Por Hernán Andrés Kruse.-
La noticia pasó inadvertida. Pero es de una gravedad extrema ya que pone al descubierto el desprecio del presidente de la nación por la salud pública. Mariana Pechenik es una referente del programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer. Su objetivo no es otro que calmar los terribles dolores que provoca esa feroz enfermedad que sigue manteniendo en vilo a la humanidad. Javier Milei, por razones presupuestarias, acaba de tomar la decisión de desmantelarlo. “Se ha desmantelado el programa nacional de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer, formador de recurso humano interdisciplinario en cuidados paliativos a través de becas en servicios de excelencia y cursos variados; provisión de morfina y metadona a las 24 jurisdicciones del país para apoyar principalmente el tratamiento del dolor severo por cáncer en las provincias más pobres del país, asesoría y apoyo permanente a los equipos de cuidados paliativos de todo el país”. “Causa: recorte. Consecuencias: aumento de la prevalencia del cáncer, aumento de los padecimientos asociados a la enfermedad, más pacientes sin recibir atención de personal calificado en cuidados paliativos ni alivio del dolor”, informó la doctora Pechenik en su cuenta de Facebook.
La médica de La Plata explicó que el Instituto mencionado, que depende del ministerio de Salud de la Nación, junto a la Asociación Argentina de Cuidados Paliativos e institutos privados “estaban torciendo el camino de la ignorancia vergonzosa que tiene el sistema de salud argentino en la materia” y advirtió que “esta política nacional es un descuido profundo a nuestros derechos humanos”. “Cumplo en informar desde adentro. Muchos no hablan por miedo. Los cuidados paliativos argentinos estamos de luto”, sentenció.
Por su parte, la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) advirtió que con la disolución en 2024 de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) se atentó contra la salud de centenares de pacientes oncológicos, quienes se vieron privados de aquellos medicamentos esenciales para combatir la cruel enfermedad. “A comienzos de 2024, el gobierno interrumpió la atención de la Dadse con el pretexto de reorganizarla. De ahí en más, se produjeron demoras en la provisión de la medicación que, como denunció Fesprosa y contabilizaron varias organizaciones, provocaron, por lo menos, 60 fallecidos a la fecha”, publicó Dadse en su página web (fuente: Perfil, 24/2/025)
Mario Lugones es médico cardiólogo. Desde septiembre del año pasado es Ministro de Salud de la Nación. ¿Cómo es posible que quien hizo el juramento hipocrático sea cómplice de semejante crimen? Porque al disolver el programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer el gobierno sentenció a muerte a un buen número de enfermos oncológicos. El doctor Lugones está avalando, reitero, un asesinato en masa. Mientras tanto, el presidente de la nación dedica todas sus energías en rendirle pleitesía al emperador Donald Trump. Vergonzoso y repugnante.
En las últimas horas el ministro de Salud negó el cierre del programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer. Su palabra está tan devaluada como la del presidente de la nación luego del “criptogate”. Para el gobierno libertario la salud pública es un despilfarro, un gasto. La salud debe estar en manos privadas y quien no posee los recursos suficientes para atenderse en los nosocomios privados debe resignarse. El derecho a la salud no es más que una ficción, en suma.
Buceando en Google me encontré con un ensayo de Milagros Marra titulado “El derecho a la salud en Argentina y el deber de garantía del Estado nacional” (Ab-Revista de Abogacía-año V, número 9, noviembre de 2021). A continuación paso a transcribir aquellos párrafos que considero más relevantes.
1) “Si bien el Estado nacional, podría decirse, es garante de la vigencia misma del Estado de derecho y, en tal sentido, no le es ajeno el reconocimiento y el resguardo de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y las leyes, puede afirmarse que lo es de un modo especial en relación con el derecho a la salud. En efecto, y como se pondrá en evidencia en el capítulo III, en todo lo atinente a la salud pública y al derecho a la salud individual de las personas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido su especial tutela por estar comprometido el derecho a la vida, primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional.3 Así, en la Constitución original de 1853-1860, mediante los enunciados del Preámbulo y de la disposición del artículo 33, el régimen jurídico argentino ha contado con sustento suficiente para dar una tutela preferida al derecho a la salud, como así también para concertar tratados internacionales que dieron un contenido específico renovado a esa garantía. Con la reforma de 1994, el rol del Estado como garante del derecho a la salud se vio renovado y reafirmado. Ello se pone en evidencia con las nuevas normas incorporadas (arts. 41, 42, 43, 75, incs. 22 y 23), y mediante la jerarquía constitucional reconocida a distintos tratados de derechos humanos, que se refieren expresa o implícitamente al derecho a la salud, en sus distintas manifestaciones”.
