Por Carlos Tórtora.-

Como ya se veía venir, la definición de la crisis política del gobierno parece que va a pasar por la justicia. No es casual que, a pocos días de que Manuel Adorni presente su anunciada declaración jurada, en el juzgado federal de Ariel Lijo se deje correr que éste lo citaría a prestar declaración indagatoria antes de que empiece la feria judicial de julio. Ocurre que tanto Lijo como el fiscal Gerardo Pollicita ya sabrían perfectamente algo que, por otra parte, es previsible: la declaración jurada de Adorni apenas sería un rosario de falsedades y afirmaciones fraudulentas inventando ingresos ficticios producto de herencias flojas de papeles, ganancias de la esposa de Adorni mediante negocios fantasmas y otros aportes de contabilidad creativa.

Las consecuencias de esto serían dos. Por un lado, la investigación judicial rápidamente llegaría a la conclusión de que la declaración pendiente y las rectificaciones que se le hagan a la del 2024 no son sino maniobras para tratar de encubrir el enriquecimiento ilícito del jefe de gabinete. Y en segundo lugar, las declaraciones juradas potenciarían nuevamente el escándalo y producirían una nueva caída del gobierno en las encuestas. De ocurrir esto, la opinión pública se colocaría contra Comodoro Py por su falta de decisiones y dejar pasar el tiempo.

En este punto es donde Lijo podría salir al rescate de la imagen de Comodoro Py sentando a Adorni en el banquillo de los acusados y, de paso, mostrando cómo con este gesto la Justicia Federal toma distancia de un poder político que hace agua.

El ajedrez judicial

Si la citación a indagatoria de Adorni se concreta, hay que aclarar primero que, por su condición de ministro nacional, Adorni podría contestar las preguntas por escrito y éste es su único privilegio.

Una vez realizada la indagatoria, Lijo tendría 10 días para definir la situación procesal de Adorni: procesado, con falta mérito o sobreseimiento. A esta altura, pensar en el sobreseimiento es casi imposible. Hay que darle alguna chance sí a la falta de mérito, porque Lijo podría llegar a argumentar que no hay suficientes razones para procesarlo todavía, porque la investigación debe continuar. Con esta alternativa, Lijo pagaría entonces un alto costo político que no parece tener interés en pagar.

El dictado del procesamiento por enriquecimiento ilícito parecería entonces ser la opción más razonable. Mientras tanto, el gobierno haría lo imposible para que Lijo demore su decisión. Pero éste no podría estirar demasiado el plazo de 10 días, sobre todo si la presión política y social se hace sentir.

En síntesis, Milei puede ya colocar en su mesa de arena la hipótesis del procesamiento, que podría hacerle pagar un altísimo costo político y hasta producir una huida de votos oficialistas en el Congreso hacia la decisión de aplicar el artículo 101 de la Constitución Nacional y remover al jefe de gabinete.

A esa altura de la crisis, la renuncia de Adorni no sólo sería tardía sino casi intrascendente. Lo que contaría es que Milei lo mantuvo en su cargo contra viento y marea durante muchos meses y que la investigación judicial podría ramificarse hacia otros miembros del gobierno.

El difícil pronosticar qué rumbo tomaría Milei ante un procesamiento de Adorni pero, si tomamos en cuenta sus antecedentes, es probable que intente polarizar una vez más, denunciando que la justicia está gestando un golpe de estado blando.

Lo que habría que descartar es que desplace finalmente al jefe de gabinete, porque sería reconocer su derrota. Adorni, tal como están las cosas, se iría el mismo día que Milei.

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