Por Carlos Tórtora.-

El escenario político central está cambiando pero no por variación de su composición sino por un agravamiento de la escala del conflicto. Hasta hace dos semanas atrás, la duda consistía en determinar si el juez Federal Sebastián Casanello avanzaría en la causa por lavado contra Lázaro Báez y otros. Ahora, a la luz de los últimos testimonios de Leonardo Fariña, la responsabilidad penal directa de CFK empieza a salir a la luz. Al mismo tiempo, el próximo 27, Julio De Vido debería declarar ante Claudio Bonadío por la compra de trenes a España y Portugal, tema que también ascendería hacia la jefa de estado. Vale lo mismo para la investigación que lleva adelante el fiscal Guillermo Marijuán por el presunto pago, en el 2007, de U$S 70 millones por la extensión por 30 años de la concesión por 30 años del principal yacimiento petrolero del país, Cerro Dragón en Chubut. De Vido habría cobrado pero la parte del león se habría quedado en Olivos. Es decir que la posibilidad de que Cristina Kirchner sea procesada y detenida no se restringe a una causa sino que se amplía a varias, lo que hace altamente probable que esto ocurra. En otras palabras, que la detención de la ex presidente es desde ahora una hipótesis central de la política nacional. Como se trata de una situación ahora altamente probable, las especulaciones políticas empiezan a girar en torno a la misma.

En primer lugar, hay que considerar qué haría el kirchnerismo orgánico. Si se limitara a la protesta y movilización dentro de los márgenes de la ley no habría tal vez mayores consecuencias. Otro sería el caso si los grupos de choque que conserva el cristinismo provocan focos de violencia y generan una sensación de proximidad con la ingobernabilidad. En un primer análisis, movilizarse en una especie de resistencia armada contra la prisión de CFK sólo serviría para hacer crecer a los peronistas moderados como Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, en perjuicio del cristinismo. Sin embargo, la situación es más compleja. La maquinaria de la justicia federal se puso en movimiento y ya casi nadie está a salvo. Por ejemplo, Daniel Scioli, que pretende heredar al kirchnerismo desde el ejercicio de la moderación y el pluralismo, está a tiro de cañón.

La Cámara de Apelaciones y Garantías en lo penal de La Plata reabrió una causa contra el ex candidato presidencial del FpV, Daniel Scioli, por enriquecimiento ilícito, en la que había sido sobreseído en octubre del año pasado.

La causa fue iniciada por el abogado platense Marcelo Peña, titular del partido «Es posible» de los hermanos Rodríguez Saá, en la provincia de Buenos Aires.

En octubre, el juez de Garantías Pablo Reale, resolvió el sobreseimiento del ex gobernador bonaerense pero Peña apeló su decisión ante el Tribunal de Casación Penal Bonaerense y la Sala IV, integrada por los jueces Carlos Agüero, Carlos Silva Acevedo y María Riusech, quienes dictaminaron que se reabra la investigación contra Scioli en la Cámara de La Plata.

El tribunal sostuvo que la causa debía reabrirse al considerar que se trató de “un caso de gravedad institucional la forma en que fue sobreseído el ex mandatario provincial”. En ese momento Scioli se encontraba en plena campaña electoral para lograr imponerse en los comicios del 25 de octubre y con la medida judicial logró llegar a las elecciones sin una causa penal a sus espaldas.

Raele generó sospechas, porque resolvió el sobreseimiento de forma express sin ordenar previamente un peritaje contable que determinara la evolución patrimonial de Scioli. Además, el juez ordenó a sus colaboradores que mantuvieran la resolución en la más absoluta reserva y se tomó un mes de licencia. El fiscal a cargo de Investigaciones Complejas, Jorge Paolini, que había sido amenazado unos meses atrás en otro expediente sensible sobre funcionarios de La Plata, decidió no apelar a la medida.

El caso es que Scioli es sólo un ejemplo, porque hay situaciones similares que pueden alcanzar, por ejemplo, a Jorge Capitanich, Gildo Insfrán y José Luis Gioja, para mencionar a tres ex kirchneristas que ahora aspiran a integrar la futura cúpula del PJ. En otras palabras, si la detención de CFK fuera el comienzo de un Nuremberg de la plana mayor del peronismo en los últimos 12 años, no hay que descartar que todos hagan causa común contra los jueces federales y la Casa Rosada. La gran diferencia del kirchnerismo con los diversos grupos peronistas que llegaron al poder para luego perderlo, como el menemismo y el duhaldismo, es que éstos se redujeron al mínimo en poco tiempo. Pero los herederos de Néstor construyeron un estado dentro del estado y el macrismo no aprovechó su momento de mayor poder, los primeros meses en el gobierno, para desarticular el aparato K dentro del estado.