2) “Desde una mirada más amplia, incluso, se ha entendido que una buena salud es el mejor recurso para el progreso personal, económico y social. Es así como la promoción de la salud se centra en alcanzar la equidad sanitaria. Su acción se dirige a reducir las diferencias en el estado actual de la salud y a asegurar la igualdad de oportunidades y proporcionar los medios que permitan a toda la población desarrollar al máximo su salud potencial. Esto implica una base firme en un medio que la apoye, acceso a la información y la posesión de las aptitudes y oportunidades que la lleven a hacer sus opciones en términos de salud. Las personas deben ser capaces de asumir el control de todo lo que determine su estado de salud. Esto se aplica igualmente a hombres y mujeres. El concepto exige igualmente la acción coordinada de todos los implicados: los gobiernos, los sectores sanitarios y otros sectores sociales y económicos, las organizaciones benéficas, las autoridades locales, la industria y los medios de comunicación. Es por ello que el Estado tiene un papel sumamente importante, pues se va a desempeñar como mediador entre los diferentes actores que interactúan en materia de salud. Es así como las políticas sanitarias públicas, constituyen una de las medidas más significativas y relevantes para garantizar un acceso igualitario al derecho a la salud, y que mayor impacto producen en la eliminación progresiva de la pobreza estructural.5 Por último, de conformidad con lo expuesto, puede afirmarse que el deber de garantía asumido por el Estado frente al derecho a la salud acentúa y retroalimenta, a su vez, su rol como regulador”.
3) “Por último, a tenor de todo lo expuesto, el régimen jurídico argentino en materia de derecho a la salud y la jurisprudencia de la Corte Suprema referida a casos en que debió pronunciarse sobre el deber de garantía del Estado nacional no dejan lugar a dudas sobre el énfasis de su reconocimiento y su más plena postulación desde el plano jurídico-formal. Sin embargo, la realidad indica que nuestro país se encuentra inmerso, desde hace décadas, en recurrentes crisis económicas y sociales, con cada vez más elevados índices de necesidades básicas insatisfechas. Todo ello, a modo de causa y efecto, deteriora aceleradamente al propio sector público como al sector privado, a la economía en su conjunto y todo el entramado social, produce pérdidas de fuentes de trabajo, baja calidad educativa, menor desarrollo y mayores índices de pobreza. Por ello, cabe el interrogante: el derecho a la salud y deber de garantía del Estado en la Argentina ¿es una realidad o una ficción? La pregunta, sin dudas, interpela gravemente a todos. En primer lugar, cuestiona al Estado nacional mismo que, como reconoce la jurisprudencia examinada, tiene la función “rectora” del todo el sistema de salud, a la vez que también lo hace con relación a los Estados provinciales y municipales, en la medida de sus propias potestades y competencias en materia de salud”.
4) “Sin dudas que, para que el derecho a la salud en nuestro país y el deber de garantía del Estado nacional sean una realidad y no una ficción, es preciso no solo mejorar los estándares institucionales en todos lo relativo a la salud propiamente dicha, sino también en todos los demás ámbitos de la vida institucional correspondientes a los tres poderes de gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial), y en los tres niveles jurisdiccionales (nacional, provincial y municipal). Solo de ese modo, con adecuado diseño, ejecución y control de las políticas públicas, que resguarden el principio de juridicidad y contemplen criterios de eficiencia y equidad, podrán mejorarse finalmente los indicadores sociales y de la economía en general, de la educación, del trabajo y, consiguientemente, de la salud pública e individual. Por lo demás, aquel interrogante también debe interpelar gravemente a todos los ciudadanos, quienes forman parte y finalmente son quienes dan sustento y motorizan mediante su participación en la vida social y en las instituciones republicanas a los poderes del Estado. En especial, claro está, ese cuestionamiento comprenderá a quienes por ejercer algún tipo de liderazgo, sea en el ámbito público o privado, cuentan con mayores posibilidades de incidir o colaborar más eficazmente en preservar, fortalecer y mejorar las condiciones de vida en la sociedad”.
26/02/2025 a las 7:14 AM
Ayer en el artículo de esta página que lleva por título «El gobierno hace control de daños por el Criptogate» y la firma de su director (Carlos Tórtora) se hicieron 2 comentarios sobre el tema (ambos anónimos)
Los transcribo a continuación:
PRIMER COMENTARIO
¡¡¡VLLC!!!
24/02/2025 a las 5:47 PM
Responder
Denuncian que Javier Milei dejó sin medicamentos paliativos a enfermos de cáncer
La médica Mariana Pechenik denunció que Javier Milei desmanteló el programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer.
24 de febrero de 2025 – 13:31
La motosierra de Javier Milei está llegando a sectores impensados. La médica Mariana Pechenik denunció que el Gobierno desmanteló el programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer, por lo cual habrá “más pacientes sin recibir atención de personal calificado en cuidados paliativos ni alivio del dolor”.
“Los cuidados paliativos argentinos estamos de luto”, expresó la referente del área, y añadió: “Se ha desmantelado el programa nacional de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer, formador de recurso humano interdisciplinario en C.P. a través de becas en servicios de excelencia y cursos variados; provisión de morfina y metadona a las 24 jurisdicciones del país para apoyar principalmente el tratamiento del dolor severo por cáncer en las provincias más pobres del país; asesoría y apoyo permanente a los equipos de cuidados paliativos de todo el país”.
Según indicó en una publicación en su cuenta de Facebook, el recorte se basó en suspender las compras de opioides (morfina y metadona) con los que se trata a las personas enfermas de cáncer y en echar a 6 de los 8 integrantes del equipo.
“Causa: recorte. Consecuencias: aumento de la prevalencia del cáncer, aumento de los padecimientos asociados a la enfermedad, más pacientes sin recibir atención de personal calificado en cuidados paliativos ni alivio del dolor”, denunció la especialista.
