Por Carlos Tórtora.-

Elisa Carrió renovó su protagonismo a partir de su denuncia por lavado de activos contra Claudio Tapia por la compra de una fastuosa quinta en Villa Rosa(Pilar) a través de los testaferros Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte. La compra del predio de 105.000 metros fue realizada por la firma Real Central SRL.

Este despliegue judicial de Carrió no sería ajeno a los intereses de Javier Milei, que está construyendo con las acusaciones a Tapia y al tesorero de la AFA Pablo Toviggino un espectáculo mediático destinado a distraer la opinión pública del desastroso resultado del programa económico de Luis Caputo.

La conversión de la jefa de la Coalición Cívica en una operadora del gobierno no es nueva. En agosto pasado, gracias a los votos de la Coalición Cívica, el artículo 3 del proyecto de ley para cambiar la regulación de los DNU no fue aprobado. Era una norma clave que establecía que si en 90 días los DNU no recibían la aprobación de las dos cámaras, perdían validez. Su no aprobación fue estratégica, porque salvó al gobierno de una situación de grave pérdida de poder.

Desde ya que ésta no fue la única intervención a favor de los libertarios por parte de las huestes de Carrió.

Un nuevo blanco

El caso es que la Coalición Cívica tiene motivos electorales para terminar sometiéndose a los dictados de Milei. En las elecciones porteñas del 18 de mayo pasado para diputados locales y en las de diputados y senadores nacionales del 26 de agosto, la Coalición Cívica obtuvo pésimos guarismos y perdió gravitación en el distrito.

Volviendo al tema principal, días atrás la exdiputada ajustó su mira y conectó los negocios de Tapia y Toviggino con los de Sergio Massa y además enfatizó que había una maniobra para trasladar el expediente judicial a un juzgado de Campana, donde lo manipularían operadores de Massa.

Estando Carrió en sintonía con Milei, la ofensiva contra Massa significaría que el presidente empieza a romper lanzas con los renovadores.

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