Por Carlos Tórtora.-

La declaración jurada de Manuel Adorni pasó a ser, aunque parezca mentira, el nuevo eje de la política nacional. Su presentación, que ahora insinúan para la primera semana de junio, sería el punto de partida para un análisis judicial que no será breve. La Fiscalía Federal de Gerardo Pollicita deberá determinar si la declaración responde suficientemente a las imputaciones de enriquecimiento o si las mismas subsisten o aún se agravan. En este último caso, la crisis política crecería considerablemente.

Adorni enfrenta dos problemas distintos. Debe presentar por un lado su declaración jurada del 2025 y justificar el origen de los fondos con los que se pagaron gastos muy superiores a sus ingresos. Pero el segundo problema es aún más complicado: en su declaración jurada del 2024, el Jefe de Gabinete declaró ingresos irrisorios en relación al casi medio millón de dólares que gastó. Ahora hay indicios de que optaría por seguir los pasos de su hermano Francisco, imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El hermano de Adorni optó por rectificar su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. En la nueva presentación reconoció una herencia de 21 millones de pesos que no estaba en la declaración original. Además, actualizó la valuación de su casa en City Bell y precisó los montos pendientes de un crédito en el Banco Provincia, cuyo pago está bajo investigación.

Bajo sospecha

El uso de las rectificaciones en la declaración jurada de los funcionarios navega por una zona gris. Ahora bien, en caso de que Adorni opte por la rectificación de su declaración, vale la pena analizar el tema. La ley no regula un procedimiento específico para la rectificación pero en general está admitida bajo determinadas condiciones.

Esto quiere decir que, si la omisión fue deliberada o la rectificación ocurre después de denuncias públicas o de investigaciones o requerimientos oficiales, igualmente puede investigarse la falsedad y omisión maliciosa, el enriquecimiento ilícito, el incumplimiento de deberes o las violaciones al régimen de la Ley de Ética Pública.

Los puntos que analiza la justicia en las rectificaciones son cuándo se hicieron, qué magnitud tiene la diferencia, si fue espontánea o posterior a una denuncia, si existen documentos respaldatorios y si la omisión pudo alterar el control patrimonial del funcionario.

Las normas que están en juego son el artículo 268 ter del Código Penal, la ley 25188 de Ética Pública y su decreto reglamentario, el 164/99.

Como antecedentes, la justicia reabrió investigaciones sobre omisiones patrimoniales de Cristina Kirchner habiendo rectificaciones de sus declaraciones. Y también lo hizo con Mauricio Macri, por su participación en varias sociedades que no habían sido declaradas.

Lo que los fiscales tratan de determinar en las rectificaciones, si es que Adorni las hace, es entonces si hubo un simple desorden administrativo o una maniobra deliberada de ocultamiento patrimonial. En principio no parece fácil que Adorni pueda reconstruir en forma creíble su declaración jurada del 2024 incorporando grandes ganancias dudosas de su esposa o préstamos personales todavía más sospechosos. En lo que hace al resultado judicial de semejante rectificación, la misma puede convertirse en un búmeran para Adorni. Pero sí le serviría, en cambio, a Javier Milei, para ganar lo que más necesita: tiempo. Pollicita necesitará sin duda varias semanas para realizar un dictamen sobre la admisibilidad de las rectificaciones y el gobierno espera que ocurra algo resonante -otra copa de la selección- para que entonces Adorni quede en el olvido. Obviamente el riesgo está en que ocurra todo lo contrario y que una nueva baja en las encuestas coloque al oficialismo en los números que tenía Fernando de la Rúa días antes de subirse al helicóptero.

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