Por Pascual Albanese.-
La renuncia del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su reemplazo por el Ministro del Interior, Diego Santilli, marcó un punto de inflexión en la gestión gubernamental, que experimentaba un estancamiento derivado de la situación del dimitente, cuya permanencia había puesto en tela de juicio el sistema de alianzas que garantiza al gobierno la aprobación de las leyes indispensables para las reformas económicas que constituyen su principal razón de ser.
Como en aquella mítica leyenda cinematográfica del Regimiento de Caballería que a último momento rescataba a la fortaleza sitiada por los indios sioux, Santilli salvó dos veces al gobierno con sendos reemplazos: en septiembre de 2025 sustituyó al frente de la lista de candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza acababa perder la elección provincial, a José Luis Espert, acusado de vínculos con el narcotráfico. Diez meses después hizo lo mismo con Adorni, acosado por imputaciones de corrupción.
El saldo políticamente más relevante de este episodio es la ratificación de que, a pesar de su notable triunfo en las elecciones parlamentarias de octubre pasado, la gestión gubernamental sigue necesitando para avanzar en sus objetivos de una estrategia de negociación permanente con aliados más o menos cercanos, una denominación que incluye básicamente al PRO y a un sector del radicalismo, y con la “oposición dialoguista”, en particular con algunos gobernadores peronistas y de partidos provinciales. La creciente horizontalización del espectro político, derivada de la crisis de los partidos tradicionales, hace que estas tratativas sean “caso por caso” y consiguientemente demanden contraprestaciones puntuales.
La empecinada defensa de la continuidad de Adorni mantenida por Javier Milei sólo cedió ante la comprobación de que su alejamiento del cargo era la condición necesaria para evitar que el Congreso volviera a erigirse en una trinchera que frenara sus iniciativas, tal cual había sucedido en los meses previos a las elecciones de octubre.
Más que el rol decisivo que exageradamente le asignan algunos analistas políticos, la senadora Patricia Bullrich fue el termómetro que registró la creciente disconformidad que provocaba entre los aliados del oficialismo la situación de Adorni y la consiguiente dificultad en avanzar en la agenda legislativa. Más aún cuando la información periodística indicaba que en las siguientes semanas se conocerían nuevas pruebas que complicarían la situación procesal del ex funcionario, tal como se verificó con los testimonios conocidos en los últimos días.
En un principio Milei y su hermana Karina contemplaron seriamente la posibilidad de que la salida de Adorni no fuera resultado de un acto voluntario sino el producto de una moción de censura aprobado por ambas cámaras del Congreso, una hipótesis que permitiría denunciar su destitución como una “maniobra golpista”.
Finalmente prevaleció la opinión del Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien sostenía que esa remoción, que hubiera sido la primera en la historia constitucional argentina, sería interpretada en los mercados financieros como una manifestación de debilidad política de la autoridad presidencial, con su consiguiente impacto en la tasa riesgo país y en las decisiones de los inversores.
El encumbramiento de Santilli, cuyo nombre circulaba ya desde hacía varios días antes en los medios periodísticos junto con el del canciller Pablo Quirno como posibles reemplazantes de Adorni, revela la decisión de impulsar un giro político cuyas primeras manifestaciones empiezan a tomar estado público.
El nombramiento del nuevo Jefe de Gabinete fue precedido por la designación de Adrián Raver como vocero gubernamental, que buscará atenuar la confrontación entre el gobierno y los grandes conglomerados empresarios de comunicación. Raver buscará poner más el acento en los logros económicos, como la reducción de la inflación y el descenso de la tasa riesgo país, y menos en la “batalla cultural” contra la “casta política”, que con el ascenso de Santilli parece estar definitivamente perdida.
A diferencia de su antecesor, Santilli es un experimentado dirigente político que en el lenguaje presidencial merecería caracterizarse como parte de la “casta”. Su primera misión consiste en romper el aislamiento gubernamental. Para ello, su prioridad será recomponer las alianzas parlamentarias y sostener el diálogo con los gobernadores, trece de los cuales asistieron a su acto de asunción.
Una de las cuestiones fundamentales que afrontará Santilli es el proyecto de reforma de la ley electoral, cuyo punto álgido es la eliminación de las PASO. Para el gobierno no es un tema menor: Milei lo enfatizó en la reunión que mantuvo en su reunión con los bloques parlamentarios de La Libertad Avanza.
En esa oportunidad, quedó sacralizada una obviedad: de aquí en más la prioridad política del oficialismo será la reelección presidencial. A tal fin, resulta natural que sea preferible confrontar con una oposición atomizada. En ese escenario, las elecciones primarias pueden ser una herramienta para la reconfiguración de las fuerzas opositoras. Su eliminación facilitaría el mantenimiento del actual estado de dispersión.
