Otro espacio de humanización de personas ha sido cerrado con mentiras y aprietes. La operación en Provincia de Buenos Aires es interesante de estudiar y sirve para el exterminio del adicto.

1) Cuando armas un espacio de rehabilitación de adictos, adicciones de la Provincia de Buenos Aires te permiten hacer el trámite de habilitación para nunca dártela, luego te visitan, decretan la clausura preventiva diciéndote que podés seguir trabajando sin problemas hasta que salga la habilitación definitiva.

2) Semanas después aparece un comando de chaquetas rojas en las que se lee MEMORIA como sello, quienes realizan interrogatorios extensos a las personas que viven en el lugar y que aquellos que declaren que no pueden salir volverán a sus casas en pocos días tras la intervención de un fiscal que ellos traerán. Con que uno declare tal cosa todos quedan en la calle, no solo los adictos declarantes sino todos los habitantes del predio. A esta altura, debemos aclarar que lo único que desea el adicto en sus primeras semanas de tratamiento, es volver la esquina de su casa con el fin de seguir consumiendo.

3) Con esta información traen un fiscal de familia, junto a los de la Comisión de revisión de la Ley de Salud Mental N°26657 y la ley Provincial de adhesión N° 14580, que termina encarcelando a los directivos bajo la carátula de Privación Ilegal de la Libertad con penas de 8 a 15 años de cárcel efectiva y clausuran el lugar.

4) También buscan acusar a los directivos de reducción a la servidumbre por lavar los platos, trapear el lugar o hacer su propia cama, actividades estas que son propias de la enseñanza necesaria para vivir en comunidad con el grupo familiar.

De esta manera los adictos en rehabilitación quedan sin el proceso de reordenar sus pensamientos en forma positiva y condenados a cortar el trabajo preventivo y su reinserción social.

Es necesario cambiar el signo político en la Provincia de Buenos Aires, procesar a los chaqueta roja, desarmar la Comisión de Revisión de la ley de Salud Mental desarmando las acciones destructivas tendientes a manipular a los adictos para detener a los directivos con títulos rimbombantes y malintencionado. Esta normativa que rige desde 2013 ha matado a más de cien mil adictos y ha empujado a otros a las cárceles. El 70% de los detenidos en penales son adictos que no fueron atendidos en tiempo y forma.

Se debe anular la ley de Salud Mental y normas adyacentes, volviendo a la necesidad de una política jurídica no penal que obligue al adicto a realizar un tratamiento al solo pedido de un familiar directo.

En breve iremos a elecciones y esperamos ganarlas para desarticular a toda esta caterva de delincuentes, que condenan a muerte al adicto debido a que consideran estos espacios saludables como campos de concentración y no como espacios de superación personal.

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