Por Hernán Andrés Kruse.-
El 11 de julio se conmemoró el centésimo trigésimo séptimo aniversario del nacimiento de un eminente filósofo, teórico político y jurista alemán. Carl Schmitt nació el 11 de julio de 1888 en Plettenberg. Su tema central de análisis fue el ejercicio del poder. Fue crítico del parlamentarismo, el liberalismo y el cosmopolitismo. Su obra teórico-política atrajo la atención de reconocidos intelectuales como Giorgio Agamben, Hannah Arendt, Walter Benjamin, Jacques Derrida, Jürgen Habermas, Ernesto Laclau y Friedrich Hayek entre otros. Entre 1936 y 1939 fue funcionario del nacionalsocialismo. Tal fue su lealtad que fue tildado de “Kronjurist” (jurista principal) del Tercer Reich. Acogido por el régimen franquista, realizó diversos seminarios en la Universidad de Santiago y en el Centro de Estudios Constitucionales. En España se relacionó con un emblema del franquismo, Manuel Fraga Iribarne, y Manuel García Pelayo, el primer presidente del Tribunal Constitucional surgido de la constitución de 1978. Carl Schmitt falleció el 7 de abril de1985 (fuente: Wikipedia, La Enciclopedia Libre).
Buceando en Google me encontré con un ensayo de José Luis López de Lizaga (Departamento de Filosofía-Facultad de Filosofía y Letras-Universidad de Zaragoza-España) titulado “Diálogo y conflicto. La crítica de Carl Schmitt al liberalismo” (Diánoia-Volumen 57-Número 68-Ciudad de México-2012). El autor analiza los aspectos medulares del pensamiento jurídico y político de Schmitt. A continuación transcribo el jugoso ensayo, aclarando que los subtítulos son de mi autoría.
EL CONCEPTO SCHMITTIANO DE LO POLÍTICO
“La crítica de Schmitt al liberalismo se desarrolla en dos frentes: el de la teoría del derecho y el de la teoría política. Ambos están conectados estrechamente. Por lo que respecta al primero, Schmitt cuestiona la concepción de la legitimidad de los sistemas jurídicos predominante en el Estado de derecho liberal del siglo XIX (o «Estado legislativo» en su terminología). Schmitt apoya su análisis en las conocidas tesis de Max Weber. Como es sabido, Weber distingue tres tipos puros de legitimación de los órdenes de dominación: la legitimación tradicional, la carismática y la racional. De acuerdo con Weber, el último de estos tres tipos de legitimación caracteriza al Estado moderno, por razones relacionadas con los procesos de modernización cultural y con las exigencias funcionales de los sistemas jurídicos. La secularización y el pluralismo cultural hacen imposible la legitimación basada en las tradiciones, pues en las sociedades contemporáneas las tradiciones pierden su validez indiscutida, su carácter incuestionable. Por otra parte, los sistemas jurídicos diferenciados funcionalmente sólo perciben como perturbaciones las ideologías que los líderes carismáticos hacen valer desde fuera de los sistemas institucionales.
Por ambas razones, la legitimación de las leyes sólo puede apoyarse en los propios rasgos formales del derecho y del procedimiento de producción de normas. La legalidad misma pasa a ser la fuente de la legitimidad, por lo que respecta tanto a las leyes particulares como al sistema jurídico en su conjunto. Los ciudadanos consideran legítima una norma jurídica cuando tienen constancia de que ha sido establecida por las instancias autorizadas y de conformidad con los procedimientos previstos en la legislación; y el sistema jurídico como totalidad queda legitimado en virtud de su carácter sistemático, abstracto y previsible, es decir, en virtud de lo que Max Weber llama su «racionalidad formal», y que podemos interpretar sencillamente como racionalidad funcional, racionalidad de funcionamiento. Este tipo de legitimación basada en rasgos puramente formales o funcionales del sistema jurídico tiene la ventaja de que puede prescindir de criterios de legitimación externos al sistema jurídico, es decir, criterios éticos o religiosos siempre discutibles y discutidos, inevitablemente sujetos a antagonismos políticos.
La legitimación racional weberiana (indisociable de la mentalidad jurídica positivista que Max Weber representa y Carl Schmitt combate infatigablemente) caracteriza a los Estados parlamentarios del siglo XIX. No obstante, esta forma de legitimación sólo es eficaz si se cumple una condición sociológica: la ausencia de antagonismos sociales profundos, o de corrientes políticas interesadas en una transformación radical del Estado y de la sociedad. De hecho, la legitimación racional-legal se vio cuestionada constantemente ya en la época en que Weber escribía sobre ella. Como señala Habermas, la propia existencia del movimiento obrero y sus exigencias de justicia social o de transformación del Estado de derecho burgués en un Estado social o socialista (para Weber, estas exigencias son paradigmáticas de la intromisión de criterios extrajurídicos en la legitimación de un sistema jurídico racionalizado) demuestra suficientemente que «los sistemas políticos que respondían de forma aproximada al modelo de una dominación racionalizada por un derecho formal en modo alguno fueron percibidos per se como legítimos, a no ser por las capas sociales que eran sus beneficiarías y por los ideólogos liberales de esas capas sociales».
La idea de que la legalidad (es decir, la racionalidad funcional del sistema jurídico) puede por sí misma ser una fuente de legitimidad sólo es verosímil en una sociedad pacificada. Y en efecto, para Schmitt la bancarrota del Estado de derecho liberal del siglo XIX, y de su forma característica de legitimación, se debió a la extensión de los derechos políticos y sociales, a la incorporación de la clase trabajadora a la vida pública y la consiguiente conversión de las democracias parlamentarias decimonónicas en modernas democracias de masas, pues la democratización del Estado y la extensión de la administración a ámbitos sociales cada vez mayores desdibuja la distinción entre Estado y sociedad, y este proceso tiene efectos decisivos sobre la estructura del sistema jurídico y político.
Cuando el Estado comienza a intervenir crecientemente en la vida social, el derecho abandona sus rasgos formales de generalidad y previsibilidad para adoptar crecientemente la forma de medidas administrativas adaptadas a casos y colectivos concretos: las medidas excepcionales ganan terreno a las leyes generales. Ahora bien, la forma jurídica de las medidas adaptadas a situaciones particulares ya no es propia del Estado de derecho liberal, sino que caracteriza, según Schmitt, a las dictaduras burocráticas del «Estado administrativo», por ejemplo las dictaduras comunistas o fascistas.
Más allá de esta transformación estructural del derecho, la extensión creciente de los derechos políticos transforma también, y no menos profundamente, la vida política del Estado liberal, pues para Schmitt, la soberanía popular, que en el Estado consecuentemente democrático es la única fuente de legitimidad del derecho y del poder político, no necesita expresarse a través de las instituciones de la vieja democracia liberal parlamentaria. Si se toma en serio el principio de legitimidad democrática, entonces «toda expresión de la voluntad del pueblo debe considerarse como ley»; pero esta «voluntad del pueblo» no necesita recurrir al voto secreto, la representación parlamentaria, etc., sino que puede expresarse en una asamblea que aclama directamente a un líder.
Incluso puede quedar confiada al juicio personal del líder mismo, a menudo más apto que el «pueblo» para interpretar los intereses objetivos de éste, la verdadera voluntad general: “El pueblo existe sólo en la esfera de lo público. La opinión unánime de cien millones de particulares no es ni la voluntad del pueblo ni la opinión pública. Cabe expresar la voluntad del pueblo mediante la aclamación —mediante acclamatio— mediante su existencia obvia e incontestada, igual de bien y de forma aún más democrática que mediante un aparato estadístico, elaborado desde hace sólo medio siglo con esmerada minuciosidad […]. El parlamento, generado a partir de un encadenamiento de ideas liberales, parece como una maquinaria artificial, mientras que los métodos dictatoriales y cesaristas no sólo pueden ser mantenidos por la acclamatio del pueblo, sino que, asimismo, pueden ser la expresión directa de la sustancia y la fuerza democrática”.
