Por Víctor Beker.-

Últimamente se viene discutiendo mucho sobre la necesidad o conveniencia de construir un nuevo relato por parte del gobierno actual.

La experiencia del relato desarrollado por la administración anterior sobre la base de falsear la realidad manipulando las estadísticas públicas debería ser un eficaz disuasivo en cuanto a tratar de competir en el mismo terreno.

Por tal razón parece aconsejable dejar de lado la nostalgia por el “relato” y plantear la necesidad de contar con un proyecto estratégico de desarrollo que encolumne detrás del mismo a una sólida mayoría de la población en pos de metas de largo plazo. Inmersa en las urgencias del debate de corto plazo, la Argentina actual carece de un proyecto estratégico de largo plazo, tal como lo tuvo el Japón de la época Meiji, la China post-Mao o la generación del 1880 en la Argentina, por citar tres diferentes ejemplos. La proximidad del 9 de julio invita a lanzar el proyecto del Bicentenario.

Para ello se deben definir las metas que se pretenden alcanzar, evaluar los recursos con que se cuenta, conocer el punto de partida y, a partir de ahí, definir el sendero que permita alcanzar aquéllas.

Tal proyecto debe sustentarse en los consensos básicos imperantes en la sociedad y debe apuntar no sólo al crecimiento económico sino también y, simultáneamente, a la equidad y la inclusión social.

Es sumamente loable plantearse un objetivo de pobreza cero, pero dicha meta debe ubicarse en el marco de una estrategia que permita alcanzarlo con metas intermedias de reducción de la misma.

Mientras se atiende lo urgente, alguien debe estar pensando en lo importante. La actual administración debería crear una instancia dedicada a diseñar y proponer un proyecto capaz de aglutinar la voluntad nacional en pos de determinados objetivos compartidos por la mayoría.

Dicha propuesta debería servir de base a un activo diálogo con todos los sectores de la sociedad que permita arribar a un consenso mayoritario y superar la lógica de la confrontación. Este es el desafío del presente.

Debe alcanzarse un conjunto de coincidencias que constituya la base para promover una propuesta capaz de seducir a la sociedad y que contribuya a restablecer la capacidad de crecimiento a largo plazo en un marco de equidad e inclusión social, eliminando la desocupación, reduciendo drásticamente la pobreza, y llevando a cabo las transformaciones en la estructura productiva que posibiliten una inserción exitosa del país en el proceso de globalización.

La sociedad debe plantearse cuál es la imagen de Argentina a la que aspira arribar en 2025. Quien no sabe adónde ir nunca llegará a ningún lado.

No bastan las buenas intenciones. Ellas deben plasmarse en un sendero con objetivos en el tiempo que lleven a la consecución de las metas finales acordadas y que permita el control periódico de su logro.

Para ello se requiere contar con un Estado inteligente que fija metas y estimula su logro a través de incentivos apropiados; que controla el logro de aquellas y corrige los desvíos; que centra su atención en los eslabones decisivos en lugar de tratar de abarcarlo todo para no tener eficacia en nada.

Un rol central en dicho proyecto debe ocuparlo el revertir los déficits heredados en materia de infraestructura y energía. Según cálculos de la CEPAL, se requiere invertir anualmente en infraestructura alrededor del 3,02% del PIB. Ello implica unos 15.000 millones de dólares anuales en el caso de Argentina. Sin embargo, el retraso experimentado en la década pasada demanda de un esfuerzo excepcional, por única vez, para suplir las agudas falencias acumuladas en lo que va de este siglo.

El crecimiento económico con estabilidad es una condición necesaria para la reducción de la pobreza, sobre todo cuando se traduce en más y mejores empleos para los pobres. Un estudio para doce países de América Latina estimó que por cada punto de crecimiento del producto se reduce en casi en un uno por ciento la pobreza. Ello significa que si el producto per cápita creciese cuatro por ciento por año la pobreza caería a la mitad en diez años.

Sin embargo, la evidencia ha demostrado que por sí solo el crecimiento no basta para garantizar reducciones significativas de las tasas de pobreza e indigencia.

Al Estado, entonces, le compete corregir las desigualdades sociales más agudas y garantizar a todos los ciudadanos el disfrute de sus derechos básicos, articulando el desarrollo económico, social y ambiental en un marco de equidad e inclusión.

Estas y otras cuestiones son las que deben abordarse en un proyecto estratégico que apunte hacia una visión prospectiva destinada a reunir a la inmensa mayoría de los argentinos en el esfuerzo para dar de una buena vez respuesta a esa pregunta que ya hace 50 años se planteaba el genial Quino por boca de Mafalda: “¿Por dónde hay que empezar a empujar a este país para llevarlo adelante?”

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