Además, explicó que el Instituto Nacional del Cáncer junto a la Asociación Argentina de cuidados paliativos e institutos privados de formación “estaban torciendo el camino de la ignorancia vergonzosa que tiene el sistema de salud argentino en la materia” y advirtió que “esta política nacional es un descuido profundo a nuestros derechos humanos”.
La Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) advirtió que los recortes afectaron desde 2024 a centenares de pacientes que sufrieron la suspensión de la entrega de medicamentos oncológicos por la falta de respuestas de la disuelta Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) .
“A comienzos de 2024, el Gobierno interrumpió la atención de la Dadse con el pretexto de reorganizarla. De ahí en más, se produjeron demoras en la provisión de la medicación que, como denunció Fesprosa y contabilizaron varias organizaciones, provocaron, por lo menos, 60 fallecidos a la fecha”, publicaron en su web.
Marcha Federal en defensa de la salud y la vida
Desde Fesprosa convocaron a una marcha este jueves 27 de febrero, desde el ministerio de Salud hasta Plaza de Mayo, «en defensa de la salud y la vida».
El Frente en Defensa de la Salud Pública, integrado, entre otros, por la Fesprosa y diversos sectores de trabajadores organizados, hospitales nacionales, provinciales y locales, residentes, organizaciones de personas afectadas, redes de usuarios del sistema de salud público, asociaciones de profesionales y técnicos sanitarios, convocó a la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública y la Vida.
Con casi un centenar de adhesiones de organizaciones a nivel nacional, esta movilización tiene como «objetivo principal denunciar el vaciamiento del sistema de salud público, los despidos de cientos de trabajadores, la precarización laboral del sector y el desmantelamiento de programas esenciales, dejando a miles de personas sin tratamientos que ponen en riesgo su vida, y propiciando la propagación y aumento de enfermedades».
El Frente también denuncia «la creciente descentralización del sistema de salud (con su consecuente impacto presupuestario), el deterioro del Plan Nacional de Vacunación y la escasez de insumos y medicamentos».
FUENTE U24
Y
RESPUESTA
Sólo un ciudadano.
24/02/2025 a las 9:24 PM
Responder
La denuncia es una mezcla de alarmismo, datos sin verificar y manipulación emocional. Se presenta como un hecho consumado que Milei “dejó sin medicamentos paliativos a enfermos de cáncer”, pero en ningún momento se aporta evidencia concreta de que los pacientes hayan dejado de recibir morfina y metadona. Se menciona la supuesta eliminación del programa, pero sin aclarar si fue absorbido por otro organismo o si hay cambios en la provisión.
El relato se apoya en frases efectistas como “los cuidados paliativos estamos de luto” y “esta política es un descuido profundo a nuestros derechos humanos”, diseñadas para generar indignación sin aportar datos verificables. Se cita a la Fesprosa, un gremio con intereses políticos claros, que adjudica muertes a la falta de medicamentos sin pruebas médicas ni peritajes.
El artículo no es más que un panfleto disfrazado de noticia, con el objetivo de instalar la idea de que el gobierno está dejando morir a los enfermos. Si realmente hubiera pruebas de un desabastecimiento total de paliativos, lo lógico sería presentar informes oficiales o testimonios médicos verificables, en lugar de una catarata de afirmaciones sin sustento.
Mi análisis de la situación lo voy a sintetizar así:
1 – Para el gobierno la Salud Pública no es un tema prioritario, los jubilados menos.
«Polémica frase de un diputado de La Libertad Avanza sobre los jubilados de PAMI: «No creo que se mueran si no toman los medicamentos»
«La Libertad Avanza afirmó que la preocupación de los afiliados respecto a la adquisición de los remedios «no es para tanto».
«Moreno Ovello es economista y se desempeña, desde 2023, como Diputado nacional por la provincia de Salta. “No creo que los jubilados se mueran si no toman los medicamentos. Lo que se quiere impedir es la lucha contra el déficit fiscal que lleva adelante el Gobierno», sentenció el legislador.»
«Ante las diferentes críticas, cómo el comunicado que publicó la UCR criticando al gobierno de Javier Milei por la medida, el diputado nacional Moreno Ovello buscó bajar el tono del debate y en declaraciones aseguró que si algún jubilado no puede cuenta con el dinero para obtener el medicamento «algún familiar se lo puede comprar». Además, el legislador afirmó que, desde la oposición “se intenta victimizar a los jubilados” y que “no es tan grave” que no puedan acceder de forma gratuita a los medicamentos.
“No creo que los jubilados se mueran si no toman los medicamentos»
FUENTE: ámbito 3 de diciembre 2024
2 – La doctora Mariana Pechenik (MN 109663) denunció a través de redes sociales el desmantelamiento del programa, alertando que se suspendieron las compras de morfina y metadona, medicamentos esenciales para el tratamiento del dolor severo en pacientes con cáncer avanzado.
A primera vista nos encontramos ante una situación grave.
Si bien se trata de un hecho que amerita ser denunciado entiendo que la vía utilizada no es totalmente válida porque en «las redes» se puede denunciar y decir lo que uno se le ocurra y el efecto posterior es relativo. Entiendo que un caso de estas características debe denunciarse sí o sí ante la Justicia por ser el único camino válido para esclarecer debidamente las cosas.