Así pues, Schmitt parece suponer que la universalización de los derechos políticos y la consiguiente aparición de democracias de masas desbordan imparablemente las instituciones de la democracia parlamentaria. El carácter masivo de la población que ha accedido a la política, así como el antagonismo irreconciliable entre la ideología de las elites y la de las masas, conducen a formas de democracia extraparlamentaria, plebiscitaria y caudillista. La democracia de masas puede desembocar por sí misma en la dictadura: «la dictadura no es el decisivo opuesto de la democracia, del mismo modo que tampoco la democracia lo es de la dictadura». El resultado lógico de la democratización del Estado y de su extensión como Estado social es, por lo tanto, su transformación en un «Estado total» o totalitario.
Desde el punto de vista jurídico, la generalización de las «medidas» en detrimento de las «leyes» (es decir, la extensión de las regulaciones adaptadas a situaciones y colectivos particulares, en detrimento de las normas jurídicas generales) transforma progresivamente el Estado de derecho liberal en un sistema de dominación burocrática típicamente totalitario, extendido a la totalidad de la sociedad civil. Y desde el punto de vista político, el principio de soberanía popular también se lleva por delante la estructura jurídica del Estado liberal y su concepción de la legitimidad: «Si se pretende llevar la identidad democrática adelante, ninguna institución constitucional puede oponerse, en caso de emergencia, a la incuestionable voluntad del pueblo, expresada de cualquier forma”.
Pues bien, en este contexto de transformación del Estado liberal en un Estado totalitario aparece el fenómeno de lo político como conflicto. Schmitt no cree que la democracia sea compatible, en última instancia al menos, con el parlamentarismo y la discusión racional de las diferencias políticas, ni con el respeto de los derechos individuales del adversario político, ni con una alternancia pacífica en el poder. Al contrario, la democratización del Estado desencadena una lucha atroz entre facciones enfrentadas: una lucha que se extiende a todos los ámbitos, y que se radicaliza por sí misma hasta conducir al exterminio político del adversario, y en última instancia a su exterminio físico. La generalización y radicalización del conflicto son, pues, los rasgos esenciales de la política en el Estado social democrático, que Schmitt considera tendencialmente totalitario.
La primera sección de El concepto de lo políticose ocupa de esta generalización del conflicto: “La ecuación estatal = político se vuelve incorrecta e induce a error en la precisa medida en que Estado y sociedad se interpenetran recíprocamente; en la medida en que todas las instancias que antes eran estatales se vuelven sociales y, a la inversa, todas las instancias que antes eran «meramente» sociales se vuelven estatales, cosa que se produce con carácter de necesidad en una comunidad organizada democráticamente. Entonces los ámbitos antes «neutrales» —religión, cultura, educación, economía— dejan de ser neutrales en el sentido de no estatales y no políticos. Como concepto opuesto a esas neutralizaciones y despolitizaciones de importantes dominios de la realidad surge un Estado total basado en la identidad de Estado y sociedad, que no se desinteresa de ningún dominio de lo real y está dispuesto en potencia a abarcarlos todos. De acuerdo con esto, en esta modalidad de Estado todo es al menos potencialmente político”.
A medida que avanza la burocratización, ningún ámbito queda fuera de la confrontación, y todo, desde el arte a la ciencia, la economía o el derecho, las creencias religiosas o las preferencias éticas, puede enjuiciarse desde la lógica de la confrontación. Habrá un arte adecuado o contrario a los intereses nacionales o a los intereses de clase, habrá opciones religiosas o formas de vida puras o contaminadas, habrá una ciencia racialmente adecuada o inadecuada, etc. Pero para la concepción de lo político en sentido schmittiano, no menos esencial que esta extensión del conflicto es su radicalización, que alcanza su punto culminante en la violencia política, en la lucha a muerte entre facciones, en la posibilidad de la guerra civil: “Cuando dentro de un Estado las diferencias entre partidos políticos se convierten en «las diferencias políticas a secas», es que se ha alcanzado el grado extremo de la escala de la «política interior», esto es: lo que decide en materia de confrontación armada ya no son las agrupaciones de amigos y enemigos propias de la política exterior sino las internas del Estado. Esa posibilidad efectiva de lucha, que tiene que estar siempre dada para que quepa hablar de política […] se refiere […] a la guerra civil”.
La radicalización del antagonismo político en una lucha a muerte es, según esto, consustancial a la política democrática, pues para Schmitt, como para Rousseau, la condición de una democracia verdadera es la unanimidad de todas las voluntades, una homogeneidad social sin fisuras. Mientras ésta no exista, la política sólo puede consistir en una lucha a muerte contra el adversario político, encaminada precisamente a su eliminación y a la consiguiente imposición de la unanimidad, que se alcanza, claro está, cuando ya no queda ningún adversario ni ningún disidente. La democracia liberal y parlamentaria no sería, según esto, otra cosa que una fase intermedia, situada entre una sociedad homogénea que ha dejado de existir y otra que aún no existe. La que ha dejado de existir es la sociedad de propietarios que tenían en mente los teóricos clásicos del liberalismo, por ejemplo John Locke en su Segundo tratado sobre el gobierno civil. La armonía natural de intereses entre propietarios, su homogeneidad como clase social, justificaba las instituciones deliberativas liberales y garantizaba su funcionamiento.
Pero la irrupción de las masas en la política echa por tierra esta armonía de intereses, y hace que las instituciones del liberalismo se tambaleen: si no se presupone una armonía natural de intereses, la formación de la mayoría parlamentaria acarrea forzosamente el sometimiento y la represión de las voluntades que han quedado en minoría. Desde este punto de vista, la idea típicamente parlamentarista de que, por principio, las oportunidades para alcanzar la mayoría son iguales para todos los grupos sólo puede ser una ficción: quien ocupa de facto el poder tiene siempre una ventaja sobre la minoría, y sin duda utilizará esa ventaja para impedir que se invierta la relación de fuerzas. Lo decisivo para las facciones políticas que participan en el juego parlamentario de las democracias de masas es tener el poder en el momento propicio para liquidar al adversario y, junto con él, al propio sistema parlamentario: «Finalmente, lo único que realmente importa es quién tiene el poder legal en sus manos y quién constituye su poder sobre nuevas bases cuando llega el momento de dejar a un lado todo el sistema de la legalidad.»Sólo entonces, tras la eliminación del adversario, podrá restablecerse una homogeneidad social que permita fundar una democracia verdadera, es decir: unánime, compacta, rousseauniana.
La indiscutible consecuencia lógica con la que Carl Schmitt extrae su concepción de lo político a partir del proceso de transformación del Estado liberal en un Estado totalitario no puede ocultar una importante paradoja. Y es que, en efecto, el momento en que se consuma la politización de la sociedad en el sentido schmittiano coincide con la anulación de toda vida política real. El totalitarismo encarna exactamente esa paradoja. Para Schmitt la extensión del conflicto político a todos los ámbitos de la cultura y la sociedad es inherente a la formación de grandes partidos de masas con visiones antagónicas de la sociedad y del Estado, y tiene su consumación en la intervención estatal, burocrática, en el arte, la ciencia, la religión o la ética privada de los particulares. Ahora bien, una politización burocrática es, por definición, una politización reglamentada, obligatoria, forzosa. Por eso la consumación de la política como conflicto no tiene lugar en el enfrentamiento entre partidos, sino más bien en la movilización y la militarización de las masas en los regímenes totalitarios. Pero aquí pierde lo político toda relación con la política: la politización total de la sociedad civil sólo puede consistir en una pseudopolitización.