En esa dirección de facilitar la gestión gubernamental a cargo de Santilli y de pavimentar el camino hacia la reelección conviene anotar también el propósito de introducir cambios en el Poder Judicial. El fallo de la Suprema Corte de Justicia que intima al Poder Ejecutivo a implementar de inmediato la ley de financiamiento de las universidades públicas, cuyo impacto presupuestario coloca en tela de juicio nada menos que el equilibrio fiscal, puso de relieve la relevancia del asunto. Mucho más cuando algunos dirigentes de la oposición y los intereses afectados por las medidas oficiales suelen recurrir a la judicialización de las decisiones del Poder Ejecutivo y del Parlamento.
En realidad, el viraje político reflejado con la designación de Santilli, un ícono de la “casta”, había tenido ya una encubierta anticipación con el nombramiento de Juan Bautista Mahiques, una personalidad emblemática de la corporación judicial, al frente del Ministerio de Justicia y con las negociaciones entabladas con sectores de la oposición para la cobertura de 300 cargos vacantes en el Poder Judicial.
De allí la versión de que en la oportunidad de la renuncia de Adorni habría influido una suerte de “trueque de favores” surgido del fluido diálogo entre Mahiques y el juez Ariel Lijo, ex presidente de la Asociación de Magistrados, que está a cargo la investigación contra el ex Jefe de Gabinete y cultiva un sólido vínculo con el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene a su vez en sus manos el llamado “caso LIBRA”, cuya irradiación mediática podría lesionar la imagen presidencial.
En este sentido corresponde puntualizar que hay un paquete de leyes muy importantes en términos de mediano y largo plazo cuya sanción parlamentaria en ciertos casos tendrá que atravesar posteriormente una posible instancia de judicialización. Ese conjunto de iniciativas incluye el “Super- RIGI”, para inversiones de más de 1.000 millones de dólares, que tiene media sanción del Senado, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que elimina las restricciones a la compra de tierras por personas físicas o compañías extranjeras, y la reforma a la ley de sociedades, que incluye la figura de “sociedades no automatizadas” o “no humanas”.
Los incentivos y garantías establecidas en esa normativa propuesta tienen que ver con el mayor proyecto estratégico del gobierno, que es el aprovechamiento intensivo de los recursos naturales, en especial en materia de energía y minería, para convertir a la Argentina en un polo mundial de desarrollo de la inteligencia artificial, motivo principal de la permanencia en Buenos Aires de Peter Thiel, que es el mayor accionista de Palantir, una empresa de software especializada en el análisis de macrodatos que es contratista del Pentágono y hoy negocia acuerdos con organismos de defensa y seguridad del Estado argentino.
En ese marco se inscribe la materialización de inversiones de un volumen gigantesco. A la publicitada instalación de un mega “data centers” en la Patagonia que tiene en carpeta Open AI, la empresa dirigida por Sam Atman, una de las figuras más importantes del complejo tecnológico de Silicon Valley y a la vez una personalidad extremadamente influyente en el gobierno de Donald Trum, se incorporó una iniciativa de Hamid Ansari, un destacado empresario iraní-estadounidense, destinada a fabricar, en asociación con el INVAP (firma (de propiedad de la provincia de Río Negro), una línea de reactores nucleares modulares destinada a satisfacer la monumental demanda mundial de energía derivada de la explosión de la inteligencia artificial.
En línea con esa estrategia la Argentina firmó su adhesión a “Pax Silica”, una coalición internacional de 35 países, que abarca a los miembros de la Unión Europea, Gran Bretaña, India, Australia, Japón e Israel, promovida por Estados Unidos que asegura a los países signatarios el suministro de materiales críticos para el desarrollo de la inteligencia artificial.
Este tratado tiene repercusión en la política doméstica: como la reforma constitucional de 1994 otorga a los estados provinciales la propiedad de los recursos naturales del subsuelo, la implementación de su contenido otorga mayor relevancia a los gobiernos provinciales. En consecuencia, las futuras elecciones de gobernador en las provincias del arco cordillerano tendrán también una nueva dimensión geopolítica que movilizará a los diversos intereses en juego.
La política exterior de alineamiento con Estados Unidos está sólidamente anclada ese proyecto estratégico. El resultado de las recientes elecciones presidenciales en Perú y en Colombia fortalece la configuración de un eje continental que aísla al Brasil de Lula. Este bloque incipiente gravita sobre las elecciones presidenciales brasileñas de octubre, en las que Milei ya tomó abierto partido con su entrevista con el candidato opositor Flavio Bolsonaro (hijo del ex mandatario) y su ausencia en la reunión cumbre del MERCOSUR, que le permitió eludir una foto con Lula.
