Por Carlos Tórtora.-

En el reciente coloquio de IDEA, Federico Sturzenegger anticipó que ahora se venía la «deep motosierra» y ayer Javier Milei pisó el acelerador. A través de un retuiteo, el presidente avaló lo siguiente: los partidos políticos dejarán de recibir aportes del Estado y tendrán que preocuparse en conseguir contribuciones voluntarias para subsistir.

La amenaza pasaría por la reforma de la ley 26215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, que en su artículo 4 establece un régimen de financiamiento mixto, es decir, parcialmente estatal y privado.

El deseo del gobierno es, entonces, que los partidos se las arreglen para financiarse con contribuciones privadas.

Esto va en sintonía con las declaraciones que hiciera Guillermo Francos el 4 de este mes, sosteniendo que había que eliminar las PASO porque son un enorme gasto inútil y una molestia para el ciudadano. Olvidó el Jefe de Gabinete señalar que las PASO son un filtro por el cual quedan eliminados de la competencia electoral muchos partidos que no alcanzan al 1,5% de los votos en las primarias. Si se elimina ese filtro, se multiplicará la cantidad de Partidos que presentan listas en la elección general. Y por lo tanto aumentarán los costos de esta última.

No será tan fácil

Pero volviendo al tema central, imponer que los partidos reciban sólo financiamiento privado sería una medida de una gravedad extraordinaria. Las agrupaciones políticas pasarían a depender entonces de los caprichos del mercado. En otras palabras, los intereses económicos tendrían la última palabra sobre las listas de candidatos, porque la subsistencia de cada partido dependería de los aportes de las empresas. Se concretaría así el sometimiento total del sistema político a los intereses económicos, que es justamente lo que la ley quiso evitar al establecer un régimen mixto.

Bajo la apariencia de querer combatir a la casta, lo que el gobierno quiere en realidad es que los partidos pasen a ser títeres de las fuerzas económicas, en lugar de representar los intereses de la población.

Pero frente a este intento de desnaturalizar la democracia, se alza el artículo 38 de la Constitución Nacional. El mismo dice que el Estado contribuye al sostenimiento económico de la actividad de los partidos y a la capacitación de sus dirigentes.

De este modo, la Carta Magna le da jerarquía constitucional al financiamiento de los partidos.

Ateniéndonos al principio de razonabilidad, este financiamiento debe ser entonces suficiente como para garantizar el funcionamiento de los partidos.

Queda entonces la duda de si Milei pretende entonces que el Congreso dicte una ley abiertamente inconstitucional, porque de ser así, tal ley sería probablemente rechazada por la justicia.

Estamos casi en el comienzo del año electoral y en el mismo no se pueden realizar reformas a la legislación electoral. Es probable que Milei esté armando otra de sus escenografías farsescas para decir que la casta quiere seguir dilapidando los fondos públicos en los partidos. Lo que está en juego es mucho: se trata del sometimiento de la representación popular a los intereses económicos.

Share