Centro de Economía Política Argentina.-
La reforma del Régimen de Zona Fría ya es ley. El Senado la aprobó con 38 votos a favor y 8 en contra, tras un acuerdo que el Gobierno nacional cerró con los gobernadores del norte del país (Catamarca, Salta, Chaco, Corrientes y Jujuy) a quienes prometió ampliar los subsidios a la electricidad para las zonas cálidas y muy cálidas durante los meses de verano. El subsidio para la Zona Muy Cálida subiría de 300 a 550 kWh mensuales, y el de la Zona Cálida, de 150 a 300 kWh, entre noviembre y abril. Es decir, el Norte vendió su voto a cambio de aire acondicionado subsidiado. Y la Patagonia, la zona fría por excelencia, se quedó mirando cómo sus gobernadores aceptaban el nuevo esquema sin chistar.
El tablero final del Senado explicitó la geografía política de la traición. Acompañaron todos los aliados norteños, mientras que los representantes de las provincias afectadas por el nuevo régimen, como los santacruceños y los bonaerenses, mendocinos, santafesinos y pampeanos, se sumaron al rechazo.
Pero el ajuste no es solo geográfico, incluso los usuarios que conservan formalmente el beneficio pagarán más. Con una factura teórica de $100.000 (donde el PIST representa $40.000, la red y distribución $38.000 e impuestos $22.000), el esquema anterior dejaba un total de $50.000 tras aplicar el 50% sobre el total. Con el nuevo esquema, el descuento del 50% solo aplica sobre el PIST: $20.000. El total a pagar trepa a $80.000. Resultado neto es que el usuario que mantiene la Zona Fría sufre un aumento del +60% de bolsillo. Los jubilados y titulares de AUH excluidos pierden el 50% y sus facturas se duplican (+100%). Los residenciales generales excluidos pierden el 30% y sufren un +43%.
El Gobierno calcula que alrededor de 1,6 millones de usuarios perderán el beneficio, aunque otras estimaciones hablan de más de 3,3 millones. La Federación Argentina de Municipios, que representa a más de 500 intendentes, repudió la medida como «un golpe directo al bolsillo de las familias». Y hay un detalle que el oficialismo prefiere no mencionar: la nueva ley mantiene el recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas en el PIST que financia el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. Es decir, una familia que perdió la Zona Fría puede seguir aportando al mecanismo que la financiaba. El Estado achica el beneficio, pero conserva la máquina que recauda para sostenerlo sin informar qué hará con la recaudación excedente.
EL RIGI BAJO LA LUPA POR CORRUPCIÓN
El Gobierno aterrizó en París con el RIGI bajo el brazo para vender seguridad jurídica y atraer inversores. Casi al mismo tiempo, Comodoro Py abrió un expediente para averiguar cómo se aplicaron esas reglas en uno de los proyectos insignia del oficialismo. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció penalmente a la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, a su antecesor Eduardo Rodríguez Chirillo y al subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Federico Veller, por el ingreso al RIGI de Southern Energy cuyo accionariado incluye a la británica Harbour Energy. El contraste es imposible de disimular, mientras en París se ofrece seguridad jurídica, en Buenos Aires la Justicia investiga cómo se otorgaron los beneficios.
La PIA, que no es una ONG ni una empresa competidora, sino el organismo del Ministerio Público Fiscal especializado en investigar hechos de corrupción e irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional abrió una denuncia por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. La causa permanece bajo reserva y en etapa inicial, pero su sola existencia ya sacude la gira oficial por Europa. El eje de la denuncia es la incorporación de Southern Energy al RIGI. El proyecto solicitó su ingreso en noviembre de 2024 y fue aprobado por la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo el 29 de abril de 2025. Cuatro días antes, la Secretaría de Energía había autorizado la libre exportación de GNL. En ambos trámites, Harbour Energy figuraba expresamente dentro del accionariado del proyecto, con el 15%, junto a Pan American Energy, YPF, Pampa Energía y Golar.