3 – Ambas situaciones (las deleznables declaraciones del diputado Moreno Ovello, sumadas a la situación denunciada por la doctora Pechenik) me permiten decir que nos encontramos ante el abandono premeditado e intencional de personas enfermas, lo que en cierto modo es, sin dudas, un acto de Eutanasia colectiva que apunta al exterminio de los ancianos y a hacerle más llevadero el sufrimiento a los enfermos de cáncer.
Podríamos decir:
«Primero vinieron por los viejos, pero como yo no era viejo…no me importó»
Luego vinieron por los enfermos, pero como yo no estaba enfermo…tampoco me importó».
El final es sabido: «Ahora vienen por mí»….Trop tard
26/02/2025 a las 7:56 AM
Una aclaración a mi comentario:
En el punto 3 donde digo » y a hacerle más llevadero….» quise decir «y a impedir hacerle más llevadero el sufrimiento……»
26/02/2025 a las 7:28 AM
Perdón por la omisión fueron 3 comentarios, no 2
Brutal
24/02/2025 a las 10:18 PM
Responder
Después de leer la publicación en cuestión y su respuesta busqué el artículo de U 24 que es este: https://urgente24.com/actualidad/denuncian-que-javier-milei-dejo-medicamentos-paliativos-enfermos-cancer-n596454
Si fuese real y cierto que: «“A comienzos de 2024, el Gobierno interrumpió la atención de la Dadse con el pretexto de reorganizarla. De ahí en más, se produjeron demoras en la provisión de la medicación que, como denunció Fesprosa y contabilizaron varias organizaciones, provocaron, por lo menos, 60 fallecidos a la fecha” entonces corresponde iniciar una investigación que permita determinar la veracidad o falsedad de tales aseveraciones. No es tan complicado.
Si fuese Real y existen pruebas suficientes es un disparate y si fuese Mentira tendrán que hacerse cargo de sus dichos.
26/02/2025 a las 10:35 PM
https://youtu.be/gr-CPTyKXQo
26/02/2025 a las 3:55 PM
PELOTUDO TE PAGAN POR LAVARLE CON LA LENGUA LOS CALZONES A TÓNTORA?
PORQUE HAY QUE SER MUY PELOTUDO PARA FIRMAR SIN PRUEBAS TALES BARBARIDADES Y DELIRIOS.
26/02/2025 a las 5:51 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Las designaciones de Milei para
la Corte anticipan el juego
cruzado que se viene en el
Congreso y en año electoral
Eduardo Aulicino
Infobae
26 de Febrero, 2025
No habrá que esperar hasta el sábado para que Javier Milei recargue su discurso con la puesta en escena que supone la apertura del nuevo ciclo de sesiones ordinarias del Congreso. Cuatro días antes, el Presidente acaba de sumar temperatura en el acelerado clima electoral, camino a octubre, ya sin PASO aunque escalonado por varias paradas provinciales. Previsible pero igual impactante, avanzó con el decreto que designa a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como integrantes de la Corte Suprema. Queda planteado así un foco de tensión donde asomarán cuestiones si se quiere formales sobre el nombramiento en comisión pero, sobre todo, una discusión política de fondo y con capítulos abiertos, no pocos.
Por supuesto, la decisión de Olivos agrega un elemento de peso a las conversaciones que asoman en el variado conglomerado opositor frente a la cita de la Asamblea Legislativa. El panorama venía complicado por el impacto del criptogate y suma el oleaje por la decisión presidencial sobre el escalón máximo de la Justicia. El kirchnerismo empuja la ausencia de legisladores en el acto de apertura de sesiones, aunque al final podría expresarse con una delegación reducida, una fórmula que también crece entre sectores radicales y algunos provinciales y desafía al PRO. Allí, algunos recuerdan críticamente lo hecho por Mauricio Macri y luego superado con la votación de pliegos en el Senado.
El verano fue denso para todos. Y el inicio del calendario político, asociado a las sesiones del Congreso sin dependencia exclusiva del Ejecutivo, proyecta más. El discurso presidencial tendrá como telón de fondo no sólo el tema de la Corte, sino nuevos embates por el caso $LIBRA, a pesar del freno inicial a una comisión investigadora, y la dureza del texto que finalmente lea Milei ante los legisladores. Los términos serán gravitantes.
El oficialismo viene mezclando discurso duro frente a costos autogenerados con necesidades de acuerdo para sostener algunos de sus proyectos, como ocurrió con la suspensión de las PASO. En ese esquema, el PRO es pieza central, pero también las negociaciones con gobernadores de todos los espacios y las fisuras que pueda provocar en el peronismo/kirchnerismo, junto a la suma de dialoguistas. Las decisiones o discursos extremos operan al revés, con el presupuesto del éxito de la condena a la “casta”. Es una armadura que, al menos, resultó dañada por episodios como el discurso en Davos y más, por el oleaje del caso de la criptomoneda.
El comunicado que acompaña al anuncio sobre el decreto de designaciones para la Corte se anota en la “narrativa” mencionada. Carga sobre el Senado en general, con el argumento de favorecer o garantizar el funcionamiento del tribunal supremo, y busca vestir la falta de acuerdo en la Cámara alta -especialmente con UxP- como una maniobra en su contra. Dice que “no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino”. Otra vez, “la” política como algo ajeno.
