Por Mario Cadenas Madariaga.-

Dedico el presente artículo al Dr. James Smart, injustamente condenado por delitos de lesa humanidad.

Introducción

En el presente artículo, nos referiremos a una cuestión de gran trascendencia, que es la situación de los miembros de las FFAA y de Seguridad, y de algunos magistrados, profesionales y clérigos, que sufren detenciones injustas, con procesos irregulares, bajo la acusación de haber cometido delitos de lesa humanidad, que no existieron, conforme al Estatuto de Roma, sin perjuicio de que pueden haber cometido otros, como el de crímenes de guerra, por los que no son procesados, porque ello llevaría también a la sanción de los terroristas subversivos que originaron la guerra interna de las décadas de 1960 y 1970 en la Argentina.

La verdad es que sufren castigos por haber luchado contra la subversión marxista, de aquellos años, cumpliendo órdenes recibidas del Estado Nacional argentino.

Esta situación que afecta a casi 2.000 personas -entre las cuales se encuentran dos ex Presidentes de la Nación, uno de ellos fallecido-, y a los más altos jefes de las FFAA como a los más humildes, habiendo muerto en prisión mas de 320, se cumplen en peores situaciones de detención, que los delincuentes comunes, rehusándoseles derechos vigentes, como la prisión domiciliaria. Al mismo tiempo que los autores de la guerra terrorista iniciada en esos años, no existe ninguno que haya sido sometido a proceso, y por el contrario han recibido compensaciones económicas de cuantiosos montos.

Fuera de la situación personal violatoria de las garantías constituciones, y de convenciones internacionales, plantea un caso excepcional de deslealtad del Estado para sus FFAA por que luego de ordenarles la represión las juzga por la función cumplida, que fue exitosa, en un caso evidente de deslealtad del Estado con sus servidores.

Esta situación real es la más grave violación de los derechos humanos en todo el ámbito de la América Latina y uno de los más graves en el mundo, pues si hay casos en que las FFAA de los países occidentales, por orden de sus Estados, han cometido violaciones a los derechos humanos, en protección de su seguridad, no hay casos en que una vez realizadas esas tareas, las FFAA hayan sido sancionadas por los mismos Estados que las ordenaron.

La última guerra mundial en la que perdieron la vida, alrededor de 50 millones de personas, sin perjuicio de la devastación de las economías de los principales contendientes, en el Tribunal Principal de Nüremberg, fueron acusadas 24 personas, y sancionadas 18, y en el conjunto de los Tribunales de este enjuiciamiento fueron acusados 611 personas.

En el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra de Tokio, se juzgó a 25 altos jerarcas, y en los tribunales locales, a muchos más, sin alcanzar al número de los miembros de las FFAA de Seguridad de la Argentina.

En nuestro país, por una guerra interna no declarada, en la que perdieron la vida no más de 7 mil personas, iniciada por el terrorismo marxista, se han encarcelado a 2.000 personas todas pertenecientes a las FFAA y de Seguridad y algunas civiles, ex magistrados y profesionales representantes del Estado, y a ningún terrorista miembro de las fuerzas subversivas. Estas cifras de por sí revelan la absoluta nulidad de los procesamientos por discriminación de toda evidencia.

Esta circunstancia confirma que en la Argentina subsiste una situación de violación de los derechos humanos, de los más graves del mundo y que carece de todo reconocimiento, con la excepción de sectores minoritarios, que mantienen un activo reclamo de justicia en la que sobresale la ONG de abogados, Justicia y Concordia.

Esta situación ha sido obra de los tres mandatos presidenciales del matrimonio Kirchner -2003/2015- pues en los dos mandatos presidenciales de los Dres. Raúl Alfonsín y Saúl Menem -1983/1998-, habían quedado debidamente resueltos.

Qué sucedió en las décadas de los 60 y 70, en que se quebrantó la paz en íbero-América

Fomentadas desde Cuba, comprometida con el comunismo soviético, se inició en varios países de la región, una guerra interna dirigida a deponer sus respectivos gobiernos, en la misma forma que se había hecho en la isla caribeña, mediante la acción militar de grupos subversivos. Fueron particularmente eficaces en Nicaragua, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, porque si bien sólo lograron dominar la situación interna en el primer país, alteraron profundamente la paz interna de los demás.

Debemos diferenciar las luchas partidarias que por diferentes motivos alteraron la paz interna de los países de la región desatando guerras internas, de esta acción deliberada de una nación americana que instigada por la Unión Soviética, para debilitar la influencia de los EEUU con quien sostenía una guerra mundial que se llamó Fría, pero tuvo muchos escenarios de gran violencia, fomentaba, instruía, armaba y dirigía la acción subversiva en toda la región. Se diferenciaba de las luchas partidarias, porque además de formar parte de una acción bélica internacional, llevaba el propósito de alterar el sistema de republicas democráticas, plena de deficiencias, que las caracterizaban, para sustituirlas por una democracia popular marxista y de partido único.

