Por Domingo Cavallo.-

En materia de precios de bienes y servicios públicos, la discusión relevante no es entre shock o gradualismo. Pasar de un ajuste completo a un ajuste gradual sólo hará que sea más difícil quebrar la inflación inercial. Lo que el gobierno debe hacer es identificar bien a las familias, a las empresas y a las organizaciones que merecen recibir un subsidio y reducirle la factura confeccionada con los precios y parámetros generales, por el monto del subsidio. Con toda la información que tiene el gobierno sobre los perceptores de ingresos a través de alguna agencia pública más toda la información de las empresas prestadoras de los servicios, no debería ser difícil instrumentar un subsidio a las familias, empresas y organizaciones que lo merecen por razones de equidad.

Pero los prestadores de los servicios y los productores de los bienes deberían percibir precios de mercado o tarifas reguladas que cubran sus costos de prestación y alienten la inversión en el caso de los servicios que se prestan en condiciones monopólicas.

No tiene sentido postergar la creación de mercados con competencia para la electricidad, el gas, el petróleo y sus derivados e impedir que los precios se determinen en esos mercados. Con respecto a las tarifas por transporte y distribución, tiene que discutirse en audiencias públicas la revisión tarifaria integral de acuerdo a las leyes marco. Quienes invocando los beneficios del gradualismo sugieren al gobierno postergar estas reformas, le están causando un gran daño a la economía y a las chances de éxito del gobierno.

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