Por Luis Alejandro Rizzi.-
Nuestro país tiene escasez de habitantes, con el agravante de que un tercio está concentrado en el AMBA, lo que genera otra «cuestión»: la movilidad de cercanías.
En un radio de cien kilómetros, contados desde el «kilómetro cero» en un arco de 180 grados (teniendo en cuenta que hacia el este se encuentra el Río de la Plata), cualquier viaje de no más de 20 km puede demorar hasta dos horas, lo que implica un alto costo en tiempo y dinero.
Esta cuestión no se ha podido resolver y diría que se agravó. En la década del 60 viajaba a La Plata desde Buenos Aires en 45 minutos; hoy los servicios más rápidos superan los 75 minutos, aun cuando ahora el servicio ferroviario es eléctrico.
Todos estos temas constituyen la «cuestión del transporte».
Diría que ni se han estudiado en profundidad y siempre se aplican soluciones básicas de mera coyuntura.
En mi opinión, toda obra pública de rutas y vías ferroviarias debe ser financiada por el Estado.
Las obras deben ser concesionadas de modo transparente y público, al igual que las adjudicaciones. Es obvio que el Estado concedente deberá efectuar los debidos controles periódicos sobre la calidad y el avance de los trabajos, los cuales deberán ser no sólo de acceso público sino informados a la sociedad cada treinta días.
Sería un modo de controlar y prevenir actos de corrupción.
En la concesión aeroportuaria se fija una tasa de embarque cuyo valor depende del tipo de viaje, según sea de cabotaje o internacional.
A simple vista, parecería una suerte de hurto legítimo o legal, porque el precio de la tasa se fija con relación al costo de prestación del servicio y nadie ha explicado en qué consiste la diferencia entre el cabotaje y el internacional.
Esperemos que la dirección del Orsna lo explique de modo satisfactorio.
La diferencia de precio para el embarque internacional parecería convertir a la tasa en impuesto.
Llama la atención la pasividad de IATA y ALTA y JURCA en el orden local.
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