La acción de estos grupos subversivos, consistía en cometer actos de violencia -asesinatos, secuestros, colocación de explosivos, asalto de comisarías y unidades militares, etc.- para imponerse por el terror, a las sociedades y a las fuerzas armadas y de seguridad, valiéndose de la clandestinidad, la falta de identificación y la sorpresa. Actuaban tanto en el orden rural como en el urbano, según las circunstancias y los países. Tenían campos de instrucción, estaban organizados en forma de células autónomas, pero contaban con una organización militar que unificaba la conducción y mantenían una relación permanente con Cuba, de donde recibían asistencia de toda naturaleza. (instrucción militar, armas, asesores, y dinero).

Los países de Latinoamérica y su vulnerabilidad

Esta región -con diferencias por países-, responde en general a economías en desarrollo, de bajos y muy desiguales ingresos, con profundas diferencias de nivel cultural, entre sus grupos descendientes de nativos, negros y europeos, y una inmensa población mestiza.

Es una realidad social muy proclive a la protesta pacifica o violenta, por las situaciones de injusticia que presenta. Y en las décadas del 60y 70 del siglo pasado esta era la situación, con el déficit de una falta total de experiencia, sobre la forma de atacar la situación, por lo que adhirieron al método de la subversión armada, con la idea equivocada de que podían dominar la situación como había sucedido en Cuba. Sin embargo no pueden ser considerados como simples idealistas equivocados, sino como responsables de asesinatos de niños, y ciudadanos inocentes, de toda clase, o de titulares de las fuerzas armadas y de seguridad que cumplían con sus funciones de custodios del orden en nombre del Estado. Y por lo tanto fueron responsables de crímenes que debieron ser castigados.

Sin embargo en la Argentina ninguno de ellos ha sido castigado, ni siquiera procesado, o simplemente acusado, después de 1983. Y se estima que han cometidos alrededor de 800 asesinatos. Por una acción similar en España, fueron perseguidos y encarcelados, y sufren prisión hasta la fecha, con aprobación de toda la comunidad mundial. ¿Por qué no en la Argentina?

Ésta es una deuda moral, civil y política, de todos los gobiernos a partir del 10 de diciembre de 1983, incluido el poder judicial. No existe ni se ha expuesto ninguna razón válida para justificar este incumplimiento de las responsabilidades constitucionales y legales.

Otra deuda que se niega -moral, civil y política- a partir de 1983, pero en particular a partir del 2003

En agosto de 1975 el gobierno constitucional que gobernaba el país, ordenó a las Fuerzas Armadas el aniquilamiento de las fuerzas de la subversión en todo el territorio nacional, y el 10 de diciembre de 1983 aquellas FFAA, entregaron el poder al gobierno que había resultado elegido en octubre de ese año, después de haber cumplido con la obligación asignada.

Después de la Organización Nacional si se exceptúa la invasión del ejército paraguayo en 1865, nunca en ninguna otra oportunidad las autoridades constitucionales de la Nación habían sido amenazadas a ser desplazadas del poder, esta vez por un enemigo interno, con apoyo extranjero, como en 1975.

La Argentina volvía en 1983 al régimen constitucional de una democracia republicana, con pluralidad de partidos, habiéndose librada de ser gobernada por una dictadura del proletariado similar a la de Cuba.

La Presidencia de la Republica fue ejercida por el representante de la Unión Cívica Radical Dr. Raúl Alfonsín, cuyo jefe político en 1975, el Dr. Ricardo Balbín, se felicitó de la asunción plena de las FFAA para reprimir la subversión.

En una democracia consciente de los valores de su sistema constitucional, viendo el escenario en Colombia, de la guerra civil interna, no declarada, que hacia más de 20 años había sido iniciada por la subversión del mismo origen que la argentina,, con la mitad del territorio ocupado, mas de 100.000 muertos y varios millones de personas desarraigadas de sus campos, debió celebrarse como la liberación de Paris, en 1945, o la caída del Muro de Berlín en 1989,o la liberación de los pueblos de la Europa Oriental.

Se subordinó el restablecimiento de la Constitución a la conquista de la izquierda popular

Hace tiempo que a la política argentina le falta la percepción de las grandes ideas que la deben movilizar hacia el progreso. Hace setenta años que impulsados por rencores sectarios y mezquinos, hemos perdido el rumbo de los grandes objetivos nacionales.