En ese contexto, no corresponde subestimar la relevancia política de la controversia suscitada partir de la publicación de la encíclica “Magnifica Humanidad”, cuyo sugestivo subtítulo es “El cuidado de la persona humana en los tiempos de la inteligencia artificial”, que hizo que Thiel acusara a León XIV de “trabajar con los comunistas chinos”. Para Thiel las propuestas de regulación internacional en materia de inteligencia artificial favorecen a China en su competencia con Estados Uidos.
Thiel es un empresario con un elevado nivel de formación intelectual y de conocimiento político que no se cansa de reiterar una pregunta a todos sus interlocutores en Buenos Aires, una larga lista que va desde Mile hasta Juan Grabois: “¿cómo se puede sustentar todo esto en el tiempo?”. Esa pregunta preocupa no sólo a los grandes inversores sino también a la multitud de argentinos de a pie que atesoran sus dólares en el colchón. Una vez dejada atrás la emergencia inflacionaria de 2023, el interrogante no es “¿hacia dónde’” sino “¿y mientras tanto?”.
Sobre el “hacia donde” existe mucho más consenso del que aparece en la superficie política. En agosto de 2022, a pocos días de haber asumido el Ministerio de Economía, en un discurso ante el Consejo de las Americas, que congrega a las empresas estadunidenses radicadas en el país, Sergio Massa, que un años después fue el contrincante de Milei en el balotaje de las elecciones presidenciales, definió cuatro pilares para el desarrollo económico para la Argentina: agroindustria, energía, minería e industria del conocimiento. Luis Caputo no tendría una ni coma que poner para modificar semejante enumeración de prioridades. El “¿y mientras tanto”, en cambio, remite a la transición entre las dificultades del presente y las oportunidades del futuro.
El informe del INDEC sobre la actividad económica del primer trimestre de 2026 consigna que en los últimos doce meses el producto bruto interno aumentó un 2,3%. En los últimos cuatro trimestres ese incremento fue del a 0,3%, 0,1%, 1,2% y 0,7%, consecutivamente, mientras que, en los últimos cinco trimestres, o sea desde enero de 2025, aumentó a un ritmo del 0,6%. El crecimiento estuvo basado en el nivel de las exportaciones, pero no incluyó ni la industria ni a la construcción. La Asociación de Fabricantes de Automóviles (ADEFA) informó que en el primer semestre de este año la producción de vehículos descendió un 18,5%.
Otro dato significativo del informe del INDEC es que, a pesar de los beneficios otorgados por la Ley de Inocencia Fiscal y la reducción de la tasa riesgo país, el famoso “colchón” que los argentinos protegen sus ahorros alcanzaba los 284.000 millones de dólares en efectivo y 55.000 millones en activos físicos (bienes, propiedades), o sea 2.372 millones más que en 2025. Esa cifra es seis veces mayor que el total de las reservas monetarias del Banco Central, actualmente en 46.000 millones de dólares. El déficit de cuenta corriente, que asienta el ingreso y la salida de capitales, fue en 2025 de 7.782 millones de dólares y de 1651 millones de dólares en el primer trimestre de 2026.
El mismo informe del INDEC consigna que la formación bruta de capital se redujo en un 11,6% con relación al mismo periodo de 2025. La inversión bruta interna es el 17% del PBI, un número históricamente bajo. Las estimaciones indican que para impulsar un proceso de crecimiento económico sostenido ese porcentaje tendría que estar por encima del 20%. Una crecida proporción de ese monto corresponde a la reposición del capital. En números, dicho porcentaje equivale a unos 100.000 millones de dólares por año, una cifra inferior al último trimestre del gobierno de Alberto Fernández.
El régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI) tiene ya dieciséis proyectos aprobados, por valor de 29.892 millones de dólares, y otra veintena en estado de avanzada evaluación. En conjunto suponen cerca de 100.000 millones de dipolares, a los que cabría agregar una significativa variedad de anuncios en vías de concreción. Pero sólo el 6% de esas dieciséis inversiones ya homologadas se desembolsará en 2026.
El factor estructural más relevante de la nueva situación es una marcada heterogeneidad que apunta a una profunda redefinición de la geografía económica argentina. Las inversiones y las perspectivas de crecimiento están claramente concentradas en los recursos naturales, en particular la energía y minería en la zona cordillerana y la agroindustria en la Región Centro y zonas aledañas, y no los sectores industriales tradicionales, en especial las pequeñas y medianas empresas localizadas en el cinturón del conurbano bonaerense, una pequeña superficie pero donde reside un cuarto de la población y que, como quedó demostrado en los estallidos sociales de junio de 1989 y de diciembre de 2001 es la principal fuente de ingobernabilidad de la Argentina.
