener su desprestigio. Fue entonces cuando recibió el golpe de gracia: la aparición de la Logia Lautaro y el protagonismo de quien es considerado por muchos historiadores nuestro máximo prócer: José de San Martín. El 9 de marzo de 1812 arribó a Buenos Aires una fragata inglesa llevando a bordo a americanos que habían servido en el ejército español, que estaban imbuidos del espíritu de independencia y que habían estado vinculados a logias de la masonería. El de más alta graduación y el que sobresalía era el por entonces teniente coronel José de San Martín. Iniciado en la masonería comprendió desde el principio la verdadera naturaleza del problema que aquejaba al proceso revolucionario: internamente era fundamental dotarlo de cohesión política y fortaleza militar, y externamente era vital conservar la alianza con Inglaterra. San Martín contó con el inestimable apoyo de los alféreces José Matías Zapiola y Carlos de Alvear. Este “triunvirato” captó rápidamente la falta de poder que padecía el gobierno, su escasa credibilidad, su lánguida legitimidad. Ello los motivó a organizar una sociedad secreta para afianzar el proceso revolucionario, lo que en la práctica significaba la sustitución del Triunvirato. Adoptó, pues, el golpismo como método de acción política.

Rivadavia, suplente de Chiclana, había ocupado su lugar en el Triunvirato a raíz de su renuncia. Quedaba vacante el cargo dejado por don Bernardino. En esas circunstancias debía sí o sí convocarse a la Asamblea para designar al nuevo suplente de Rivadavia. Fue entonces cuando la Logia, con el apoyo de la Sociedad Patriótica y de ex morenistas, decidió pegar el zarpazo. Octubre 6 fue el día elegido. El 5 se conoció que Belgrano, desconociendo abiertamente las órdenes del Triunvirato, había obtenido una clara victoria sobre los realistas en las afueras de Tucumán. Consciente o no, Belgrano puso en evidencia los errores que venía cometiendo el gobierno. El 6 Pedro Medrano fue elegido suplente de Rivadavia. Dos días más tarde la Plaza de Mayo amaneció cubierta por militares y civiles que exigían la renuncia de los triunviros. Era el bautismo del regimiento de Granaderos a Caballo, unidad de élite creada por San Martín. Lo primero que hicieron los históricamente venerados Granaderos fue, pues, participar de un golpe de Estado cívico-militar. Fue entonces cuando entró en escena el jacobino Bernardo de Monteagudo quien acusó al Triunvirato y la Asamblea de atentar contra las libertades civiles. Acto seguido exigió el fin del gobierno y la reasunción de la autoridad del Cabildo, autoridad que se le había delegado en la histórica jornada del 22 de mayo de 1810. Monteagudo exigía que el proceso revolucionario retornara a sus fuentes, que recuperara su verdadera esencia, su pureza. Monteagudo estaba convencido, como San Martín, de que el Triunvirato, es decir Rivadavia, se había apartado definitivamente del objetivo independentista trazado por el gobierno el 25 de mayo de 1810.

El proceso revolucionario recupera su esencia. El Segundo Triunvirato

Asfixiado por la presión militar el Cabildo designó triunviros a Juan José Paso, Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Álvarez Jonte. Lo primero que decidieron fue convocar a una Asamblea (la histórica asamblea que comenzó a funcionar en 1813) en la que estuvieran representados todos los pueblos y definir el tipo de sistema político que sirviera de carta de presentación ante el mundo. Además, reconoció que la autoridad de Fernando VII era un recuerdo. Vale decir que, por un lado, el nuevo triunvirato intentó sepultar el porteñismo del gobierno precedente fuertemente influenciado por Rivadavia y su decisión de ir en la búsqueda del gran objetivo del proceso revolucionario: la plena y genuina independencia. Si los revolucionarios creyeron que le habían dado el golpe de gracia a Buenos Aires, cometieron un grosero error de cálculo. Porque si bien es cierto que pretendían que todos los pueblos estuvieran representados en la flamante Asamblea, los hechos demostraron que la influencia de Buenos Aires lejos estuvo de amainarse ya que fueron varios los hombres de Buenos Aires que representaron a las provincias, como Larrea, Vieytes, Agrelo, Posadas, Monteagudo, Álvarez, López y Planes, Valentín Gómez y Juan Ramón Balcarce. Ello significa que, en última instancia, la denominada “revolución del 8 de octubre de 1812” fue una clásica expresión de gatopardismo. Aparentemente se produjeron grandes cambios políticos-el reemplazo de un triunvirato por otro-pero en el fondo todo permaneció igual-la preeminencia de Buenos Aires-.

Bibliografía básica

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-Tulio Halperín Dongui, Vida y muerte de la República verdadera (1910-1930), Biblioteca del Pensamiento Argentino, Tomo IV, Ariel, Bs. As., 1999.

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-Daniel James (director del tomo 9), Nueva historia argentina, Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), Ed. Sudamericana, Bs. As., 2003

-John Lynch y otros autores, Historia de la Argentina, Ed. Crítica, Barcelona, 2001.

-Marcos Novaro, historia de la Argentina contemporánea, edhasa, Buenos Aires, 2006

-David Rock, Argentina 1516-1987, Universidad de California, Berkeley, Los Angeles, 1987.

-José Luis Romero, Las ideas políticas en Argentina, FCE., Bs. As., 1956.

-Juan José Sebreli, Crítica de las ideas políticas argentina, Ed. Sudamericana, Bs. As., 2003.

Hernán Andrés Kruse

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EL SUEÑO DEL PIBE
EL SUEÑO DEL PIBE
21 days ago

MI SUEÑO ES VERLA PRESA, PUDRIÉNDOSE EN LA CÁRCEL.