Pero en la consumación totalitaria de lo político no sólo desaparece la política, sino que el conflicto ya ni siquiera es real. Schmitt afirma, como hemos visto, que la posibilidad de la lucha, de la guerra civil, es condición necesaria para que «quepa hablar de política». Sin embargo, en el Estado totalitario no existen verdaderos antagonistas, auténticos enemigos, sólo queda, a lo sumo, esa categoría difusa del enemigo «interior» que incluye a los disidentes y las minorías indefensas. Y contra el enemigo interior no se combate: simplemente se lo persigue y extermina. Por eso el conflicto al que apela Schmitt constantemente sólo es retórico, es la situación de permanente y ficticia excepcionalidad de la que se sirve el Estado totalitario para mantener a la población bajo control.
En su recensión de El concepto de lo político, Leo Strauss veía en la obra de Schmitt una rehabilitación del estado de naturaleza de Hobbes, contra las pretensiones pacificadoras del Leviatán y, tras él, de todo el pensamiento político liberal. Pero lo que de verdad rehabilita la concepción schmittiana de lo político no es la guerra entre individuos ni (como cree Strauss) entre «pueblos», sino más bien la retórica de la guerra y el conflicto en una sociedad pacificada por el terror burocrático totalitario. Con todo, es verdad que hay diferencias entre Schmitt y su admirado Hobbes: el Leviatán pacifica la sociedad, pero a cambio exige su absoluta despolitización; el «Estado total» de Schmitt, por el contrario, despolitiza la sociedad de manera exactamente igual que el Leviatán hobbesiano, pero recubre esa despolitización con la retórica de una hiperpolitización reglamentaria, orientada al acoso, la persecución y el exterminio del «enemigo interior», es decir, de toda disidencia y de toda diferencia política real. Quizá por eso la paz que funda el «Estado total» del siglo xx nos parece hoy aún más aterradora que la del Leviatán del siglo XVII”.
PREMISAS FILOSÓFICAS FUNDAMENTALES DEL CONCEPTO SCHMITTIANO DE LO POLÍTICO
“Desde una perspectiva histórica o sociológica, la concepción schmittiana de lo político parece indisociable de la transformación de la democracia de masas en la política ficticia y el conflicto retórico de las sociedades pacificadas por el terror burocrático. Si se acepta este punto de vista, parece difícil que las ideas de Schmitt puedan resultar fructíferas para la democracia, aunque naturalmente esta dificultad preocupará más a los actuales valedores de Schmitt que a él mismo, quien se acomodó muy bien al régimen totalitario que le tocó en suerte. Pero el problema, insistimos en ello, no son las posiciones políticas de Schmitt, sino su concepción de la política. En mi opinión, el aspecto filosóficamente más interesante, y también más discutible, de la oposición schmittiana al liberalismo atañe a la presunción de racionalidad de los procesos deliberativos.
Pues Schmitt no funda su crítica al liberalismo únicamente en las dificultades del régimen constitucional de la República de Weimar, ni siquiera en la constatación sociológica general de que el recrudecimiento de los antagonismos sociales amenaza de factom el funcionamiento de las instituciones de la democracia parlamentaria. Más allá de esto, Schmitt pone en cuestión una y otra vez la premisa filosófica racionalista de la democracia liberal o, en sus propias palabras, la «confianza en la relación que mantiene con la justicia y la razón el legislador mismo y todas las instancias que participan en el procedimiento legislativo». Es decir, Schmitt cuestiona el supuesto liberal de que una determinada configuración de los procedimientos legislativos o de los procedimientos de formación de la voluntad política garantiza la aceptabilidad racional de sus resultados por todas las partes implicadas.
Las críticas de Schmitt a los supuestos racionalistas de la democracia parlamentaria se encuentran un tanto dispersas en sus escritos. No hay en ellos un tratamiento sistemático de este tema desligado de otras consideraciones de orden sociológico o jurídico. Quizá esto se debe a que en el ambiente cultural de la Alemania de entreguerras estas críticas estaban tan extendidas que no era necesario hacerlas explícitas. Con todo, podemos intentar reconstruir los argumentos de Schmitt a partir de algunos pasajes especialmente relevantes. En las últimas páginas de El concepto de lo político, Schmitt sostiene que el individualismo es la razón de fondo del carácter apolítico o antipolítico del liberalismo. Desde Locke, o incluso desde Hobbes, el liberalismo supone que la función del Estado consiste, por encima de todo, en proteger la vida y las libertades individuales. Desde esta perspectiva, la violencia que se ejerce sobre el individuo (bien a manos de otros individuos, bien a manos del propio Estado) tiene que rechazarse: «Todo el pathos liberal se dirige contra la violencia y la falta de libertad. Toda constricción o amenaza a la libertad individual, por principio ilimitada, o a la propiedad privada o a la libre competencia, es ‘violencia’ y por lo tanto eo ipso algo malo”.
Ahora bien, este carácter fundamentalmente individualista y antiviolento del liberalismo, esta proscripción de la violencia en nombre del respeto a la vida y los derechos y libertades individuales, no impide que surjan conflictos de intereses. El liberalismo no niega que existan esos conflictos, pero recurre a vías de solución que, según Schmitt, no son sino una degradación de la política. Esas vías pacíficas de solución de conflictos son «la ética y la economía», o como también dice Schmitt, el «espíritu» y el «negocio». Quizá podamos interpretar estas expresiones, un tanto crípticas, del siguiente modo: para el liberalismo sólo existen los conflictos entre intereses privados, y estos conflictos entre particulares se resuelven o bien por la vía de una deliberación en la que cada parte intenta convencer al oponente de la corrección de sus puntos de vista, o bien por la vía de una negociación en la que se alcanza un compromiso entre los intereses enfrentados. Así como el positivismo jurídico parte del supuesto de que una determinada configuración de los procedimientos legislativos garantiza la legitimidad de las leyes, así también la concepción liberal de la política presupone que los procedimientos deliberativos pueden conducir a soluciones razonables, que resulten aceptables para todas las partes en conflicto.
Pues bien, esto es justamente lo que Schmitt niega. Pero nunca explica realmente esta negativa; nunca explica por qué no es posible alcanzar soluciones dialogadas para las diferencias políticas y por qué, por consiguiente, lo político debe desembocar en el enfrentamiento irreconciliable, en la guerra civil o en el exterminio de toda disidencia. Schmitt se contenta en este punto con argumentos sociológicos, y se limita a indicar que en las modernas democracias de masas se revela completamente ingenua la vieja pretensión liberal de que los debates parlamentarios consisten en un intercambio de argumentos en el que acaba imponiéndose el mejor de ellos, esto es, el que cuenta con mejores razones a su favor.