Harbour es la compañía que continuó las actividades de Premier Oil, firma sancionada en 2013 por desarrollar actividades hidrocarburíferas sin autorización en la plataforma continental argentina, en cercanías de las Islas Malvinas. Ese antecedente no impidió que Southern Energy atravesara las ventanillas oficiales. La pregunta que deberá responder la Justicia es si esos antecedentes debieron impedir o condicionar el acceso al régimen, en función de las restricciones de la Ley 26.659, conocida como Ley Solanas.
El recorrido del expediente explica por qué la denuncia alcanza a las dos etapas de conducción de Energía bajo el gobierno de Javier Milei. Rodríguez Chirillo estuvo al frente de la secretaría durante la primera parte de la gestión, Tettamanti conduce el área actualmente. En ambos momentos, Harbour figuraba en el accionariado. La causa no apunta a un error administrativo aislado, sino a una decisión sostenida en el tiempo que benefició a una petrolera con antecedentes de operar en territorio que Argentina considera propio. El Gobierno podrá discutir la interpretación de la Ley Solanas, pero no puede negar que el nombre de Harbour estaba sobre la mesa y que alguien decidió avanzar igual.
El dato político más sensible, sin embargo, no está solo en el expediente sino en lo que ocurrió esta semana en Buenos Aires. Horacio Federico Veller, subsecretario de Hidrocarburos designado formalmente en marzo y uno de los denunciados por la PIA, fue recibido en el ENReGE por tres de sus directores: Griselda Lambertini, Marcelo Nachón y Héctor Falzone. La reunión se hizo a espaldas de Vicente Serra, el vicepresidente que tiene a su cargo la presidencia del organismo. La presidencia del ENReGE está vacante desde la salida de Néstor Marcelo Lamboglia, desde entonces, el ente quedó bajo la conducción de Serra.
La escena es, como mínimo, irregular en sus formas. Un funcionario de la Secretaría de Energía (el área cuyas decisiones el ente debe regular) fue recibido por la mayoría del directorio de un organismo autárquico sin que lo supiera quien ejerce su conducción. Ese funcionario, además, acaba de quedar denunciado penalmente por la PIA. En el sector interpretaron el encuentro como una señal de que Veller busca quedar bien posicionado en la pelea por la presidencia del organismo.
El asunto recién entra en tribunales y falta conocer qué impulso le dará la fiscalía de Pollicita y qué medidas dispondrá Lijo.
EL PERDÓN MILLONARIO DE CAMMESA
Mientras el debate público se concentró en la reforma de Zona Fría, el Senado aprobó un paquete de medidas energéticas que incluye un artículo que, con el pomposo título de «Autosuficiencia económico-financiera del Mercado Eléctrico Mayorista», condona deudas por USD 1.842 millones de las distribuidoras eléctricas con CAMMESA. El ranking de beneficiados lo encabeza Edenor (de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti) con USD 438 millones, seguida por Edesur de la italiana Enel con USD 345 millones. Si se toma por grupo empresario, el primer puesto es para el Grupo DESA, de Rogelio Pagano, con USD 474 millones sumando sus distribuidoras bonaerenses y salteñas. El Estado les perdona deudas que no pueden pagar. Los usuarios, mientras tanto, siguen pagando tarifas que no cubren costos.
El mecanismo que aprobó el Senado tiene una lógica que, vista de cerca, resulta difícil de tragar. El Estado Nacional aportó a CAMMESA los subsidios para que el sistema eléctrico funcionara porque la tarifa no cubría los costos totales. Las distribuidoras, mientras tanto, no le pagaron a CAMMESA la energía que vendieron. Ahora, en lugar de exigir el pago, el artículo 4° de la norma sancionada les compensa esas deudas con «activos regulatorios», originados por los congelamientos tarifarios de distintas etapas. Traducción, si la deuda no alcanza, las distribuidoras tendrán incluso un saldo a favor. El perdón tiene nombre y apellido, y el ranking de beneficiados es un mapa del poder empresarial en el sector.