Fuera de una contradicción en el texto sobre las atribuciones del Senado en estos casos, el comunicado tiene como eje responsabilizar al grueso de sus integrantes por la falta de resolución. Y coloca como contracara ejemplos de gestiones anteriores -Néstor Kirchner, Macri- que lograron aval mayoritario de senadores a sus propuestas. Aquellos resultados fueron fruto de entendimientos políticos, algo que no logró coronar LLA, entre otras razones para los rodeos frente a un tipo de acuerdo público que resultara costoso como imagen. ¿Está definitivamente cerrado el tema? Nadie en medios legislativos se atrevería a afirmarlo.
La cuestión es política. Hay quienes sugieren ahora discusiones sobre la extensión de las designaciones en comisión y también en la hipótesis de un rechazo abierto de la Cámara alta. Eso, sin contar posibles estribaciones judiciales. Sin embargo, las propias especulaciones de estas horas indican que la disputa política superaría la cuestión del decreto como instrumento, defendido, por supuesto, con la letra de la Constitución.
Más allá de los adjetivos elegidos en los cuestionamientos opositores, aun en el espacio amarillo, clave en las disputas legislativas cruciales -algo que en algunos pliegues oficialistas es visto como un ejercicio de presiones-, aparecen miradas críticas que remiten a la propia experiencia macrista con su decreto. Las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz terminaron esperando el aval del Senado. Expresión de convicción o pragmatismo, aquel giro es parte ahora de los señalamientos contra la vía del decreto para cubrir vacantes de la Corte.
Por supuesto, entonces como ahora, el mayor implícito tiene que ver con los efectos de decisiones políticas que operan sobre la interna del tribunal. Circula también un cuestionamiento repetido -es decir, tomando el ejemplo y corrección anteriores- sobre el desgaste que supondría cada decisión de la Corte en estas circunstancias y en particular, el foco sobre cada paso de los nuevos miembros, sin dejar de lado su previa huella personal.
Todo se da en un tablero especialmente curioso. Las críticas más de fondo, sobre este hecho en particular y la señal más amplia como concepción de poder -el comunicado oficial expone una visión de superioridad del Ejecutivo sobre el Legislativo- no partieron precisamente del peronismo/kirchnerismo, sino más bien de algunas franjas del llamado “dialoguismo” o de la oposición que también rechaza el juego K.
El peronismo legislativo muestra en la superficie un rechazo cerrado, que a la vez le permite reagruparse luego de las entregas de divisiones a la hora de votar algunos proyectos en las breves sesiones extraordinarias. Pero por debajo, deja abierta la instancia de una negociación amplia en el terreno judicial: una especie de trato para ampliar el tribunal o asegurar al menos un nombramiento -una jueza, preferentemente- en línea con CFK, además de discutir el cargo del procurador y decenas de vacantes en la Justicia.
Para completar, resulta un dato nada desdeñable el cambio de contexto desde que comenzó esta historia, hace un año. La posibilidad de apelar a un decreto fue esgrimida en principio como advertencia y elemento de presión. Pasaron los meses sin resultado. Y en las últimas semanas, el camino del decreto fue retomado en la medida que se agotaba el período de sesiones convocadas por el Ejecutivo. El punto es que llegó después de estallar el caso $LIBRA. Y eso mismo, cuando cada movimiento sugiere la idea de volver a la ofensiva, termina colorear todo como jugada en el paño de “la” política.
26/02/2025 a las 6:04 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Banco Nación: el Gobierno
cuestionó la precautelar de la
Justicia e insistirá con la
Sociedad Anónima
Brenda Struminger
Infobae
26 de Febrero, 2025
El Gobierno recibió con fuerte malestar la medida precautelar del juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, contra la transformación del Banco Nación en Sociedad Anónima que decretó Javier Milei la semana pasada. Creen que se trata de una “operación política” de parte del magistrado, a quien asociaron con el kirchnerismo; y adelantaron que defenderán ante la Justicia la medida que tomó el Presidente con vistas a la privatización de la entidad financiera pública.
La medida del magistrado, conocida esta mañana, fue un revés fuerte para los libertarios, que abrazan el proceso de privatizaciones y lo consideran una de sus principales banderas. Pero seguramente la respuesta saldrá de la Procuración del Tesoro, adelantaron desde el Gobierno.
Esta tarde estuvo en la Casa Rosada el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, que estuvo encargado de desarrollar del andamiaje legal del decreto que intenta cambiar de figura jurídica del banco público -y del resto de las sociedades del Estado-. El funcionario y abogado tiene oficina en Balcarce 50, junto a la de la secretaria de Planeamiento Normativo, María Ibarzábal, y de Santiago Caputo, el principal asesor de Milei, pero en general trabaja en las oficinas del edificio de la ex Shell, en Diagonal Norte.
“La precautelar está mal hecha, mal planteada. No hay agravio, y esto ni siquiera es la privatización propiamente dicha, no va a ser público ahora”, dijo un alto funcionario al tanto de los avatares del decreto de Milei. Antes de ir de manera excepcional a la Casa Rosada, Chaher se había comunicado con Daniel Taillard, que permanecerá al frente del Banco Nación y contribuirá a la defensa de la postura del Gobierno. “Les vamos a discutir con tranquilidad lo que sea que nos pregunte el juez. No hay argumentos posibles en contra”, dijeron fuentes oficiales.
