Las escuchas dan que hablar

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Ante el decreto que ordenó el traspaso de las escuchas judiciales a la Corte Suprema, la Procuración General opinó que “la decisión del Ejecutivo es inconstitucional”. Asimismo, el departamento a cargo de la fiscal Cristina Caamaño presentó un informe con los resultados obtenidos durante los primeros cinco meses de gestión.

Luego de oficializarse, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 256/2015, el traspaso del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), del ámbito del Ministerio Público Fiscal a la órbita de la Corte Suprema, la Procuración General de la Nación opinó que “la decisión del Ejecutivo es inconstitucional pues elude el debate parlamentario sin justificación válida”.

A través de un comunicado institucional, el Ministerio Público Fiscal destacó que “desde la transferencia de las escuchas al Ministerio Público Fiscal, dispuesta mediante ley 27126 promulgada en marzo de este año, no hubo acciones judiciales con fundamento en los derechos que hoy se invocan para justificar el dictado del decreto 256/2015”, y agregó: “Tampoco, se ha demostrado qué graves riesgos inminentes podría sufrir la sociedad si se le diera intervención al Congreso”.

“El MPF garantiza la realización de acciones coordinadas con la Corte Suprema para asegurar la continuidad en la prestación del servicio como parte de su compromiso institucional con la seguridad ciudadana y la investigación del crimen organizado”, concluyó el comunicado.

En declaraciones a la radio Vorterix, la titular del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones, Cristina Caamaño, aseveró que “presentaran algún tipo de planteo de nulidad contra el DNU”, y aclaró que “hasta el 15 de febrero seguirá en el cargo y en esa fecha la Corte va a decidir qué hace”.

Balance de gestión

Con la sanción de la Ley N° 27.126, modificatoria de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, se transfirió a la órbita de la Procuración General de la Nación la denominada Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) y sus delegaciones. En julio, la Resolución PGN N° 2.067 puso en funcionamiento la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal y, de esta forma, dispuso la incorporación de la DOJ bajo su órbita de actuación con la denominación de Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM).

El DICOM es el único órgano del Estado facultado para “ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo de comunicaciones ordenadas o autorizadas por la autoridad judicial competente, es decir aquellas ordenadas por el Juez que interviene en la causa, o el Fiscal en caso de delegación o en investigación de delitos de secuestro extorsivo o privación ilegal de la libertad”.

Tras los primeros cinco meses de funcionamiento, la dependencia presentó su primer informe con los resultados estadísticos de la gestión. Según el documento, “la mayoría de los requerimientos, un 40 por ciento, corresponden a investigaciones por infracción a la Ley N° 23.737, de estupefacientes”. En segundo término, las intervenciones son solicitadas, informando “únicamente el número de causa sin detalle de la carátula o del hecho que se investiga”.

Se encuentran incluidos también en dicha categoría aquellos requerimientos donde la carátula informada por la autoridad requirente es vaga, tales como: “Averiguación de hecho, averiguación de ilícito, denuncia, investigación, ilícito, entre otros”. De esta forma, en el mes de noviembre alcanzaron el total de 533 y casi el 80 por ciento fue remitido por juzgados y el resto por fiscalías.

En cuanto a los oficios remitidos por fiscalías, “de un total de 418 oficios, más de 100 no informaban el delito investigado, lo que representa un 27 por ciento de los casos”. Respecto a oficios judiciales, “de 1936 oficios recibidos, un total de 419 omitieron informar el tipo penal, lo que representó un 21% del total”.

“Resulta de resalto indicar que los mencionados oficios implicaron la realización de 1228 procesos diferentes, de entre los cuales: 557 fueron solicitudes de intervención; 240, prórrogas; y 369, solicitud de datos registrales”, indicó.

Sobre este punto, el documento afirmó que “no puede dejar de soslayarse que la situación reseñada impide priorizar los recursos del DICOM, al dificultar la generación e implementación de procesos de trabajo efectivos tendientes a la asignación de tareas en relación a la urgencia de la medida y el bien jurídico tutelado”.

En consecuencia, el trabajo señaló que “los principales desafíos por delante están primariamente relacionados con la profundización del proceso de adecuación de las interceptaciones de las comunicaciones a los principios que rigen al Ministerio Público Fiscal”, y la ampliación de la planta de personal PGN, “con perfiles profesionales acordes a las tareas desarrolladas en cada área”.

Además, el informe subrayó la necesidad de “procurar una total autonomía tecnológica del Departamento, priorizando la modernización de los procesos actuales, aplicando soluciones tecnológicas eficaces y eficientes en el procesamiento de los requerimientos” y avanzar en una solución federal en la distribución de las delegaciones en el interior del país.

Finalmente, concluyó que “es prioritario continuar en el proceso de estandarización de los procesos internos, procurando siempre dar preeminencia a la eficiencia y a la transparencia y generar marcos normativos tendientes a garantizar la priorización de los recursos con los que se cuenta”. (Diario Judicial)

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3 comments for “Las escuchas dan que hablar

  1. muleady
    31/12/2015 at 6:11 PM

    GILS

    PARECES VERBITSKY EN VERSION MINA

    ESTO ES

    IGUAL DE PORQUERIA

    TUS NENAS SE MANDARON UNA

    ESTAFITA

  2. Meapretaronmarido
    01/01/2016 at 1:16 PM

    Se pierde las novelas. Jamás entregarán escuchas. Además, sin ellas cómo dibujar causas? Ah??? El apriete sólo…No alcanza. #bandabogadosbsastiradoresprofesionales no podría seguir recaudando a la gilada de caba. Nahh!

  3. juan prats
    01/01/2016 at 4:59 PM

    ¿Para qué querían escuchas si para eso lo tenían a milanesa? Más allá de lo asquerosas ¿es posible que haya jueces o foscales que NO sepan sus obligaciones? Me refiero al informe de lo mal pedido “…“de un total de 418 oficios, más de 100 no informaban el delito investigado, lo que representa un 27 por ciento de los casos”. Respecto a oficios judiciales, “de 1936 oficios…” HACE mucho que sostengo que tenemos unos jueces de merde (moral y éticamente) ¿pero además burros?

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