De ahí que no sea de extrañar que el rechazo armado de la subversión, sea visto como un exceso de las FFAA, una vez que se olvidaron los asesinatos diarios de inocentes de todo origen provocados por la subversión, para dominar por el terror e imponer un régimen sangriento, que según propia confesión de subversivos caracterizados, podían haber llegado a 500.000 fusilamientos.

La subversión una vez fracasada la vía de la violencia, la subversión resolvió cambiar de estrategia, y dirigirla al desprestigio de las FFAA poniendo el centro de su atención, en la defensa de los derechos humanos, multiplicando el número de víctimas -de donde de una cifra aproximada a 6100 víctimas- se imputaron 30.000, que nunca se preocuparon de probar, pero al repetirla hasta el cansancio, la impusieron como ciertas en muchos sectores.

Pero el predominio de la estrategia de la izquierda, fue el fruto circunstancias casuales. Por una parte la crisis del 2002, la Presidencia de Duhalde, y una vieja rencilla con Carlos Menem, por lo que haría cualquier cosa para cerrarle la vuelta a la Presidencia. Así que por las dificultades del momento, Duhalde encontró solamente la candidatura de Néstor Kirchner, para enfrentar a Menem, quien se desanimó aunque ganó la primera vuelta. Kirchner fue el Presidente menos votado de la historia argentina.

Pero ya en el gobierno supo construir poder, para lo que usaba todos los medios, legítimos e ilegítimos. Tenía una experiencia acumulada en veinte años en funciones de gobierno en Santa Cruz. Y poseía antecedentes de haber estado comprometido en su vida estudiantil con la subversión, aunque no en funciones importantes, rigurosamente ocultadas en Santa Cruz donde comenzó el ejercicio de su profesión de abogado, representando a entidades bancarias en juicios ejecutivos contra sus clientes.

Hasta la Presidencia de Kirchner la izquierda sólo había obtenido la amnistía para sus crímenes, y los militares fueron exentos por leyes del Congreso (de punto final y de obediencia debida). Era una situación que satisfacía a todos.

Pero después de la crisis del 2002 hubo una evolución hacia la izquierda, la cual fue aprovechada por Kirchner con un proyecto de anulación de las dos leyes de Alfonsín a favor de los militares, manteniendo la amnistía para los ex subversivos, que en gran número formaban parte de la administración. Asi por sucesivas aproximaciones se creó la doctrina de violación de los derechos humanos, por delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, como política de Estado, que fue impuesta a los nuevos jueces de la Corte Suprema. Además se creó una indemnización a cargo del Estado a favor de las víctimas de la represión de las fuerzas del orden.

La política de persecución de los militares, fue oficialmente impulsada, presionando sobre el poder judicial y la participación de múltiples organizaciones privadas, cuyos honorarios en muchos casos corrían a cargo del Estado.

La violación al Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional

En la situación actual de la justicia no es posible pensar en una modificación de la jurisprudencia de la CSJ, en materia de derechos humanos, pues los tres miembros actuales de ese Tribunal, se han comprometido a sostener aquella jurisprudencia como política de Estado compartida por el Poder Judicial.

La vía legal tampoco parece la indicada dada la composición de la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación.

La única vía abierta es la iniciación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional, porque este Tribunal puede aplicar sanciones a los jueces y fiscales argentinos que se hayan comprometidos en las sentencias condenatorias. Existe ya una denuncia y se estudian otras.

La violación al Estatuto de Roma está muy clara, porque en la Argentina hubo una guerra interna no declarada, de donde pueden surgir crímenes de guerra, pero nuestra justicia la enfocó como delitos de lesa humanidad, categoría que no corresponde a la realidad, pero lo hizo porque en la forma de crímenes de guerra, implicaba admitir que se juzgaría asimismo la conducta de los subversivos, que era lo que se quería evitar.

La vía elegida por la justicia argentina revela el propósito de evitar la sanción del grupo subversivo, que llevará por discriminación a la nulidad de los procesos y a la sanción de los jueces y fiscales intervinientes.

Hasta que no se restablezca la lealtad del Estado para con sus FFAA no habrá garantías para una defensa nacional.

Enmendar la enorme injusticia cometida es indispensable para restablecer una relación lógica ente las FFAA y de Seguridad con el Estado, ya que no puede ser que se pretendan contar con FFAA leales a su función y al mismo tiempo traicionarlas, castigándolas por cumplir con las órdenes recibidas, máxime cuando implicaban aniquilar al enemigo, y posteriormente se lo exime de toda sanción.

La política de discriminación con relación a las FFAA por el gobierno kirchnerista se ha extendido a la política de defensa nacional, y a la carrera profesional de muchos de sus miembros.

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