Por ahora, en la Procuración del Tesoro que lidera el recién arribado Santiago Castro Videla, se mostraron muy cautos y dijeron que no harán comentarios. Pero en Balcarce 50 están decididos responder desde allí la cautelar de Ramos Padilla, a quien consideraron, sin dudarlo, un juez afín al kirchnerismo. Por ahora no dijeron si el Poder Ejecutivo apelará el fallo, para que sea revisado por la Cámara Federal.
“Bienvenido que se discuta en todos los ámbitos”, dijeron altas fuentes nacionales, mordiéndose la lengua. Pero luego adelantaron que «darán pelea» ante la Justicia para avanzar “lo antes posible” con el saneamiento” del Banco Nación, que implicará la presentación de balances ante la Inspección de Justicia y posiblemente incluya despidos y cierres de sucursales.
“Está bueno que se adelante esta pelea en esta instancia para allanar el camino para más adelante”, agregaron. El Gobierno tiene cinco días para presentar un informe con los motivos por los que impulsa el cambio en la entidad financiera, y adelantaron a este medio que así lo harán. Para Milei y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, es importante que prospere el viraje a S.A. como primer paso hacia la privatización que tienen planeado concretar más adelante.
El documento judicial de 15 páginas firmado por Ramos Padilla, al que accedió Infobae resolvió: “Disponer como medida cautelar interina la suspensión de los efectos del decreto 116/25 y ordenar al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina que se abstengan de toda acción tendiente a su implementación”. El juez aclaró que “si bien es cierto que el decreto 116/2025 no declara al Banco sujeto a privatización, sino que modifica su estructura jurídica convirtiéndolo en Sociedad Anónima, también lo es que dicha conversión puede implicar un paso previo a su posible privatización, en tanto permite prima facie el ingreso de capitales privados; circunstancia que si bien deberá ser analizada en el contexto adecuado, escuchando previamente a las partes y respetando los principios del debido proceso y defensa en juicio; imponen ahora el dictado de la medida cautelar».
26/02/2025 a las 6:28 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Sin el aval del Senado, Milei apeló al decretazo para nombrar a dos jueces en la Corte
Luciana Bertoia
Página/12
26 de febrero de 2025
Javier Milei está dispuesto a hacer lo que Mauricio Macri no pudo. Nombrar a dos jueces “en comisión” en la Corte Suprema, como el líder del PRO quiso hacer con Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, está dentro de las hazañas que el libertario pretende anotar en su haber. Cuando todavía crepitan las brasas del criptogate que lo tiene como máximo acusado de una estafa millonaria, el Presidente anunció que firmó un decreto para nombrar al académico Manuel García Mansilla y al juez federal Ariel Lijo como los nuevos integrantes del máximo tribunal. En la Casa Rosada no desechan la idea de conseguir en algún momento del año el aval del Senado.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificaron la decisión de inconstitucional. Su directora ejecutiva, Paula Litvachky, dijo a Página/12 que no descartan acudir, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, a los tribunales. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, por su lado, sostuvo que se trata de un acto nulo de nulidad absoluta porque es una designación que no cumple con los requisitos de la Constitución. El excamarista federal y actual presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) Ricardo Gil Lavedra lo calificó como un retroceso institucional que afecta seriamente la independencia judicial.
Desde temprano, se había instalado la versión de que Milei iba a firmar un decreto para completar las dos vacantes que hay en la Corte Suprema desde que se jubilaron Elena Highton de Nolasco (2021) y Juan Carlos Maqueda (2024). La confirmación llegó a las 17.16 a través de un comunicado de la Oficina del Presidente.
“El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con solo tres miembros”, escribieron desde la Casa Rosada –desconociendo que la Corte ya funcionó con tres integrantes cuando Carlos Fayt decidió retirarse en diciembre de 2015.
La administración de La Libertad Avanza (LLA) se ampara en el que el artículo 99, inciso 19 de la Constitución establece que el Presidente “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. El mismo atajo ya había sido sugerido por Fabián “Pepín” Rodríguez Simón a Macri en los primeros días de su gobierno para evitarse el trámite en el Senado.
El otro argumento que invoca el Gobierno es que el Senado se mantuvo en silencio después de que la Casa Rosada cumplimentara todos los pasos para conseguir el aval de la Cámara alta desde que el 20 de marzo postuló a Lijo y García Mansilla, quienes fueron a defender sus pliegos en agosto a la comisión de Acuerdos.
Solo Lijo tenía las firmas necesarias para llevar el dictamen al recinto. Si bien estaba prevista una sesión para el viernes pasado –durante el período de extraordinarias–, el oficialismo terminó suspendiéndola porque no reunía los dos tercios. Mientras tanto, afilaba el lápiz para redactar el decreto. “En ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores”, dijeron desde el Gobierno como si el Congreso no fuera un poder político.
Con grandilocuencia, desde la Oficina del Presidente, advirtieron que “el Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia” e informaron que continuarán con el trámite legislativo para intentar que ambos juristas consigan el aval del Senado.