Distintos analistas del sector consideran discrecionales tanto la condonación como el monto, porque resulta difícil de calcular. No se sabe si las distribuidoras no pagaron a CAMMESA por Valor Agregado de Distribución (VAD) no otorgado o por inversiones no realizadas, ya que en ese período la calidad del servicio no mejoró, sino que empeoró. La pregunta que nadie responde con precisión es qué se condona exactamente. ¿La deuda por energía que se vendió y no se pagó? ¿O el supuesto lucro cesante por tarifas que no se pudieron cobrar? La ambigüedad es la materia prima de la discrecionalidad, y la discrecionalidad es la materia prima de los negocios aceitados con el poder político.
Hay un aspecto que el oficialismo prefiere no mencionar, no se incluyó ningún beneficio para las empresas cumplidoras, muchas en manos de provincias, que pagaron en tiempo y forma las facturas por la energía. El mensaje que queda flotando es perverso, el que cumple, paga y el que no cumple, es premiado. La Argentina tiene una larga tradición de premiar a los incumplidores y castigar a los cumplidores. Esta ley es un eslabón más de esa cadena.
El detalle que cierra el círculo perfecto es el nombre del funcionario a cargo de implementar el mecanismo de condonación: Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica, quien viene de ser director de suministros del Grupo DESA y antes ocupó la gerencia general de Eden, una de las empresas del holding. Es decir, el funcionario que debe ejecutar el perdón de deudas de las distribuidoras es un exdirectivo de una de las principales beneficiadas. La puerta giratoria entre el sector privado y el público no es una metáfora en la Argentina: es una institución. Que el trámite para la condonación de las deudas de las distribuidoras bonaerenses deba contar con la intervención de las autoridades energéticas del gobierno de la provincia de Buenos Aires agrega una capa más de complejidad y de posibles favores cruzados.
RIGI PARA EL UPSTREAM: BAJO DEL CHOIQUE DE PLUSPETROL
El Gobierno cerró la Argentina Week en París con un anuncio que tenía todo lo que buscaba: una inversión récord, una petrolera de peso y la Embajada Argentina como escenario. Pluspetrol obtuvo la aprobación del RIGI para Bajo del Choique – La Invernada, el área que opera en el norte de Vaca Muerta junto a Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), con un compromiso de USD 12.400 millones a 25 años, el mayor proyecto aprobado hasta ahora.
El dato que la compañía puso sobre la mesa es que Bajo del Choique produjo 46.594 barriles diarios de petróleo en agosto, contra 13.047 un año antes. Multiplicó su producción por 3,6 y fue, junto a La Angostura Sur I de YPF, uno de los dos proyectos que explican cuatro de cada diez barriles que la formación sumó en doce meses. Ese volumen equivale al 93% de la meta de la primera etapa, que apunta a 50.000 barriles diarios y 6 millones de metros cúbicos diarios de gas. Faltan 3.406 barriles. La producción no es una promesa, sino un hecho.
El plan aprobado suma cuatro plantas de procesamiento, ductos de evacuación y más de 620 pozos horizontales. Pluspetrol tiene el 90% y GyP el 10%. La segunda etapa se despliega sobre la zona norte, con otras dos plantas, y lleva el pico por encima de 100.000 barriles diarios y 12 millones de metros cúbicos de gas. La compañía informó que trabajará con tres equipos de perforación dedicados y un promedio de 41 pozos por año. A ese ritmo, los 620 pozos se completan en unos 15 años, dentro de un horizonte de inversión de 25. El proyecto aprobado es algo mayor que el presentado en abril: US$ 400 millones más de inversión y 20 pozos adicionales. El Gobierno puede festejar que una petrolera comprometa esa suma.
NUEVO GASODUCTO PARA EXPORTAR A BRASIL
Transportadora de Gas del Norte (TGN), controlada por Paolo Rocca y Eduardo Eurnekian, anunció el avance de un nuevo gasoducto troncal desde Vaca Muerta hasta Córdoba. La obra, denominada «Manuel Belgrano», demandará una inversión de USD 2.200 millones (1.500 millones para el ducto principal y US$ 700 millones para obras complementarias en el sistema de TGN) que conectará Vaca Muerta con Córdoba y abrirá la puerta para exportar gas a Brasil. El proyecto se presentará al RIGI.