Esta realidad se vio clara en la demostración de fuerza del cristinismo del miércoles pasado. Ella y su entorno actuaron como si fueran los dueños de Comodoro Py y de la calle. Esto tiene una doble explicación. Por un lado, en la justicia federal hay una mayoría de jueces, fiscales y funcionarios menores que son de pura cepa kirchnerista. Para empezar, la jefa de los fiscales, la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. El macrismo, en cambio, tiene complicaciones en sus relaciones judiciales. El Ministro de Justicia Oscar Garavano es mala palabra en Comodoro Py desde que trató de impulsar un proyecto para restarle facultades a los jueces federales. Por su parte, el presidente tiene una mala relación con Ricardo Lorenzetti. En segundo lugar, en lo que hace al monopolio de la fuerza pública, el macrismo está repitiendo erróneamente lo que hacía cuando gobernaba solo la ciudad. Ante cada situación altamente conflictiva, la Policía Metropolitana se replegaba y dejaba que las fuerzas federales tomaran la iniciativa. La diferencia es que ahora ellos conducen las fuerzas federales. El miércoles pasado era obvio que existía en Retiro una zona liberada en la cual el kirchnerismo podía disponer a su antojo. ¿Qué pasaría si le dictaran la prisión preventiva a CFK y las bandas K salieran a hacer desmanes? ¿También tendrían la zona liberada?

Se sabe que el presidente ya elude el trato con Patricia Bullrich, cuya gestión en Seguridad sólo se destaca por los anuncios. El día que asumió Macri anunció el inicio de la guerra contra el narcotráfico y desde entonces no hay más noticias sobre el tema. La debilidad del gobierno en materia de justicia y seguridad tal vez se patentiza aún más donde la crisis es histórica. En Buenos Aires, tanto la policía bonaerense como el servicio penitenciario siguen semidescontrolados y distintas estadísticas muestran un alarmante aumento de los secuestros extorsivos en la primera sección electoral. Encerrada con sus dos hombres de confianza, el Ministro de Gobierno Federico Salvai y el Vicepresidente de la Cámara de Diputados Manuel Mosca, María Eugenia Vidal no parece saber qué rumbo tomar. Su Ministro de Seguridad Cristian Ritondo sólo cosecha críticas. Sectores de la bonaerense, maestros en el arte del chantaje, tendrían en su poder videos de las picantes noches de fiesta de Ritondo en el Hotel Faena, cuando era vicepresidente primero de la Legislatura de la Capital.

Con la mecha encendida

Recapitulando, con un gobierno que tiene serios problemas para controlar el sistema de seguridad y que cuenta con una justicia armada a su medida por Néstor, las posibilidades de violencia si avanza el Nuremberg contra el kirchnerismo son reales. Sólo una improbable ola de bonanza económica, es decir reactivación y baja inflación, podría restarle impacto social a los probables disturbios.

Con su decisión, políticamente inobjetable, de dejar que la justicia se hiciera responsable de las causas de corrupción, Macri abrió las puertas de la Caja de Pandora. Los jueces presintieron que si no se radicalizaban serían víctimas de la persecución de Elisa Carrió y los medios, quedando entonces cerca del juicio político, y se lanzaron entonces a la batalla. El problema es la diferencia sustancial que existe entre una situación política y un expediente judicial. En política todo puede dar marcha atrás y con bajo costo. Pero las causas judiciales inexorablemente, una vez que se las activa, avanzan y generan a su vez nuevas causas, que ya no pueden frenarse.

Este mecanismo, que es el que se está dando, arrastra la política hacia una escala de crisis. El sistema deberá demostrar si cuenta con la fortaleza suficiente como para que los dueños del poder durante doce años terminen presos sin que se desate una crisis institucional. El problema central -y Cristina lo maneja hábilmente- es que, si ella va presa, hay cientos de dirigentes cuya libertad está en serio riesgo. Cuando la justicia durante el gobierno de Raúl Alfonsín procesó por violaciones de derechos humanos a los mandos militares, se elaboró la teoría de la obediencia debida para exculpar a los oficiales de bajo rango que no podían en modo alguno oponerse a las órdenes que recibían. En el caso de la era kirchnerista, las cosas funcionan al revés. Si la jefa termina presa, la maquinaria judicial puede arrastrar hasta a los funcionarios de bajo rango. En definitiva, el proceso puede convertirse en el juicio no sólo al kirchnerismo sino al peronismo que lo acompañó disciplinadamente. Con la astucia que lo caracterizaba, Kirchner comprometió a todos lo que pudo a diestra y siniestra, desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego. De las muchas bombas que dejó plantadas en su retirada CFK, ésta es una de las más potentes, porque puede afectar seriamente la gobernabilidad al judicializarse la política masivamente, lo que complicaría seriamente el funcionamiento del Congreso, la relación de la Casa Rosada con muchas provincias y generaría un clima de conmoción social permanente. Todo esto cargado sobre las espaldas de un hombre que quiere gobernar para sus grandes proyectos y que huye de las tormentas políticas, porque no nació para piloto de tormentas.

Share