Esa alternativa se encuentra con un escollo. Para ser nombrado juez de la Corte se necesitan dos tercios del Senado. UxP tiene 34 de los 72 senadores, lo que implica que puede bloquear cualquier designación. El 26 de noviembre pasado, los integrantes del interbloque que preside José Mayans hicieron saber que habían asumido un compromiso público de “impulsar el inmediato rechazo del pliego de acuerdo de cualquier persona que acepte ser designado en comisión” porque lo consideraban manifiestamente inconstitucional y “una afrenta irreparable al sistema republicano, democrático y federal”.
La decisión fue refrendada este martes a través de un comunicado en el que la bancada denunció que “una vez más el presidente Javier Milei vuelve a violar la Constitución y las leyes y a arrogarse facultades que le están vedadas al Poder Ejecutivo”. En la interpretación de UxP, la Constitución cuando habla de “empleos” que pueden ser cubiertos durante el receso del Congreso se refiere a los diplomáticos y militares que también requieren el acuerdo del Senado.
LOS PERFILES
El 28 de agosto pasado, la senadora Anabel Fernández Sagasti (UxP) le preguntó a García Mansilla si él hubiese aceptado una designación en comisión como Rosatti y Rosenkrantz.
–Yo no hubiera aceptado una nominación en comisión porque, más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que con buenas razones resiste este tipo de decisiones– se atajó el candidato.
Sin embargo, Milei lo puso en la misma situación. De 54 años y nacido en Bariloche, García Mansilla es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, históricamente ligada al Opus Dei. Se graduó como abogado en la Universidad del Salvador. Hizo una maestría en Georgetown con una tesis sobre la crisis de separación de poderes en la Argentina. Bien podría usar su designación para la Corte como un caso de estudio. En varias ocasiones, se pronunció en contra del hiperpresidencialismo y afirmó que los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) –a los que su promotor en la Corte es afecto– destruyeron la separación de poderes.
Al momento de impugnarlo, el CELS marcó que se oponía al fallo FAL porque entendía que las mujeres aún habiendo sido violadas, si no sufren algún tipo de discapacidad mental, no tienen derecho al aborto. También le cuestionaron su desdén por las audiencias públicas en la Corte, a las que consideró “populismo judicial”.
Lijo, de 56 años y egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), es un nacido y criado en Comodoro Py. Se forjó una carrera en la Cámara Federal porteña bajo el ala de Luisa “Piru” Riva Aramayo, una de las primeras jefas políticas de los tribunales de Retiro. Concursó y consiguió en 2004 que Néstor Kirchner lo designara al frente del Juzgado Federal 4.
Lijo hizo trascender que pretende tomarse licencia de su juzgado. No quiere renunciar y perder su cargo si en un año no consigue el aval del Senado para permanecer en la Corte. El pedido de licencia debe pasar primero por la Cámara Federal porteña –donde decían que aún no habían recibido pedido alguno– y luego por el máximo tribunal. Si los supremos no le habilitaran la licencia extraordinaria, Lijo podría declinar su nombramiento para la Corte.
La intención de máxima de Milei es que el próximo sábado 1 de marzo, cuando abra las sesiones ordinarias del Congreso, estén Rosatti, Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, García Mansilla y Lijo sentados cerca de él. Una Corte sin lugar para las mujeres y con mucho espacio para las luchas intestinas. Habrá que ver si dan los tiempos porque Rosatti tendría que tomarles juramento a los recién llegados. “Silencio total”, contestó una fuente del cuarto piso del Palacio de Justicia.
LAS REACCIONES
“Entendemos que la designación es inconstitucional. La Constitución no habilita al Presidente a decidir unilateralmente cómo conformar la Corte Suprema”, sostiene Paula Litvachky, del CELS. “El Presidente pretende que el Senado haga un análisis objetivo de las nominaciones, cuando el diseño constitucional dice que esto no es así. Es un planteo falaz. El Senado debe prestar un acuerdo político. El gobierno pretende hacer una demostración de fuerza y dejarle una función raquítica al Senado. Una vez más vemos, como con los DNU, que la administración pretende gobernar a través de hechos consumados”, añade.
Para Gil Domínguez, la Constitución habilitaría a designar en comisión solo ante circunstancias extraordinarias: si la Corte se quedara sin integrantes o con uno o dos miembros –lo que haría imposible dictar fallos, ya que se debe conformar mayoría de tres votos–, si se produjera una vacante durante el receso del Senado y si existieran casos urgentes para ser resueltos. Nada de esto se ve en estas circunstancias.
“Los argumentos que se dan son absolutamente inatendibles”, opina, por su parte, Gil Lavedra. “No es que el Senado tenga la obligación de prestarle acuerdo al presidente de la República, tiene que llegar a un consenso respecto de los nombres, por eso se exige una mayoría tan calificada. Pero no es que el presidente les dio la oportunidad, y como no le prestaron el acuerdo, puede hacerlo por decreto”, destaca.
26/02/2025 a las 6:40 PM
LA ARGENTUNA POLÍTICA: ENFOQUES
La Rosada se convirtió en un comité de crisis y no hubo ánimos para salir al balcón
Melisa Molina
Página/12
26 de febrero de 2025
El presidente Javier Milei encabezó la primera reunión de gabinete tras el escándalo del criptogate. Durante las dos horas que duró el encuentro, y con todos los ministros presentes, Milei dijo que lo ocurrido «fue su error», y en su entorno agregaron que «el no haber aplicado la guillotina a nadie es hacer una autocrítica». Allí, el Jefe de Estado también habría mencionado las designaciones de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema, que horas después iban a salir por decreto. Habló de la privatización del Banco Nación –que fue frenada por el Poder Judicial–, y sobre la necesidad de «impedir» la compra que el grupo Clarín hizo de Telefónica. Todos temas que traerán dolores de cabeza al oficialismo y que, además, serán parte del debate público durante las próximas semanas. Por último, cada ministro expuso su agenda de temas pensando en el discurso de apertura de sesiones ordinarias que Milei dará este sábado.