TGN, controlada en un 56% por Gasinvest anunció la decisión final de inversión para construir el Gasoducto Manuel Belgrano. La obra tendrá 753 kilómetros, unirá Tratayén en Neuquén con La Carlota en Córdoba, atravesará Río Negro, La Pampa y San Luis, y tendrá una capacidad inicial de 13 millones de metros cúbicos diarios. La puesta en marcha está prevista para abril de 2029.
El objetivo declarado es doble. Hacia adentro, sustituir importaciones de GNL y gasoil por unos USD 700 anuales y abastecer con gas de Vaca Muerta las centrales eléctricas y las industrias del norte argentino. Hacia afuera, destrabar exportaciones de gas hacia países vecinos por alrededor de US$ 450 millones al año, con Brasil como destino principal. El gas argentino fluiría hacia la frontera con Bolivia y desde allí cruzaría hasta el oeste de Brasil que, a su vez, reemplazaría importaciones de GNL y contaría con una alternativa confiable a la generación hidroeléctrica en años de sequía.
La empresa iniciará un concurso de capacidad para que las productoras de Vaca Muerta compitan por colocar su gas en el nuevo ducto. Además de Tecpetrol y CGC, podrían participar TotalEnergies, Pluspetrol y Pampa Energía, que ya exploraron el mercado brasileño. La construcción de la obra es, además, una nueva oportunidad de negocios para Techint. Tras perder licitaciones este año, el grupo de Rocca podrá competir para aportar los caños a través de Tenaris y la obra civil mediante Techint Ingeniería y Construcción. El círculo se cierra: TGN contrata a Techint, que pertenece al mismo grupo que controla TGN. No hay nada ilegal en eso, pero la economía política del proyecto merece ser dicha en voz alta.
Hay un dato que agrega tensión al anuncio: TGN avanza hacia una decisión final de inversión antes de fin de año pese a que el gobierno de Javier Milei aún no extendió la concesión de la empresa sobre la red de gasoductos, que concluye en diciembre de 2027. Es decir, los empresarios ponen US$ 2.200 millones sobre la mesa confiando en que el Gobierno renovará una concesión que todavía no está firme. La confianza en la «seguridad jurídica» que se vende en el exterior empieza a parecerse más a una apuesta política que a una certeza regulatoria.
NUEVA LEY DE BIOCOMBUSTIBLES
El Senado aprobó por 41 votos a favor y 25 en contra la reforma de la Ley de Biocombustibles, que incrementa los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%. El proyecto, impulsado por la senadora salteña Flavia Royón, exsecretaria de Energía, obtuvo el respaldo del oficialismo, el PRO, la mayoría de la UCR y bloques provinciales. Fue rechazado por el peronismo, Moverte por Santa Cruz y el senador Maximiliano Abad. La pregunta que queda flotando es si esta reforma beneficia a la industria en su conjunto o si, una vez más, los grandes jugadores se quedan con la renta mientras las pymes no integradas de biodiésel siguen esperando que alguien se acuerde de ellas.
Flavia Royón presentó el proyecto con un discurso que apeló a la épica industrial: «Propone un marco integral nuevo para una industria que nuestro país ya conoce, ya ha desarrollado y en la que ya ha invertido», destacó. Para la exsecretaria de Energía, la iniciativa busca establecer «reglas que le permitan crecer a esa industria, incorporar tecnología y lograr una nueva escala». El aumento de los cortes es, en teoría, una buena noticia para un sector que viene reclamando señales claras desde hace años. La industria respira. Pero no todos respiran igual.
El punto conflictivo, que el oficialismo y sus aliados prefirieron no publicitar, es el esquema de participación de las pymes de biodiésel. La reforma no resuelve las asimetrías entre los grandes productores integrados y las pequeñas y medianas empresas no integradas, que vienen denunciando desde hace años que el marco regulatorio las condena a la marginalidad. La letra chica, como siempre, define quién gana y quién pierde.