Es obvio que no le falta razón a Schmitt desde un punto de vista descriptivo, empírico. La vida política en las democracias de masas consiste principalmente en una cruda lucha entre partidos por ocupar el poder, y esto no puede ignorarse tras los clásicos análisis sociológicos de liberales como Weber o Schumpeter, por ejemplo. Pero de estos análisis sociológicos no puede extraerse la conclusión de que es imposible por principio llevar a término un debate (parlamentario o no) en el que acaben imponiéndose los mejores argumentos. Contra lo que Schmitt sostiene, no es falsa ni pertenece sólo a un contexto histórico determinado la conexión de la deliberación con «la justicia y la razón», por utilizar sus propios términos. El resultado de un debate en el que se argumenta en serio (es decir, un debate en el que las partes no intentan engañarse, ni tampoco persuadirse mutuamente mediante recursos retóricos) tiene de su parte una presunción de racionalidad, en el sentido trivial de que la opinión que supera un mayor número de objeciones puede considerarse más correcta, más racional, que todas aquellas opiniones alternativas que no han superado esa misma prueba. Y cuando el objeto de la deliberación tiene implicaciones prácticas, un mayor grado de racionalidad puede interpretarse también como un mayor grado de justicia: por ejemplo, una propuesta política que se somete a deliberación y que obtiene el consentimiento de los interesados puede considerarse más justa que aquella que conviene sólo a una de las partes o que se impone simplemente por la fuerza. Éste es el sentido, trivial pero importante, en que puede afirmarse una conexión esencial entre el diálogo y «la justicia y la razón».
Un filósofo político schmittiano podría replicar a esta crítica argumentando que poco importa la conexión abstracta entre deliberación y racionalidad, cuando la realidad de los sistemas políticos (y no sólo en la Europa de entreguerras) defrauda constantemente la expectativa de encontrar verdaderas deliberaciones, cuyos resultados tengan de su parte una presunción de racionalidad. Pero el sobrio realismo sociológico sobre el que descansa este argumento no es tan realista como se pretende. Sin duda es verdad, como subraya Schmitt siguiendo a Max Weber, que los debates parlamentarios son a menudo «inútiles y banales» y casi siempre tienen mucho más de escenificación deliberativa que de deliberaciones en sentido propio. Pero no menos cierto es que en una democracia parlamentaria ningún partido, por amplia que sea su mayoría, puede eximirse enteramente de la obligación de fundamentar su política en razones que tengan al menos la apariencia de ser públicamente aceptables, es decir, de ser capaces de suscitar un acuerdo generalizado entre los restantes partidos y en la opinión pública. Incluso el poder ejecutivo respaldado en una mayoría absoluta está sometido a la exigencia de fundamentar convincentemente sus decisiones.
La mejor prueba de ello es el hecho de que, cuando los gobiernos se proponen actuar de un modo completamente injustificable ante la opinión pública, tienen que hacerlo en secreto. Esto es un indicio inequívoco de que la política democrática nunca puede prescindir enteramente de las razones, por grande que sea la distancia entre las premisas filosóficas racionalistas del liberalismo y la realidad de las instituciones deliberativas en las democracias de masas. Por eso el pensamiento liberal, al menos desde Kant, ha subrayado siempre la importancia de la publicidad como condición de legitimidad del poder. «Son injustas —escribe Kant— todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser hechos públicos”. La esfera pública política no es simplemente un escenario en el que tiene lugar la ficticia escenificación (en un sentido casi teatral) de procesos deliberativos, sino una instancia ante la que el sistema político tiene que dar razón de sus decisiones, y a la que nunca puede controlar completamente, a no ser mediante su liquidación totalitaria.
Por otra parte, también desde una perspectiva liberal podría concederse a Schmitt que el intercambio racional de argumentos, por no hablar de la victoria del más racional de ellos, es a lo sumo una excepción en política, un acontecimiento rarísimo entre la marea de retórica y de propaganda que domina la comunicación política. Pero tampoco este hecho nos obliga a aceptar la concepción schmittiana de lo político como conflicto, pues la solución pacífica,de los conflictos políticos no se alcanza siempre mediante una deliberación en la que se impone la fuerza racional de los mejores argumentos, sino que son más frecuentes las negociaciones en las que las partes alcanzan compromisos entre intereses enfrentados. Los acuerdos y los compromisos no son lo mismo, y es importante diferenciar ambas formas de solución de conflictos, así como diferenciar los tipos de debate que conducen a una u otra.
Quienes debaten para alcanzar un verdadero acuerdo intercambian argumentos, mientras que quienes negocian un compromiso de intereses intercambian básicamente amenazas, o eventualmente promesas de recompensa. En el primer caso los participantes en la deliberación pretenden convencer a sus interlocutores de la superioridad racional de sus puntos de vista, es decir, intentan mostrar que sus puntos de vista son los que resisten mejor las objeciones, y por lo tanto los que racionalmente deberían aceptar también quienes en principio concurren al debate como oponentes. En consecuencia, cuando una deliberación concluye con éxito (es decir, cuando se imponen los mejores argumentos y se alcanza un verdadero acuerdo entre las partes), es evidente que la definición común de la situación que se afirma como resultado de la deliberación se fundamenta en las mismas razones para todas las partes.
Nada de esto sucede en las negociaciones que conducen a establecer compromisos de intereses. También en estos casos se alcanza una definición común de una situación, o se establece un curso de acción que todas las partes se comprometen a seguir. Pero cuando no se alcanza un verdadero acuerdo, cada parte acepta el resultado de la negociación por sus propias razones, no compartidas con sus interlocutores. Esto explica por qué los compromisos de intereses son soluciones mucho menos estables que los acuerdos fundados en razones compartidas: tan pronto como la correlación de fuerzas cambia, las partes pueden abandonar legítimamente los compromisos alcanzados, obligando a reiniciar un nuevo proceso de negociación o procediendo a hacer efectivas sus amenazas”.
03/09/2025 a las 3:47 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA
La aberración de la censura previa
Joaquín Morales Solá
Fuente: La Nación
(*) Notiar.com.ar
3/9/024
Jueces y fiscales corrieron para no perderse el protagonismo del espectáculo y, así, tomaron decisiones jurídicamente inexplicables. Para un lado o para el otro. Con todo, nada es tan claramente inconstitucional como la decisión del juez en lo Civil y Comercial Alejandro Maraniello, quien ordenó la censura previa de supuestos audios, no conocidos aún, de Karina Milei. La Constitución consagra el derecho a publicar ideas “sin censura previa” y hasta le prohíbe al Congreso el dictado de leyes que restrinjan la libertad de prensa (“libertad de imprenta”, dice con el lenguaje de la época, en la que solo había diarios). Muy pocas cosas son tan graves para la democracia como la censura previa, además, desde cualquier punto de vista.
Pocas veces en 40 años de la nueva democracia argentina se le ocurrió a un juez aplicar la censura previa, que es la peor de las censuras, aunque todas sean muy malas. Y es la peor porque se está negando al conocimiento público algo que nadie conoce en una suerte de tutelaje que los ciudadanos de una república no necesitan. No se trata de un privilegio de los periodistas, porque la ley no deja impune al periodismo de eventuales estragos que podría cometer con el honor de las personas, pero las sanciones legales sucederán, si suceden, después de conocidos los hechos. Nunca antes. Karina Milei dice que los audios anunciados (los difusores de las filtraciones aseguran tener 50 horas de grabaciones de conversaciones de la secretaria general de la Presidencia) podrían afectar su “honor” y la “seguridad nacional”, pero no precisa, ni describe de manera global, esa probable afectación a su honor y a la seguridad del país.
Es cierto que la Constitución protege también la inviolabilidad de la correspondencia, que podría aplicarse a las conversaciones privadas o a los mensajes de audios si existieron, y el derecho a la intimidad. Pero los funcionarios públicos deben tolerar, les guste o no (generalmente no les gusta), un mayor nivel de escrutinio, siempre que la información tenga relevancia para el interés público. En síntesis, el poder, cualquier poder, no puede decidir qué se puede informar y qué no.