Sobre García Mansilla y Lijo, en Casa Rosada dicen que tienen «plan b y plan c», porque saben que «los van a querer frenar», desde la oposición. Por otra parte, aseguran que el sábado los dos jueces estarán presentes cuando Milei haga su discurso en la apertura de sesiones ordinarias.
La reunión de gabinete, más allá de las novedades, también sirvió para ratificar en sus puestos a algunos ministros que, durante la semana pasada, habían sido puestos en duda. Uno de ellos fue el de Defensa, Luis Petri. Su pareja, la conductora Cristina Pérez, había asegurado en un programa de televisión, que el entorno de Milei cobraba coimas para acercar empresarios al mandatario. En medio del escándalo por la criptomoneda $LIBRA aseguró: «Hay gente que por lo bajo dice que hay un círculo que ofrece o pide plata a cambio de acercar a empresarios al Presidente», y, por si fuera poco, la pareja del ministro añadió: «No te estoy diciendo esto por suposición. Por lo menos tres fuentes me hablaron de situaciones de este tipo. Es más, ese entorno puede llegar a ser capaz de cobrar y de nunca sentar a Milei con la persona que le ofreció este servicio».
Cerca de Milei dicen que el Presidente «aprecia y quiere», a Petri y que, por eso, lo sostiene en el cargo. Aunque agregan, de manera jocosa, que «tiene un incendio marital que resolver». Otro que también suena como posible eyectado del gabinete es el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Si bien de manera formal él es el titular de la cartera, su segundo, el viceministro Sebastián Amerio es quién visita regularmente la Casa Rosada y tiene un vínculo fluido y de confianza con Santiago Caputo, el asesor más importante del Presidente. Por ahora, más allá de los rumores, dicen en el oficialismo que Cúneo Libarona continúa en su puesto. «Él siempre vive en la cuerda floja», ironizan.
El resto de los ministros también participó del encuentro. No hubo ninguna ausencia. Incluso asistió la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, que no suele ir, y el Canciller Gerardo Werthein que, por cuestiones de agenda, tampoco participa de manera regular. Estuvieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, el de desregulación, Federico Sturzenegger y Mario Lugones, de Salud. También se sumaron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los secretarios Karina Milei (General de la Presidencia) y Javier Herrera Bravo (Legal y Técnica); Santiago Caputo y el vocero, Manuel Adorni. La que estuvo ausente, porque ya nadie la invita, fue la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no solo estuvo presente en la reunión que se llevó a cabo en el Salón Eva Perón, sino que, al finalizar el encuentro, se juntó a solas con Karina. La hermana del Presidente está obsesionada con el armado electoral y trabajando para eso sin descanso. Si bien este miércoles viajará a Tierra del Fuego y busca completar en las próximas semanas sus recorridas por todas las provincias, los últimos dos domingos encabezó recorridas y actos en Ciudad de Buenos Aires. Ella está decidida a disputarle al PRO su bastión, que es CABA. Según las encuestas que manejan en la Casa Rosada Patricia Bullrich «arrasaría» como candidata en la Ciudad, pero tienen que evaluar hasta qué punto les convendría que ella deje el ministerio.
En la conversación, Karina y Bullrich habrían celebrado el lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta como candidato en CABA, porque consideran que divide el voto opositor. Sí, en cambio, están más preocupados por la posible candidatura del legislador Ramiro Marra, excomulgado del partido violeta por orden de la propia Karina. Más allá de que en el entorno de Milei creen que «el Pro está para el cachetazo», no descartan que, llegado el momento, vayan por un acuerdo electoral. «El riesgo de salir terceros en Ciudad está y eso sería inaceptable», se sinceran y añaden: «si vamos unidos juntamos 60 puntos».
Otro tema que se conversó durante la reunión de gabinete fue sobre la privatización del Banco Nación. Marcaron como «curioso» que el Poder Judicial haya fallado tan rápido con la suspensión del decreto que transformaba al Banco Nación en Sociedad Anónima y que no haya dicho nada de la compra de Telefónica por parte de Clarín. «Milei nunca se contradijo. Siempre dijo que el Estado tenía que intervenir si era para garantizar la libre competencia», se defienden en su entorno y agregan que «sangraremos, pero Milei no va a ceder con eso y vamos a tratar de impedir la operación».
Por último, Milei pidió a los ministros informes de gestión. Si bien todavía no comenzó, en los próximos días se sentará a escribir el discurso para la apertura de sesiones 2025 que tendrá lugar el sábado que viene a las 21 horas en el recinto de la Cámara de Diputados. «No va a haber muchas sorpresas ni anuncios», arriesgan algunos en Balcarce 50. Sucede que para enviar proyectos importantes como la reforma laboral o previsional dicen que esperarán «a que pasen las elecciones y tener más diputados y senadores».