El tablero político de la votación es elocuente. Apoyaron La Libertad Avanza, PRO, Independencia, Primero los Salteños, Convicción Federal, Movimiento por Misiones, la mayoría de la UCR y el senador José Manzur. Rechazaron el bloque justicialista, Moverte por Santa Cruz y Maximiliano Abad. La división no es casual: las provincias productoras de biocombustibles (Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe) tienen intereses concretos en el negocio, y sus representantes votaron en consecuencia. La reforma es, en los hechos, una transferencia de recursos desde los consumidores de combustibles hacia los productores de biocombustibles, con el argumento ambiental como bandera. El argumento es válido. La pregunta es si el diseño del esquema garantiza que esa transferencia llegue a todos los eslabones de la cadena o solo a los más grandes.
VIENTO DE COLA: VACA MUERTA BRILLA GRACIAS A LA GUERRA
El crudo Medanito volvió a cotizar con premios sobre el Brent y el Gobierno ya festeja. Lo que no dice el comunicado oficial es que el viento de cola no viene de una política energética virtuosa, sino de los drones que vuelan sobre Medio Oriente. La Argentina no eligió este escenario, se subió a la ola que dejó un oleoducto saudí fuera de servicio y 2,5 millones de barriles diarios desaparecidos del mercado. El mérito, si existe, es haber tenido algo para vender en el momento justo. Nada más.
El barril de Medanito, el crudo liviano de la Cuenca Neuquina, volvió a cotizar con premios sobre los contratos futuros del Brent, algo que no ocurría desde hacía tiempo. Según el relevamiento de precios diarios de Argus, el diferencial pasó de un descuento de USD 2 por barril frente al ICE Brent el 11 de septiembre. Los contratos de enero cruzaron la barrera de los 90 dólares y ahora vuelven a rondar los USD 100.
El driver detrás de este diferencial positivo no es precisamente un logro de la diplomacia energética argentina. La intensificación de los ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos en el estrecho de Ormúz, sumada a la salida de servicio de un oleoducto clave en Arabia Saudita tras un ataque con drones, generó una pérdida de oferta de entre 2,5 y 3 millones de barriles diarios. El oleoducto Este-Oeste, con capacidad nominal de 7 millones de barriles por día, venía transportando unos 2,5 millones y quedó fuera de servicio por tiempo indefinido. Saudi Aramco recortó sus envíos y algunos países, como Polonia, registraron precios de USD 120 por barril. La Argentina, en este contexto, aparece como un proveedor alternativo casi por default, no por diseño.
Y acá conviene detenerse. Mientras el Gobierno celebra que el Medanito cotice con premios, la infraestructura exportadora del país sigue siendo frágil y dependiente de proyectos que recién verán la luz el año próximo. Argentina contará desde 2027 con una nueva terminal de exportación de petróleo crudo desde Punta Colorada, en Río Negro, con la inauguración del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Es decir, el país está vendiendo bien un crudo que, en gran medida, todavía no puede evacuar con la eficiencia que el mercado exige. Los premios actuales son una fotografía del momento, no una película de largo plazo. Quien confunda una coyuntura bélica con una política de Estado está condenado a repetir la historia de cada boom exportador argentino que se desvaneció cuando el viento cambió de dirección.
El viento de cola viene ayudando a una balanza comercial energética que no para de crecer, a cruzar los dedos para que dure todo lo posible.
