Por Guillermo Cherashny.-

Petrobras, la petrolera brasileña con mayoría estatal, quiere vender sus activos en la Argentina, porque tiene que disminuir su déficit por las investigaciones de la Securities and Exchange Commission de Wall Street y la baja continuada de sus acciones. Lo inexplicable es que YPF, comandada por Miguel Galluccio, quiere comprar esos activos, que son pozos de petróleo ubicados en nuestro país, por la exorbitante suma de 1400 millones de dólares, cuando sería mas positivo que YPF invirtiera esa suma en producir petróleo convencional en los pozos que ya posee. Éste es un buen negocio para una empresa privada como Tecpetrol de Techint, o PAE de los hermanos Bulgheroni, que agregarían más pozos a los que ya tienen y por tanto ofrecen una suma más razonable, como son 1.000 millones dólares. Y ahí surge el interrogante de por qué el ingeniero Miguel Galluccio y su asesora Doris Capurro difunden que quieren pagar 1400 millones de dólares por activos que sólo valen 1.000; está claro que es para dividir un «retorno» de 400 millones de dólares, quizás el último negociado de esta administración.

Otra justicia

Ayer cientos de miles de brasileños se movilizaron por el territorio de ese país para reclamar el impeachment o juicio político de la presidente Dilma Rousseff, quien ya no tiene fuerza para acusarlos de desestabilizadores, como ocurrió hace unos meses; pero hoy por hoy sólo se pide que se respete la voluntad popular en las urnas. Pero desde que ganó las elecciones a través de un ballotage el año pasado, tuvo que efectuar un ajuste económico que en realidad proponía la oposición a través de Aecio Neves el jefe del PSDB, ajuste que ella negaba. Pero no le quedó otra que hacerlo y para eso convocó como ministro de Economía de Brasil a Joaquim Levy, para diseñar ese plan que todavía no pudo aplicar del todo por la oposición de sus aliados en el Congreso, como el partido PMDB, que tiene como vicepresidente a Michel Temer y también la presidencia de representantes y la cámara alta.

A todo esto, el juez Sergio Moro se convirtió en la estrella anticorrupción, aplicando el sistema del arrepentido del derecho penal instrumentada primero en Italia para descabezar las brigadas rojas. Esta figura es conocida como los «pentiti». Pero antes, en los Estados Unidos, la Ley Rico lo legalizó para terminar con la mafia ítalo-americana. En Brasil se la llama «delación premiada» y en nuestro país se quiso implementar en 1998 por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, pero el menemismo, por su complicidad con Alfredo Yabrán, se opuso. Y los ayudó Horacio Verbitsky, por miedo a que se aplicara contra una organización guerrillera futura. Finalmente, sólo se aceptó para casos de narcotráfico. La magnitud de la corrupción de estos doce últimos años en la Argentina es comparable a los 3.000 millones de dólares de la Petrobras en Brasil. Sin embargo, la justicia argentina no es la brasileña: está muy presionada por el gobierno, que intentó colonizarla del todo con la elección popular del Consejo de la Magistratura. Cosa que la Corte impidió, pero volvió hace seis meses con la modificación del régimen procesal penal, pasando del sistema mixto al régimen inquisitorio, con el papel estelar de los fiscales. Éstos, en vez de investigar la corrupción, se dedicaron a encubrirla, y los jueces que tienen la última palabra con la ley de subrogancias los están enfrentando. Así es que estamos muy lejos de lo que está pasando en Brasil, no por los niveles de corrupción estatal y empresarial, que son muy comparables, sino porque no tenemos una justicia independiente.

En Brasil, las detenciones se insinuaban desde hace unos años con el denominado «Mensalao”: esto es, la compra de legisladores para sancionar leyes y que aquí no ocurrió porque cada proyecto que envía el ejecutivo al Congreso es tratado con temor reverencial por el mismo, aprobando todo lo que le mandan. Y este año la justicia de la república hermana empezó la detención de empresarios de la corrupción de las más poderosas empresas, al mismo tiempo que el real, la moneda de Brasil, se devaluó un 40%, cayendo brutalmente el salario de los trabajadores. En nuestro país, en cambio, sigue el ancla cambiaria y el salario real bajó poco todavía, aunque la devaluación después del 10 de diciembre es impostergable. Pero aún no parece que estén dadas las condiciones para que, al menos por ahora, el pueblo argentino imite al brasileño.

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