Como si fuera poco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió el allanamiento del canal de streaming Carnaval, desde donde se difunden los distintos audios, y de las casas particulares de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, además de uno de los dueños de ese canal, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre de confianza del caudillo de la organización del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y del abogado Franco Bindi. Bindi es la pareja actual de la diputada Marcela Pagano, que militó en el mileísmo hasta que consiguió la banca en el Congreso y se convirtió luego en una brutal adversaria del Gobierno; el letrado tiene viejos nexos con los servicios de inteligencia, está muy cerca del kirchnerismo y es, también, un simpatizante de la dictadura venezolana de Nicolás Maduro.
Una versión no confirmada indica que la primera grabación de una conversación de Diego Spagnuolo, hecha en una confitería o restaurante por los ruidos cercanos que se perciben, fue precisamente con Bindi en su calidad de abogado. Spagnuolo, también abogado, habría consultado con Bindi, entonces ya pareja de Pagano y cuando esta militaba todavía en La Libertad Avanza, las consecuencias de presuntos delitos de funcionarios en conocimiento de él. Si fue así, la filtración es más grave todavía porque rompió el deber de confidencialidad que cualquier abogado tiene con su cliente o eventual cliente.
Decantan dos novedades inexplicables. Una consiste en que nadie puede responder qué hace Bullrich, responsable de la seguridad de los argentinos, metida en un escándalo que hurga en conversaciones o mensajes de funcionarios. ¿De dónde sacó que esas conversaciones podrían afectar la seguridad de los argentinos más que lo que ya lo hacen los motochorros o los sicarios del narcotráfico? En todo caso, podría haber actuado el Ministerio de Justicia, aunque su titular, Mariano Cúneo Libarona, está en Londres participando de un seminario. O el Procurador del Tesoro, jefe de todos los abogados del Estado, podría haber interpuesto un recurso. La presentación de Bullrich solo se explica en su permanente sobreactuación como militante mileísta, después de haber militado contra Milei.
La otra novedad refiere a una pretensión de la ministra, que ya no tiene explicación alguna, y es la que pide el allanamiento de las casas particulares de dos periodistas y de uno de los dueños de un medio para buscar las fuentes de información. Esas fuentes están protegidas particularmente por la Constitución argentina después de la reforma de 1994. Uno de los párrafos de su artículo 43 dice textualmente: “No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodísticas”. Para muchos, los periodistas cuestionados por Bullrich no son un ejemplo profesional, pero las garantías están hechas para protegerlos a ellos, no a los que cumplen con todas las normas éticas y morales. De cualquier forma, sobresale una pregunta elemental: ¿por qué hay casi una obsesión del gobierno en impedir que se conozcan más audios, sean de Spagnuolo o de Karina Milei? ¿Qué se quiere ocultar? ¿Cuál es el temor sobre el contenido de esos audios presuntos?
El fiscal Carlos Stornelli puso ayer las cosas en su lugar. Le pidió al juez Julián Ercolini, quien tiene en sus manos la presentación de Bullrich, investigar la denuncia de la ministra, pero reclamó expresamente respetar las fuentes de información de los periodistas y no allanar sus domicilios ni los de los medios que difundieron las grabaciones. El periodista Daniel Santoro contrastó ayer la actitud de Stornelli con la del entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla (ahora es juez federal de La Plata), quien escarbó en 2019 en los teléfonos de los periodistas Nicolás Wiñazki, Luis Majul y del propio Santoro en el marco del operativo “puf”. Así se llamó a una operación del kirchnerismo para abatir definitivamente a Stornelli y al juez Claudio Bonadio, que venían de investigar el caso de los cuadernos.
De todos modos, Stornelli considera ahora verosímil la denuncia del Gobierno de que habría una intención destituyente en la difusión de esos audios. No se detiene, eso sí, en quienes difundieron los audios, sino en quienes entregaron las grabaciones para su difusión. En la “génesis” del escándalo, como él califica al comienzo de todo. Al fiscal le llamó especialmente la atención que los audios hayan trascendido a pocos días de elecciones cruciales en la provincia de Buenos Aires y de las elecciones legislativas nacionales; es un aval implícito a la posición del Gobierno que sostiene que se trató de una “operación” destinada a perjudicar electoralmente al Presidente. Pero Stornelli no hizo lugar al pedido de Bullrich de allanar las casas de periodistas o la sede de un medio periodístico, “merezcan el concepto que merezcan”, subrayó el magistrado. Una cosa es el delito; otra cosa es cómo llegar a sus autores.
Stornelli puso especial énfasis en que todo lo que se conoció pudo tratarse de una operación de inteligencia, de los “sótanos” del Estado, y, sin decirlo, echa luz sobre lo que parece también una intensa trifulca entre distintos sectores de los servicios de inteligencia. Si bien Bindi fue parte de esos servicios, su pareja, Pagano, oficializó en el recinto de la Cámara de Diputados el presunto papel que también habría jugado José Luis Vila, un viejo espía de la SIDE que tiene como jefe político al dirigente radical Enrique “Coti” Nosiglia.
Un exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri recordó que el entonces presidente debió darle un cargo a Vila para no ceder en lo que pretendía Nosiglia: que Vila fuera el jefe de la SIDE. Fuentes del gobierno de Milei dicen que ahora sucedió lo mismo: Vila es actualmente un funcionario menor de la Jefatura de Gabinete; de esa manera, evitaron que recalara como titular de los servicios de inteligencia. ¿Hubo competencia entre Bindi y Vila, como dicen algunos, o hubo complicidad entre ellos, porque uno lo grabó a Spagnuolo y el otro contribuyó a la difusión de la grabación, como sostienen otros funcionarios? Quién lo sabe. Siempre es mejor estar lejos de esos personajes.
En el mientras tanto, también se discute en los tribunales si la decisión del juez Sebastián Casanello de allanar rápidamente las oficinas y las casas de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina mencionada por Spagnuolo como la que pagaba los sobornos, y pedir sus teléfonos celulares no fue una medida apresurada. Llama la atención no solo el apresuramiento del juez, sino también que no haya incluido en la incautación de teléfonos celulares al del subsecretario de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, tan mencionado como la familia Kovalivker en las grabaciones de Spagnuolo.
Casanello es respetado en los tribunales como persona y como juez, pero él delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi, que estuvo cerca del kirchnerismo. Siempre, de todos modos, es el juez quien debe autorizar los allanamientos. La privación de la libertad y los allanamientos son las decisiones más graves que puede tomar un juez. Los magistrados son los únicos argentinos que pueden meterse en la intimidad de una casa particular o quitarles la libertad a las personas.
Los primeros allanamientos de Casanello se hicieron respaldados por un audio, el de Spagnuolo, cuando todavía no se sabía si eran verdaderos, pero sí se sabía que no habían sido autorizados por un juez y eran, por lo tanto, de escasa o nula legalidad. Otra vertiente de funcionarios judiciales argumenta que los audios no son ilegales, salvo que los haya hecho clandestinamente el servicio de inteligencia, y que el juez puede usarlos como indicios de un delito. Podría, inclusive, apoyarse en ellos para salir a buscar nuevas pruebas y testimonios. Nunca podría, en cambio, usar esos audios clandestinos como prueba de nada, agregan. El debate tiene una especial envergadura porque si la Cámara Federal considerara ilegal el primer audio de Spagnuolo, podría declarar la nulidad de la causa iniciada por Casanello. A cuatro días de las elecciones bonaerenses, que tomaron una monumental dimensión política, la paranoia de la dirigencia descarta ya que exista la neutralidad.
