Por Carlos Tórtora.-

Un insólito episodio que salpica a la Justicia Federal tuvo lugar ayer en el Juzgado Federal Número 11 a cargo de Claudio Bonadío. Fui citado al mismo fue citado a las 11 de la mañana, a los efectos de ampliar mi declaración en la causa en la cual se investiga al Teniente General (RE) César Milani por los delitos de abuso de poder, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. En otras palabras, el funcionamiento de una verdadera SIDE paralela a través del Centro de Ciberdefensa.

En mi declaración aporté nuevos elementos probatorios a mi denuncia. Luego el interrogatorio giró hacia quiénes eran las fuentes que me suministraban la información. A esto contesté lo mismo que en anteriores ocasiones: que me reservaba, por distintos motivos, el secreto de las mismas, tal cual lo habilita una amplia jurisprudencia que respalda el secreto profesional en materia de libertad de prensa.

Una maniobra ilícita

Lo sorprendente fue la reacción del oficial de justicia que llevaba adelante la declaración. Éste me advirtió que no podía excusarme de revelar las fuentes, ya que la Cámara Federal de Apelaciones le había ordenado al juez que averiguara la identidad de las mismas. Y continuó agregando que, en caso de continuarme negando, se me aplicaría lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 247 del Código Procesal Penal de la Nación. Esto es: “Compulsión… Si después de comparecer el testigo, se negare a declarar, se dispondrá su arresto hasta por dos (2) días, al término de los cuales, cuando persista en la negativa, se iniciará contra él causa criminal”. Todo esto pese a que yo había solicitado un breve plazo para analizar y resolver el tema.

Es decir que el juez, expresamente, violó principios constitucionales básicos para la vigencia de la libertad de prensa, sentando un grave precedente que amenaza el funcionamiento normal de la profesión periodística.

Lo singular del caso es que la denuncia que presenté contra Milani fue desestimada originariamente por Bonadío con argumentos de escaso relieve, lo que no se compadece con su agresivo comportamiento luego de que la Cámara le ordenara retomar la investigación.

La denuncia

Ante la gravedad institucional y la manifiesta inconstitucionalidad de lo actuado por Bonadío, Tórtora presentaré hoy una denuncia penal contra aquél por coacción agravada, incumplimiento de los deberes de funcionario público, solicitando además a la Cámara Federal de Apelaciones la nulidad de la declaración en cuestión, arrancada bajo la presión de la coacción agravada.

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