AGENDA REGULATORIA Y NORMATIVA
- Centrales Belgrano, San Martín y Brown: el Gobierno autorizó a vender acciones de ENARSA (Decreto 1107/2026): Se autoriza la venta de las acciones de ENARSA en las termoeléctricas Manuel Belgrano (65,01%) y José de San Martín (68,83%), y deja preparada la de Guillermo Brown para cuando el Estado se incorpore a su capital con al menos el 70%, en una operación que pone en juego 2.314 MW térmicos. El dato político es que esas centrales nacieron del FONINVEMEM en 2004, cuando los generadores acreedores del mercado (Central Puerto, AES, Enel, Pampa Energía y Orazul) aportaron sus acreencias para construirlas a cambio de que los activos pasaran a sus manos al concluir el contrato con Cammesa, algo que ocurrió el 1 de junio de 2026: los privados ya son dueños de una parte y ahora el Estado les vende el resto. La cláusula más delicada es el artículo 4 del decreto, que obliga a los pliegos a contemplar los derechos de preferencia estatutarios de los socios existentes, lo que da ventaja a Central Puerto, accionista de Belgrano y San Martín, y a AES, operadora de Brown, para quedarse con el paquete estatal, a diferencia de Citelec, donde Pampa Energía resignó ese derecho como condición previa. El círculo se cierra con una precisión que solo el poder político puede lograr: los mismos que aportaron las acreencias para construir las centrales se quedan con ellas dos décadas después, mientras el Estado entra a Guillermo Brown solo para poder salir y el usuario sigue esperando una explicación sobre qué gana con una privatización que, por ahora, solo beneficia a los de adentro.
- Aumentan los biocombustibles (Resolución 269 y 270/2026): La Secretaría de Energía dispuso un incremento de alrededor del 1% en los precios de los biocombustibles, mediante la Resolución 269/2026 fijó en $2.032,31 el precio por tonelada de biodiésel, lo que representa un aumento del 0,98%. En el caso de las naftas, la Resolución 270/2026 aumentó un 1% el precio del bioetanol, tanto el elaborado a base de caña de azúcar como el producido con maíz. Los nuevos valores son de $1.083,20 y $992,86 por litro, respectivamente. Se mantendría la proporción de mitad de azúcar y mitad de maíz, mientras que el 3% restante quedaría sujeto a la opción que resulte más conveniente.
- Régimen de Demandas Extratendenciales (Resolución 264/2026):Se crea el Régimen de Demandas Extratendenciales (XDEM), que obliga a todo proyecto nuevo de gran consumo eléctrico —centros de datos, minería, plantas de GNL, hidrógeno— que represente al menos el 0,5% de la demanda media del MEM (unos 80 MW) a traer su propia energía en lugar de tomarla de la red: deberá cubrir al menos el 80% de su consumo con producción nueva y el 100% de su demanda con potencia firme nueva, elevada al 115% en centros de datos. Las condiciones rigen por 15 años desde la habilitación comercial, los trámites en curso tienen 60 días para adecuarse y la XDEM se incorpora como subcategoría de Gran Usuario Mayor (GUMA-XDEM). El objetivo declarado es proteger a los usuarios residenciales y evitar que estos proyectos trasladen costos al resto del sistema, aunque el diablo está en los detalles: el régimen no dice cómo se financiarán las ampliaciones de transporte que exigen ni quién pagará si la potencia firme nueva no llega a tiempo, y mientras el Gobierno festeja que los grandes consumos «traigan su propia energía», conviene recordar que esos mismos proyectos son los que el RIGI premia con beneficios fiscales y los que el oficialismo exhibe en París como carta de presentación.
Colofón: Mientras el Gobierno celebra en París el RIGI más grande de su gestión, la Justicia investiga cómo se otorgó ese mismo régimen a una petrolera sancionada por operar en Malvinas, y un funcionario denunciado por la PIA se reúne con la mayoría del directorio del ENReGE a espaldas de quien lo preside. Mientras el Senado aprueba una reforma de biocombustibles que beneficia a las provincias productoras, las pymes no integradas de biodiésel siguen esperando que alguien se acuerde de ellas. Mientras el Medanito cotiza con premios sobre el Brent, el mérito no es de una política energética virtuosa sino de los drones que vuelan sobre Medio Oriente. Y mientras el Estado condona USD 1.842 millones a las distribuidoras eléctricas, el funcionario a cargo de ejecutar ese perdón es un exdirectivo de una de las principales beneficiadas. El ajuste de Zona Fría, que duplica la factura de los jubilados excluidos y aumenta un 60% la de quienes conservan el beneficio, es la cara más visible de un modelo que premia a los incumplidores, castiga a los cumplidores y deja a los usuarios esperando una explicación que nunca llega. La Argentina tiene viento de cola, pero el barco sigue haciendo agua.
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