03/09/2025 a las 3:53 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
El peligro de la velocidad que va adquiriendo la crisis
Eduardo van der Kooy
Fuente: Clarín
(*) Notiar.com.ar
3/9/025
Nadie mejor que Javier Milei ha descripto la velocidad con que la realidad política va sufriendo mutaciones en la Argentina. El 4 de agosto al hablar en la Fundación Faro, en Puerto Madero, había asegurado que “si ganamos en septiembre es el fin del kirchnerismo”. Veinticuatro días más tarde (el 28) en un discurso que pronunció en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP) se encargó de rehacer aquel diagnóstico. “Septiembre será nuestro piso. Lo mejor vendrá en octubre”, auguró. Una manera indudable de alentar expectativas que, por distintas razones, parecen estar menguado.
Existe en desarrollo una crisis detonada por la política que está impactando en un andamiaje económico libertario al que los “econochantas” (así bautizados por el Presidente) venían señalando debilidades. El escándalo de los audios por el cobro de supuestas coimas (3%) de parte de Karina, El Jefe, y Eduardo “Lule” Menem, por medicamentos que la droguería Suizo Argentina suministraba a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) obró como un auténtico disparador de todo. El Gobierno asumió una rudimentaria estrategia defensiva. La oposición fragmentada salió de su encierro. El kirchnerismo, con Cristina Fernández bajo arresto domiciliario por corrupción, se animó a pasar a la ofensiva.
La velocidad de los acontecimientos indujo al Presidente y a Luis “Toto” Caputo, el ministro de Economía, a tomar medidas de emergencia que no figuran en ninguno de los manuales del liberalismo libertario. El miedo a la inflación pudo más. Pablo Quirno, secretario de Finanzas, oficializó la intervención gubernamental para intentar morigerar la cotización del dólar. Esa maniobra encubierta venía sucediendo. Lo serio de la situación macroeconómica forzó a su blanqueo. Nada de la libre flotación que se había acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Después de la salida del cepo Milei había afirmado (en abril) que llevarían el valor del dólar a mil pesos, la línea inferior de la banda. Cuatro meses más tarde pugna con cierta desesperación que el valor de la moneda estadounidense no golpee la banda superior de $1400. En el interín “Toto” Caputo ensayó malabares e impulsó la tasa de interés a números exorbitantes (80%). La intervención comunicada indicaría que esas recetas fracasaron.
El Gobierno dispondría de alrededor de U$S1700 millones para aquella operación. Una cifra atendible si los comportamientos colectivos no salen de carril. Hay una estadística que resulta difícil obviar. Desde el levantamiento del cepo se registró una compra mensual de U$S2 mil millones de parte de cerca de un millón de personas. En julio hubo un salto: 1.300.000 personas acopiaron U$S3400 millones. Habrá que esperar el saldo de agosto.
El cambio de rumbo del Gobierno podría tener interpretaciones contrapuestas. Se entendería por el examen electoral del domingo en Buenos Aires cuyo pronóstico para los libertarios ha dejado de ser alentador. Significaría, bajo la mirada de otro cristal, una señal inconveniente para mercados e inversores sobre la auténtica sostenibilidad del plan.
Esa situación, tal vez, podría amortiguarse si el Gobierno exhibiera solvencia y unidad en el comportamiento político. Ocurre lo contrario. La difusión de los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, generó una diáspora en el poder, hizo recrudecer los enfrentamientos internos e impacta en una columna vertebral del sistema: el Presidente, Karina, y Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad catapultada a candidata a senadora en la Ciudad. Las esquirlas también rozan a Santiago Caputo. El sentido común parece haber dejado a salvo a Guillermo Francos, el Jefe de Gabinete.
El Gobierno hizo en su intento defensivo dos movidas sorprendentes. Una denuncia penal por presunto espionaje promovida por Bullrich contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico (C5N y el streaming Carnaval) a raíz de la difusión de los audios de Karina y Spagnuolo. El escrito, redactado por Fernando Soto, abogado del Ministerio de Seguridad, pidió además el allanamiento de los domicilios de aquellos periodistas. Bullrich negó tal solicitud, pero su error o su desconocimiento quedó en evidencia cuando le mostraron el texto durante una entrevista por televisión. Para zafar de la evidencia recurrió a una explicación que, más tarde, repitió el Presidente: “No son periodistas. Los periodistas tienen otra construcción (¿). Son espías”, afirmó.
La ministra de Seguridad amplió sus fundamentos con revelaciones llamativas. Involucró en la tarea de espionaje a supuestos grupos de ciudadanos rusos radicados en la Argentina. A maniobras del régimen venezolano de Nicolás Maduro e, incluso, al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia y a su adlátere Pablo Toviggino, hombre opaco muy cercano al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.
Esa denuncia fue tomada por el fiscal Carlos Stornelli quien prometió investigar haciendo antes una aclaración que deja mal parada a la administración libertaria. No autorizará ningún allanamiento a los periodistas ni les pedirá la revelación de sus fuentes por la difusión de los audios. Resguardo correspondiente para la libertad de expresión.
La otra acción judicial fue realizada por Karina con el patrocinio del abogado Santiago Viola. Todo aflora enrevesado en el mundo libertario. Viola es el apoderado de La Libertad Avanza. Fue en algún momento defensor de Leandro Báez, uno de los hijos de Lázaro, por la ruta del dinero K. Ha sido querellado por el juez Sebastián Casanello por una denuncia falsa sobre supuesta reunión en Olivos del magistrado con Cristina Fernández y el empresario K.
La presentación de Viola fue recogida por el juez en lo Civil y Comercial Alejandro Marianello quien luego de un alegato en favor de la libertad de expresión prohibió que se difundan los audios de Karina grabados en la Casa Rosada. No fue claro. Nadie atina a precisar si refiere a los audios inocuos ya divulgados o a otros que amenazan con conocerse. Tampoco se entiende por qué motivo alude al palacio de gobierno sin tener comprobación, salvo los dichos del portavoz Manuel Adorni. Ahora se conjetura que los diálogos pudieron haberse producido en la Cámara de Diputados junto a su titular, Martín Menem. Marianello, tal vez, avanzó por otro motivo: le pesan cinco denunciasen el Consejo de la Magistratura por supuesto acoso sexual. Se desempeña con una perimetral respecto de sus empleadas.
La relevancia que van tomando los escándalos y las contramarchas en materia económica parecerían otorgarle una intensidad a la crisis que desde la cima del poder desciende al llano. Milei hace sus últimas apariciones en suelo bonaerense para las elecciones del domingo. En tanto, ha sido posible constatar deserciones en jurisdicciones donde los libertarios deberían cosechar una buena diferencia para dar pelea voto a voto. Sería el caso del conurbano norte, correspondiente a la Primera Sección. Numerosas mesas de campaña de LLA fueron de repente levantadas.
03/09/2025 a las 4:02 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Inédito: el Gobierno retiró la candidatura de Argentina a integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Natasha Niebieskikwiat
Fuente: Clarín
(*) Notiar.com.ar
2/9/025
Inédito: el Gobierno retiró la candidatura de Argentina a integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Milei prepara su segundo discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas entre el 23 y 24 de septiembre.
Sigilosamente, y sin comunicarlo de manera oficial, el Gobierno retiró a la Argentina de su candidatura a integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Aunque no está exento de críticas y tensiones propias de la época, al igual que la misma ONU, el Consejo es el principal órgano intergubernamental destinado a promover y proteger los derechos humanos en el mundo.
Argentina tenía una tradición de ser un miembro activo y muy respetado, por derecha e izquierda, hasta la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Pero el alineamiento automático del libertario con Donald Trump y Benjamín Netanyahu que no sólo cuestionan fuertemente al Consejo, del que se fueron, sino a la misma ONU, provocaron un cambio en la histórica posición del Estado argentino.
