Por Luis Alejandro Rizzi.-

No se puede discutir el carácter humanitario de la decisión del gobierno argentino de recibir refugiados sirios.

Tampoco me parece correcto que esa decisión se analice en línea con la candidatura de la Sra. Malcorra, actual canciller, a la Secretaría General de las Naciones Unidas o con algún otro tipo de interés personal, mezquino o partidario.

Precisamente las Naciones Unidas y el mundo han sido incapaces, no ya de encontrar soluciones a todos esos conflictos que convierten en víctimas inocentes a sus poblaciones, como son los de Medio Oriente, sino que las grandes potencias se limitaron a su juego, como si estuvieran apostando en un gran casino y las personas pasaran a ser meras fichas.

No es fácil recibir a personas -se habla de tres mil- que vienen con sus usos y costumbres, sus creencias y un estilo de vida muy diferente al nuestro.

Pienso que el gobierno debería fijar las condiciones mínimas bajo cuyo marco serán recibidos y uno de ellos es el respeto -resulta casi un oxímoron- que deberán profesar a nuestras leyes y usos, pese a la anomia en la que estamos sumergidos como sociedad.

Con esto quiero decir que se podrán mantener como colectividad, lo que no quiere decir que deban habitar en una suerte de gueto o barrio cerrado o aislados de nosotros. Deberán hacer un esfuerzo para integrarse y convivir en un medio diferente del que proceden.

Por un plazo que podrían ser uno a tres años se les debería garantizar asistencia social, en su sentido más amplio, el aprendizaje de nuestro idioma, acceso a los sistemas de educación según los niveles de aprendizaje individuales y un salario por un lapso de seis meses, durante el cual deberían capacitarse o revalidar sus oficios y profesiones, que debería continuarse como una suerte de crédito blando si pasado ese lapso no tuvieran trabajo.

Para recibir refugiados la sociedad debe tener una disposición de generosidad y comprensión como expresión sincera de la virtud de la caridad.

Debemos aceptar que esa actitud tendrá un costo y que también nos impone una obligación de comprender a aquellos que debieron emigrar por causas ajenas a su voluntad y en definitiva por defender su derecho a vivir, el derecho más sagrado de toda persona.

En una palabra nosotros nos debemos poner en el lugar de ellos y ellos en el nuestro.

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