Por Guillermo Cherashny.-

El 18 de este mes, el Concejo de la Magistratura designó durante su reunión plenaria a Alejo Ramos Padilla como juez subrogante del juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, luego de que organismos de derechos humanos, funcionarios y legisladores reclamaran que “no se ratifique” la designación de los jueces Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet, cuestionados por el kirchnerismo por su desenvolvimiento en causas en las que se investigan delitos de Lesa Humanidad. La designación del juez federal de Dolores Ramos Padilla fue aprobada tras una votación que arrojó 6 votos a favor y 6 votos en contra, y que debió ser desempatada por la jueza Gabriela Vázquez, presidenta del Consejo de la Magistratura.

Siguiendo el mismo procedimiento, la semana que pasó el Consejo removió al Camarista de Casación Luis Cabral, para evitar que fallara por la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento firmado por la Casa Rosada con el gobierno de Irán. Estos atropellos se basaron en la mayoría K: el Consejo de la Magistratura, con simple mayoría y en una arbitraria aplicación del artículo 7 de la ley de subrogancias, que dispone el cese del subrogante cuando haya un juez titular designado por concurso, lo que en estos casos no se dio.

Entre las reacciones, se destaca un amparo del diputado del Frente Renovador Mauricio D’Alessandro, que lo tramita la jueza del fuero en lo contencioso administrativo Claudia Rodríguez Vidal, quien tiene la potestad de declarar la inconstitucionalidad de estas resoluciones del Consejo, desde donde el cristinismo ha puesto en marcha un ambicioso operativo para limpiar adversarios y colocar jueces amigos antes del 10 de diciembre. En el caso de Ulpiano Martínez, éste tenía a su cargo la causa de las facturas truchas de Lázaro Báez y Cabral, en realidad, ya había votado el martes pasado junto con su par Juan Gemignani por la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán, teniendo así mayoría esta postura y quedando entonces en minoría en la Sala I. Ana Figueroa, que es presidente de la Cámara de Casación, decidió posponer la audiencia del martes pasado y los votos en cuestión quedaron en una caja fuerte. La nueva audiencia sería mañana y, si se considera inválido el voto de Cabral -por ejemplo el fiscal federal Raúl Plee ya anunció que recurrirá a la Corte Suprema. Además, la Sala I de Casación es el tribunal de alzada de la causa Hotesur que lleva el juez federal Claudio Bonadío, o sea, el caso que más directamente afecta a la presidente y su hijo Máximo. En fin, un claro indicador de que CFK gobierna sus últimos meses con la obsesión de conseguir irse a su casa en diciembre sin correr riesgos de ser enjuiciada. La indignación opositora hizo que ya se convocara a una marcha de repudio a las decisiones del Consejo, que iría a Plaza de Mayo el 14 de julio. Está claro que cualquier juez, teniendo una causa sobre la cuestión, puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. La Corte Suprema, en este tipo de cuestiones, ha seguido una política zigzagueante. Cuando se modificó la composición del Consejo de la Magistratura, el Colegio Público de Abogados impulsó un recurso de inconstitucional que la Corte Suprema cajoneó durante cuatro años y finalmente rechazó. Últimamente hubo negociaciones reservadas entre el gobierno y varios jueces federales, entre ellos Ariel Lijo, Maria Servini de Cubría y Rodolfo Canicoba Corral, para demorar la implementación de la reforma procesal penal en la justicia federal. Sin duda que la nueva respuesta del gobierno rompió todas las reglas de juego y la corrección sólo puede venir de la misma justicia, como ocurrió en junio del 2013, cuando Servini de Cubría, en un fallo que luego fue seguido por la Corte Suprema, declaró la inconstitucionalidad de la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Ahora podría ocurrir algo similar mediante un fallo de la jueza Rodríguez Vidal, que en diciembre impidió el nombramiento de nuevos fiscales. Y en el caso de Cabral, podría intervenir la Corte Suprema ante una presentación de éste. De la reacción judicial que se produzca ahora depende que el gobierno tenga o no espacio para intentar avanzar con otras decisiones arbitrarias del Consejo de la Magistratura.

Escuchas telefónicas: una fuente de poder

No menos grave que el episodio de Cabral es la designación de la fiscal Cristina Caamaño, de probada lealtad al gobierno nacional, en la vieja OJOTA, como se conocía a la Oficina de Observaciones Judiciales de la SIDE que realizaba escuchas telefónicas. El organismo fue rebautizado como Dirección de Captaciones Telefónicas. Caamaño goza de la máxima confianza de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Durante la gestión de Nilda Garré como Ministro de Seguridad, Caamaño fue su segunda, es decir, Secretaria de Seguridad, volviendo luego a su despacho de fiscal. Sugestivamente, Caamaño se hace cargo de las escuchas telefónicas al mismo tiempo que Garré está por dejar la embajada ante la OEA para ser la segunda diputada nacional por la Capital por el Frente para la Victoria. El retorno triunfal de la que fuera la creadora del poder del ahora en desgracia teniente general César Milani no sería casual. Detrás de ella se movería la influencia del mexicano Carlos Slim, hasta poco tiempo atrás el hombre más rico del mundo. Uno de los lobistas de Slim en el Cono Sur es Fernando Abal Medina, ex marido de Garré y padre de Juan Manuel Abal Medina. La telefonía es uno de los principales negocios del mexicano a través de la corporación América Móvil.

Share