Lo decisión de la administración Milei fue confirmada a Clarín por diversos organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional. Pero a nivel Cancillería o Casa Rosada no hay aún una respuesta oficial.
Lo que supo Clarín de fuentes diplomáticas en Nueva York es que ya se le comunicó la decisión al representante argentino ante la ONU, Francisco Troppepi, y luego este lo debería informar a su par en ONU-Ginebra, Carlos Foradori, quien en los hechos es donde tiene sede el Consejo.
Así, por primera vez en su historia, la Argentina decidió declinar su candidatura al órgano más importante del mundo para la protección de los derechos humanos, creado en 2006 e integrado por 47 miembros de los 193 que tiene la ONU. Su lugar será ocupado por Ecuador. Las elecciones tendrán lugar en octubre próximo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Milei viajará a dar su segundo discurso en la Asamblea, para el 23 y 24 de septiembre. Netanyahu le pidió una bilateral, ya que evalúa declinar su deseado viaje a la Argentina.
Desde la creación del Consejo de Derechos Humanos en 2006, la Argentina fue un respetado miembro del órgano en los periodos 2006–2007, 2009–2011, 2013–2015, 2019-2021 y 2022-2024.
En esta oportunidad existían dos candidatos (Argentina y Chile) para dos vacantes correspondientes a América Latina. El país tenía los votos seguros para entrar.
La Argentina había ejercido la Presidencia de dicho órgano en 2022 en la persona del embajador Federico Villegas, representante del gobierno de Alberto Fernández ante el órgano.
El país ahora no podrá votar para condenar a países violadores de los derechos humanos como Cuba, Venezuela, Nicaragua o Irán.
LA CRÍTICA DE AMNISTÍA
Un duro posteo de Amnistía Internacional lamentó la decisión argentina señalando que el Consejo “integrado por 47 Estados, es central para promover y proteger los DD.HH. en el mundo”
Entonces se preguntó en un hilo de posteos: «¿Qué significa la retirada de nuestro país del Consejo de Derechos Humanos? “Si Argentina declina su candidatura no integrará el Consejo y, como tal, -no puede votar ni presentar resoluciones por lo que no tiene poder de decisión. Pero sigue igualmente obligada por los mecanismos internacionales de derechos humanos de la ONU y puede intervenir como observador.”
Luego señaló que el Consejo de Derechos Humanos es un foro global para que los gobiernos examinen violaciones de DD.HH., creen misiones de investigación y revisen periódicamente la situación de todos los países. Aunque no es perfecto, es clave para exigir a los gobiernos que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluso hacia su propia población. Ser parte implica asumir compromisos concretos y someterse al escrutinio internacional.
“La participación de Argentina en el Consejo es parte de su integración internacional y compromiso con el multilateralismo. Fue miembro fundador y ha integrado el Consejo en varios períodos, en los que impulsó resoluciones sobre diversidad y justicia climática, y apoyó misiones de verificación e investigación como la de Venezuela y Myanmar. Su retiro debilita esa tradición y su renuncia a ese rol envía una señal preocupante sobre su voluntad de sostener un compromiso con los derechos de las y los argentinos en el mundo”,apuntó.
Y manifestó: “Las instituciones internacionales seguirán funcionando con o sin Argentina, pero aunque no sorprenda, Milei NO tiene interés en tener un lugar en esa mesa para influir en las normas y políticas del futuro, ni siquiera para proteger los derechos humanos de las personas en Argentina.
03/09/2025 a las 4:09 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
La duda que carcome al Gobierno
Claudio Jacquelin
Fuente: La Nación
(*) Notiar.com.ar
1/9/025
“Fueron las dos peores semanas del Gobierno”, se sinceró uno de los principales colaboradores de Javier Milei tras el estallido del mayor escándalo por un caso de presunta corrupción que golpea a la cima del mileísmo y una nueva sucesión de tropiezos económico-financieros. A eso se suman la ya inocultable caída de la actividad en demasiados rubros, más las derrotas parlamentarias que tienden a jaquear el superávit fiscal, pilar fundamental del programa económico.
Ante esa realidad el Presidente decidió aplicar el inflador anímico hacia adentro de su golpeado equipo y, sobre todo, hacia sus adherentes y los tomadores de decisiones económicas. Milei afirmó que “lo mejor empezará en octubre”, tras las elecciones generales que asoman favorables.
Pero, por si eso no fuera suficiente, ya que ocho semanas con este contexto desfavorable parecen demasiado tiempo, agregó como punto de inflexión para torcer el signo negativo la fecha del próximo domingo, cuando se realizarán los comicios bonaerenses. Un alarde de optimismo, que las encuestas no avalan y menos tan asertivamente, aunque es un hecho que las encuestas electorales son cada vez menos fiables como instrumento predictivo.
Sin embargo, el hiperbólico entusiasmo de Milei no logra despejar la duda que por estos días difíciles carcome el espíritu de los sectores más realistas del Gobierno, entre los que no hay ninguna certeza de que con el comienzo de septiembre y la proximidad de la primavera florezcan las buenas noticias para el oficialismo.
“¿Y si las peores semanas no fueran las dos que acaban de terminar?”, es la pregunta que se hacen varios, entre los que se incluyen funcionarios, legisladores y aliados políticos, y, especialmente, resuena en el ala este de la Casa Rosada, donde reside el equipo de Santiago Caputo (en estos días sin la energía de tiempos mejores).
La aplastante derrota sufrida este domingo por el candidato a gobernador de la Libertad Avanza (LLA) en Corrientes fue un pésimo corolario de estos días o, peor, un posible comienzo de otra etapa muy complicada. El mal resultado había sido pronosticado por todas las encuestas y no logró ser revertido por presencia en la semana de cierre de campaña de la hoy sospechada hermanísima Karina Milei. Peor aún, para algunos resultó un salvavidas de plomo para el aspirante libertario Lisandro Almirón, a quien ella impuso, tras romper un posible acuerdo con el gobernador saliente Gustavo Valdés, cuyo hermano Juan Pablo, se imponía al momento de esta publicación con contundencia y evitaba un balotaje.
Esa derrota y la aparición de los audios atribuidos al extitular de la Andis e íntimo amigo del Presidente, Diego Spagnuolo, en el que se habla de coimas que iban hacia la secretaria general de la Presidencia y su más que íntimo asesor, Eduardo “Lule” Menem, han sido la continuidad de una sucesión de hechos negativos para el Gobierno y la apertura de una nueva etapa, signada por la incertidumbre, las sospechas y la desconfianza en la cúpula misma del oficialismo.
Ya se habla de un reseteo del equipo de gobierno después de las elecciones nacionales del 26 de octubre, que podría deparar varias sorpresas. Ingresarían nuevas figuras no solo para cubrir las vacantes que dejarán los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri, ya que se da por hecho que resultarán elegidos para integrar el Congreso.
El mayor problema para una renovación es que las figuras más expuestas por estas horas gozan de la más alta protección y, en ese terreno, parece inimaginable para todos que Karina Milei pueda pasar a ocupar un lugar menos relevante. Dentro y fuera del Gobierno se ha naturalizado que los Milei son una unidad indivisible, aunque más de la mitad de los argentinos hayan votado a uno solo de ellos, sin aviso previo de esa singularidad.
La consecuente carencia de una reacción eficaz por parte de la administración mileísta frente a estos graves problemas es adjudicada a falencias de gestión y a las disputas internas abiertas, sobre todo entre el ala que responde a la hermanísima y la del (¿ex?) todopoderoso asesor presidencial Santiago Caputo. También, a la dificultad absoluta para avizorar dónde estaría el final de esa espiral descendente. El temor a que aparezcan nuevos audios más comprometedores o, mejor dicho, la semicerteza de que aparecerán, dificulta la adopción de cualquiera de las acciones que se discuten en el comité de crisis.
