Por Luis Alejandro Rizzi.-

Es un hecho que la república como institución agoniza.

Javier Milei gobierna “de facto”, no sólo mediante “decretos-leyes”, los “DNUs” del artículo 99 inciso 3 de la Constitución, previstos como excepción, no como atribución propia y normal, sino además recurriendo al “veto” y en última instancia a la judicialización, convirtiendo al Poder Judicial en un órgano de mero “chicaneo”.

La forma del gobierno es la república, pero la sustancia, lo que se llama “legitimidad de ejercicio”, lo descalifica.

El Congreso de la Nación convirtió en ley proyectos que disponen un “ajuste” a las jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, pero el Poder Ejecutivo anticipó que vetará esas leyes y, en caso que el congreso ratifique, recurrirá a la “judialización” (sic) para impedir su cumplimiento.

Sin perjuicio de las leyes sancionadas, se remitió a Diputados en revisión el proyecto sobre distribución de fondos a las provincias, relacionados con los ATN, fondos fiduciarios e impuesto a los combustibles.

El Poder ejecutivo opone como “excepción” legal que “el equilibrio fiscal es lo que da estabilidad y previsibilidad, y no se negocia”, por boca del ministro de Economía Luis Caputo y ratificado por el vocero presidencial, “el equilibrio fiscal no se negocia”.

El gobierno calla que está gobernando sin presupuesto propio, para poder hacer un uso discrecional y arbitrario de los recursos públicos, una suerte de ejercicio de “la suma del poder público”, prohibido por el artículo 29 de la Constitución.

En ningún artículo la Constitución establece que el equilibrio fiscal no es negociable. El artículo de la Constitución dispone que: “El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para empresas de utilidad nacional.”

Implícitamente admite el “déficit fiscal, financiado de modo genuino”.

Es atribución del Congreso “fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inc. 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión.”

Lo cierto es que el gobierno no tiene un “programa general de gobierno”; a lo sumo, sólo tiene una motosierra, medio no previsto en la Constitución.

Lo que sí exige la Constitución es “idoneidad”, como condición para acceder al empleo público, y el “superávit o déficit fiscal” no califica por sí solo.

El partido de gobierno es un partido civil, pero de carácter “militar” y como los últimas dos gobiernos de ese carácter legitima su acción en función de sus propios fines que a su vez determinan “las fuerzas del cielo”.

No cabe duda que se trata de un gobierno esotérico, cuyas reales intenciones son impenetrables para el común de los mortales.

El país está expuesto a las turbulencias mentales del presidente y su séquito o cofradías de cómplices, responsables en última instancia del “avión negro” y del caso $LIBRA, cuyos opacos secretos van apareciendo por capítulos, como una saga de suspenso de streaming.

La diferencia es que no se trata de ficción.

Share