Federico Sturzenegger sostiene que los cambios estructurales en marcha posibilitarán que cuatro millones de argentinos se trasladen desde el conurbano bonaerense para trabajar en el interior de la Argentina, pero aclara que esa migración masiva, inversa a la que protagonizó la Argentina en la década del 30 y principios de la década del 40, se completará en un plazo de aproximadamente treinta años
Esa distancia entre los plazos de las inversiones y las dificultades de la coyuntura hacen, por ejemplo, que la industria argentina padezca en este invierno una fuerte restricción en su abastecimiento de gas natural, porque las reservas de Vaca Muerta son unas de las más importantes del mundo, pero su aprovechamiento integral depende de los tiempos de ejecución de los proyectos de infraestructura que permitan su transporte y comercialización.
Pero la pregunta de Thiel acerca de “cómo se sustenta esto en el tiempo” no depende de los pronósticos económicos. Exige una respuesta política de largo plazo. Thiel sostiene, por ejemplo, que el futuro de Estados Unidos no depende del Partido Republicano sino de la evolución del Partido Demócrata, que a su juicio está amenazado por el avance de la izquierda radicalizada. Según su visión, “El Partido Republicano no importante tanto. Cuando el Partido Demócrata desaparezca, este país estará acabado”. Una rápida analogía permite interpretar fácilmente lo que significa la aplicación de ese método de análisis a la realidad histórica argentina.
Mientras Santilli la encara la tarea de reformular la alianza oficialista para impulsar la reelección presidencial, el peronismo navega en medio de una crisis interna en la que, al margen de la disputa entre Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kiciloff, empieza a extenderse la convicción de que su competitividad electoral para 2027 demanda una profunda reformulación programática que le permita dejar atrás el “kirchnerismo” y ofrecer una nueva alternativa política adecuada al nuevo contexto histórico y que asuma el compromiso de sostener el equilibrio fiscal.
Esa reconfiguración involucra a la mayoría de los gobernadores, a los sigilosos movimientos de Sergio Massa, a la actual conducción de la CGT y a los animadores de múltiples iniciativas que van desde la tentativa de recreación del “peronismo federal” nacida en mayo pasado en un plenario nacional celebrado en Parque Norte y que realizó semanas atrás otro encuentro en Concepción del Uruguay donde difundió el documento “Programa Federal para la Competitividad Agropecuaria”, orientado a restablecer el vínculo del peronismo con el sector agrario, hasta la línea encabezada por el ex gobernador sanjuanino Sergio Uñac, pasando por las gestiones reservadas de Miguel Angel Pichetto y también ahora por el grupo de dirigentes, entre ellos Emilio Monzó y Diego Bossio, que promueven la precandidatura presidencial de Jorge Brito. Todos ellos coinciden en la necesidad de garantizar el equilibrio fiscal, diseñar una estrategia de desarrollo “promercado” y avanzar en la reinserción de la Argentina en el escenario mundial.
Esa tendencia coincide con el interés manifestado por un sector del denominado “círculo rojo” que entiende que la previsibilidad que en términos de mediano y largo plazo requiere la respuesta a la pregunta de Thiel sobre la sustentabilidad no depende exclusivamente del éxito de los esfuerzos de Milei por salir de la situación de emergencia en que estaba sumergida la Argentina en diciembre de 2023 sino también de la construcción de un consenso político capaz de impedir un nuevo salto al vacío.
Desde esta primera quincena de julio, que marca el comienzo del segundo semestre, el gobierno intentará aprovechar al máximo el estado de relativo relajamiento de la opinión público derivado del campeonato mundial de fútbol para completar el proceso de reordenamiento enmarcado en la salida de Adorni.
Pero en octubre y noviembre ocurrirán tres acontecimientos internacionales que impactarán fuertemente en la situación política. El primera será en octubre la elección presidencial brasileña, donde Lula confrontará con Bolsonaro. El segundo, el primer martes de noviembre, las elecciones legislativas de Estados Unidos, en las que estará en juego el espacio de maniobra de Trump en la última etapa de su mandato. El tercero, simultáneo con el anterior, será la visita a la Argentina de León XIV.
Un signo altamente elocuente de la significación política de esta visita pudo verificarse el lunes 29 de julio pasado en la sede de la CGT cuando, en una reunión convocada para analizar la encíclica, en la que expuso entre otros Gustavo Beliz, miembro de la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, el texto del documento papal fue distribuido en mano a cada uno de los centenares de los asistentes. Fue la primera vez en la historia argentina que una encíclica fue “volanteada” en un acto de la CGT.
El resultado del viraje impulsado por Santilli y el balance de estos tres grandes acontecimientos marcarán el punto de partida de una nueva etapa que constituirá el prólogo de la batalla electoral de 2027, que Milei y su hermana Karina han establecido como la nueva prioridad política para el gobierno hasta el final de su mandato.
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