Todo escaló después de que aparecieran escuchas de Karina Milei, que habrían sido captados clandestinamente en la propia Casa de Gobierno. Aunque sobre el episodio abundan las dudas, al igual que respecto de los deleznables episodios de violencia callejera sufridos durante actos de campaña por el propio Presidente y su hermana, en los que además de la inadmisible acción de los violentos quedaron en evidencia llamativas fallas en la previsión y en la protección del primer mandatario y de la secretaria general de la Presidencia.
En este estado de desconfianza generalizado y de fantasmas agitados, la inocuidad de lo que dice Karina Milei en los audios hasta ahora filtrados induce a las mentes más escépticas y conspirativas a plantear la sospecha de si no se habría tratado de una operación para desviar la atención del caso Spagnuolo y victimizar a quien aparece como acusada de un gravísimo presunto hecho de corrupción. Los enemigos aprovechan las grietas de la comunicación oficial para agitar versiones.
Lo cierto es que la gravedad del supuesto caso de coimas se suma, para preocupación del Gobierno, a la hondura y la rapidez con la que caló en la opinión pública. Las encuestas indican que casi el 80% de los argentinos está, más o menos, al tanto del episodio que convirtió en meme a la influyente hermana presidencial. Y el hecho se instaló en escenarios inusitados.
En la reciente fecha del torneo de la AFA en varias canchas de fútbol fue reflejado el escándalo. En algunos estadios aparecieron banderas haciendo referencia al 3%, porcentaje del monto de las compras de medicamentos que según Spagnuolo se asignaba a Karina Milei o su entorno y un equipo del ascenso sacó el nombre del jugador que debía llevar ese número en la camiseta del anuncio de su formación, bajo la advertencia “nos desapreció el 3”. La creatividad argentina no tiene límites. Aunque a los más avisados no les escapa que en AFA talla Pablo Toviggino, uno de los dueños del canal de streaming donde se difundieron los audios del escándalo.
Al margen de las suspicacias de los malpensados, si la escucha a la secretaria general de la Presidencia ocurrió tal como se alarmó el vocero presidencial, eso hablaría de una enorme fragilidad en la seguridad del Gobierno tanto como de la inutilidad de la ampliación del sistema de inteligencia y del aumento de los recursos asignados. O, peor aún, de la existencia de un esquema de espionaje enquistado en la propia administración. No sería la primera vez que un funcionario es escuchado clandestinamente en la Casa Rosada, como dijo Adorni, pero sí es la primera vez que las escuchas se hacen públicas.
Ninguna de ellas serían buenas noticias para el supergurú Caputo. Más en estos tiempos turbulentos que atraviesa desde que empezó a discrepar con el armado político electoral de Karina Milei y que se complicaron aún más con los hechos que salpicaron al ministro de Salud, Mario Lugones, con el caso del fentanilo contaminado. Lugones fue designado al frente de esa cartera por decisión y pedido del asesor sin firma, que ha sido empleado y socio del hijo del ministro,
Paradójicamente, todas estas complicaciones pusieron en alerta al estratega, no tanto por una pérdida de incidencia en decisiones políticas cruciales y un probable recorte en las áreas de su injerencia, sino por la posibilidad, que él mismo considera cada vez más alta, de que deba dejar su lugar sin firma y de baja exposición para tener que asumir un cargo formal, con todo lo que eso implica en términos de responsabilidad jurídica e institucional. Son varios los que lo venían escuchado expresar esas tribulaciones. Los últimos hechos aumentaron el estrés. El recuerdo que remite al socio de Lugones padre, Enrique “Coti” Nosiglia, obligado a salir de las sombras para ser ministro del Interior de Alfonsín, cuando su gobierno se deslizaba por una pendiente sin fin, no le resulta tranquilizador.
La pérdida del control de la agenda pública por parte del Gobierno, los escollos políticos sin sortear (no sólo en el Congreso) y las muchas dudas que transmiten por estos días los actores económicos se suman a indicadores preocupantes en el plano económico financiero, que para muchos no terminan de explicarse por el riesgo político que entraña el proceso electoral y la amenaza de una resurrección del kirchnerismo, en la que no creen, al menos en este turno, ni los propios kirchneristas.
La venta de dólares por parte del Tesoro, la caída en la actividad económica que muestran todas las consultoras, el aumento sin freno de las tasas de interés sin lograr bajar la cotización del dólar, el sostenido aumento del riesgo país y el golpe a la confianza social en el Gobierno que ya se venía registrando y aceleró el caso Spagnuolo hablan de un escenario más complicado del que se esperaba y prometía el Gobierno para enfrentar las elecciones.
El Gobierno se ilusiona en estas horas con poder frenar la hemorragia que abrieron los audios sobre los supuestos sobornos en la Andis. La designación del abogado Martín Magram por parte de los hermanos Kovalivker, propietarios de la sospechada droguería Suizo Argentina, de estrecho vínculo con el cristinista exjuez de la Corte Eugenio Zaffaroni y buena llegada a Comodoro Py, más la dificultad técnica para acceder al contenido de sus teléfonos alimenta esa ilusión. Tanto como el operativo de contención y apoyo a los Kovalivker que han empezado a desplegar varios de los grandes jugadores del rubro de los laboratorios farmacéuticos.
La coalición que droguerías y laboratorios constituyeron espontánea, pero no desinteresadamente, para lograr (con éxito) un fallo favorable de la Corte para evitar que la más grande cadena farmacias fuera habilitada a instalarse en la provincia de Buenos Aires estaría desperezándose.
El temor a estar frente a un caso de “Cuadernos II” que los involucre se ha extendido como una mancha de aceite en ese sector en el que el vínculo con los gobiernos nacionales y subnacionales ha estado desde siempre signado por tanta opacidad como el que mantenían los contratistas de la obra pública.
El recuerdo del impacto que ese caso tuvo en el gobierno de Mauricio Macri ha encendido muchas alarmas, tanto en el ámbito empresarial como en el Gobierno.
“No queremos ni imaginar un escenario en que el que una parte muy poderosa del establishment económico tenga que optar entre autopreservarse o defender a un gobierno afín ideológicamente”, dijo un importante colaborador de la administración mileísta.
Los grandes activos de la caída de la inflación y la lucha contra la casta que llevaron a Milei a la Presidencia y mantuvieron en niveles inéditos y durante una extensión de tiempo sin precedente su imagen positiva, a pesar de los efectos negativos del ajuste en ciertos sectores sociales, están empezando a mostrar serios signos de fatiga.
La inflación ya no está entre las principales preocupaciones del Gobierno y, como dijo un diputado aliado del oficialismo, “al final, casi nadie te reconoce por haber evitado lo que podría haber ocurrido, como la hiperinflación”. Ahora, la economía abrió nuevos desafíos, como la caída del consumo de bienes básicos, el retraso que vienen registrando los salarios y el alza de las tasas de interés, que afecta a consumidores, comerciantes y productores.
La guerra contra la casta y contra los que se benefician desde el Estado, en tanto, ha sufrido un duro golpe con el caso de las supuestas coimas en la compra de medicamentos para discapacitados, cuando todavía el escándalo de la criptomoneda $LIBRA no se cerró.
Después de la mala performance de este domingo en Corrientes, el próximo domingo será una instancia crucial para empezar a despejar la gran duda que carcome a buena parte del oficialismo: ¿Y si las que pasaron no fueron las peores semanas del Gobierno desde que Milei asumió?